Los Reporteros Mx

Categoría: Mariuma Munira

  • EL ESTADO QUE NO CALLA: ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA EXTORSIÓN

    EL ESTADO QUE NO CALLA: ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA EXTORSIÓN

    La violencia de la extorsión no distingue rostro ni oficio: golpea el sustento de familias, ahoga a comerciantes y siembra miedo en comunidades enteras. Consciente de ello, el gobierno federal presentó una Estrategia Nacional contra la Extorsión que marca un antes y un después: a partir de ahora, la denuncia ya no recaerá únicamente en la víctima, sino que el Estado asumirá colectivamente su rol de ofendido y perseguirá de oficio este delito que crece sin pausa.

    En el primer semestre de 2025, la extorsión creció un 27.7 % con respecto a 2019, reportándose 4 882 víctimas entre enero y mayo, la cifra más alta en un periodo similar desde 2015. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) arroja además un alarmante 96.7 % de cifra negra, lo que demuestra que casi nadie confía en denunciar.

    Este incremento, lejos de ser homogéneo, se concentra en ocho entidades que suman el 66 % de los casos: Estado de México (2 049 carpetas), Guanajuato (879), Nuevo León (645), Ciudad de México (602), Veracruz (585), Jalisco (178), Michoacán (124) y Guerrero (47). En esos territorios, pequeños negocios, rutas de transporte y cultivos agrícolas se han convertido en escenarios de chantaje, cobro de piso y amenazas telefónicas. Estos números evidencian que la extorsión se ha enquistado en el día a día de millones de personas, y que la política de contención tradicional no ha sido suficiente.

    Para transformar esa realidad, la Presidencia envió al Congreso una iniciativa para reformar el artículo 73 XXI a) de la Constitución. El propósito es claro: facultar al Legislativo para expedir una Ley General contra la Extorsión que obligue a todos los estados a perseguir este delito de oficio, al igual que ocurre con el homicidio. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó: “La víctima somos todos, somos el Estado mexicano”, subrayando que ya no hará falta que la persona agraviada arriesgue su vida para iniciar un proceso penal.

    Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, confirmó que la propuesta será prioridad en el próximo periodo ordinario, a partir de septiembre. Sin convocar a un periodo extraordinario, Monreal anunció foros y diálogo previo para fortalecer y robustecer el proyecto, incorporando aportes de oposición y sociedad civil. Se tiene previsto legislar y concluir el dictamen antes de fin de mes, atendiendo “la urgencia de legislar en la materia”, afirmó.

    La estrategia se sustenta en cinco líneas de acción:

    1. Línea 089: número nacional exclusivo para denuncias anónimas, atendido por operadores capacitados bajo protocolos de crisis y negociación.
    2. Bloqueo inmediato de líneas telefónicas y cuentas bancarias relacionadas con extorsiones, mediante órdenes judiciales fundadas y motivadas.
    3. Unidades especializadas y células de inteligencia desplegadas en los ocho estados más afectados.
    4. Operativos en prisiones, para confiscar los equipos que internos usan desde sus celdas para extorsionar a distancia.
    5. Protocolos de atención a víctimas, con orientación legal y psicológica, y capacitación continua a fiscales y policías, para garantizar un acompañamiento profesional y cercano.

    En apenas semanas, las autoridades detuvieron a 1 137 personas por delitos de alto impacto, aseguraron 865 armas de fuego y 17 toneladas de droga, y desmantelaron 20 laboratorios. Estas acciones combinan el trabajo de la Guardia Nacional, la Sedena, la Marina, la FGR y la Unidad de Inteligencia Financiera, lo que refleja un frente unido contra las redes criminales.

    Para evitar abusos, la presidenta remarcó en su conferencia matutina: “La Ley de Extorsión no espía ni censura; solo permite intervenir comunicaciones telefónicas con orden judicial”. Este recordatorio refuerza las salvaguardas del debido proceso y la protección de derechos humanos, pilares innegociables para que la estrategia sea efectiva y legítima.

    Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano, aplaude la persecución de oficio y la unificación del tipo penal, pero advierte que sin incentivos reales para denunciar y recursos suficientes las víctimas seguirán en silencio. Subraya también la urgencia de medir resultados con indicadores claros y limpiar las instituciones de procuración de justicia para recuperar la confianza.

    La fuerza del Estado contrasta con la vulnerabilidad de quien sufre amenazas. Por ello, denunciar ya no es un acto solitario sino un compromiso colectivo: cada llamada al 089 es un paso para restituir la tranquilidad de miles de hogares. Acompañemos a las víctimas, exijamos transparencia en las investigaciones y demandemos que cada caso se traduzca en investigación, detención y sentencia.

    No hay seguridad sin orden, pero tampoco hay paz duradera sin libertad, sin justicia y sin respeto por la dignidad humana. Ese es el equilibrio que debemos exigir en la nueva etapa que inicia con esta estrategia nacional contra la extorsión: un Estado que no calla, una sociedad vigilante y una esperanza compartida de vivir sin miedo.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.

  • CONECTIVIDAD CON LIBERTAD: LA NUEVA LEY DE TELECOMUNICACIONES QUE MÉXICO NECESITA

    CONECTIVIDAD CON LIBERTAD: LA NUEVA LEY DE TELECOMUNICACIONES QUE MÉXICO NECESITA

    La brecha digital no es un reto del futuro: es un reto que define el presente. En nuestro país, más de quince millones de personas aún carecen de conexión a Internet, muchas de ellas en comunidades rurales e indígenas que hoy ven en línea un camino para la educación, la salud y el desarrollo económico. Con esa urgencia social como estandarte, el Congreso aprobó la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, un paquete normativo cuyo éxito dependerá tanto de sus aciertos técnicos como de la vigilancia ciudadana para que no se convierta en un instrumento de control.

    La publicación en el Diario Oficial de la Federación del decreto constitucional (20 de diciembre de 2024) marcó el compromiso de legislar secundarias que garantizaran el acceso universal y protegieran la libertad de expresión. Bajo ese mandato, el Senado y luego la Cámara de Diputados pulieron un texto que responde a las necesidades de conectividad, pero también incorpora salvaguardas para los derechos fundamentales. Al ligar esta ambición social con el rigor jurídico, México da un paso adelante hacia un servicio público de telecomunicaciones verdaderamente equitativo.

    En el corazón de la reforma, dos nuevos actores regulatorios tomarán el relevo del extinto IFT: la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT). La ATDT diseñará políticas y gestionará el espectro; la CRT, un órgano técnico autónomo, resolverá concesiones y conflictos de audiencia. Juntas, estas instancias prometen simplificar trámites, fortalecer la coordinación intersecretarial y llevar Internet de banda ancha a cada rincón del país.

    El enfoque social de la ley se ve reforzado en tres ejes:

    Conectividad universal. Los servicios de banda ancha se declaran un derecho público, de modo que tanto las empresas privadas como los programas de “Internet para Todos” puedan extender su cobertura bajo condiciones de igualdad.

