El titular de la Sedena asegura que el protocolo de protección no falló, mientras se investigan las circunstancias del asesinato del alcalde de Uruapan.
El general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, habló hoy sobre el trágico asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. Trevilla defendió la actuación de la Guardia Nacional (GN) y afirmó que sus protocolos de seguridad no fallaron.
Manzo murió hace más de una semana en un ataque violento y desde entonces, las autoridades han centrado sus investigaciones en el papel de los escoltas del alcalde y su círculo cercano. El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, indicó que se está revisando por qué hubo una “flexibilización” en la seguridad de Manzo.
El general Trevilla respondió a las preguntas sobre la protección del alcalde: “El protocolo no falló. El protocolo de nosotros, hablo de la Guardia Nacional”. Esta afirmación busca despejar responsabilidades sobre el trágico suceso.
Las investigaciones han revelado que Carlos Manzo contaba con ocho escoltas seleccionados personalmente, además de 14 agentes de la GN al momento del ataque. Ramírez Bedolla también mencionó que todos los elementos de seguridad están bajo revisión.
En la conferencia, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que los policías que formaban el círculo de seguridad del alcalde serán interrogados nuevamente. Este procedimiento forma parte de la indagación sobre el asesinato y el posterior abatimiento del presunto responsable, un joven de solo 17 años.
El gobernador detalló que también es investigado ya el disparo que abatió al presunto asesino, quien fue detenido antes de que esto sucediera. “Se está investigando también por qué el abatimiento en el lugar del homicida”, añadió Ramírez Bedolla.
Los informes revelaron que el joven fue abatido tras un forcejeo, aunque se conoce que ya había sido detenido. García Harfuch también comentó que continúan recabando declaraciones de los escoltas, quienes no están detenidos, pero se encuentran disponibles para brindar su testimonio.
Los peritajes sobre el arma utilizada en el ataque continúan en marcha. Aunque no se puede descartar ninguna línea de investigación, las autoridades actualmente creen que el caso está vinculado al crimen organizado.
Así, la situación sigue desarrollándose, mientras Uruapan y el estado de Michoacán se enfrentan un duro camino en la búsqueda de justicia y respuestas.
La presidenta Claudia Sheinbaum informó que existen 30 quejas por violaciones a derechos humanos derivadas de las recientes redadas migratorias en EUA. Llamó a reconocer el papel de los migrantes mexicanos en la economía estadounidense y exigió respeto a sus derechos.
Durante su conferencia mañanera, Claudia Sheinbaum abordó las redadas contra migrantes en EUA y reveló que 30 denuncias por abusos a los derechos humanos fueron presentadas ante el gobierno mexicano. La mandataria subrayó que los migrantes “sostienen la economía” del país vecino y denunció la discriminación y el trato indigno que enfrentan.
Sheinbaum destacó que los cruces irregulares de mexicanos hacia el norte “son muy pocos”, pero recordó que más de 40 millones de personas de origen mexicano viven en territorio estadounidense. “El 90 % tiene papeles, incluso más”, dijo, y sostuvo que muchos llevan más de medio siglo en aquel país.
La presidenta insistió en que la migración mexicana impulsa sectores como el campo, la construcción y los servicios, y pidió que se reconozca su aporte. “Siempre vamos a buscar el diálogo y la coordinación, pero cuando no estemos de acuerdo también lo vamos a decir. Hay que proteger a nuestros paisanos, siempre lo vamos a hacer”, afirmó.
El tema surge luego de que el subsecretario Roberto Velasco informara que, desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, 10 mexicanos han fallecido bajo custodia del ICE, lo que motivó al gobierno mexicano a enviar 13 notas diplomáticas a Washington.
La diputada por el PAN Margarita Zavala se vuelve tendencia tras cuestionar cómo votar en una discusión sobre presupuesto, lo que ha generado críticas en redes sociales.
Margarita Zavala, diputada por el PAN, fue grabada en un video donde confunde cómo votar durante una discusión sobre el presupuesto y la deuda pública. Este episodio reveló, una vez más, su desconexión con su labor legislativa.
En el video, Zavala se escucha titubeante mientras pregunta a sus compañeros cómo debe votar. Finalmente, confirma que su voto es en contra, pero su confusión generó críticas entre los internautas. Muchos la han comparado con el comediante Cantinflas, utilizando la etiqueta #margarinflas.
La diputada morenista Vianey García,también criticó a Zavala, pues recordó que muchos de los problemas de violencia actuales iniciaron en 2011 durante el gobierno de su esposo, Felipe Calderón. García acusó al PAN de ser cínico por señalar la violencia que ellos mismos contribuyeron a generar.
