Categoría: Titulares

  • La Merced se renueva: rehabilitan instalación eléctrica por audiencia ciudadana

    La Merced se renueva: rehabilitan instalación eléctrica por audiencia ciudadana

    Por Luis Piña

    La Merced tendrá una nueva etapa de renovación. El Gobierno de la Ciudad de México concluyó la modernización de la instalación eléctrica de la Nave Menor, una obra de 40 millones de pesos que busca reducir riesgos y garantizar que los más de 600 locales puedan operar con mayor seguridad.

    Durante un recorrido por el mercado, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, señaló que la intervención no responde únicamente a una necesidad de infraestructura, sino a una estrategia de prevención para evitar que problemas eléctricos puedan convertirse en emergencias.

    Esta inversión es prevención”, sostuvo la mandataria al explicar que el sistema con el que funcionaba la Nave Menor tenía una capacidad limitada y representaba un riesgo para comerciantes y visitantes.

    La obra se realizó después del incendio ocurrido en la Nave Mayor de La Merced, experiencia que llevó al Gobierno capitalino a revisar las condiciones de seguridad de los mercados públicos y a priorizar intervenciones antes de que ocurra una emergencia.

    En el caso de la Nave Menor, los trabajos incluyeron la instalación de un nuevo transformador, más de 39 tableros para distribuir correctamente la carga eléctrica entre los establecimientos, así como la renovación de luminarias, contactos y apagadores.

    Antes de definir el proyecto, las autoridades realizaron un censo entre los más de 635 locatarios para conocer las necesidades de consumo de cada negocio. La intención fue que la nueva infraestructura no sólo resolviera las deficiencias actuales, sino que tuviera capacidad para acompañar la operación del mercado durante las próximas décadas.

    La intervención se llevó a cabo principalmente durante la noche y madrugada, con el objetivo de evitar el cierre de los locales y mantener activa la actividad comercial de uno de los puntos más concurridos de la capital.

    De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, durante los últimos dos años se han destinado alrededor de 600 millones de pesos al mejoramiento de los mercados públicos. Brugada adelantó que próximamente se presentará un nuevo programa para definir qué mercados requieren atención prioritaria, con base en evaluaciones de Protección Civil.

    Pero la renovación de La Merced no se limitará a la infraestructura.

    La zona también será incorporada como un punto prioritario dentro de la Estrategia de Seguridad y Construcción de Paz, con especial atención a la prevención y combate de la extorsión. La Secretaría de Seguridad Ciudadana trabajará junto con la Fiscalía capitalina para fortalecer las investigaciones y proteger a comerciantes, trabajadores e inversionistas.

    La estrategia contempla a distintos espacios comerciales de la zona, entre ellos la Nave Mayor, la Nave Menor y el Casetón.

    Brugada también anunció otro proyecto que busca modificar el rostro de La Merced: uno de los espacios comerciales de la zona será transformado para convertirse en un modelo de mercado público para la Ciudad de México.

    A esto se suma la recuperación de un terreno que actualmente permanece prácticamente sin uso. Los 17 mil metros cuadrados de la Plaza Merced 2000 serán convertidos en una Utopía, proyecto que, según la mandataria, fue solicitado por habitantes durante una audiencia del Zócalo de Gobierno Ciudadano.

    Fotos: Sebastián Juárez / Los Reporteros MX

  • Autoridades de Chiapas captura a dos líderes pandilleros salvadoreños

    Autoridades de Chiapas captura a dos líderes pandilleros salvadoreños

    Roberto Ismael y Josué, ambos originarios de El Salvador, cayeron en operativos separados en territorio chiapaneco tras una alerta internacional.

    Autoridades de Chiapas detuvieron a dos presuntos líderes de pandillas centroamericanas con historial delictivo en Estados Unidos. La captura ocurrió en Tapachula, luego de que El Salvador emitiera una alerta por su presencia en México.

    El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, confirmó la detención de Roberto Ismael “N”, conocido como “Little Man”. El hombre, de 37 años, encabezaría una célula de la Mara Salvatrucha del Barrio 18.

    Según el fiscal, las autoridades mexicanas recibieron aviso sobre la presencia de dos líderes pandilleros de alto riesgo en la región. Ambos contaban con antecedentes penales registrados en El Salvador.

    El trabajo conjunto con el Centro Transnacional Antipandillas permitió ubicar a “Little Man” mediante labores de inteligencia. Las autoridades lo señalan como presunto responsable de extorsión y agrupación ilícita. Además, habría amenazado con detonar coches bomba en territorio salvadoreño.