    Medios comunitarios e indígenas. Ahora podrán acceder al espectro, vender publicidad y recibir financiamiento directo, democratizando el ecosistema informativo y dando voz a sectores históricamente marginados.

    Defensorías de audiencia. Cada concesionario debe contar con un mecanismo interno para recibir quejas por desinformación o calumnias, elevando el estándar ético de los contenidos.

    Para proteger la seguridad sin sacrificar la privacidad, la ley mantiene que la geolocalización en tiempo real de dispositivos móviles sólo podrá realizarse con orden judicial fundada y motivada, un recurso esencial en la lucha contra delitos de alto impacto. En su conferencia diaria, la presidenta Claudia Sheinbaum apuntó que la Ley de Telecomunicaciones “no espía ni censura” y que sólo sigue la legislación vigente, recordando que “solo por orden judicial es posible intervenir teléfonos”.

    También se incluye un delicado balance en materia de propaganda extranjera: los concesionarios no podrán transmitir mensajes políticos, ideológicos o comerciales de gobiernos foráneos, salvo actividades culturales, turísticas o deportivas. Es una medida dirigida a proteger nuestra soberanía informativa, sin vulnerar la libertad de expresión.

    En materia de identidad, la obligación de registrar cada línea telefónica con CURP y datos biométricos ha levantado alertas. Sin embargo, ese requisito vigente en delitos graves desde 2014, apunta a robustecer la trazabilidad en la telefonía prepago, un nicho aprovechado por las redes de trata y narcotráfico.

    El despliegue de 5G, redes inteligentes y espectro compartido atraerá inversión y fomentará la innovación. Al facilitar permisos para antenas y fibra óptica, México se vuelve un destino competitivo para la industria global de telecomunicaciones.

    El verdadero motor de la transformación, empero, será la participación ciudadana. Usuarios y usuarias deben conocer sus derechos: exigir transparencia en la asignación de frecuencias, revisar las resoluciones de la CRT y apoyar a las defensorías de audiencia. Un servicio de calidad no es solo un mandato de ley, sino un bien común que vale la pena defender.

    No hay progreso tecnológico verdaderamente valioso si no coexiste con el respeto irrestricto a nuestras libertades; por eso, al celebrar los avances de esta Ley de Telecomunicaciones, debemos velar porque sus mecanismos de vigilancia operen siempre bajo el amparo del debido proceso y con total transparencia. No hay seguridad sin orden, pero tampoco hay paz duradera sin libertad, sin justicia y sin respeto por la dignidad humana. Ese es el equilibrio que debemos exigir en la nueva etapa que inicia con esta ley: una conectividad sólida, eficiente y segura, pero siempre al servicio de nuestras libertades.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
  • GUARDIA NACIONAL: FIRMEZA CON LÍMITES, SEGURIDAD CON DERECHOS

    GUARDIA NACIONAL: FIRMEZA CON LÍMITES, SEGURIDAD CON DERECHOS

    El país vive un momento decisivo en materia de seguridad pública. La reciente aprobación, en la Cámara de Diputados, del proyecto de reforma a la Ley de la Guardia Nacional, representa uno de los cambios más profundos en la arquitectura institucional del Estado mexicano. Se trata de una decisión que, en medio de legítimas preocupaciones y voces encontradas, debe ser comprendida en su real dimensión: no como un intento de militarización autoritaria, sino como una apuesta por la consolidación operativa de una corporación clave para la paz del país, bajo nuevos lineamientos jurídicos, disciplinarios y de profesionalización.

    En efecto, como lo expresó el líder de Morena en la cámara de diputados, Ricardo Monreal, este proyecto no implica la pérdida del mando civil sobre la seguridad pública nacional. Por el contrario, redefine las atribuciones, estructuras y facultades de instituciones que siguen subordinadas —legal y constitucionalmente— a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Aunque se concreta el traspaso administrativo y operativo de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), no se rompe con la conducción civil del Estado, sino que se refuerzan capacidades institucionales que venían siendo reclamadas por años desde los territorios.

    El cambio, aunque profundo, responde a una realidad que no podemos ignorar. México enfrenta desafíos enormes ante el crimen organizado, la violencia de alto impacto y las estructuras delictivas que, en muchos casos, han rebasado las capacidades de los cuerpos civiles de seguridad. La Guardia Nacional, en sus primeros años de operación, se ha visto limitada por falta de formación, equipamiento y cohesión jerárquica. La nueva ley busca cerrar esa brecha, dotando a sus integrantes de disciplina castrense, herramientas de inteligencia e integración real al sistema de seguridad nacional.

    Uno de los aspectos más relevantes de la reforma es la incorporación formal de la Guardia Nacional al marco normativo militar: el comandante deberá ser un general de división, los elementos estarán sujetos al fuero militar, y podrán ser transferidos, capacitados o evaluados según los criterios de la SEDENA. Se autoriza también el uso de herramientas como operaciones encubiertas, intervención de comunicaciones con aval judicial, y acceso a datos georreferenciados. Todo esto, si bien puede generar inquietud, tiene una lógica operativa sólida en el combate al crimen, siempre y cuando se respete un principio fundamental: la actuación bajo supervisión judicial y con pleno respeto a los derechos humanos.

    Ahora bien, apoyar esta reforma no significa cerrar los ojos a los riesgos que conlleva. Sería ingenuo negar que una transferencia tan significativa de atribuciones a las Fuerzas Armadas requiere de controles democráticos, transparencia institucional y mecanismos de rendición de cuentas eficaces. La historia de América Latina nos ha enseñado que la presencia del Ejército en tareas de seguridad debe estar siempre limitada en el tiempo, en el espacio y en su alcance. Por ello, es indispensable que el Congreso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, los organismos civiles y la ciudadanía sigan atentos al desarrollo e implementación de esta ley.

    Hay también aspectos que han causado controversia y que requieren explicación. Uno de ellos es la posibilidad de que los elementos de la Guardia Nacional puedan solicitar una “licencia especial” para contender en procesos electorales. La presidenta Claudia Sheinbaum fue clara al precisar que esta posibilidad no es nueva: se encuentra ya reconocida en la Constitución desde hace más de un siglo. Lo que hace esta reforma es extender los derechos políticos ya existentes para las Fuerzas Armadas a los integrantes de la Guardia Nacional, sin que ello implique una politización de sus funciones. Eso sí: deberán separarse de su cargo con antelación y sin goce de haberes, para garantizar la equidad electoral.

    En este nuevo escenario, la apuesta del gobierno es fortalecer a la Guardia Nacional como un cuerpo capaz, disciplinado y confiable, que colabore con estados y municipios mediante convenios firmados, que realice tareas de proximidad, que investigue delitos bajo supervisión del Ministerio Público, y que actúe en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia. Pero también, debe quedar claro, no se trata de una fuerza autónoma ni ajena al control constitucional.