Este incidente ha vuelto a encender el debate sobre la necesidad de reformar el sistema político y eliminar cargos plurinominales en México. Los ciudadanos exigen legisladores comprometidos y bien informados que realmente representen sus intereses.
Estados Unidos prepara una nueva barrera migratoria: negar visas a personas con enfermedades crónicas, obesidad o edad avanzada. Un memorándum interno del gobierno de Trump revela que estos solicitantes serían considerados una “carga pública”, medida que endurece aún más la política migratoria del país.
La administración de Donald Trump elaboró un memorándum interno que instruye a los consulados y embajadas de Estados Unidos a negar visas a solicitantes con ciertas condiciones médicas o de edad avanzada, al considerarlos una posible “carga pública” para el sistema de salud.
De acuerdo con el documento, funcionarios consulares deberán evaluar la salud de cada solicitante y negar el visado a quienes presenten enfermedades como cáncer, diabetes, padecimientos cardiovasculares, respiratorios, neurológicos o trastornos mentales. También establece que la obesidad y el sobrepeso sean considerados indicadores de otros males crónicos que podrían requerir tratamientos prolongados y costosos.
El memorándum señala que las nuevas disposiciones buscan evitar que personas con alta probabilidad de necesitar atención médica ingresen al país, argumentando que su estancia podría representar un gasto significativo para los programas de asistencia social. De esta forma, la edad avanzada y las enfermedades preexistentes se suman a la lista de factores de exclusión migratoria.
El documento fue revelado por la Fundación Familiar Kaiser, que advirtió que las autoridades consulares ya solicitaban información sobre vacunas y enfermedades contagiosas, pero nunca antes habían implementado criterios tan restrictivos. La organización consideró que esta medida forma parte de la política “divisiva y agresiva” impulsada durante el gobierno de Trump para limitar el acceso de migrantes y endurecer los procesos de residencia.
El expresidente priista, Enrique Peña Nieto concedió exenciones fiscales a la FIFA, convirtiendo así a México en el único país anfitrión que otorga estas ventajas.
El expresidente del PRI, Enrique Peña Nieto firmó un acuerdo en 2015 que otorga amplios beneficios fiscales a la FIFA por el Mundial de Fútbol 2026. México se distingue al ser el único de los tres anfitriones en ofrecer una exención completa de impuestos, medida que también se aplica a subsidiarias, proveedores y contratistas de la FIFA.
Además de eliminar impuestos, el acuerdo simplifica trámites para la importación de equipos e insumos necesarios para el torneo. El gobierno de Peña Nieto justificó estas exenciones al argumentar que el evento deportivo generaría una importante derrama económica y beneficios para el país.
La actual presidenta, Claudia Sheinbaum, se comprometió a mantener los acuerdos firmados por Peña Nieto. Sin embargo, su administración realizará ajustes para que los beneficios fiscales se limiten a actividades directamente relacionadas con el evento para prevenir abusos.
La Secretaría de Hacienda ha estado en contacto con la FIFA para definir nuevas reglas, las cuales, aseguran, darán seguimiento a las subsidiarias a través de reportes mensuales al SAT. Así, se listará quiénes se benefician de estas exenciones y se controlarán los ingresos estimados.
Las exenciones fiscales estarán vigentes desde el último cuatrimestre de 2025 y durante todo 2026. Este acuerdo trae consigo una gran expectativa por los beneficios que el Mundial puede traer a México.
El positivismo llegó a México como un proyecto de modernización, pero terminó como un instrumento de legitimación del poder autoritario. Gabino Barreda, Justo Sierra y Porfirio Díaz lo adaptaron a las necesidades del Estado y de la derecha, convirtiendo así la educación y la ciencia en vehículos de control social para justificar un régimen autoritario.
El positivismo es una corriente filosófica que promete la salvación de la sociedad a través de la ciencia y la razón, pero que en la práctica reduce al ser humano a un engranaje del Estado. Propone que todo conocimiento debe basarse en la observación empírica y que la historia y la política pueden regirse como leyes naturales, ignorando la complejidad moral y social del ser humano. Bajo el lema “el amor como principio, el orden como base, el progreso como fin”, la libertad individual queda subordinada a un supuesto bien común impuesto desde arriba, al convertir la educación y la ciencia en instrumentos de control, legitimando así jerarquías, desigualdades, y concentrando el poder en las manos de unos pocos.
Auguste Comte (1798-1857), padre del positivismo.