    En un segundo operativo, los agentes capturaron a Josué “N”, de 28 años. Él también es originario de El Salvador y forma parte activa de la pandilla MS-13, donde ocuparía un rol de liderazgo.

    La Fiscalía informó que ambos hombres llegaron a México tras ser deportados de Estados Unidos por sus antecedentes criminales. El Instituto Nacional de Migración los repatriará ahora a El Salvador, donde enfrentarán procesos judiciales pendientes.

  • “Populista y desinformado”: comunidad científica chilena responde a Kast

    “Populista y desinformado”: comunidad científica chilena responde a Kast

    Decenas de científicos, académicos y sociedades profesionales salieron a responder públicamente el rechazo a José Antonio Kast por la investigación financiada con fondos públicos, en particular hacia las ciencias sociales y las humanidades. 

    El origen de la controversia se remonta a la gira “Presidente Presente” en la Empresa Portuaria de Puerto Montt, donde José Antonio Kast cuestionó el destino del gasto público en educación superior e investigación.

    José Antonio Kast propuso auditar los recursos entregados a los centros de educación superior y puso en duda su rentabilidad social, afirmando que a veces se destinan cientos de millones de pesos a estudios que terminan convertidos en “un libro precioso, empastado, en la biblioteca”, sin generar, según él, ningún empleo.

    La propuesta fue interpretada por parte de la comunidad académica como la expresión más descarnada de una lógica que reduce el valor del conocimiento a su rentabilidad inmediata, que golpea con dureza a las ciencias sociales y las humanidades.

    Más de 30 sociedades científicas y académicas suscribieron una declaración conjunta en la que advirtieron que reducir el valor de la investigación a los empleos directos que genera en el corto plazo confunde la escala temporal en la que realmente se producen sus beneficios.

    El decano de Derecho de la Universidad de Chile, Pablo Ruiz Tagle, calificó los dichos de José Antonio Kast como lamentables, acusó al Ejecutivo de alimentar un clima de anti – intelectualismo, remarcando que la cadena de producción de un libro, desde su escritura hasta la construcción de la biblioteca, también genera trabajo.

    El rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales, recordó que Chile invierte apenas un 0,4% del PIB en ciencia y tecnología, muy por debajo del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, advirtió que cuestionar recursos que ya de por sí son escasos, pone en riesgo resultados científicos que el país logra pese a presupuestos limitados.

    La astrónoma Teresa Paneque calificó los comentarios de José Antonio Kast como populistas y desinformados, defendió explícitamente el aporte de las ciencias sociales, denunció lo que describió como una obsesión de la extrema derecha por desacreditar el conocimiento científico y los libros, llamando a la comunidad académica a manifestarse públicamente.

    El exministro de Ciencia, Flavio Salazar, cuestionó que la investigación se evalúe únicamente por su impacto laboral inmediato, recordando que los países desarrollados asumieron hace décadas que la ciencia es una inversión estratégica, con efectos directos en áreas como salud, agricultura y medioambiente.

  • ¿Agua sucia? Delgadillo reparte tinacos y filtros para que tapatíos se las arreglen

    ¿Agua sucia? Delgadillo reparte tinacos y filtros para que tapatíos se las arreglen

    El gobierno de Verónica Delgadillo presume más de 16 mil apoyos, pero la pregunta incómoda permanece: ¿por qué las familias necesitan filtros y tinacos para enfrentar un problema que debería resolverse desde la infraestructura pública?

    El Gobierno de Guadalajara, encabezado por Verónica Delgadillo, anunció la entrega de más de 16 mil 800 apoyos para mejorar la gestión y calidad del agua en los hogares tapatíos. La estrategia contempla 3 mil 700 tinacos y más de 13 mil filtros purificadores y pastillas potabilizadoras, una medida que el Ayuntamiento presenta como respaldo directo a las familias.

    El problema es que la postal también puede leerse de otra manera: el gobierno entrega a los ciudadanos las herramientas para almacenar y tratar el agua que reciben, en lugar de garantizar por sí mismo un servicio suficiente y de calidad. Los tinacos ayudan a guardar el agua y los filtros a tratarla, pero ninguno sustituye una red hidráulica eficiente ni resuelve de fondo los problemas de abastecimiento.

    Las entregas se realizan mediante Martes Comunitarios y Sábados de Corresponsabilidad, mientras que el Gobierno de Jalisco se incorporó al programa mediante un esquema “peso a peso” para ampliar los recursos. Según el Ayuntamiento, los apoyos buscan atender a las colonias con mayores necesidades y beneficiar a más de 7 mil familias desde marzo.