    El debate sobre la militarización no debe cerrarse, pero tampoco puede convertirse en una consigna automática. La pregunta real es: ¿qué modelo de seguridad necesitamos para proteger a las comunidades más vulnerables? ¿Queremos seguir improvisando, o vamos a construir un cuerpo permanente, formado, evaluado y eficaz? Si lo segundo es lo que queremos, entonces la nueva Ley de la Guardia Nacional ofrece un camino viable, aunque no exento de riesgos que deben ser monitoreados.

    La reforma aprobada representa una oportunidad histórica para fortalecer al Estado frente al crimen, pero también impone un compromiso ineludible con la democracia y los derechos humanos. La Guardia Nacional debe ser firme ante el delito, pero sensible ante la ciudadanía; disciplinada, pero sujeta a la ley; eficiente, pero siempre bajo vigilancia civil. No se trata de entregar un cheque en blanco a las Fuerzas Armadas, sino de construir una institución confiable y humana, que garantice seguridad sin renunciar a la dignidad. La fuerza por sí sola no basta: el respeto a los derechos humanos será la verdadera medida de su éxito. “No hay seguridad sin orden. Pero tampoco hay paz duradera sin libertad, sin justicia y sin respeto por la dignidad humana.” Ese es el equilibrio que debemos exigir y defender en esta nueva etapa para México.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.

  • MÁS ALLÁ DE ARANCELES Y TENSIONES: LA VISIÓN DE SHEINBAUM EN EL G7

    MÁS ALLÁ DE ARANCELES Y TENSIONES: LA VISIÓN DE SHEINBAUM EN EL G7

    En un mundo convulso, donde las tensiones entre naciones se convierten en amenazas reales y los intereses de las potencias tienden a chocar en lugar de cooperar, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha presentado ante el escenario global con una postura clara: dignidad, diálogo y defensa de su pueblo. La participación de México en la Cumbre del G7 de este año no solo es un gesto diplomático; es una señal del nuevo lugar que el país comienza a ocupar en la política internacional.

    La 51ª edición del G7, celebrada del 15 al 17 de junio en Kananaskis, Alberta, se dio en medio de una creciente inestabilidad geopolítica. La cumbre fue marcada por la escalada de tensiones en Medio Oriente, particularmente tras los ataques cruzados entre Israel e Irán, que obligaron al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a abandonar abruptamente las sesiones para atender la crisis desde Washington. Este hecho no fue menor, especialmente para México, cuyo gobierno había anticipado una conversación cara a cara con Trump para abordar una serie de temas sensibles, en particular las recientes redadas del ICE contra migrantes mexicanos en suelo estadounidense y la polémica propuesta de gravar las remesas.

    Ante la cancelación del encuentro presencial, la presidenta Sheinbaum sostuvo una llamada directa con el presidente estadounidense. Aunque la conversación fue cordial, no hubo avances sustantivos. La presidenta dejó claro que México no aceptará medidas que afecten a su gente y que seguirá defendiendo, en todos los foros, a los millones de mexicanas y mexicanos que viven y trabajan con dignidad en Estados Unidos. Su mensaje fue inequívoco: “Vamos siempre, como somos los mexicanos, firmes, con convicción, pero también con diálogo. Defenderemos a nuestro pueblo aquí y del otro lado de la frontera”.

    El G7 no es solo una cumbre de potencias: es el lugar donde se decide buena parte del rumbo económico, tecnológico y ambiental del planeta. Este año, la agenda giró en torno a cinco temas clave: la estabilidad geopolítica, la seguridad energética, la inteligencia artificial, la crisis climática y la gobernanza de las cadenas de suministro. México no es miembro permanente del G7, pero su invitación a participar junto a India, Brasil, Sudáfrica e Indonesia, refleja un cambio de paradigma: las potencias ya no pueden seguir diseñando el mundo sin escuchar al sur global.

    Y es precisamente ahí donde Claudia Sheinbaum ha marcado la diferencia. No fue a pedir favores ni a repetir lugares comunes. Fue a proponer. En su intervención, llamó a convocar una Cumbre Internacional por el Bienestar, con participación de gobiernos, organismos multilaterales, academia y pueblos originarios. La propuesta busca reorientar la cooperación global hacia un modelo centrado en las personas, no en los intereses financieros.

    Esta visión que retoma el espíritu latinoamericano de justicia social y solidaridad fue bien recibida por varios líderes presentes. La presidenta mexicana recordó que el crecimiento económico no puede seguir siendo evaluado únicamente en función del PIB, sino por indicadores de salud, educación, equidad y sostenibilidad. En un mundo donde la IA amenaza con profundizar las desigualdades, y la crisis climática ya cobra vidas, la agenda de Sheinbaum colocó a México como un actor que no solo exige respeto, sino que también aporta soluciones.

    Uno de los momentos más relevantes de su participación fue la reunión con empresarios e inversionistas de Canadá. En ese espacio, la presidenta presentó el Plan México, una estrategia integral que articula infraestructura, energía renovable, semiconductores, agroindustria y educación tecnológica en regiones clave como el sureste mexicano y el Corredor Interoceánico. Con un enfoque territorial, el plan busca atraer inversión extranjera con criterios de justicia social, trabajo digno y respeto al medio ambiente. Los empresarios canadienses , varios de los cuales ya operan en México, mostraron interés en ampliar su presencia en sectores estratégicos bajo este nuevo esquema de colaboración con visión a largo plazo.

    Detrás de cada una de sus intervenciones, Sheinbaum llevó un mensaje claro: México ya no es solo un socio comercial, es una nación con voz propia, que apuesta por un nuevo modelo de desarrollo, más justo, más sostenible y más humano. En un escenario donde las potencias discuten los dilemas del poder, la presidenta mexicana habló de cooperación, de dignidad, y de pueblos que merecen vivir bien.

    Además, su agenda no se limitó a lo internacional. Desde Tlaxcala, antes de partir al G7, anunció inversiones en hospitales, universidades y medio ambiente. La presidenta demostró que la política exterior no es ajena a la vida cotidiana de la gente, sino una extensión del mismo proyecto de nación: uno que pone en el centro a los más pobres, a los más olvidados, a quienes históricamente han sido excluidos de los beneficios del crecimiento.

    Mientras algunos celebran el regreso de la retórica belicista o la imposición de aranceles como estrategia electoral, México ha apostado por la diplomacia de la esperanza. Y esa diplomacia tiene hoy un rostro firme, sereno y decidido: el de Claudia Sheinbaum.

    En tiempos de muros, México elige tender puentes. En tiempos de miedo, México ofrece diálogo. Y en tiempos de incertidumbre global, México alza la voz no para imponer, sino para proponer.