Gabino Barreda: ciencia y educación al servicio del Estado
Gabino Barreda (1818-1881) fue el primer gran arquitecto del positivismo en México. Formado en París bajo influencia de la corriente de Auguste Comte, regresó a un país fragmentado por guerras y crisis políticas, creyendo que México necesitaba más que leyes: un proyecto racional y ordenado que transformara la sociedad desde la educación.
Al frente de la Escuela Nacional Preparatoria, Barreda convirtió la educación en un vehículo de emancipación intelectual, pero también en disciplina cívica. Su famosa “Oración cívica” proclamaba “libertad como medio, orden como base y progreso como fin”. La libertad, en su visión, no era un derecho absoluto: debía subordinarse al orden racional, y el progreso legitimaba la autoridad del Estado.
Sin embargo, lo que Barreda concebía como instrumento pedagógico fue reinterpretado por sus discípulos —los “científicos” del Porfiriato— como una herramienta ideológica de control. La educación dejó de ser emancipadora para convertirse en el medio de consolidación del poder autoritario: la jerarquía social y una modernización económica guiada por la élite. Con Barreda, el positivismo dejó de ser filosofía, se convirtió en política y traicionó su espíritu de cuestionamiento: la ciencia, la educación y el poder se alinearon para moldear un México obediente y racional.
Justo Sierra: el arquitecto moral de la obediencia
Justo Sierra Méndez (1848-1912) es recordado como el “Maestro de América”, pero su influencia va más allá de la enseñanza: fue el ideólogo que transformó el positivismo en justificación moral e intelectual del régimen de Porfirio Díaz. Heredero de Gabino Barreda, bastardeó la ciencia y la educación al convertirlas en herramientas del Estado, lo que permitió cimentar una derecha jerárquica y disciplinada que veía en el orden la condición para el progreso.
Sierra entendió que la razón debía imponerse a través del poder estatal. Su visión de una “dictadura ilustrada” no negaba la modernidad: la subordinaba al control del saber y de la autoridad. Como Ministro de Instrucción Pública, fundó la Universidad Nacional de México (hoy UNAM), reorganizó la educación y promovió la enseñanza laica y científica. Pero su cruzada educativa tenía un límite: la libertad debía someterse al orden, y la justicia social se alcanzaba desde arriba, a través de una élite ilustrada que formaba al pueblo para obedecer.
El pragmatismo político de Sierra lo acercó a Díaz, consolidando la idea de que un liderazgo fuerte era indispensable para garantizar la estabilidad. Su legado es doble: por un lado, la institucionalización del conocimiento como motor del progreso; por otro, la construcción de una derecha que convirtió la educación en un instrumento de control social.
Porfirio Díaz: la legitimación de una dictadura con la ciencia
Porfirio Díazhizo del positivismo el soporte ideológico de su régimen, al transformar la filosofía científica en un instrumento de legitimación del poder. Su lema “Orden y Progreso” no fue solo un eslogan: justificaba la centralización política, la subordinación de los ciudadanos y la concentración de la autoridad en manos de una élite. Bajo su mirada, las ideas de Gabino Barreda y Justo Sierra dejaron de ser herramientas de emancipación intelectual para convertirse en medios prácticos de control social y político, donde la educación y la ciencia estaban al servicio del Estado y de sus objetivos autoritarios.
De esta manera, el positivismo se convirtió en discurso de la derecha mexicana: la modernización económica y la inversión extranjera estuvieron acompañadas de represión política, desigualdad social y una limitación de libertades. La visión de Sierra sobre una “dictadura ilustrada” y la educación como herramienta de cohesión social se tradujo en ciudadanos instruidos para obedecer, mientras que las elites ilustradas consolidaron su poder y monopolizaron el progreso.
En consecuencia, el Porfiriato muestra cómo el positivismo fue castrado y retorcido para justificar la concentración del poder y la subordinación de la sociedad. La ciencia y la educación, que Barreda y Sierra habían pensado como motores del progreso, fueron convertidas en armas de control por la derecha, consolidando un Estado jerárquico y autoritario. El legado de modernización de Díaz es, sobre todo, el legado de un sistema donde el progreso fue medido por la obediencia y la perpetuación del poder de unos pocos.
El positivismo mexicano dejó una huella ambivalente: bajo su máscara de ciencia y progreso, la derecha encontró justificación para concentrar poder, imponer obediencia y consolidar jerarquías. Lo que prometía emancipación se transformó en justificación del control social, recordándonos que incluso las ideas más brillantes pueden ser moldeadas para servir a los intereses de la élite y del Estado.
