La mañana de este viernes 31 de enero, el secretario de Seguridad Pública y Ciudadana, del Gobierno de México, Omar García Harfuch, informó en su cuennta de X sobre la detención de dos sujetos en Sonora que transportaban aproximadamente 20 kilogramos de fentanilo.
Harfuch, encargado de la seguridad del pueblo mexicano, detalló que este exitoso operativo salió avante gracias a las acciones encabezadas por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y en coordinación con la Defensa, Marina, Guardia Nacional y Seguridad Pública y Ciudadana.
Sumada esta detención, García Harfuch detalló que en un segundo operativo desarrollado en baja California, se logró el aseguramiento de 4 mil kilogramos de metanfetamina junto a más de 3 mil 200 paquetes de sustancias.
Ambos operativos dan ejemplo de la Estrategia Nacional de Seguridad creada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch y las Fuerzas Armadas y su compromiso por la pacificación del país que aún vive secuelas de las fallidas estrategias neoliberales .
Durante su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobierno de México mantiene un diálogo abierto con todos los países, con especial atención a Estados Unidos debido a la vecindad y estrecha relación entre ambas naciones.
En cuanto a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), Sheinbaum destacó que las decisiones dentro del organismo se toman por consenso, lo que significa que cualquier comunicado o acuerdo debe contar con la aprobación de todos los países miembros.
#MañaneraDelPueblo | La presidenta @Claudiashein explicó que la #CELAC "tiene decisiones por consenso", por lo que cualquier comunicado tiene que ser un acuerdo de todos los países, además, detalló que "se mantiene una comunicación permanente" con la #CELAC y los países que la… pic.twitter.com/ZSmJugWOe2
Bajo esta lógica, se valoró la decisión de no realizar la reunión anual, priorizando el mantenimiento de una comunicación constante con los gobiernos de la región.
La mandataria subrayó la importancia de fortalecer los lazos con América Latina y el Caribe, asegurando que México seguirá participando activamente en los espacios multilaterales para fomentar la cooperación y el desarrollo conjunto.
La titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, informó sobre la reestructuración del sistema de acceso a la información y la protección de datos personales en México, tras la asunción de responsabilidades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).
Como parte de estos cambios, la función de garantizar el acceso a la información pública quedará a cargo del nuevo órgano desconcentrado “Transparencia para el Pueblo”, mientras que la protección de datos personales será responsabilidad directa de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
#MañaneraDelPueblo | La titular de la la Secretaría de @BuenGobierno_mx), Raquel Buenrostro, detalló las propuestas en leyes secundarias para el acceso a la información y protección de datos personales
A nivel constitucional, se mantiene el derecho de acceso a la información pública, la publicación de obligaciones de transparencia y los mecanismos de defensa ante el incumplimiento de dichas obligaciones. Sin embargo, se transforma el modelo de operación, pasando del INAI a 18 autoridades en materia de transparencia, así como de 32 organismos locales homólogos a un esquema en el que cada Poder por entidad federativa tendrá su propia autoridad en la materia.
#MañaneraDelPueblo | La titular de la la Secretaría de @BuenGobierno_mx), Raquel Buenrostro, detalló las propuestas en leyes secundarias para el acceso a la información y protección de datos personales
Entre las propuestas en leyes secundarias destacan los siguientes cambios:
Transparencia para el Pueblo tendrá un solo titular, en lugar de un cuerpo colegiado de siete integrantes.
La autoridad del Ejecutivo Local será la encargada de vigilar que los municipios cumplan con sus obligaciones de transparencia.
La Plataforma Nacional de Transparencia será regulada por ley y administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Las resoluciones locales sobre recursos federales podrán ser impugnadas ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.
Los Juicios de Amparo en esta materia serán resueltos por jueces especializados.
Uno de los puntos clave de la reestructura es la reducción de costos. Buenrostro señaló que la Secretaría absorberá el 80% de las funciones del INAI con solo el 35% del costo de su estructura.