    La participación de Sheinbaum en el G7 no solo ha fortalecido el perfil internacional de nuestro país; ha dejado claro que otra política exterior es posible. Una política que no se arrodilla ni se aísla, que dialoga sin perder la dignidad, y que entiende que representar a México es hablar con la frente en alto, en nombre de un pueblo generoso, valiente y profundamente humano.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
  • FRENTE A LAS REDADAS, MÉXICO ABRAZA A SUS MIGRANTES

    FRENTE A LAS REDADAS, MÉXICO ABRAZA A SUS MIGRANTES

    En los primeros días de junio de 2025, Los Ángeles California se transformó en un escenario de tensión y miedo cuando miles de agentes federales y militares irrumpieron en sus barrios de inmigrantes. Con imágenes de granadas aturdidoras estallando bajo los pies de manifestantes pacíficos y columnas de gas lacrimógeno nublando las avenidas, quedaron al desnudo las fisuras de un sistema que privilegia las cifras por encima de la dignidad humana. Fue entonces cuando el Gobierno de México alzó la voz con firmeza y responsabilidad: activó consulados, desplegó brigadas de asistencia legal y puso en marcha el programa “México te Abraza” para acompañar a nuestros connacionales. Hoy, más que nunca, resulta imprescindible examinar no solo lo ocurrido en ese momento, sino también entender la respuesta que ofreció nuestro país y la visión de reforma migratoria integral capaz de convertir un conflicto en una plataforma de cooperación y respeto mutuo entre naciones.

    Las calles aledañas al Distrito de la Moda y al Edificio Federal fueron testigo de la operación más masiva de detenciones en Los Ángeles desde la llegada de la administración Trump. El 6 de junio marcado por el despliegue simultáneo de ICE, 4 000 guardias nacionales, 700 marines y agentes del FBI y la DEA, que dejaron entre 35 y 45 mexicanos detenidos, muchos de ellos sin historial judicial, en apenas dos días. Quienes vieron llegar a los uniformados relatan a diario el mismo guion de miedo: familias enteras interrumpidas, trabajadores cuyos rostros se tornaron pálidos al escuchar órdenes de arresto, vecinos que improvisaron barricadas con contenedores de basura para proteger a sus amigos de una detención arbitraria.

    Al caer la noche, las denuncias de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA) describieron el operativo como una violación al estatus de “ciudad santuario” y apuntaron a una estrategia de “violencia estatal” que destrozó la esperanza de quienes buscan solo ganarse el pan diario. Entre gases y gritos, niños preguntaban a sus padres si volverían a casa y ancianos recordaban que cualquier vecino podía ser el siguiente. Esta realidad, teñida de dolor, puso de relieve la urgencia de un enfoque distinto, más humano y respetuoso del debido proceso.

    Aunque las redadas fueron la chispa de aquella indignación, sus raíces se hunden en una década de políticas de “tolerancia cero”, la separación forzada de familias y el controvertido programa “quedarse en México” para solicitantes de asilo. California, pionera en declarar sus ciudades santuario desde 1979 y reforzada por leyes como la SB54, se alzó en defensa de quienes carecen de estatus legal. Aun así, cerca del 10 % de la población angelina sobrevive cada día sin documentos, sosteniendo la economía local con su esfuerzo en la agricultura, la construcción y la manufactura. Ese entramado de contribuciones y vulnerabilidades explica por qué la comunidad reaccionó con tanta fuerza: defendían su vida, su trabajo y el derecho a la esperanza que construyen con cada jornada.

    Frente a esa crisis humanitaria, México respondió con una estrategia clara y compasiva. La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó con contundencia que “nuestras paisanas y paisanos en Estados Unidos son gente de bien, cuyo esfuerzo diario fortalece la sociedad y la economía del país de acogida”. Instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que cada consulado en Los Ángeles, San Francisco y otras plazas estratégicas activara brigadas de asistencia legal y consular, garantizando asesoría jurídica gratuita y acompañamiento en todo el proceso.

    Paralelamente, el programa “México te Abraza” se habilitó para ofrecer un retorno voluntario dignificado a quienes prefirieran regresar, con transporte, albergue y apoyo en reinserción laboral. El canciller Juan Ramón de la Fuente estableció contacto inmediato con la Embajada de EE. UU., demandando transparencia en los procedimientos y el pleno respeto al debido proceso. En las conferencias matutinas, la presidenta reforzó que esta solidaridad no busca confrontación: “No somos instigadores de violencia; apostamos al diálogo y a las soluciones integrales”. Con este equilibrio, firme en la defensa de los derechos humanos y respetuoso de la relación bilateral, México demostró que un enfoque humanizado puede combinarse con la defensa de la ley y la seguridad de las comunidades.

    Para transformar esta crisis en oportunidad, México propone una reforma migratoria integral basada en tres ejes. Primero, el reconocimiento de la trayectoria y la contribución de quienes llevan más de diez años trabajando en sectores como la agricultura, los servicios y la industria, otorgándoles un estatus legal que les otorgue estabilidad y certidumbre. Segundo, la garantía del debido proceso, mediante protocolos claros que eviten detenciones arbitrarias, aseguren acceso a representación legal y prohíban prácticas de intimidación como las vistas en Los Ángeles, mientras organismos independientes supervisan la transparencia de las cifras de arrestos. Tercero, la corresponsabilidad regional, desplegando inversiones conjuntas en comunidades de origen para mitigar las causas estructurales de la migración forzada, creando rutas seguras de tránsito y estableciendo brigadas binacionales de capacitación policial centradas en combatir a las redes criminales, no a las familias trabajadoras. Así, la renovación de la política migratoria dejaría de ser una concesión y se convertiría en un proyecto binacional de prosperidad compartida.

    Lejos de una confrontación estéril, México se presenta como un aliado propositivo que respeta la soberanía de su vecino del norte y defiende la dignidad de nuestros compatriotas. Mientras líderes como Gavin Newsom y Karen Bass alzaron su voz contra las redadas, el Gobierno de México añadió un matiz constructivo: propuso soluciones tangibles, inspiradas en la colaboración y la protección de derechos fundamentales. Organizaciones como la ACLU y CHIRLA, piezas claves del tejido civil estadounidense, respaldan la demanda de revisar el uso de la fuerza y preservar las ciudades santuario. Este consenso entre sociedad civil, gobiernos locales y diplomacia mexicana demuestra que el verdadero desafío no yace en la retórica agresiva, sino en sentar las bases de una política común que respete las normas de ambos países y la dignidad humana.

    Proteger a quienes día a día construyen comunidades sin más armas que su trabajo es el verdadero testimonio de la grandeza de un país. Con solidaridad y corresponsabilidad, México extiende su mano para liderar una agenda migratoria que ponga fin al terror de las redadas y abra las puertas a un futuro compartido. Solo así demostraremos que un verdadero vecino no genera miedo, sino esperanza y oportunidades para todos.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.

  • ELEGIR PARA DEPURAR: EL RETO DEMOCRÁTICO DEL NUEVO PODER JUDICIAL

    ELEGIR PARA DEPURAR: EL RETO DEMOCRÁTICO DEL NUEVO PODER JUDICIAL

    El 1 de junio de 2025, más de 13 millones de mexicanas y mexicanos acudieron a las urnas para decidir, por primera vez en la historia, quiénes ocuparían los cargos del Poder Judicial Federal y local. Fue un ejercicio sin precedentes que aspiraba a romper con décadas de nepotismo, corrupción y decisiones judiciales al servicio de intereses privados y del crimen organizado. Con esta elección, México emprendió un camino de democratización del sistema judicial que, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca concretar el ideal juarista de “al margen de la ley nada; por encima de la ley nadie”.

