Categoría: Pablo Quintero

  • Rentar sin miedo

    Rentar sin miedo

    Durante años, rentar en la Ciudad de México se pareció a un volado: cada año el casero decidía cuánto subir y el inquilino aceptaba o empacaba. Esa asimetría es la que busca corregir la Ley de Relaciones Inquilinarias y Rentas Justas, Razonables y Asequibles, que presentó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el 22 de octubre. Y conviene decirlo claro: tiene sustento jurídico sólido.

    Primero, la Constitución. El artículo 4 reconoce el derecho a una vivienda digna y decorosa, y el artículo 9 de la Constitución capitalina obliga a las autoridades a garantizarlo. Un derecho que se vuelve inalcanzable porque el alquiler crece sin freno es letra muerta. Además, México ratificó el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo artículo 11 protege la vivienda adecuada. El Comité de la ONU ha sostenido que la asequibilidad y la seguridad frente a desalojos forzosos forman parte de ese derecho.

    Segundo, la proporcionalidad. Nadie propone congelar rentas ni quitarle nada a nadie. El objetivo central es que las rentas no aumenten por encima de la inflación. Es una regla razonable: el propietario conserva el valor real de su ingreso y el inquilino gana previsibilidad. El derecho de propiedad no es absoluto; el artículo 27 constitucional reconoce su función social, y la libertad contractual siempre ha tenido límites cuando una de las partes está en clara desventaja. Basta pensar en la ley laboral o en la protección al consumidor: el Estado interviene cuando la igualdad entre las partes es solo de papel.

    Tercero, los datos. Entre julio de 2025 y julio de 2026 las rentas en la capital subieron 9.6 %, por encima de la inflación acumulada. Cuando el mercado falla de forma tan visible, el Estado no solo puede intervenir: debe hacerlo. A esto se suma la Defensoría Inquilinaria, que da a las familias un lugar a dónde acudir en lugar de enfrentar solas a un despacho jurídico. Para una familia que destina la mitad de su ingreso a la renta, esa orientación puede marcar la diferencia entre quedarse en su barrio o irse a la periferia.

    Pero una buena ley siempre puede mejorar. Propongo cuatro ajustes.

    1. Regular las rentas de corta estancia. Se ha señalado que la iniciativa no regula Airbnb. Si el negocio turístico es más rentable, muchos propietarios sacarán sus viviendas del mercado habitacional y la ley perderá eficacia. Hay que cerrar esa puerta con reglas claras para las plataformas.

    2. Premiar al pequeño arrendador. La mayoría de los caseros no son grandes inmobiliarias, sino familias que complementan su ingreso. Quien respete el tope debería recibir descuentos en predial o deducciones. La regulación funciona mejor cuando cumplirla conviene.

    3. Registro digital de contratos y depósitos. Un sistema público, sencillo y gratuito daría certeza a ambas partes sobre el monto, la fecha y las condiciones de cada renta. También facilitaría vigilar que se cumpla el tope sin depender solo de denuncias.

    4. Mediación obligatoria y evaluación periódica. Antes de llegar a juicio, las partes deberían pasar por una mediación en la Defensoría. Y cada dos años habría que publicar, con datos abiertos, qué efectos tuvo la ley en precios, oferta y desalojos, para corregir el rumbo con evidencia y no con ocurrencias.

    Una ley de rentas no resuelve por sí sola la crisis de vivienda. También necesitamos construir más, y mejor, con vivienda social y para renta. Pero la regulación es un primer paso necesario. Una ciudad no puede presumir su vitalidad mientras expulsa de sus barrios a quienes la hacen funcionar: maestras, enfermeros, repartidores, jóvenes que apenas empiezan.

    La ciudad es de quienes la habitan, no solo de quienes la poseen. Esta ley, bien afinada, puede recordárnoslo.

    Nota: quienes critican este tipo de topes, como algunos desarrolladores y economistas, advierten que pueden reducir la oferta de vivienda en renta y desincentivar la inversión. Por eso la evaluación periódica que propongo es clave.

  • Del margen al poder: el factor socialista democrático

    Del margen al poder: el factor socialista democrático

    Las elecciones intermedias del 3 de noviembre de 2026 han reconfigurado el equilibrio de fuerzas en Washington. Según las proyecciones de CBS News, el Partido Demócrata recuperó el control de la Cámara de Representantes, y otros medios le atribuyen también la mayoría en el Senado, si bien los escrutinios de Mississippi, Kansas y Alaska continúan abiertos. No obstante, el fenómeno de mayor interés analítico no es el resultado agregado, sino la composición interna de esa victoria.

    Los hechos

    Un número récord de candidatos a cargos federales respaldados por los Socialistas Democráticos de América (DSA) resultó electo, y ni los pronósticos más optimistas anticiparon la magnitud del éxito de la izquierda progresista. Chris Rabb, Donavan McKinney, Darializa Avila Chevalier, Claire Valdez y Melat Kiros obtuvieron escaños en la Cámara, mientras que Alexandria Ocasio-Cortez fue reelegida y Angela Gonzales-Torres desplazó a un congresista demócrata en Los Ángeles. En el plano municipal, Nithya Raman derrotó a la alcaldesa Karen Bass, de modo que Nueva York, Los Ángeles y Washington serán gobernadas por alcaldes de esta corriente.