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Además, el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública contará con 40 integrantes y se crearán 32 Subsistemas de Transparencia, que estarán presididos por el Poder Ejecutivo de cada entidad.
En términos legislativos, se abrogará la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y se reformarán la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
El titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, reiteró que, en caso de que el Gobierno de Estados Unidos imponga aranceles a México, la medida no solo perjudicaría a las empresas mexicanas, sino que también impactaría directamente a los consumidores y a la industria estadounidense.
Ebrard detalló que un posible arancel del 25% a las exportaciones mexicanas generaría un aumento considerable en los precios de productos esenciales en EE.UU., tales como automóviles, computadoras, televisores y refrigeradores. Esto afectaría a millones de familias estadounidenses, así como a las cadenas de suministro de diversas industrias.
Principales afectaciones a los consumidores de EE.UU.
➡️ Sector automotriz: ▪️ México es el principal proveedor de automóviles y autopartes de EE.UU. ▪️ Se estima que 12 millones de familias estadounidenses resultarían afectadas. ▪️ Los consumidores pagarían 10,427 millones de dólares adicionales.
➡️ Computadoras: ▪️ México es el quinto proveedor de computadoras de EE.UU. ▪️ Un arancel del 25% afectaría a 40 millones de familias estadounidenses. ▪️ Se generaría un sobrecosto de 7,104 millones de dólares.
➡️ Pantallas y televisores: ▪️ México es el segundo mayor exportador mundial de pantallas y el principal abastecedor de EE.UU. ▪️ 32 millones de familias estadounidenses tendrían que pagar 2,397 millones de dólares adicionales.
➡️ Refrigeradores: ▪️ 1 de cada 3 refrigeradores en EE.UU. proviene de México. ▪️ 5 millones de familias serían afectadas. ▪️ El impacto económico representaría un gasto extra de 817 millones de dólares.
Impacto en supermercados y bienes esenciales
Ebrard subrayó que, de aplicarse estos aranceles, los consumidores estadounidenses enfrentarían incrementos en los precios de productos esenciales en supermercados, concesionarios y tiendas de electrónicos, tales como:
▪️ Frutas, verduras, carne y cerveza. ▪️ Autos y camionetas, así como sus refacciones. ▪️ Electrodomésticos y productos electrónicos.
El daño económico sería más pronunciado en estados fronterizos y de alto consumo de productos mexicanos, como California, Texas, Florida y Arizona.
El titular de la SE advirtió que esta política arancelaria perjudicaría más a los propios ciudadanos de EE.UU. que a México, pues la estrecha relación comercial entre ambos países es clave para la estabilidad económica de la región.
En el marco del conversatorio sobre las reformas al Poder Judicial, realizado en el Museo Casa de Carranza, especialistas en derecho y procesos electorales advirtieron sobre la importancia de incentivar la participación ciudadana en los comicios y no desalentarla con llamados a la abstención.
Ramón López Castro, experto en derecho y ex secretario del Poder Judicial de la Federación (PJF), calificó como una “total irresponsabilidad” cualquier exhorto a no votar, ya que esto implica desincentivar el ejercicio de un derecho fundamental. “La elección judicial es un ejercicio inédito de nuestra vida democrática, pero hay que enfocarse en su carácter democrático y no en lo extraordinario del proceso. Debemos analizar cómo llevarlo a cabo, no cómo sabotearlo”, enfatizó.
Por su parte, Amparo Brindiz Amador, especialista en temas político-electorales, destacó la labor del Instituto Nacional Electoral (INE) como garante de este proceso. Subrayó que la autonomía y profesionalismo del organismo están en juego, ya que enfrenta el reto de organizar una elección inédita bajo los principios que lo rigen.