    Antes de esta jornada, el Poder Judicial vivía bajo la sombra del favoritismo: según reconoció su propia presidenta, casi la mitad de los jueces y magistrados habían llegado a su puesto por lazos familiares, no por una trayectoria jurídica impecable. Decisiones polémicas, como liberaciones a presuntos integrantes de la delincuencia organizada y amparos que favorecían a grandes defraudadores y los intereses corporativos, erosionaron la confianza ciudadana. Ante este panorama, era imperativo dar un paso transformador: que sea el pueblo, y no unas cuantas élites, quien elija a sus jueces.

    La reforma constitucional impulsada en febrero de 2024 y aprobada el 15 de septiembre marcó el inicio de este cambio. En parlamento abierto, con más de 100 modificaciones y un amplio proceso de consulta, se sentaron las bases del nuevo modelo: seis boletas para nueve cargos de ministra o ministro de la Suprema Corte, dos magistraturas de la Sala Superior del TEPJF, 15 de las salas regionales del Tribunal Electoral, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de circuito y 386 juzgados de distrito, junto con miles de puestos locales en 19 estados. El INE, el TEPJF y la FISEL se encargaron de la logística, con más de 522 000 funcionarios de casilla y un despliegue que abarcó todo el territorio nacional.

    “Fue un proceso transparente, con comisiones profesionales que evaluaron perfiles, campañas austeras y votación libre”, destacó Sheinbaum en su mensaje tras el cierre de casillas. Esa misma noche, el 13 % del padrón había emitido su voto, cifra que, si bien quedó por debajo del objetivo de 20 %, duplicaba la participación de la consulta a expresidentes de 2021 y superaba los sufragios que obtuvo cada partido opositor en 2024. La mandataria celebró que estas cifras conviertan a México “en el país más democrático del mundo”: un país donde, esta vez, la elección no fue para renovar un cargo político tradicional, sino para seleccionar a quienes impartirán justicia.

    Sin embargo, a la par de este entusiasmo, surgieron voces que alertaron sobre los riesgos de introducir la política en un poder que debe ser independiente, corriéndose el riesgo de que grupos políticos o criminales infiltren candidaturas, eligiendo simpatizantes antes que juristas capacitados lo que pudiera provocar que un juez electo podría verse obligado a rendir cuentas a sus promotores o financistas, en lugar de apegarse estrictamente a la norma y la equidad.

    Frente a estas preocupaciones, la presidenta Sheinbaum ha asegurado que la transparencia en la selección de candidatos y la existencia de filtros profesionales hacen difícil cualquier manipulación. Los comités de evaluación compuestos por representantes del Ejecutivo, Legislativo y Judicial revisaron antecedentes, currículo, méritos y posibles conflictos de interés. Además, el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial deberá velar porque quienes ocupen un cargo no incurran en conductas antiéticas. Aun así, la vigilancia ciudadana será esencial: la elección no termina el día de la votación, sino que comienza un período en el que la sociedad debe exigir a jueces y magistrados la coherencia entre sus fallos y el interés general, no el de grupos de poder.

    Más allá de estos riesgos de captura, el proceso impulsado por el gobierno federal logró avances inéditos. Por primera vez, la ciudadanía tuvo acceso directo a la información curricular de 3 422 candidatas y candidatos, gracias al portal “Conóceles” que habilitó el INE: ahí pudieron revisar formación académica, trayectoria profesional, propuestas y hasta posibles cuestionamientos éticos. Esa transparencia —una novedad para un poder acostumbrado al sigilo— rompió con la opacidad que permitía favoritismos en nombramientos anteriores.

    Otro tema importante fue la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, cuyo rol consiste en investigar faltas de jueces y magistrados, sancionar a quienes incurran en nepotismo, prevaricación o incumplimiento de sus funciones. Este órgano, cuyos cinco integrantes también fueron electos por la ciudadanía, brindará un mecanismo de rendición de cuentas que complementa los filtros previos y atiende las críticas de quienes señalaban que, bajo el sistema antiguo, los abusos quedaban impunes.

    Por otra parte, la elección popular fomentó una cultura cívica poco vista en procesos ajenos a cargos políticos tradicionales. En las semanas previas, miles de ciudadanos consultaron las hojas de candidatos, comparecieron en foros locales organizados por el INE y analizaron las propuestas de postulantes a jueces de circuito o ministerios de la SCJN. Ese esfuerzo no solo profundiza la democracia: obliga a cada electora y elector a aproximarse a los conceptos de imparcialidad, derechos humanos y profesionalismo judicial.

    A pesar de la complejidad del proceso y de que aún hay aspectos por perfeccionar, el balance inicial permite identificar áreas clave de mejora. Una de ellas es la comunicación: muchos votantes desconocían las funciones específicas de los cargos judiciales, por lo que será necesario que el INE y organizaciones civiles elaboren materiales claros y accesibles que orienten al electorado en futuras elecciones.

    También se requiere mayor inversión pública para garantizar condiciones equitativas de participación. En muchas zonas rurales e indígenas la instalación de casillas fue insuficiente, y miles de personas quedaron sin acceso efectivo al voto. Para que el “poder ciudadano” sea real, se necesitarán más recursos, logística ampliada y opciones como el voto anticipado o electrónico para migrantes y población vulnerable.

    Otro reto será blindar la independencia del nuevo Poder Judicial. Aunque los comités de evaluación ayudaron a reducir el riesgo de filtraciones políticas, deben establecerse límites estrictos para evitar el nepotismo o el uso electoral de las candidaturas. El Tribunal de Disciplina Judicial deberá actuar con firmeza ante cualquier señal de corrupción. 

    La sociedad civil tiene un papel insustituible en este nuevo escenario: debe vigilar el actuar de quienes tomaron posesión en septiembre, exigir transparencia y denunciar fallos que traicionen los principios del Estado de Derecho. La elección judicial de 2025 fue una apuesta audaz para depurar al Poder Judicial y ponerlo en manos del pueblo. Aunque con riesgos, su objetivo de fondo combatir privilegios, impunidad y nepotismo, sigue vigente. Para lograr una justicia más humana e imparcial, se requiere vigilancia constante, evaluación de resultados y el compromiso conjunto de sociedad y gobierno: solo así podrá afirmarse, con legitimidad, que nadie está por encima de la ley.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
  • GRAVAR LA ESPERANZA: EL CASTIGO DE TRUMP A LAS FAMILIAS MEXICANAS Y EL LLAMADO DE SHEINBAUM ANTES DEL SENADO

    GRAVAR LA ESPERANZA: EL CASTIGO DE TRUMP A LAS FAMILIAS MEXICANAS Y EL LLAMADO DE SHEINBAUM ANTES DEL SENADO

    Las remesas no son un lujo: son el salvavidas económico de millones de familias mexicanas. Gravar su envío desde Estados Unidos no solo es injusto, es cruel.