    Definición conceptual

    Conviene precisar el término. El socialismo democrático estadounidense no propugna la abolición de la propiedad privada, sino una ampliación sustantiva del papel del Estado en ámbitos como la salud, la vivienda y la redistribución fiscal. Sus programas guardan mayor afinidad con la socialdemocracia europea que con el colectivismo clásico. Entre las causas que han movilizado a su electorado figuran la sanidad universal y la oposición a la guerra en Gaza.

    Factores explicativos

    Pueden identificarse al menos tres. En primer lugar, el efecto demostración: la victoria de Zohran Mamdani en Nueva York actuó como catalizador del movimiento. En segundo lugar, la capacidad organizativa. El DSA ya había derrotado a titulares de larga trayectoria en las primarias demócratas, y esto resulta decisivo: en distritos de abrumadora mayoría demócrata, la competencia sustantiva se dirime en la primaria, no en la elección general. El distrito de Rabb en Pensilvania se considera el más demócrata del país, y el de Gonzales-Torres presentó una boleta compuesta únicamente por demócratas. En tercer lugar, el descontento con el statu quo: Raman construyó su campaña sobre la crítica a un orden establecido que calificó de agotado.

    Limitaciones de la inferencia

    Sería erróneo extrapolar estos resultados al conjunto del electorado. En Florida, la senadora republicana Ashley Moody derrotó a Angie Nixon, afiliada al DSA, y el líder de la mayoría republicana, Steve Scalise, venció a una candidata respaldada por el movimiento en Luisiana. El patrón sugiere que el éxito socialista se concentra en territorios ideológicamente homogéneos, lo cual limita su validez como indicador del votante mediano. Los críticos advertirán, con fundamento, que la etiqueta «socialista» puede resultar costosa en distritos competitivos durante 2028. Los partidarios del movimiento replicarán que la movilización de votantes jóvenes y desencantados compensa ese riesgo y que su agenda goza de respaldo en encuestas sobre temas específicos.

    Implicaciones

    En el plano partidista, Hakeem Jeffries interpretó los resultados como un rechazo contundente al extremismo del movimiento de Trump, pero la unidad aparente encubre una disputa estratégica: ¿debe el partido priorizar a los candidatos pragmáticos capaces de ganar distritos disputados, o a los insurgentes que triunfan en las primarias? Algunos observadores apuntan, además, a un cambio de posición del partido respecto de Israel.

    Los comicios de 2026 evidencian que el socialismo democrático ha dejado de ser una fuerza periférica para convertirse en un factor con peso propio en la coalición demócrata. Si esa influencia se traducirá en una reorientación programática o en un conflicto interno dependerá de la capacidad de la dirigencia para integrar ambas sensibilidades. Esa será, probablemente, la cuestión central de la política demócrata hasta las presidenciales de 2028.

    Fuentes consultadas (4-5 de noviembre de 2026): CBS News, NewsNation/Decision Desk HQ, NBC News, Al Jazeera, U.S. News, Forward, Daily Signal. Los resultados de algunas contiendas seguían en escrutinio al momento de redactar.

  • Cuauhtémoc Cárdenas: la ruptura que cambió el rumbo de la democracia mexicana

    Cuauhtémoc Cárdenas: la ruptura que cambió el rumbo de la democracia mexicana

    Hay figuras políticas cuya trascendencia no puede medirse exclusivamente por los cargos que ocuparon ni por las elecciones que ganaron o perdieron. Su importancia histórica reside en su capacidad para alterar las relaciones de poder, abrir nuevas posibilidades de participación y modificar el horizonte político de una nación. Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano pertenece a esa categoría. Su trayectoria constituye uno de los capítulos fundamentales en la construcción de la izquierda democrática mexicana y en la crisis del régimen priista que dominó el país durante buena parte del siglo XX.

    Heredero de la tradición nacionalista y social de Lázaro Cárdenas del Río, Cuauhtémoc Cárdenas representó la reivindicación de un proyecto de Estado comprometido con la soberanía nacional, los derechos sociales y la rectoría pública de sectores estratégicos de la economía. Sin embargo, reducir su trayectoria a una herencia familiar sería desconocer su principal aportación: haber convertido una disidencia dentro del sistema político en un movimiento nacional capaz de desafiar sus mecanismos de reproducción del poder.

    La ruptura comenzó con la Corriente Democrática del Partido Revolucionario Institucional. En la década de 1980, mientras el gobierno de Miguel de la Madrid profundizaba el viraje hacia las políticas de ajuste económico y apertura de mercados, un sector del priismo cuestionaba el abandono de los principios sociales del nacionalismo revolucionario. Cárdenas y Porfirio Muñoz Ledo encabezaron una rebelión política que exigía democratizar la selección de candidaturas y recuperar la deliberación dentro del partido.

