Los Reporteros Mx

Categoría: Carlos M. López

  • Tensión Electoral

    Tensión Electoral

    Como se sabrá, este próximo fin de semana se definen seis gobernaturas en el país. Algo muy significativo no solo para los partidos políticos, sino para los ciudadanos, pues estos comicios prometen ser un preámbulo (o reflejo) de lo que acontecerá en las presidenciales de 2024.

    Por una parte, los partidos de la actual oposición ansían volver al poder; el país se está tiñendo de guinda a nivel local, por lo que, al parecer, están dispuestos a todo, con tal de volver, incluso si esto significa traicionar valores y mezclarse con opuestos, como son las alianzas “Va por México”, entre PRI, PAN y PRD. Perder más presencia, ya no es opción.

    Por la otra parte, está un movimiento que pretende seguir con una agenda que aspira a la transformación del país y cuyo principal cuestionamiento es qué pasará después de concluir el mandato del actual ejecutivo federal: Andrés Manuel López Obrador. Puebla y Veracruz, por ejemplo, no se han caracterizado por obtener mejores resultados que otras administraciones; por lo que puede decirse que la transformación, en estos estados, va lenta.

    Por tanto, este tipo de detalles empiezan a llamar la atención para cuestionarse respecto al porvenir. Por lo mismo, existe la necesidad de empezar a observar otro tipo de cuestiones que, por lo general, no están tan de cerca del radar ciudadano. 

    Por ejemplo, hace ya poco más de un mes en que se promovió una iniciativa de reforma constitucional en materia electoral. Sin embargo, su análisis a fondo ha pasado desapercibido; temas tan importantes como: financiamiento de partidos políticos, reducción de legisladores a nivel local y federal, elección de consejeros electorales y magistrados del Tribunal Electoral, o el voto electrónico.

    Simplemente, y sin entrar tanto a detalles, tómese de ejemplo lo que antes era el Instituto Federal Electoral (IFE), su cambio a Instituto Nacional Electoral (INE) y lo que se propone ahora, un Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC). 

    Todo esto resulta importante porque es ahí donde radica la verdadera «tensión electoral». Desde hace tiempo, nuestro país cuenta con un sistema electoral mixto, en el que conviven tanto el método de mayoría simple y de proporcionalidad. No obstante, la institucionalización de este sistema, no se ha logrado propiamente.

    Hoy por hoy, se sabe que la política es conflicto. Se espera que los partidos políticos compitan entre sí. Pero entre esas diferencias deben existir acuerdos que permitan la institucionalización, y qué mejor que una institucionalización del sistema electoral.

    En otras partes del mundo, los partidos políticos también tienen sus diferencias. Esto no es exclusivo de México. Pero, lo que hace a este país estar un paso atrás es, precisamente, no haber institucionalizado su sistema electoral.

    Por tanto, la institucionalización del sistema electoral mexicano debe ser una prioridad y dejar de ser una «tensión electoral», donde el partido hegemónico pretende imponer mecanismos que le beneficien; mientras que los pequeños y los que luchan por sobrevivir, apuestan por esquemas que les permitan obtener una representación.

    Habría, pues, que ponerse de acuerdo en cómo institucionalizar el sistema electoral mexicano; adaptarlo a la realidad que se vive en el país. Más allá de centrar el debate en quién o quiénes serán los vencedores, es importante establecer reglas firmes para determinar a esos ganadores.

  • Para un mejor sistema judicial: no más políticos con toga

    Para un mejor sistema judicial: no más políticos con toga

    España, octubre 8 de 2008: se convoca a una movilización judicial a nivel nacional con el objetivo de reclamar su independencia frente al poder ejecutivo, así como rechazar que la responsabilidad en la impartición y el estado de la justicia recaiga en su totalidad, únicamente, en los jueces del gremio.

    Como se podrá deducir, este movimiento no tenía precedentes. Por vez primera, la movilización alcanzaba todas las jurisdicciones y niveles de la carrera judicial.

    Su reclamo, principalmente, era que no existieran más “políticos con toga”; lo cual se consideraba como el origen o causa de la mala reputación al poder judicial y su desconfianza en la institución como organismo de impartición de justicia.

    Pero, a todo esto, ¿qué es un “político con toga”? 

    Para empezar, esto ha de tratarse como un fenómeno, no como un adjetivo a un personaje. Por ejemplo, del caso español, había dos tipos de jueces: aquellos que tenían una carrera judicial, y aquellos que no la tenían. Estos últimos habían llegado a tener dicho título, no por cumplir con un proceso de formación (que es la carrera judicial) sino por una especie de compensación por su carrera política.

    Con respecto a México, desde hace años que se vive el mismo fenómeno. Por mucho tiempo el cargo de juez ha sido ocupado por “políticos con toga”, llegando incluso a los cargos de ministro. Por ejemplo, el exministro Eduardo Medina Mora, cuya experiencia en la impartición de justicia era cero, su carrera era netamente política.