    El Partido Republicano en Estados Unidos, encabezado por el expresidente Donald Trump, ha vuelto a mostrar su rostro más crudo y oportunista: ahora, propone imponer un impuesto del 3.5% a las remesas que los trabajadores migrantes envían a sus familias desde territorio estadounidense. Una medida que no solo es económica, sino profundamente política y moralmente reprobable.

    Durante 2023, las remesas que llegaron a México alcanzaron la histórica cifra de 65 mil millones de dólares, lo que representa un ingreso superior incluso al generado por las exportaciones petroleras o el turismo. Estos recursos equivalen al 3.5% del Producto Interno Bruto nacional, pero su impacto es aún más determinante cuando se observa a nivel local. En estados como Chiapas (14.3%), Guerrero (13.6%), Michoacán (11.2%) y Zacatecas (10.6%), las remesas son literalmente la columna vertebral de su economía. En estas regiones, castigadas históricamente por el abandono gubernamental, el dinero que envían los migrantes no es un complemento, es un salvavidas.

    La propuesta de gravar las remesas no es nueva. Trump ya había insinuado esta medida durante su primera campaña presidencial en 2016, como una forma de “hacer que México pague el muro”. Hoy, en su intento por regresar a la Casa Blanca, revive la idea bajo el mismo pretexto nacionalista, apelando a los prejuicios más profundos del electorado republicano: la criminalización del migrante, la idea de que México se “aprovecha” de Estados Unidos, y una visión utilitaria de la política exterior.

    Lo alarmante es que esta medida —aunque aún necesita pasar por el Senado estadounidense para su aprobación definitiva— ya ha sido retomada como bandera política y amenaza con convertirse en realidad si los republicanos logran la mayoría en noviembre. En ese contexto, la advertencia de la presidenta Claudia Sheinbaum no es menor: “De ser necesario, nos vamos a movilizar”. Y tiene razón. Porque lo que está en juego no es solo dinero: es la dignidad y la vida de millones de personas.

    Las remesas no son un lujo. Quien ha tenido que migrar, dejar su tierra, su familia y su idioma para trabajar jornadas extenuantes en otro país, sabe que cada dólar enviado está cargado de sacrificio. Se utiliza para pagar alimentos, colegiaturas, rentas, medicinas, transporte, ropa. Es, en muchos casos, el único ingreso de las familias receptoras.

    Por eso, cobrar un impuesto por este acto de amor y responsabilidad familiar es no solo una injusticia, sino una crueldad. Jeanette Leyva, periodista especializada en economía, lo expresó con claridad en su columna para El Financiero: “Hay estados en donde deben encenderse las alertas, pues las remesas alcanzan montos muy elevados con respecto al PIB, y particularmente en aquellos con menores niveles de producto per cápita”. Es decir, los más pobres serán los más afectados.

    Además, la medida generaría efectos secundarios que podrían intensificar la desigualdad. Las familias con menos recursos perderán capacidad de consumo, lo que impactará a las economías locales. Podría aumentar el endeudamiento, la deserción escolar, y en muchos casos, el retorno forzado a Estados Unidos por vías irregulares, alimentando redes de tráfico de personas.

    Hay también un componente simbólico que no debe pasarse por alto. Este impuesto comunica algo más profundo: que el esfuerzo del migrante no vale. Que trabajar en Estados Unidos no garantiza derechos, ni respeto. Que enviar dinero a tu madre, a tus hijos o a tu comunidad es motivo de castigo fiscal. Es una forma sofisticada de discriminación: no se grava al inversionista extranjero, sino al jornalero que limpia casas, recoge cosechas, cuida ancianos o sirve mesas.

    Este tipo de propuestas tienen consecuencias más allá de lo económico. Alimentan discursos de odio, legitiman la xenofobia y polarizan aún más a las sociedades. En lugar de reconocer la aportación de los migrantes —quienes sostuvieron a buena parte de la economía estadounidense durante la pandemia—, se les trata como si fueran un problema que debe contenerse o monetizarse.

    Ante este panorama, la respuesta del gobierno mexicano debe ser clara y firme. La presidenta Sheinbaum ha mostrado sensibilidad y determinación al solidarizarse con la comunidad migrante. Pero la defensa no debe quedarse en lo simbólico. Es momento de construir una estrategia binacional que combine la presión diplomática, la movilización social, y el desarrollo de alternativas financieras para proteger a los remitentes y beneficiarios de las remesas.

    Una de las herramientas que ya se han mencionado es la Financiera para el Bienestar, que ofrece servicios de envío de dinero con comisiones mínimas. También se deben fomentar esquemas de bancarización en ambos lados de la frontera, uso de cuentas digitales en dólares y pesos, y mecanismos que transparenten y abaraten el proceso de envío.

    Además, se debe reforzar el trabajo con las comunidades migrantes, los consulados, y las organizaciones de derechos humanos para hacer frente común. Porque este no es un tema solo de economía: es de justicia social, de reconocimiento histórico y de respeto a los derechos humanos.

    Frente a un gobierno extranjero que ve en el migrante un blanco electoral, la movilización no es amenaza, es defensa propia. Como lo hizo en su momento el movimiento Chicano, como lo han hecho los trabajadores agrícolas con sus huelgas, o las organizaciones defensoras de migrantes con sus litigios, ahora es tiempo de unir voces a ambos lados de la frontera. Las calles, las redes, las plazas, las casas de migrantes, pueden convertirse nuevamente en espacios de dignidad y resistencia.

    La defensa de las remesas no debe confundirse con un asunto de “intervencionismo” o “asuntos internos”. México tiene todo el derecho de alzar la voz por sus ciudadanos en el exterior, especialmente cuando sus derechos y sus familias están siendo atacadas.

    El dinero que llega desde Estados Unidos no es un simple flujo financiero. Es un acto de amor, una expresión de lealtad familiar, un puente emocional entre quien se fue y quien se quedó. Gravarlo, condicionarlo o criminalizarlo es una forma de desprecio institucional que ningún país democrático debería tolerar.

    Por eso, decir no al impuesto a las remesas es decir sí a la dignidad humana. Es reconocer que ningún esfuerzo familiar debe convertirse en botín político. Que ninguna transferencia solidaria debe llevar un castigo. Y que ningún migrante debe pagar con intereses su derecho a ayudar.

    Hoy más que nunca, es momento de alzar la voz, de apoyar a quienes sostienen a México desde fuera, y de recordarle al mundo que las remesas no son dólares: son abrazos enviados a distancia. Cobrar por ellos es, sencillamente, inaceptable.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
  • 9.5 MILLONES DE VIDAS TRANSFORMADAS: EL PODER DE LA INVERSIÓN SOCIAL

    9.5 MILLONES DE VIDAS TRANSFORMADAS: EL PODER DE LA INVERSIÓN SOCIAL

    Entre 2018 y 2023, 9.5 millones de mexicanas y mexicanos dejaron atrás la pobreza, la mayor reducción en 40 años, según el Banco Mundial. Ese logro ha sido posible gracias a una política social sin precedentes: los Programas para el Bienestar, que en 2025 movilizan 850 mil millones de pesos y aspiran a convertirse en un billón de inversión en 2026. Detrás de cada cifra, hay hogares que recuperan la tranquilidad para cubrir sus necesidades básicas y sueños que vuelven a florecer.