    El conflicto trascendía una disputa entre élites. Cuestionaba la concentración de las decisiones políticas en la Presidencia de la República y la práctica del dedazo, mediante la cual el titular del Ejecutivo influía decisivamente en la designación de su sucesor. Cuando Carlos Salinas de Gortari fue elegido candidato presidencial del PRI, la ruptura se volvió irreversible. Cárdenas abandonó el partido y articuló una candidatura opositora que reunió corrientes nacionalistas, organizaciones sociales y sectores de la izquierda histórica. El Frente Democrático Nacional se convirtió así en una convergencia política que desbordó las estructuras partidistas tradicionales.

    El 6 de julio de 1988 constituye el punto de inflexión de esta historia. La elección presidencial enfrentó a Cárdenas con Salinas de Gortari en un contexto de desigualdad institucional, cuestionamientos a la imparcialidad de las autoridades electorales y creciente inconformidad social. La interrupción del sistema oficial de cómputo, conocida como la «caída del sistema», profundizó la desconfianza cuando el país esperaba conocer las tendencias de la votación.

    La posterior declaración de triunfo de Salinas, sin una revisión capaz de disipar las dudas de la oposición, produjo una crisis de legitimidad que marcó a varias generaciones. El fraude de 1988 no debe entenderse únicamente como una controversia sobre cifras electorales: fue la expresión de un régimen que carecía de condiciones suficientes para garantizar una competencia democrática auténtica. Investigaciones académicas posteriores identificaron alteraciones en una proporción significativa de las actas electorales, aportando evidencia empírica a las denuncias sobre la integridad del proceso.

    La dimensión histórica de Cárdenas radica también en su respuesta a aquella crisis. Frente a un escenario de profunda confrontación, mantuvo la movilización dentro de los cauces políticos y constitucionales. En 1989 participó en la fundación del Partido de la Revolución Democrática, una organización que dio cauce partidista a diversas expresiones de la izquierda y contribuyó a consolidar una oposición nacional con capacidad de disputar el poder. Su elección como jefe de Gobierno del Distrito Federal en 1997 confirmó que aquella ruptura había transformado de manera duradera la competencia política mexicana.

    Sería equivocado presentar a Cárdenas como el único protagonista de la democratización nacional. Su trayectoria se inscribe en una historia colectiva protagonizada por movimientos sociales, sindicalistas, estudiantes, militantes de izquierda, periodistas y ciudadanos que resistieron el autoritarismo. Pero también sería injusto minimizar su papel: su candidatura de 1988 articuló esas inconformidades en una alternativa nacional y aceleró la erosión del monopolio político priista.

    Hoy, cuando la democracia enfrenta nuevos desafíos, su legado obliga a distinguir entre conquistar el gobierno y transformar las estructuras del poder. La izquierda no puede reducirse a una identidad partidista ni a la administración de las instituciones; debe evaluarse por su compromiso con la justicia social, la soberanía, la participación ciudadana y la defensa irrestricta del voto.

    Cuauhtémoc Cárdenas cambió la historia porque se atrevió a romper con un sistema que parecía invencible. Su mayor legado no es una presidencia que nunca alcanzó, sino haber contribuido a demostrar que ningún régimen puede reclamar legitimidad indefinidamente cuando la ciudadanía exige democracia.

    La historia de 1988 permanece como una advertencia y una lección: el poder puede controlar instituciones durante décadas, pero no puede cancelar para siempre la voluntad de un pueblo que decide organizarse para transformar su destino.

  • MÉXICO ACELERA SU REVOLUCIÓN DIGITAL

    MÉXICO ACELERA SU REVOLUCIÓN DIGITAL

    Economía digital, inclusión financiera y nuevos desafíos regulatorios

    México se encuentra ante una transformación decisiva de su sistema económico y financiero. La aprobación de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos representa un paso relevante en la estrategia nacional para modernizar las transacciones, ampliar la inclusión financiera y reducir la dependencia del dinero en efectivo. El Senado de la República aprobó la legislación el 20 de octubre de 2026 y la remitió al Ejecutivo federal para continuar con el proceso correspondiente.

    La nueva legislación busca establecer un marco jurídico que favorezca la utilización de medios de pago digitales y electrónicos en las actividades económicas. Su propósito no se limita a incorporar tecnología en las operaciones comerciales, sino que pretende transformar la manera en que las personas, las empresas y las instituciones públicas realizan transacciones, contratan servicios financieros y participan en el mercado.

    Uno de sus principales alcances consiste en impulsar mecanismos de pago electrónicos que faciliten las operaciones cotidianas y contribuyan a mejorar la trazabilidad de los recursos. Herramientas como el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) y Cobro Digital (CoDi) ofrecen infraestructura sobre la cual puede desarrollarse un ecosistema financiero más ágil, accesible y eficiente.

    Desde una perspectiva económica, la digitalización de los pagos puede generar beneficios importantes. La reducción de costos asociados al manejo de efectivo, la simplificación de procesos administrativos y la posibilidad de realizar operaciones de manera inmediata pueden favorecer tanto a los consumidores como a las empresas. Para los pequeños comercios, emprendedores y trabajadores independientes, estas herramientas representan oportunidades para ampliar sus mercados, mejorar sus registros financieros y facilitar su incorporación a la economía formal.