    Y aquí aparece la pregunta política para Delgadillo y el gobierno de Jalisco: si las familias necesitan recibir tinacos, filtros y pastillas para poder gestionar el agua en sus propias casas, ¿dónde queda la responsabilidad de las autoridades de garantizar un servicio adecuado? Porque presumir miles de apoyos puede sonar muy bien en un boletín, pero también puede exhibir la magnitud del problema que todavía no logran resolver.

    La imagen es difícil de ignorar: mientras las autoridades celebran la entrega de miles de tinacos y filtros, las familias tienen que hacer su parte para almacenar y mejorar el agua que reciben. Más que una solución definitiva, el programa corre el riesgo de convertirse en un enorme curita para una herida que exige inversión, mantenimiento e infraestructura. El agua limpia no debería ser un apoyo extraordinario: debería ser un servicio básico.

  • Terremoto en Colombia deja al menos 240 muertos; continúa búsqueda de sobrevivientes

    Terremoto en Colombia deja al menos 240 muertos; continúa búsqueda de sobrevivientes

    El terremoto de magnitud 7.4 en Colombia deja 240 muertos según autoridades regionales, aunque el gobierno de Abelardo de la Espriella reporta 181 fallecidos; continúan las labores de rescate y búsqueda de desaparecidos.

    El terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el lunes dejó al menos 240 personas muertas, de acuerdo con el balance de autoridades regionales, mientras las labores de rescate continúan en las zonas más afectadas. Cali, Pereira y San José del Palmar, en el departamento de Chocó y señalado como epicentro, concentran parte importante de los daños y las víctimas.

    La cifra, sin embargo, contrasta con el reporte entregado por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, quien informó de 181 fallecidos, 2 mil 595 heridos y 195 desaparecidos a nivel nacional. La diferencia se atribuye a que los gobiernos regionales han contabilizado víctimas que todavía no aparecen en el balance consolidado del gobierno central.

    Mientras se actualizan las cifras, equipos de emergencia trabajan entre los escombros en busca de personas desaparecidas. El sismo provocó el colapso y daños graves en viviendas, edificios, hospitales y otras instalaciones, particularmente en el Eje Cafetero y el occidente colombiano; las autoridades advierten que el número de víctimas podría aumentar conforme se tenga acceso a las zonas más afectadas.

  • Golpe al cártel del despojo en Oaxaca

    Golpe al cártel del despojo en Oaxaca

    Autoridades detienen a tres presuntos integrantes de una célula ligada a un sindicato en San Lorenzo Cacaotepec y recuperan 37 hectáreas invadidas.

    Un operativo conjunto de la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal y la Guardia Nacional permitió recuperar terrenos y viviendas populares en Oaxaca. Los predios estaban en manos de una célula del Cártel del despojo, vinculada a un sindicato local.

    Los agentes capturaron a tres integrantes de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca (ASAEO). Los detenidos resguardaban, con armas de alto poder, 37 hectáreas tomadas por la fuerza en la colonia La Loma, jurisdicción de Santiaguito.

    La acción surgió luego de que las víctimas denunciaron el despojo de sus predios. Las autoridades activaron el operativo tras esa denuncia y desplegaron a sus elementos en la zona.

    Durante el ingreso policial, los tres hombres armados dispararon para frenar el avance. Los oficiales lograron detenerlos y los presentaron ante el Ministerio Público correspondiente.

    El fiscal general, Bernardo Rodríguez, explicó que la corporación usó la fuerza de forma gradual para asegurar el predio. La policía resguarda ahora la zona mientras la investigación avanza.

    Según los testimonios recabados, la célula criminal intentó apoderarse de los terrenos con documentos falsos. También buscaba quedarse con las viviendas de las familias afectadas.

    Las autoridades investigan además el modo de operar de este grupo. Buscan identificar a posibles cómplices intelectuales detrás del despojo de tierras en el Valle de Etla.

  • Piden título de abogado para ser diputado en Puebla

    Piden título de abogado para ser diputado en Puebla

    Colectivos ciudadanos piden desempolvar una reforma que exige estudios de derecho a los candidatos al Congreso local.

    Un grupo de organizaciones civiles pide al Congreso de Puebla que discuta y apruebe una reforma constitucional conocida como “Ley Salvatori”. El proyecto busca exigir a los aspirantes a diputado local un título y cédula profesional de abogado.

    Los activistas quieren que los legisladores saquen la iniciativa del archivo. El documento se presentó formalmente el 23 de junio de 2026 y los promoventes esperan que entre en vigor antes de las elecciones locales de 2027.

    Las organizaciones sostienen que su exigencia responde al derecho humano a un buen gobierno. También citan el principio constitucional de buena administración pública, respaldado por criterios de tribunales administrativos federales.