    En la base de este cambio están las transferencias directas. La Pensión para el Bienestar y la Pensión Mujeres Bienestar, sumadas a Jóvenes Construyendo el Futuro, no solo alivian la carga del día a día, sino que activan el mercado interno. Con 44 500 millones de pesos distribuidos en mayo–junio a casi 9 millones de beneficiarios de la A a la L, y el mismo monto reservado para M–Z, las tarjetas Bienestar se han convertido en el pase a oportunidades de vida más digna.

    El impacto de Jóvenes Construyendo el Futuro es igualmente intenso: más de 3.1 millones de inscritos obtienen formación y 7 de cada 10 consiguen su primer empleo. La inversión acumulada, 139 000 mdp, es un seguro para que los adultos jóvenes no queden atrapados en la informalidad y aporten al crecimiento con su talento.

    La inversión en educación y salud amplía esta red de seguridad. Las becas Rita Cetina, Benito Juárez y Jóvenes Escribiendo el Futuro suman 13.1 millones de apoyos, con 24 000 mdp cada bimestre. “La Escuela es Nuestra” entrega 25 000 mdp para mejorar 74 100 planteles, mientras “La Clínica es Nuestra” inyecta 4 707 mdp en centros rurales. Cada aula equipada y cada sala de consulta equipada renuevan la esperanza de miles de comunidades.

    En paralelo, los programas de reconstrucción social han sido una medicina imprescindible tras desastres naturales. Más de 301 000 familias afectadas por Otis y John recibieron 21 000 mdp en apoyos, reconstrucción de vivienda y acceso a servicios básicos. El Fondo de Aportaciones a la Infraestructura Social movilizó a 306 708 personas en 14 312 asambleas indígenas, definiendo colectivamente las prioridades de obras.

    Este mosaico de políticas sociales ha generado un efecto multiplicador en la economía: el aumento real del salario mínimo —el mayor incremento en treinta años—, la desaparición del outsourcing y las reformas laborales han impulsado un alza promedio de 6 puntos porcentuales en el poder adquisitivo. Esa combinación de empleo y salario digno es el motor de la disminución de la pobreza.

    Sin embargo, mantener esta tendencia positiva exige profundizar la corresponsabilidad. Es esencial fortalecer la transparencia en el uso de los recursos, ampliar la participación ciudadana en los foros estatales y medir con rigor los resultados. Solo así podremos identificar brechas y corregir desvíos para que nadie quede fuera de la bonanza.

    La Prosperidad Compartida eje del Plan México sintetiza esta visión: que los beneficios del desarrollo lleguen hasta el último rincón. Para 2030, la meta es que el salario mínimo cubra 2.5 canastas básicas y que al menos la mitad de las compras públicas se destine a empresas nacionales, fortaleciendo la industria local y generando empleo de calidad.

    Además, el fortalecimiento de mercados laborales formales, la diversificación de exportaciones y la inversión en infraestructura sostenible (energías limpias, conectividad rural e hidráulica) crearán condiciones para un crecimiento más sólido. El reto es combinar la protección social con reformas estructurales que eleven la productividad y atraigan capitales que generen más oportunidades.

    Queda claro que los programas sociales no son parches coyunturales, sino pilares de un nuevo contrato social: el Estado garantiza un piso mínimo de bienestar, mientras la sociedad se empodera para participar y exigir rendición de cuentas. Ese es el verdadero cambio: millones de historias personales que, gracias a una visión de largo plazo y voluntad política, hallan en la política social la llave de un futuro sin pobreza.

    Hoy más que nunca, corresponde a la ciudadanía mantenerse informada, vigilar la correcta aplicación de los recursos y seguir participando activamente en la construcción de un México donde la dignidad no sea un privilegio, sino un derecho igual para todas y todos. Solo así transformaremos el notable descenso de la pobreza en un logro irreversible y en la base de un país verdaderamente próspero y solidario.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.
  • EL PACIC: UN COMPROMISO DE COLABORACIÓN PARA PROTEGER EL BOLSILLO DE LOS MEXICANOS

    EL PACIC: UN COMPROMISO DE COLABORACIÓN PARA PROTEGER EL BOLSILLO DE LOS MEXICANOS

    En medio de la creciente presión inflacionaria que afecta a las familias mexicanas, la presidenta Claudia Sheinbaum ha renovado el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), un acuerdo estratégico entre el gobierno y el sector privado para garantizar precios justos en productos de la canasta básica. Este acuerdo, que tiene como objetivo no solo frenar el alza de precios, sino también proteger el poder adquisitivo de los mexicanos, es un paso crucial para mantener la estabilidad económica en tiempos complejos.

    El PACIC, firmado este lunes, mantiene el precio de 24 productos básicos en 910 pesos. Entre los productos cubiertos se incluyen alimentos esenciales como arroz, frijol, huevo, tortillas, azúcar, leche, y pan, así como artículos de higiene básica como papel higiénico y jabón de tocador. Este paquete representa un esfuerzo del gobierno para asegurar que las familias mexicanas no vean un aumento en los precios de estos productos, que son vitales para su bienestar diario.

    El objetivo central del PACIC es garantizar la estabilidad de precios en productos esenciales, lo que permitirá a las familias no solo tener acceso a alimentos básicos, sino también enfrentar la inflación sin un golpe adicional a sus bolsillos. Este acuerdo no es un control de precios, sino un compromiso voluntario entre el gobierno y el sector empresarial. En palabras de Sheinbaum, el PACIC se ha renovado para “cuidar la economía popular” y “proteger el bolsillo de los mexicanos”, estableciendo un precio máximo para los productos de la canasta básica, una medida que ayuda a mitigar el impacto de la inflación sobre las clases más vulnerables.

    En la firma del acuerdo, participaron grandes actores del sector privado, incluidos representantes de empresas como Bimbo, Bachoco, Walmart y San Juan, quienes se comprometieron a mantener los precios de estos productos. Este esfuerzo conjunto refleja un modelo de colaboración que involucra tanto al gobierno como a los empresarios para trabajar de la mano en la búsqueda de un equilibrio entre el mercado y la economía familiar. La participación de estos gigantes del comercio y la producción agropecuaria es fundamental para mantener la estabilidad de los precios en el mercado.

    El PACIC, sin embargo, enfrenta retos. Aunque el acuerdo actual ha sido bien recibido por la sociedad, la estabilidad de los precios en los productos de la canasta básica no resuelve por completo los desafíos económicos a los que se enfrenta el país. La inflación sigue siendo un tema de preocupación, especialmente cuando los costos de otros productos, como el combustible y algunos insumos industriales, siguen siendo elevados. Además, las presiones del mercado global, derivadas de factores externos, continúan afectando la economía de México, lo que hace necesario que el gobierno no solo mantenga este acuerdo, sino que también implemente otras medidas para abordar la inflación en su conjunto.