    Por tanto, al incrementarse los jueces sin carrera judicial en España, había provocado que el poder judicial se hiciera de una mala reputación en la percepción de los ciudadanos, lo que equivale a decir que la impartición de justicia era cada vez peor, pues esta función quedaba en manos de jueces, sí, pero sin formación para una correcta impartición de justicia. 

    De ahí que los integrantes del movimiento ‘8 de octubre’ rechazaran que toda la responsabilidad cayera en ellos y se distanciaran de los jueces sin carrera judicial, es decir, el “político con toga”, los cuales eran designados por mecanismos políticos. 

    Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con México?

    Pues bien, recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la cámara de diputados un proyecto de reforma constitucional en materia electoral, la cual, entre otros ejes importantes, se propone fortalecer al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) mediante un nuevo mecanismo de selección de los magistrados electorales: un esquema en el que se involucran los poderes de la unión.

    Sin embargo, es posible que, con esta medida que se pretende, se pueda presentar un escenario como lo sucedido en España, pues se propone en su art. 99, fracc. X, inciso a), que los magistrados que integren el TEPJF serán postulados, 10 personas por cada uno de los tres poderes de la unión, es decir, 30 en total: 10 por el ejecutivo federal, 5 por la cámara de diputados, 5 por la cámara de senadores, y los 10 restantes por el pleno de la SCJN.

    No obstante, el problema no radica en dicho esquema, sino en preguntarse si es posible fortalecer el TEPJF manteniendo los mismos requerimientos para ser ministro de la SCJN. A esto, habría que sumar que, en México, no existe propiamente una carrera judicial, sino un sistema escalafonario.

    Actualmente como se sabrá, el poder judicial no goza de buena reputación, y esto en gran medida por la misma razón. De acuerdo al art. 95 constitucional, cualquier persona puede ser ministro de la Suprema Corte; aunque en su fracc. III se encuentra el único requerimiento estricto para llegar a ser ministro, el cual es tener un título de licenciado en derecho con una antigüedad mínima de diez años; por ende, se obvia cualquier elemento cualitativo referente a la formación para una correcta impartición de justicia. 

    Por años, el proceso de selección de jueces únicamente ha hecho hincapié a una serie de requerimientos que no detallan ningún criterio cualitativo. Por tanto, ante la exigencia del art. 99, fracc. X, inciso d), del proyecto de la reforma constitucional en materia electoral que dice: “las personas magistradas electorales deberán satisfacer los requisitos que establezcan esta Constitución, no podrán ser menores a los que se exigen para ser integrante de la Suprema Corte”.

    Lo que se nos está indicando, en realidad, es que parece ser lo mismo tener un título profesional de licenciado en derecho con antigüedad de diez años, que tener experiencia jurídica (en impartición de justicia) por mínimo de diez años, lo cual es incorrecto.

    Debido a todo, habría que ahondar más al respecto, pero la idea general es la misma: para que el sistema judicial mejore en todos sus niveles, es necesario priorizar que su designación sea a partir de un proceso que evalúe su formación en la impartición de justicia (apostar por una verdadera carrera judicial) mas no por un medio político electoral (como se propone en la reforma).

    Es por esto que, si lo que se pretende es fortalecer al TEPJF (tener un mejor sistema de justicia), entonces, es imprescindible no consentir más “políticos con toga”.

  • Sin dinero, no hay justicia

    Sin dinero, no hay justicia

    No es un secreto que, el pasado mes de diciembre, el H. Congreso del Estado de Nuevo León, realizó un recorte al presupuesto destinado a la Fiscalía General de Justicia del Estado y al Poder Judicial. Un paquete fiscal calificado por el gobernador, como el «mejor de toda la historia de Nuevo León».

    Tras solicitar un aumento del 24%, debido a la inflación, así como para implementar un nuevo modelo de investigación y contratar más personal, la fiscalía, de los $4,507,000,000 m.n. solicitados para este año, terminó por obtener $3,597,000,000 m.n., es decir, un 25.3% menos; una cifra incluso menor comparada con la administración pasada en su último año.

    Esta decisión para cierto sector de la sociedad neolonesa, es el motivo principal de la ineficiente procuración de justicia que afronta Nuevo León en los últimos meses, cuyos resultados de investigación no ha obtenido resultados óptimos, pues no ha habido ningún detenido a pesar de presentarse múltiples irregularidades en distintos procesos, donde se han realizado diligencias a destiempo, autopsias incompletas, filtrado información, y teorizado antipopularmente, al revictimizar a quienes ya no pueden defenderse.

    Esto da a entender, igualmente, que la poca eficiencia de la actividad de la fiscalía, puede tratarse de una estrategia para recuperar o incrementar su presupuesto para el año siguiente. Algo que no es descartable, ya que realizar un análisis político en México, suele ser una vía que proyecta cierta desconfianza de los actos políticos; plantearse que no existen las casualidades; y que las intenciones, detrás de la expresión, son otras.

    Por tanto, no es que la Fiscalía General de Nuevo León carezca de voluntad, sino de presupuesto. Tan simple como eso. Sin embargo, si tal es la estrategia de la Fiscalía, no le estaría saliendo del todo bien, pues algunos diputados locales están exigiendo mejores resultados, con miras de destituir a su fiscal general.