Brindiz Amador también señaló que la participación electoral varía según el tipo de elección. Mencionó que, según datos del propio INE, los comicios legislativos suelen registrar menor afluencia que los presidenciales. Como ejemplos, citó la consulta popular de 2021, que tuvo una participación del 7.11 %, y la revocación de mandato de 2022, en la que votó cerca del 18 % del padrón electoral.
Ante este panorama, destacó la urgencia de garantizar una difusión clara y suficiente de la información sobre el proceso electoral y sus implicaciones. “Una sociedad más informada es una sociedad más libre”, concluyó.
La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, reiteró que el Gobierno de México mantiene un diálogo permanente con la administración de Estados Unidos, abordando temas clave como migración y seguridad, siempre bajo el principio de respeto a la soberanía nacional y los derechos humanos.
“Tenemos una mesa de diálogo con el Gobierno de EE.UU., en donde hemos tratado distintos temas y se acuerda todos los días. Por ejemplo, en el tema de migración, con respeto a nuestra soberanía y Derechos Humanos, hay acuerdos para la repatriación de nuestros connacionales, […] en el tema también de seguridad se mantiene permanentemente comunicación en el marco de cuatro principios […] la responsabilidad compartida, la confianza mutua, la colaboración y el respeto a nuestra soberanía”, explicó.
Sheinbaum Pardo subrayó que la relación bilateral con Estados Unidos debe estar basada en el respeto mutuo, descartando cualquier tipo de subordinación. “Siempre vamos a mantener el diálogo, es fundamental en la relación entre México y el Gobierno de EUA”, aseguró. También dejó en claro que su administración tiene preparadas distintas estrategias para responder a cualquier escenario que pudiera surgir: “Tenemos plan a, plan b, plan c, para lo que decida el Gobierno de los Estados Unidos”.
🔴 #ÚltimaHora⚡| “Vamos a defender a México y su dignidad”: la Presidenta Claudia Sheinbaum responde a Donald Trump y advierte que ante los aranceles, México tiene un Plan A, Plan B y Plan C. pic.twitter.com/40YXWL6tWL
En este sentido, la mandataria fue enfática al defender la autonomía de México en la toma de decisiones: “Siempre vamos a defender la dignidad de nuestro pueblo, […] siempre vamos a defender el respeto a nuestra soberanía y un diálogo como iguales, […] sin subordinación”.
Sobre las posibles afectaciones económicas derivadas de medidas unilaterales de Washington, Sheinbaum Pardo advirtió que imponer aranceles podría resultar perjudicial, no solo para México, sino especialmente para la economía estadounidense y el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). “
Es importante recordar las implicaciones que pudiera tener poner aranceles para la economía de los Estados Unidos principalmente, para el Tratado comercial de los tres países, para los tres países, para nuestros pueblos, pero en particular para la economía de los Estados Unidos”, señaló.
Por primera vez en la historia del Poder Judicial de México, la paridad de género garantiza que nueve mujeres sean candidatas a ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Todas ellas fueron incluidas de manera automática en la boleta de la elección del próximo 1 de junio, sin necesidad de sorteo.
El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, explicó que este proceso está respaldado por la Constitución, ya que la ley exige que el Poder Judicial cuente con al menos nueve candidaturas femeninas.
“Las mujeres de la lista se integran automáticamente al listado final y realizaremos la insaculación para obtener los nombres de los 12 hombres que integrarán la lista final”, señaló Fernández Noroña.
Entre las aspirantes destacan Marisela Morales, exprocuradora general de la República, y Paula María García Villegas Sánchez Cordero, magistrada de Circuito e hija de la exministra y actual diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero.
Las nueve aspirantes que estarán en la boleta electoral son:
El empresario Ricardo Salinas Pliego sigue con su absurda negación a pagar lo que le debe al Servicio de Administración Tributaria (SAT), tal es su codicia que prefiere pagar abogados y litigios, en lugar de abonar a las deudas que tiene con el Pueblo de México.