    A pesar de estos desafíos, Sheinbaum ha subrayado la importancia de mantener un enfoque de colaboración público-privada, que no solo involucra la protección de los productos de la canasta básica, sino también la estabilización de los costos de la gasolina, el diésel y el gas LP. Estos esfuerzos son fundamentales para garantizar que los mexicanos puedan continuar disfrutando de un nivel de vida adecuado, a pesar de las dificultades económicas que podrían surgir en el futuro.

    El impacto del PACIC no solo se refleja en el precio de los productos, sino también en el fortalecimiento del mercado interno y el bienestar social. Este acuerdo subraya la importancia de la coordinación entre los diferentes sectores de la sociedad, desde el gobierno hasta el sector privado, para lograr una solución integral que favorezca a todos los mexicanos. Además, este paquete se enmarca dentro de la estrategia de Plan México, que busca fortalecer la inversión interna y mejorar las condiciones económicas del país a largo plazo.

    El compromiso de Sheinbaum y su equipo en la defensa del bienestar económico de los ciudadanos refleja un esfuerzo constante para asegurar que los sectores más vulnerables de la población no sean los más afectados por la inflación. La renovación del PACIC, más que un simple acuerdo comercial, representa un actuar responsable de todos los involucrados para proteger los intereses de la mayoría de los mexicanos, un paso hacia una prosperidad compartida que se construye a través de la cooperación entre el gobierno y las empresas.

    El  PACIC es un compromiso de colaboración en tiempos de adversidad económica. Si bien no es la solución única para la inflación o los retos globales que enfrenta México, es una medida significativa que protege a las familias más vulnerables. El gobierno, en conjunto con el sector empresarial, ha dado un paso hacia una economía más equitativa, y aunque los desafíos persisten, la renovación del PACIC es un recordatorio de que la unidad y la colaboración pueden ser las claves para enfrentar los problemas económicos y garantizar un futuro más próspero para todos.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.

  • ARANCELES DE TRUMP: UN DESAFÍO PARA LA PROSPERIDAD DE AMÉRICA DEL NORTE

    ARANCELES DE TRUMP: UN DESAFÍO PARA LA PROSPERIDAD DE AMÉRICA DEL NORTE

    El 3 de marzo de 2025, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un golpe directo a la economía de México y Canadá, al imponer un arancel del 25% sobre todos los productos de exportación de estos dos países. Esta decisión, que entró en vigor inmediatamente, se produjo tras semanas de tensiones comerciales y acusaciones mutuas en temas como la migración y el tráfico de drogas. Con esta medida, Trump no solo desafió el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino que también puso en peligro una relación comercial crucial para América del Norte.

    La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió con contundencia, subrayando que “México tiene que ser respetado”. En su intervención, destacó que el gobierno mexicano ha trabajado arduamente en temas de seguridad y cooperación en la lucha contra el narcotráfico y el tráfico de fentanilo, y que los resultados son tangibles. “Las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos provenientes de México se redujeron un 50% entre octubre de 2024 y enero de 2025”, explicó, dejando claro que México ha cumplido con su parte. Además, insistió en que la postura mexicana es clara: “Cooperación y coordinación, sí; subordinación, no”. Esta postura reafirma la determinación del gobierno mexicano de defender su soberanía frente a las decisiones unilaterales de Estados Unidos.

    En paralelo, Canadá también alzó la voz ante la imposición de los aranceles. El primer ministro Justin Trudeau calificó la decisión de Trump como “injustificada” y anunció que Canadá respondería con medidas arancelarias recíprocas, afectando a productos estadounidenses por valor de 30,000 millones de dólares canadienses. El gobierno canadiense ha reiterado que defenderá sus intereses económicos y comerciales, lo que pone de manifiesto la unidad entre los tres países firmantes del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que ahora se ve en peligro por estas acciones de Washington.

    El impacto económico de los aranceles será inmediato y amplio, afectando a sectores clave en ambos países. México, el mayor socio comercial de Estados Unidos, verá un aumento en los costos de exportación de productos como automóviles, aguacates, café y otros productos agrícolas. Este incremento no solo afectará a las empresas que dependen del comercio con Estados Unidos, sino que también repercutirá en los consumidores de ambos lados de la frontera. El costo de productos cotidianos, desde alimentos hasta dispositivos tecnológicos, podría aumentar considerablemente debido a los aranceles.

    Desde China, el gobierno describió los aranceles de Trump como un acto de “unilateralismo y acoso” y prometió represalias, imponiendo nuevas tarifas a productos estadounidenses, particularmente agrícolas. China ha sido clara en su oposición a las políticas de Trump, acusando a Estados Unidos de utilizar los aranceles como una herramienta para imponer cambios en las políticas internas de otros países. Este clima de tensión global añade incertidumbre a un escenario ya de por sí complejo.

    La industria automotriz, particularmente vulnerable a los aranceles, es una de las más afectadas por esta escalada. Los fabricantes de automóviles que operan en los tres países temen que el aumento de los costos de producción debido a los aranceles reduzca la competitividad de sus productos y aumente los precios de los vehículos para los consumidores estadounidenses. Esto podría afectar tanto a las empresas locales como a los trabajadores, cuyos empleos dependen de un comercio fluido y sin barreras comerciales.

    Sin embargo, a pesar de los desafíos económicos y las presiones comerciales, México y Canadá no están dispuestos a ceder. La presidenta Sheinbaum ha convocado a una reunión con los sectores productivos del país, donde informará sobre las medidas que tomará el gobierno mexicano. El mensaje es claro: México defenderá el T-MEC y su soberanía, pero también buscará alternativas para mitigar el impacto de los aranceles.

    La incertidumbre creada por los aranceles de Trump pone de relieve la necesidad de un enfoque de colaboración regional para fortalecer las economías de América del Norte. Es fundamental que México, Canadá y Estados Unidos encuentren formas de integrar más profundamente sus economías, en lugar de fragmentarlas aún más con barreras comerciales. La unidad entre los tres países será esencial para enfrentar los retos que imponen los nuevos proteccionismos que emergen desde Washington.

    A medida que las negociaciones continúan, lo que está claro es que México y Canadá seguirán defendiendo sus intereses económicos y comerciales con firmeza. La capacidad de negociar y encontrar soluciones que beneficien a todos los países será clave para garantizar la estabilidad de la región. Si bien la situación es difícil, la resiliencia y determinación de México y Canadá en la defensa del T-MEC y de sus economías compartidas se mantendrán como pilares fundamentales frente a las presiones de Estados Unidos.

    Al final, lo que está en juego no solo son las tarifas comerciales, sino también la estabilidad económica y la prosperidad compartida de toda América del Norte.

    • La columnista, Mariuma Munira Vadillo Bravo, es Maestra en Derechos Humanos y Garantías Individuales. Puedes contactarla en Facebook: MUMA Mariuma Munira, Twitter: @MariumaMunira.