    Sin embargo, la transformación digital también plantea desafíos estructurales. México mantiene profundas desigualdades en materia de conectividad, acceso a dispositivos tecnológicos y utilización de servicios bancarios. Las comunidades rurales, las personas adultas mayores y los sectores de menores ingresos pueden enfrentar mayores dificultades para adaptarse a un sistema que privilegie las operaciones electrónicas.

    Por ello, la modernización financiera debe acompañarse de políticas públicas que garanticen el acceso universal a los servicios digitales. Una legislación de esta naturaleza no puede evaluarse únicamente por el crecimiento de las transacciones electrónicas, sino también por su capacidad para reducir las brechas económicas y territoriales. La inclusión financiera requiere infraestructura, educación digital, mecanismos de atención accesibles y alternativas para quienes todavía dependen del efectivo.

    Otro aspecto relevante es la posibilidad de establecer restricciones al uso de dinero físico en determinadas actividades económicas. Esta orientación busca fortalecer la trazabilidad de las operaciones y contribuir al combate de prácticas ilícitas. No obstante, debe distinguirse entre promover los pagos digitales y establecer prohibiciones generales al efectivo. La aplicación de nuevas reglas requiere claridad jurídica, proporcionalidad y certeza para ciudadanos y comerciantes.

    La protección de los datos personales y la seguridad informática también deben ocupar un lugar central. A medida que aumenta el volumen de operaciones electrónicas, crece la importancia de prevenir fraudes, suplantaciones de identidad, accesos no autorizados y vulneraciones de información financiera. La confianza ciudadana dependerá de que las instituciones y los proveedores de servicios implementen salvaguardas eficaces, transparentes y sujetas a supervisión.

    En este contexto, la digitalización también puede fortalecer la capacidad del Estado para diseñar políticas económicas sustentadas en información más precisa. Los registros electrónicos pueden contribuir a mejorar la fiscalización, reducir ciertas prácticas de evasión y facilitar la evaluación de programas públicos, siempre que su utilización respete los derechos fundamentales y los principios de protección de datos.

    La aprobación legislativa constituye, por tanto, un punto de partida y no el final de la transformación. Su impacto dependerá de las disposiciones de implementación, la coordinación entre autoridades, la capacidad tecnológica del país y la vigilancia sobre las condiciones de competencia en los servicios de pago.

    México tiene la oportunidad de construir una economía digital que combine innovación, productividad y justicia social. El verdadero éxito de esta legislación no consistirá en sustituir indiscriminadamente el efectivo, sino en garantizar que la tecnología amplíe las oportunidades económicas, fortalezca la confianza institucional y permita que los beneficios de la modernización lleguen a toda la población. La revolución digital solo será verdaderamente transformadora cuando nadie quede excluido de ella.

  • Fracking: el espejismo que México no puede pagar

    Fracking: el espejismo que México no puede pagar

    México enfrenta una tentación recurrente: replicar el modelo estadounidense de gas de lutitas mediante la fracturación hidráulica, o fracking. Sobre el papel suena atractivo, pues promete autosuficiencia energética y empleos. Pero cuando se examinan la ciencia, el territorio y la sociedad mexicana, la apuesta resulta frágil e injustificable.

    El problema del agua

    El fracking consume volúmenes enormes de agua. Un solo pozo puede requerir entre 10 y 30 millones de litros, y en la práctica se perforan decenas de pozos por zona. Las cuencas con mayor potencial de gas de lutitas, como la de Burgos y Sabinas en el norte, se ubican en regiones áridas y semiáridas donde el agua ya escasea. Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas viven sequías prolongadas y acuíferos sobreexplotados. Destinar agua a inyectarla en el subsuelo significa quitársela a comunidades, agricultura y ganadería.

    Además, el agua que regresa a la superficie no sirve para nada: sale mezclada con químicos, metales pesados, sales y, a veces, material radiactivo natural del subsuelo. Tratarla es costoso y complejo, y su mal manejo contamina suelos y ríos.

    Riesgos geológicos y de contaminación

    La técnica consiste en inyectar a alta presión agua, arena y aditivos químicos para romper la roca y liberar el gas atrapado. Los pozos atraviesan los acuíferos antes de llegar a la lutita, y cualquier falla en el cementado o en el revestimiento puede provocar fugas hacia el agua subterránea. Los estudios en Estados Unidos han documentado casos de contaminación por metano y otras sustancias, y la tasa de fallas en pozos envejecidos es considerable.

    También existe sismicidad inducida. La inyección de aguas residuales en pozos de disposición ha generado temblores en Oklahoma y Texas, antes casi inexistentes. México es un país sísmicamente activo, con infraestructura vulnerable, y no necesita añadir un factor de riesgo provocado por el ser humano.

    Un golpe al clima

    Se vende al gas como “combustible puente”, pero el metano, su componente principal, tiene un poder de calentamiento unas 80 veces superior al del dióxido de carbono en un horizonte de 20 años. Las fugas en pozos, ductos y compresores son frecuentes y difíciles de medir. Con ellas, la ventaja climática del gas frente al carbón se reduce o desaparece. Apostar por una nueva infraestructura fósil contradice los compromisos climáticos de México y lo ata a décadas de emisiones.