La ultraderecha no solo busca el poder: su objetivo es normalizar el miedo, el odio y la intolerancia, utilizando populismo, nostalgia y redes digitales para socavar la democracia en todo el mundo.
La ultraderecha no es un accidente, es un mal que se reinventa sin descanso.
Desde sus bases reaccionarias que añoran un pasado jerárquico hasta los líderes populistas de hoy, su estrategia sigue siendo la misma: explotar miedos, culpar al diferente y corroer la democracia.
No importa el continente ni la época. Wallace en EUA, Le Pen en Francia, Bolsonaro en Brasil, Trump en Estados Unidos o Meloni en Italia comparten el mismo manual: populismo autoritario, nostalgia de un pasado idealizado y ataques sistemáticos a minorías y derechos. No buscan gobernar con justicia; buscan movilizar resentimiento y miedo para fortalecer su base.
Hoy la ultraderecha se actualiza. Las redes sociales amplifican sus mensajes, los nacionalismos extremos inventan enemigos y los discursos confunden libertad con imposición. Cada triunfo electoral demuestra que no solo persiguen poder, sino que quieren normalizar la intolerancia y hacer que lo extremo parezca aceptable.
Lo más alarmante no es solo lo que hacen en el poder, sino lo que logran en nuestra mente: transformar el odio en conversación cotidiana y hacer que la democracia se vea débil frente a sus amenazas.
Después de 1945, cuando el fascismo fue marginado, aprendieron a camuflarse.
De acuerdo con Cas Mudde, su evolución se puede seguir en cuatro olas:
La primera (1945-1955) fue marginal, con grupos neofascistas perseguidos.
La segunda (1955-1980) surge en la Guerra Fría con populismo de derecha moderado pero cargado de segregación y resentimiento, encarnado por George Wallace.
La tercera (1980-2000) capitaliza la globalización con discursos nativistas y autoritaristas, ejemplificada por Jean-Marie Le Pen.
La cuarta (2000-actualidad), la ultraderecha 2.0, se alimenta de crisis económicas, inseguridad y redes digitales, llevando su populismo autoritario y nacionalismo excluyente al mainstream.
Si seguimos la cronología, los ejemplos son claros: Joseph de Maistre sentó las bases de una ultraderecha que ve la tradición y la religión como únicas garantías frente al “peligro” de la libertad; George Wallace movilizó resentimiento racial y social; Jean-Marie Le Pen normalizó la ultraderecha electoral y su hija Marine la llevó al poder de manera más “respetable”.
En el siglo XXI, la estrategia se refina. Trump fusionó populismo nativista con posverdad y ataques a medios e instituciones; Orbán construyó una democracia iliberal controlando medios y destruyendo contrapesos; Meloni gobierna Italia con nacionalismo pragmático que suaviza formas pero mantiene fondo autoritarista; Bolsonaro explotó la nostalgia dictatorial; Milei convierte la furia económica en ultraderecha libertaria; y Santiago Abascal mezcla islamofobia, nacionalismo extremo y ataques a la diversidad en España.
En México, la ultraderecha no tiene un partido hegemónico, sino que se infiltra a través de grupos de presión social que impulsan una agenda de retroceso moral.
Aunque el populismo gobernante actual se ubica en el centro-izquierda, la retórica anti-derechos, la negación del cambio climático y la defensa de un conservadurismo extremo son financiadas y promovidas por élites empresariales y sectores ideológicos que ven en la polarización cultural una forma de frenar el avance progresista.
El hilo común es evidente: la ultraderecha transforma miedo en política, resentimiento en votos y radicalismo en consenso social.
Lo peligroso no es solo que llegue al poder, sino que logra normalizar discursos de odio y exclusión, haciendo que lo extremo parezca cotidiano y la democracia vulnerable.
El gobierno de Estefanía Mercado reportó una baja histórica en homicidios y otros delitos, resultado de estrategias tecnológicas y coordinación interinstitucional.
El gobierno de Playa del Carmen logró una reducción del 82.4% en los homicidios dolosos, al pasar de 62 casos en 2024 a 34 en 2025, informó la presidenta municipal Estefanía Mercado durante una conferencia de prensa ofrecida este lunes 10 de noviembre.
Acompañada del secretario de Seguridad Ciudadana, Carlos Montesinos, la alcaldesa destacó que este descenso representa el más importante en una década y posiciona a Playa del Carmen como el municipio más seguro de Quintana Roo.