    En ese mismo sentido parece ir el mensaje del gobernador, cuando, en un vídeo compartido por medio de redes sociales, pide a la Fiscalía que se deje de «términos legaloides, para no dar la cara y decir a la verdad».

    Pero si el pésimo actuar de la fiscalía se debe a una cuestión de presupuesto, parece que la solución es obvia: destinarle mayores recursos, mas no destituir al fiscal general, como parece orquestarse. Pues cambiar de fiscal no arregla el problema de la falta de presupuesto; lo cual sería la principal causa de la poca eficiencia en los últimos meses.

    Por todo, de lo que no se dan cuenta aquellos que afirman que la poca eficiencia de la fiscalía se debe a una cuestión presupuestaria es que, con ello, solo se alimenta y confirma una de las tesis frecuentes que se observan en la procuración e impartición de justicia: «Sin dinero, no hay justicia».

  • Fallas de origen: sobre la Reforma Integral de la Constitución de Nuevo León

    Fallas de origen: sobre la Reforma Integral de la Constitución de Nuevo León

    Este pasado lunes, dos de mayo de dos mil veintidós, durante el “Primer Foro sobre Derechos Humanos y la Nueva Constitución”, el representante del ejecutivo en Nuevo León destacó que el proyecto de reforma integral a la Constitución del Estado, fue aprobado, en su primera vuelta, por unanimidad en el H. Congreso local.

    Ahora, con los foros, se pretende consolidar dicha reforma, por lo que, el paso siguiente será mejorar el documento y adecuarlo a las exigencias de la «nueva era». Sin embargo, antes sería necesario analizar unas cuantas cuestiones en este rubro.

    Para comenzar, existe la necesidad de puntualizar sobre el objetivo del foro, ya que éste se considera como una «oportunidad extraordinaria» para discutir sobre el contenido del documento de la reforma integral. Esto llama la atención porque, desde un inicio, se ha mencionado que esta reforma es integral, es decir, un «texto de vanguardia»; sin precedentes.

    De ahí que, dentro de la exposición de motivos, se lea: «la Constitución debe reflejar tolerancia y pluralidad, no puede partir de una sola visión, sino que debe integrar a todos los grupos que conforman nuestra sociedad, por más diferencias que tengan en su pensamiento».

    Sin embargo, el proyecto original no fue redactado tras haber escuchado a ningún grupo social; es decir, nació de una sola visión: la del gobernador de Nuevo León; no hubo lugar a «oportunidad» alguna para formar parte de dicho proyecto. Fue excluyente, no incluyente.

    Por tanto, la cuestión es la siguiente: ¿ante qué reforma constitucional estaremos al finalizar los foros? Pues, queda claro que esta reforma no es realmente un producto de un «oasis de tolerancia», donde «ninguna ideología es lo suficientemente fuerte para eliminar a las demás»; sino, más bien, todo lo contrario, es un producto de una visión particular que cree ser plural, pues Samuel García no consultó a nadie, no invitó a nadie; es fruto de un acto plenamente unilateral.

    Esto es grave, ya que el gobernador, tras varias declaraciones en lo que va del año (e incluso antes), parece no tener una visión de la realidad actual y futura del Estado de Nuevo León, como si se encontrara en una dimensión alterna (“Nuevo Nuevo León” o “Nuevolandia”); y en este caso en particular de la reforma, no parece ser la excepción, al cometer la imprudencia de catalogar su reforma constitucional como «vanguardista» e «innovadora». Por tanto, de modificarse el documento original, perdería dichos adjetivos, pues se supone que ya era la fórmula mágica para atender los problemas actuales.

    Por otra parte, otro punto crucial se encuentra en la misma exposición de motivos, en donde se lee: «estamos convencidos que cuando todas y todos piensan igual, alguien no está pensando. Este ejercicio democrático que hoy iniciamos debe desconfiar de los censos unánimes y deberá realizar un esfuerzo reforzados de integrar a todos los habitantes de Nuevo León».

    Si esto es así, ¿por qué confiar, en primer lugar, en la unanimidad sustentada por el H. Congreso del Estado de Nuevo León? ¿Por qué destacar, en segundo lugar, su aprobación unánime como un gran logro? Esto va por el mismo cause ya mencionado, pues, si el proyecto se ha aceptado por unanimidad, entonces, quiere decir que hay algo mal con el documento (no refleja pluralidad) y que, por ende, los diputados que conforman el H. Congreso del Estado: «no están pensando».

    Por todo, la reforma integral que se pretende en Nuevo León, tiene fallas de origen: por una parte, es fruto de una visión unilateral; y, por la otra, en caso de modificarse tras estos foros, no se tratará ya del documento original, el cual, se supone, ya era «novedoso e innovador». Aunque quizá ahí radica su «visión innovadora»: proponer un documento, de manera unilateral, como si fuese fruto de grandes debates; un engaño a la sociedad de Nuevo León, al asegurar su inclusión, sin serlo.