    Costos sociales y desigualdad

    Las zonas de extracción suelen ser rurales, con comunidades campesinas e indígenas que tienen poco poder de decisión. El fracking implica tránsito pesado, ruido, polvo, ocupación de tierras y presión sobre servicios básicos. Los empleos son temporales y muy especializados, y rara vez benefician a la población local. Cuando termina el auge, quedan pozos abandonados, pasivos ambientales y comunidades con salud y economía deterioradas.

    Existe, además, un riesgo de conflicto social. La falta de consulta previa, libre e informada, derecho reconocido en el marco internacional, ha detonado resistencias en distintos países, y varios de ellos, como Francia, Alemania y Bulgaria, optaron por prohibirlo o frenarlo.

    La economía tampoco cuadra

    Los pozos de lutitas se agotan rápido: su producción puede caer más de 60% en los primeros dos años, lo que obliga a perforar sin parar para mantener el volumen. Es un modelo que exige capital constante, tecnología importada y precios altos del gas. México carece de la infraestructura, el agua y el entorno regulatorio para sostenerlo, y el costo de remediar daños recaería en el erario público.

    Hay otros caminos

    México posee uno de los mejores recursos solares del planeta, un enorme potencial eólico y geotérmico, y amplias oportunidades de eficiencia energética. Estas alternativas generan empleo, no compiten por agua y reducen la dependencia de combustibles importados.

    Apostarle al fracking sería hipotecar el agua, el territorio y el clima por una ganancia de corto plazo. La verdadera seguridad energética está en diversificar con fuentes limpias, no en perforar más profundo en el mismo callejón sin salida.

  • De cosas a seres sintientes: Ley de bienestar animal

    De cosas a seres sintientes: Ley de bienestar animal

    Este martes el Senado aprobó, con 115 votos a favor y uno en contra, la Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales. Conviene aclarar algo desde el principio: todavía no rige. La minuta ya está en la Cámara de Diputados, donde una iniciativa parecida pasó más de un año congelada. Lo de ayer es un primer paso firme, pero no el último.

    Los animales dejan de ser cosas

    Lo más importante de la ley no son las multas sino una idea: reconoce a los animales como seres sintientes, capaces de sufrir y de disfrutar. Para el derecho mexicano, que durante décadas los trató como bienes muebles, eso cambia la premisa. El texto incorpora además los cinco dominios del bienestar animal (nutrición, ambiente, salud, comportamiento y estado mental), un marco que la veterinaria usa desde hace tiempo y que ahora se vuelve obligación federal.

    Una sola regla para todo el país

    Hoy la protección depende del código de cada estado: lo que en una entidad se sanciona, en otra pasa sin consecuencias. La nueva ley, de 125 artículos, fija un mínimo común y reparte las competencias entre Federación, estados y municipios. Suena técnico, pero es justo donde estas leyes suelen fallar. Cuando nadie sabe a quién le toca actuar, nadie actúa.

    Lo que te toca si tienes una mascota

    Nace la figura de la tutela responsable. Quien tenga un perro o un gato deberá alimentarlo bien, llevarlo al veterinario, darle condiciones dignas, esterilizarlo y mantener al día su registro de salud. Habrá un Registro Nacional de Animales de Compañía, centros de atención en los municipios y campañas permanentes y gratuitas de vacunación y esterilización. Es, a mi juicio, lo más acertado del texto, porque intenta frenar el abandono desde la raíz, que es la sobrepoblación, y no solo castigarlo después.

    Multas, arresto y un padrón

    Por maltrato, la ley prevé multas superiores a los 200 mil pesos y hasta 36 horas de arresto. Quien sea sancionado entrará a un padrón de infractores por un máximo de cinco años y, mientras siga en él, no podrá recibir apoyos públicos para el cuidado animal. También tendrá que costear lo necesario para que el animal se recupere. Se prohíbe la venta de animales en mercadillos y se crea un directorio de criaderos, albergues, refugios y rescatistas, con lo que se busca ordenar un mercado que hoy opera en buena medida a ciegas.

    Lo que se quedó fuera

    Las corridas de toros y las peleas de gallos seguirán en manos de cada estado; seis ya las regulan. Para los espectáculos con animales, la ley se limita a pedir que respeten su bienestar. Tampoco se prohíbe de golpe su uso en investigación y enseñanza: se habla de una transición. Quien esperaba una ley más contundente tiene motivos para sentirse a medias.

    Hay también críticas puntuales. Activistas de Morelos, por ejemplo, temen que el texto facilite el sacrificio de animales rescatados. Ese punto tendrá que aclararse en el reglamento, con criterios veterinarios estrictos.

    El reto es aplicarla

    Aprobar una ley es la parte fácil. Los municipios serán la primera línea y muchos cuentan con presupuestos mínimos y poco personal. Sin dinero para los centros de atención, sin inspectores y sin un registro que funcione, la norma corre el riesgo de quedarse en el papel. Y antes de eso falta el trámite en Diputados, que pueden aprobarla tal cual o modificarla; en ese caso regresaría al Senado.

    Aun con sus huecos, el mensaje del Senado es claro: el maltrato animal ya no se ve como un asunto menor. Si los diputados están a la altura, México tendrá por fin un marco federal. Lo demás (presupuesto, reglamentos y ganas de hacerlo cumplir) dirá si sirve de algo.