    El escándalo que revivió la propuesta

    La iniciativa ganó fuerza después de la polémica que protagonizaron las diputadas locales de Morena, Nayeli “Nay” Salvatori y Graciela Palomares. Ambas participaron en un podcast donde hicieron comentarios despectivos sobre personas adultas mayores. Dijeron que olían a “baúl viejo” y que “ya se estaban pudriendo”.

    Por ese episodio, distintos colectivos bautizaron de forma extraoficial la reforma como “Ley Salvatori”. Buscan frenar el paso de perfiles improvisados o polémicos hacia el Congreso local.

    Los inconformes recordaron además que Salvatori ya enfrentó quejas ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. La denuncia surgió porque engañó y hostigó a una mujer víctima de violencia doméstica durante una broma en su programa de radio.

    Quiénes impulsan la reforma

    La asociación civil Poblanos Unidos por la Profesionalización del Servicio Público, A.C. redactó y presentó la propuesta original. Alejandro Ruiz Cabrera preside esa organización y dirigió el documento a Marcos Castro Martínez, presidente de la Mesa Directiva de la LXII Legislatura.

    El abogado Armando Blanco Osorio, representante de Causa Común por Puebla, se sumó al esfuerzo. Ambos grupos buscan presionar a los legisladores para que el proyecto no se quede olvidado en el Congreso.

    Los cambios que propone el proyecto

    La reforma plantea modificar el artículo 36 de la Constitución de Puebla. Actualmente, la ley solo pide tres requisitos para ser diputado local: ser ciudadano del estado con derechos vigentes, saber leer y escribir, y tener 18 años cumplidos el día de la elección.

    Los promoventes quieren añadir una cuarta fracción a ese artículo. Esa fracción obligaría a los candidatos a contar con cédula profesional de licenciado en derecho.

    El argumento económico detrás de la propuesta

    Los impulsores de la reforma documentaron el costo que ha tenido para Puebla la falta de perfiles especializados en el Congreso. Citan varios juicios que el Poder Legislativo local perdió ante el Poder Judicial de la Federación.

    Entre ellos mencionan la Acción de Inconstitucionalidad 9/2022 y sus acumulados, que invalidaron cobros de alumbrado público en leyes de ingresos municipales de 2022. También señalan la Acción de Inconstitucionalidad 61/2021, que anuló varias disposiciones de la Ley del Notariado de Puebla.

  • Shabot niega genocidio en Gaza y Nexos le da espacio a una defensa de Israel

    Shabot niega genocidio en Gaza y Nexos le da espacio a una defensa de Israel

    El texto publicado en la revista de Héctor Aguilar Camín minimiza la muerte de civiles palestinos, responsabiliza a la población de Gaza y presenta como legítima defensa. 

    Ezra Shabot publicó en Nexos un artículo titulado “Genocidio” en el que niega que Israel esté cometiendo un genocidio en Gaza y sostiene que la devastación de la Franja es consecuencia de la guerra contra Hamás. Su argumento resulta cuestionable porque reduce miles de muertes de civiles, la destrucción de infraestructura y el desplazamiento de la población a los efectos de una operación militar.

    Shabot también sostiene que parte de los menores palestinos muertos eran “mártires en potencia” y presenta a la población de Gaza como una sociedad adoctrinada por el fundamentalismo islámico. Con ello, el autor extiende la responsabilidad de Hamás a una población entera y termina deshumanizando a civiles, incluidos niños, para justificar las consecuencias de la ofensiva israelí.

    El texto de Shabot forma parte, además, de un discurso más amplio de intelectuales y figuras públicas que han buscado limpiar la imagen de Israel frente a la devastación de Gaza. En lugar de colocar en el centro a las víctimas civiles, estos discursos presentan cada crítica a Israel como una amenaza contra los judíos o como una defensa indirecta de Hamás. Se puede condenar el ataque de Hamás y, al mismo tiempo, cuestionar las acciones genocidas del Gobierno de Israel. 

    Esta postura también encuentra eco en sectores políticos mexicanos. Miguel Alonso Reyes, legislador del PRI y presidente del Grupo de Amistad México-Israel en el Congreso de la Unión, encabeza un espacio instalado en diciembre de 2025, pese al rechazo de legisladores de Morena por las operaciones militares israelíes en Gaza. En marzo, el dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, se reunió con la embajadora de Israel en México, Einat Kranz Neiger, y el jefe de Misión Adjunto, Nadav Feldman, bajo el argumento de fortalecer las relaciones entre ambos países.

