El ex gobernador de Guerrero permanecerá en el penal del Altiplano mientras la FGR investiga su presunta responsabilidad en la destrucción de evidencias del caso Ayotzinapa.
El ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada, relacionado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurrida el 26 de septiembre de 2014. Tras una audiencia de más de 15 horas, un juez federal determinó que las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la República (FGR) son suficientes para continuar la investigación en su contra.
La defensa presentó 31 pruebas para intentar desacreditar las acusaciones, pero el juez consideró que no eran contundentes para descartar la hipótesis de que Aguirre habría ordenado ocultar o destruir evidencias sobre lo ocurrido en Iguala. La acusación de la FGR se sustenta, entre otros elementos, en testimonios que señalan que el entonces gobernador habría recibido material con imágenes de cámaras de seguridad y posteriormente ordenado su destrucción.
De acuerdo con la investigación, las grabaciones mostraban el traslado de algunos normalistas en autobuses y la participación de personas armadas y policías. La Fiscalía sostiene que ese material podía aportar información clave para reconstruir lo ocurrido la noche de la desaparición. La defensa, en contraste, argumentó que Aguirre se encontraba en Ciudad de México en una reunión con el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, cuando supuestamente recibió el video.
El juez concedió 120 días para concluir la investigación complementaria, periodo en el que ambas partes podrán reunir nuevos elementos antes de la etapa de juicio. Aguirre enfrentará el proceso privado de la libertad en el penal federal del Altiplano, aunque su defensa buscará modificar la medida cautelar y solicitar prisión domiciliaria debido a su estado de salud y sus 70 años de edad.
El caso vuelve a colocar bajo escrutinio a uno de los episodios más graves de la historia reciente de México. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa continúa sin una resolución definitiva y ahora incorpora a un ex gobernador como procesado por desaparición forzada. La responsabilidad penal de Aguirre deberá determinarse durante el proceso judicial.