“Estos resultados no son casualidad. Son fruto del trabajo en equipo, de la confianza ciudadana y del compromiso diario por devolver la paz a nuestras colonias. La seguridad no solo se siente, se construye con tecnología, planeación y presencia en el territorio”, señaló Mercado.
La edil detalló que también han registrado disminuciones en otros delitos, como el robo a casa habitación, con una baja del 10.3% —de 310 a 281 casos—, y la trata de personas, con una reducción del 18.2%. Además, las autoridades lograron el aseguramiento de más de 297 kilogramos de drogas, entre ellas marihuana, cristal, cocaína, LSD y resinas.
En los últimos tres meses, las corporaciones municipales realizaron más de 20 mil acciones de patrullaje y operativos coordinados, fortaleciendo la presencia de la policía en las colonias con mayor incidencia delictiva.
Para el año 2026, el gobierno municipal anunció que continuará invirtiendo en seguridad, con énfasis en fortalecer las labores de inteligencia, mejorar las condiciones laborales de los policías y reforzar la vigilancia turística.
“El siguiente año queremos hacer algo sumamente importante, que son las condiciones laborales de nuestros policías. También necesitamos más cámaras, más tecnología y más trabajo de inteligencia”, concluyó la presidenta Estefanía Mercado.
La Gobernadora recorrió las instalaciones del Centro de Comando (C2), donde ratificó que en “La tierra que nos une” se trabaja de manera coordinada para combatir los hechos ilícitos.
Como parte de las acciones que impulsa el Poder Ejecutivo para fortalecer la seguridad pública, Margarita González Saravia, gobernadora del Estado de Morelos, recorrió las instalaciones del Centro de Comando (C2) en el municipio de Cuautla, donde reafirmó el compromiso de su administración de trabajar de forma conjunta con los distintos órdenes de gobierno para garantizar la tranquilidad de la población.
En este sentido, la mandataria señaló que su gobierno está alineado con la Estrategia Nacional de Seguridad impulsada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, basada en tres ejes fundamentales: atención a las causas, coordinación interinstitucional y fortalecimiento de la inteligencia e investigación.
Respecto a este último punto, subrayó que la activación del C2 Cuautla, conectado con el Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo (C5), permitirá obtener mejores resultados en la prevención y combate del delito.
“Hemos avanzado un 96 por ciento en los trabajos con los municipios para integrar la tecnología y blindar al estado, continuaremos reforzando las acciones para evitar la incursión del crimen organizado. A la población de Cuautla le digo que estamos con ustedes; el C2 será un gran apoyo y seguiremos trabajando de manera permanente contra la delincuencia”, afirmó González Saravia.
Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Urrutia Lozano, recordó que en el municipio se aplica la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, denominada “Cuautla Segura”, y precisó que para la puesta en marcha del C2 se destinó 20% del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN).
Durante el recorrido, la Gobernadora estuvo acompañada por Edgar Maldonado Ceballos, secretario de Gobierno; Luz Adriana López Galicia, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública; integrantes de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Morelos, autoridades municipales, así como legisladores locales y federales.
La Guardia Nacional ha asignado 450 elementos para brindar protección a servidores públicos en todo el país, aseguró el general Ricardo Trevilla Trejo, secretario de Defensa.
El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla, informó que, de septiembre de 2024 a la fecha, la Guardia Nacional ha desplegado 70 servicios de escolta para funcionarios públicos de distintos niveles de gobierno, con la participación de aproximadamente 450 elementos especializados en protección.
Durante la Mañanera del Pueblo, Trevilla detalló que estas acciones forman parte del protocolo ordinario de seguridad, con el objetivo de preservar la integridad de las y los servidores públicos que enfrentan posibles riesgos derivados de sus responsabilidades.
A pregunta sobre si tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, se ha incrementado la demanda de protección, el general señaló que no se han recibido solicitudes adicionales en los últimos días, pero reiteró que el gobierno federal mantiene vigilancia constante y atención inmediata ante cualquier eventualidad.
El titular de la Sedena explicó que el proceso de asignación de escoltas contempla un análisis de riesgo integral, coordinado entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Sedena, para determinar el nivel de riesgo y el tipo de apoyo más adecuado.
Trevilla destacó que la Guardia Nacional continúa fortaleciendo sus capacidades operativas para ofrecer un servicio de protección eficaz, con personal altamente capacitado y bajo una política de seguridad preventiva y profesional impulsada por la administración federal.
Estas medidas, puntualizó, no representan un aumento extraordinario, sino una respuesta institucional planificada para garantizar que los funcionarios puedan cumplir sus funciones en condiciones de seguridad.