  • Con Paulo García, Morena CDMX por fin tiene al dirigente que la ciudad necesitaba

    Con Paulo García, Morena CDMX por fin tiene al dirigente que la ciudad necesitaba

    Después de semanas de incertidumbre, Morena en la Ciudad de México volvió a tener rumbo. Paulo Emilio García González, hasta entonces diputado local por Coyoacán, asumió la presidencia del Comité Ejecutivo Estatal del partido en la capital, y hay razones de sobra para recibir el relevo con optimismo. No se trata de un nombre improvisado ni de una cuota política más: es alguien que se formó dentro del movimiento, que conoce el territorio porque lo caminó, y que llega con el respaldo claro de la dirigencia nacional y del gobierno de la ciudad.

    El nombramiento lo confirmó la propia Ariadna Montiel, presidenta nacional de Morena, y la jefa de gobierno, Clara Brugada, no tardó en celebrarlo públicamente. Ese respaldo conjunto no es un detalle menor: manda un mensaje de cohesión entre los distintos niveles del movimiento justo cuando más se necesita, a las puertas del proceso electoral de 2027.

    García, por su parte, pidió licencia a su curul para dedicarse por completo a la tarea, una decisión que habla de compromiso más que de cálculo: prefirió soltar una posición ya ganada para asumir el reto de reconstruir la estructura partidista desde cero.

    Y es que su perfil es, precisamente, el que la dirigencia capitalina necesitaba. A sus 31 años, García representa a una generación que se involucró en la política pública gracias a la convocatoria de Andrés Manuel López Obrador, gente que probablemente no habría entrado a la vida partidista de no ser por ese llamado a construir un proyecto distinto para el país. Es politólogo por la UNAM y cursa una maestría en Políticas Públicas Comparadas en la FLACSO, pero su trayectoria no se quedó en las aulas: fue concejal en Coyoacán, secretario técnico del gabinete de seguridad de esa alcaldía, Servidor de la Nación durante la transición de gobierno y coordinador de las Becas para el Bienestar Benito Juárez, uno de los programas que más ha transformado la vida cotidiana de miles de familias capitalinas.

    Ya en el Congreso, se ganó la confianza de la bancada como su vocero. Ese recorrido importa porque significa que quien hoy dirige Morena en la capital no llega a aprender el oficio: llega sabiendo cómo se organiza una brigada, cómo se atiende a un comité vecinal y cómo se traduce un programa social en bienestar real para la gente. Es la combinación exacta que el partido necesita para encarar 2027 con la fuerza territorial que lo ha caracterizado desde su fundación.

    García ha sido claro en su mensaje de arranque: nadie sobra en el movimiento. En una ciudad tan grande y con tantas expresiones internas, esa actitud de apertura es exactamente lo que se requiere para cerrar filas después de un periodo sin dirigencia formal.

    En lugar de imponer una sola línea, propone escuchar, incorporar a las nuevas generaciones y fortalecer el trabajo de base, la fórmula que históricamente le ha dado a Morena sus victorias más contundentes en la capital.

    Tampoco hay que perder de vista el contexto: la Ciudad de México sigue siendo el bastión más importante del proyecto de la Cuarta Transformación, y lo que se juegue aquí en 2027 —alcaldías, diputaciones, el rumbo mismo de las políticas de vivienda y bienestar que impulsa Clara Brugada— tendrá un peso simbólico enorme para todo el movimiento a nivel nacional. Tener al frente a alguien joven, con experiencia real en territorio y con el respaldo unánime de las principales figuras del partido, es una ventaja que otras fuerzas políticas en la ciudad simplemente no tienen.

    El camino no será sencillo, ninguna reconstrucción lo es. Pero con Paulo García al frente, Morena CDMX tiene algo que no tenía hace apenas unos días: certeza, unidad y un dirigente que entiende que gobernar y organizar un partido son, al final, la misma tarea de estar cerca de la gente.

  • De la Espriella ante la tragedia: una gestión que revela improvisación y una preocupante falta de sensibilidad

    De la Espriella ante la tragedia: una gestión que revela improvisación y una preocupante falta de sensibilidad

    La primera gran crisis del gobierno de Abelardo de la Espriella ha dejado al descubierto algo más profundo que una serie de errores administrativos: la dificultad de convertir un discurso político de autoridad y eficacia en una capacidad real de respuesta frente a una tragedia nacional. El terremoto de magnitud 7,4 que golpeó a Colombia el 10 de agosto, apenas tres días después de la posesión presidencial, se convirtió en la primera prueba de fuego de una administración que prometía orden, firmeza y resultados inmediatos. Sin embargo, la respuesta gubernamental ha estado acompañada de contradicciones, decisiones polémicas y, sobre todo, señales que proyectan una preocupante distancia frente al dolor de las víctimas. (AP News)

    Desde una perspectiva de gestión pública, el primer elemento que debe evaluarse en una emergencia es la capacidad del Estado para producir información confiable, coordinar instituciones y colocar las necesidades de la población por encima de cualquier consideración política. Precisamente ahí aparece uno de los mayores problemas del gobierno de De la Espriella: las diferencias entre las cifras oficiales.