    El caso de Shabot tampoco aparece aislado dentro de Nexos ni entre sectores de la intelectualidad mexicana. La revista ha dado espacio a voces que defienden posiciones favorables a Israel, mientras figuras como Enrique Krauze han expresado públicamente su respaldo a Israel y una postura crítica hacia quienes cuestionan sus acciones militares

  • Acusan a exgobernador panista de encabezar un “cártel inmobiliario” en Querétaro

    Acusan a exgobernador panista de encabezar un “cártel inmobiliario” en Querétaro

    La denuncia señala un supuesto entramado inmobiliario y judicial para controlar hasta 269 hectáreas y una concesión de 360 mil metros cúbicos de agua al año en Huimilpan.

    La familia Urquiza Fernández denunció ante la Presidencia de la República al exgobernador de Querétaro, Francisco Domínguez Servién, por un presunto intento de despojo de terrenos y derechos de agua en Huimilpan. Los afectados señalan que detrás de la operación estaría la empresa MJF Campestre, de la que, según su denuncia, el exmandatario posee 60 por ciento de las acciones.

    De acuerdo con los denunciantes, el conflicto involucra los ranchos “La Haciendita” y “El Salto”, con una superficie conjunta de hasta 269 hectáreas. Este último cuenta con una concesión para aprovechar 360 mil metros cúbicos de agua al año, recurso que, sostienen, sería uno de los principales motivos de la disputa. La familia acusa que un fideicomiso les ofrecía apenas 20 por ciento de las utilidades, mientras la empresa desarrolladora tendría 80 por ciento.

    El caso escaló cuando la familia se negó a entregar “El Salto”. Desde entonces, denuncian la apertura de carpetas penales, cateos y órdenes de aprehensión contra integrantes de la familia. Incluso señalaron que el 31 de diciembre de 2025 elementos del Ejército y la Guardia Nacional participaron en un cateo, mientras que posteriormente se realizó otro operativo en el domicilio de Pamela Urquiza, donde viven menores de edad.

    Los afectados aseguran que una disputa originalmente civil terminó convertida en un problema penal y acusan una posible coordinación entre la empresa, autoridades de la Fiscalía de Querétaro y actores políticos para presionarlos a entregar los terrenos. La familia afirma que Pamela y Julián Urquiza obtuvieron un amparo que dejó sin efecto su vinculación a proceso.

    La denuncia fue turnada a la oficina de Claudia Sheinbaum el pasado 11 de febrero. Los Urquiza piden una investigación federal y sostienen que el caso podría revelar un presunto “cártel inmobiliario” en Querétaro, mientras las acusaciones contra Domínguez deberán ser investigadas y acreditadas por las autoridades correspondientes.

  • Gladyz Butanda respalda a Sheinbaum y defiende resultados de seguridad en Michoacán

    Gladyz Butanda respalda a Sheinbaum y defiende resultados de seguridad en Michoacán

    La aspirante a coordinar la 4T en Michoacán destacó las detenciones contra grupos dedicados a la extorsión y pidió reconocer los resultados de los gobiernos estatal y federal.

    La aspirante a la Coordinación Estatal de la 4T en Michoacán, Gladyz Butanda, respondió a las críticas sobre la estrategia de seguridad en la entidad y sostuvo que cuestionar sus resultados también implica desconocer el trabajo de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gabinete Federal de Seguridad.

    Las declaraciones surgieron luego de que el morenista Raúl Morón señalara que, aunque el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla realiza esfuerzos en materia de seguridad, estos no serían suficientemente visibles. Ante ello, Butanda defendió los avances registrados durante la actual administración y llamó a valorar los resultados antes de descalificar la estrategia.

    La exsecretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad destacó que este martes el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó sobre la detención de casi una decena de presuntos integrantes de una banda dedicada a la extorsión en Michoacán.

    “Hay un histórico número de detenciones en la entidad durante la actual administración”, afirmó Butanda durante una conferencia de prensa, al señalar que los operativos realizados por las autoridades federales y estatales reflejan una ofensiva contra grupos delictivos.

    La declaración ocurre después de que, desde Palacio Nacional, Sheinbaum y García Harfuch informaran sobre el desmantelamiento de una banda de extorsionadores que operaba en Uruapan y Ziracuaretiro. Butanda pidió respetar el trabajo de las instituciones de seguridad y considerar los datos oficiales para evaluar los resultados.

    Con este posicionamiento, la aspirante cerró filas con la estrategia de seguridad impulsada por Sheinbaum y el Gobierno de Michoacán, en medio de la disputa interna por la definición de quién encabezará la Coordinación Estatal de la 4T y ante las distintas lecturas sobre los avances en seguridad en la entidad.