    Mientras el presidente reportó 143 personas desaparecidas, Medicina Legal registraba 348 y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres contabilizaba 426. También hubo discrepancias en las cifras de fallecidos y heridos. No se trata simplemente de una diferencia estadística: en una catástrofe, conocer con precisión cuántas personas están desaparecidas determina la dimensión de las labores de búsqueda, la distribución de recursos y la atención a las familias. (El País)

    Pero la mayor debilidad de la administración no está únicamente en los números. Está en el mensaje político que ha transmitido.

    Una tragedia de esta magnitud exige sensibilidad institucional. El Gobierno puede y debe comunicar esperanza, pero también debe mostrar empatía, prudencia y respeto absoluto por quienes perdieron familiares, viviendas, empleos y comunidades enteras. En cambio, la utilización de balones con elementos asociados al movimiento político del presidente durante una visita a zonas afectadas provocó críticas precisamente porque introdujo un componente partidista en un momento que debería estar reservado para la atención humanitaria. (El País)

    La polémica alrededor del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, agravó todavía más esa percepción. Mientras miles de damnificados necesitaban vivienda y las autoridades enfrentaban la reconstrucción de miles de inmuebles, el ministro fue cuestionado por haber viajado a Santa Marta. Beltrán sostuvo que se trató de un encuentro familiar y que continuó atendiendo sus responsabilidades; sin embargo, desde el punto de vista político y simbólico, la decisión resultó particularmente desafortunada. Más aún cuando De la Espriella decidió mantenerlo en el cargo y asignarle responsabilidades centrales en la reconstrucción. (La Jornada)

    Un gobierno no se evalúa únicamente por las medidas que anuncia, sino por la confianza que consigue generar en los momentos más difíciles. Y esa confianza se construye con coherencia. No resulta suficiente visitar las zonas afectadas, anunciar miles de millones de pesos o declarar emergencias si, al mismo tiempo, existen contradicciones en la información oficial y conductas de funcionarios que parecen desconectadas de la magnitud del desastre.

    De la Espriella ha mostrado capacidad para ocupar el centro de la escena y controlar personalmente la comunicación de la crisis. Incluso ha desplegado a su gabinete y visitado las regiones golpeadas. Pero la gestión de emergencias requiere mucho más que presencia mediática: exige coordinación técnica, transparencia, capacidad logística y sensibilidad humana. (El País)

    El caso del Chocó resulta especialmente delicado. La región ya enfrentaba pobreza, infraestructura deficiente, aislamiento y problemas de seguridad antes del terremoto. El desastre agravó una situación humanitaria preexistente, afectando a decenas de miles de personas y dejando escuelas, viviendas y hospitales severamente dañados. Para estas comunidades, las promesas de reconstrucción deben convertirse rápidamente en resultados verificables. (AP News)

    Por eso, el problema de De la Espriella no puede reducirse a un error aislado. Lo que está en juego es su capacidad para demostrar que el estilo confrontativo y personalista que funcionó en campaña puede transformarse en una administración responsable cuando la realidad exige serenidad.

    Colombia no necesita un presidente que solamente parezca fuerte frente a las cámaras. Necesita un Estado fuerte frente al sufrimiento de su gente. Y hasta ahora, la gestión de De la Espriella frente al terremoto deja demasiadas preguntas abiertas: cifras que no coinciden, decisiones políticamente desafortunadas, funcionarios cuestionados y una comunicación que, en ocasiones, parece más preocupada por controlar el relato que por escuchar el dolor de las víctimas.

    La verdadera prueba de este gobierno apenas comienza. La reconstrucción será el momento definitivo para determinar si las promesas de eficiencia eran una realidad o simplemente un discurso. Por ahora, la tragedia ha exhibido un gobierno que, lejos de transmitir plena confianza, comienza a proyectar improvisación y una preocupante falta de sensibilidad ante una de las mayores emergencias de la historia reciente de Colombia.

  • México ganó mucho más que partidos

    México ganó mucho más que partidos

    Hay acontecimientos que trascienden el momento en que ocurren. La Copa Mundial de la FIFA 2026 no solo dejó partidos memorables en territorio mexicano; dejó una demostración de que el país tiene la capacidad institucional, la infraestructura y el talento para organizar con éxito un evento de alcance global.

    Desde mi perspectiva, uno de los mayores aciertos fue que las sedes mexicanas proyectaron una imagen de orden, hospitalidad y convivencia. En tiempos donde la conversación pública suele centrarse en los problemas de seguridad, el Mundial permitió mostrar un México distinto: uno abierto al mundo, capaz de recibir a miles de visitantes en un ambiente de celebración.

    El mayor legado, sin embargo, no está en los estadios. Está en las obras que permanecerán durante décadas: mejoras en movilidad, rehabilitación de espacios públicos, infraestructura deportiva y renovación urbana. Ese tipo de inversiones fortalecen la competitividad de las ciudades y benefician a la población mucho después del torneo.

    Es cierto que toda inversión pública debe ser evaluada con rigor. Pero también es cierto que los grandes eventos pueden acelerar proyectos estratégicos que de otra manera tardarían años en concretarse. Cuando el resultado son ciudades mejor conectadas, espacios públicos recuperados y una mejor proyección internacional, el beneficio trasciende lo deportivo.

    México hizo historia al convertirse en el primer país en albergar tres Copas del Mundo masculinas. Esa condición implica prestigio, pero también responsabilidad. A mi juicio, las sedes mexicanas estuvieron a la altura y demostraron que el país puede competir con cualquier nación en la organización de eventos internacionales.

    El Mundial no resolverá por sí solo los desafíos nacionales. Sin embargo, sí deja una enseñanza clara: cuando existe coordinación institucional, planeación y visión de largo plazo, los grandes proyectos pueden traducirse en bienestar, desarrollo económico y orgullo nacional. Ese será, probablemente, el verdadero triunfo de México cuando el torneo sea recordado dentro de varios años.

  • El T-MEC bajo presión

    El T-MEC bajo presión

    La revisión sexenal del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) constituye uno de los ejercicios institucionales más relevantes para la estabilidad económica de América del Norte. No se trata de una renegociación automática ni de un mecanismo para reabrir discrecionalmente las obligaciones asumidas por las Partes; jurídicamente, la cláusula de revisión prevista en el artículo 34.7 responde a un principio de evaluación periódica destinado a garantizar la vigencia, funcionalidad y continuidad del acuerdo. Sin embargo, la práctica del derecho internacional demuestra que los tratados comerciales rara vez permanecen aislados del contexto político que los rodea.

    La revisión prevista para 2026 se desarrollará en un escenario geopolítico particularmente complejo. La creciente competencia entre Estados Unidos y China, la redefinición de las cadenas globales de suministro, el fortalecimiento de políticas industriales nacionales y la seguridad económica como eje de la política exterior estadounidense han modificado la naturaleza del comercio internacional. Hoy los acuerdos comerciales son, además de instrumentos de integración económica, herramientas de proyección estratégica.

    En ese contexto, resulta jurídicamente cuestionable utilizar un mecanismo de revisión convencional como instrumento de presión política. El principio de buena fe, reconocido en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, exige que las Partes ejecuten las obligaciones internacionales conforme al objeto y fin del tratado. Ello implica que cualquier diferencia debe resolverse dentro de los procedimientos expresamente previstos por el propio T-MEC y no mediante condicionamientos políticos que alteren el equilibrio originalmente pactado.

    La posición del Estado mexicano ha consistido en defender la naturaleza jurídica del tratado y preservar la certeza que demandan los inversionistas y los sectores productivos de la región. Esa postura no sólo responde a una necesidad económica, sino también a un principio elemental del derecho internacional: la estabilidad de los compromisos convencionales constituye un presupuesto indispensable para la confianza entre los Estados.

    No obstante, sería ingenuo ignorar la realidad de las relaciones internacionales. Estados Unidos posee una capacidad de negociación considerable derivada del peso de su mercado interno y de la profunda integración comercial que mantiene con México. Más del ochenta por ciento de las exportaciones mexicanas tienen como destino territorio estadounidense, circunstancia que inevitablemente genera una relación asimétrica. Esa condición permite que asuntos aparentemente ajenos al comercio, como la migración, la seguridad fronteriza, el combate al tráfico de fentanilo o la cooperación energética, terminen permeando las negociaciones comerciales.

    Precisamente ahí radica el principal desafío jurídico y diplomático para México. La defensa del T-MEC no puede limitarse a la invocación formal de sus disposiciones, sino que exige una estrategia integral que combine argumentación legal, diplomacia económica y fortalecimiento institucional. La eficacia de un tratado internacional no depende exclusivamente de su texto, sino también de la capacidad política de las Partes para respetar las reglas que libremente aceptaron.

    Las controversias registradas durante los últimos años en materia energética, reglas de origen para la industria automotriz y comercio agroalimentario evidencian que el mecanismo de solución de controversias previsto por el tratado funciona y ofrece cauces institucionales para resolver diferencias. Precisamente por ello, cualquier intento de trasladar disputas políticas al ámbito de la revisión sexenal desnaturalizaría la finalidad del propio acuerdo y generaría incertidumbre para los mercados de la región.

    Debe recordarse que el T-MEC no constituye una concesión unilateral de Estados Unidos hacia México. Se trata de un instrumento de integración regional cuyos beneficios son recíprocos. La competitividad manufacturera de América del Norte depende de la complementariedad de las economías de los tres países, del fenómeno del nearshoring y de cadenas de valor profundamente integradas. En consecuencia, debilitar el tratado mediante presiones políticas terminaría afectando la competitividad regional frente a otros bloques económicos.

    La revisión de 2026 representa, por tanto, una prueba para la madurez institucional de América del Norte. México tiene el derecho y la obligación de defender la observancia estricta del tratado, no desde una lógica de confrontación, sino desde la legalidad internacional y el principio de cumplimiento de los compromisos asumidos. Si el comercio internacional pretende seguir siendo un espacio regido por normas y no por decisiones unilaterales, la revisión del T-MEC deberá prevalecer como un ejercicio jurídico de evaluación y no como un mecanismo de presión de política exterior. En ello no sólo está en juego la estabilidad económica de la región, sino la credibilidad del propio sistema internacional basado en reglas.