Con el propósito de evitar a las autoridades hacendarias, el equipo legal de Salinas Pliego ha decidido emprender nuevas triquiñuelas legales para retrasar una decisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y que de alguna manera las ministras y los ministros desistan de participar en ellos, con lo cual, en teoría, el dueño de Elektra se saldría con la suya.
Grupo Elektra cuenta con créditos fiscales por más de 34 millones de pesos, que gracias a los litigios permanecen atorados en la SCJN. Se trata de créditos fiscales correspondientes a los ejercicios de 2008, 2012 y 2013.
Aunque este miércoles la Primera Sala y la Segunda Sala del Tribunal Supremo han conocido dos de los litigios interpuestos por Ricardo Salinas Pliego, no se ha podido llegar a ninguna conclusión en ambas situaciones.
Ricardo Salinas Pliego se ha encargado de obstaculizar la labor de casi todos los ministros y ministras. Primero interpuso recursos de revisión para impedir el involucramiento en sus casos de la ministra Lenia Batres y Yasmín Esquivel, luego también contra la ministra Margarita Ríos Farjat.
El empresario tiene también un amparo vigente contra un crédito fiscal por 67 millones 165 mil 827 pesos.
Luego, se encargó a la ministra Loretta Ortiz la resolución sobre si era posible o no la participación de las ministras Lenia Batres y Yasmín Esquivel, pero Salinas Pliego volvió a contratacar y volvió a emitir un recurso para impedirle ahora a Ortiz tomar una decisión al respecto. Como lo pueden constatar se trata de un embrollo legal con el único fin de retrasar lo inevitable, Salinas Pliego tendrá que pagar lo que debe.
Otro es el caso del crédito fiscal de 33 mil 306 millones 476 mil 349 pesos, que desde el 2019 la Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), confirmó se tenía que pagar por parte de Elektra. Y aunque la ministra Lenia Batres también determinó que se debía hacer el pago, y el ministro Pérez Dayán tiene listo su proyecto para apoyar dicha sentencia, Salinas Pliego volvió a revirar con otro recurso legal que le dará más tiempo.
El próximo 06 de abril en el marco del “Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz”, se llevará a cabo la Clase Nacional del Boxeo con la participación de miles de personas en plazas públicas de todo el país.
Bajo el propósito de promover la sana convivencia es que se une a este esfuerzo nacional la Ciudad de México. A través de una publicación en redes sociales, la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, y el director de Promoción al Deporte, Arte y Bienestar de la SEP, Miguel Torruco Garza, hicieron el anuncio oficial, con fotos en las que aparecen firmando simbólicamente el cinturón del Peace Champion WBC, también conocido como “Cinturón de la Paz”.
En el caso de la capital del país, se contará con el apoyo y coordinación en las 16 alcaldías, según indicó Torruco Garza. El zócalo y otros puntos emblemáticos de la ciudad, serán el escenario de este evento de carácter épico.
Miles de capitalinos demostrarán el poder del deporte para transformar vida”, celebró Torruco Garza.
La Clase Nacional de Boxeo es una muestra del proceso de transformación del país, indicó Torruco Garza, pues reflejará la fortaleza y unidad nacional, mostrando el poder de la actividad física como motor de cambio y esperanza.
Regidores de Morena en el Ayuntamiento de Guadalajara denunciaron lo que consideran una serie de irregularidades en la autorización del derribo de 29 árboles en la colonia Lomas del Country, así como en la aprobación de un cambio de uso de suelo en otra zona del Country Club, que permitirá la construcción de desarrollos inmobiliarios verticales y comerciales.
La regidora Teresa Naranjo explicó que, inicialmente, el proyecto contemplaba la tala de 31 árboles, pero tras una revisión, se decidió conservar únicamente dos de ellos.
El argumento de la autoridad es que se trata de un derribo con compensación de biomasa, lo cual significa que los desarrolladores pagan una cuota económica por la tala, pero esto no compensa la pérdida ambiental”, señaló Naranjo.
El desarrollo inmobiliario en cuestión, llamado Caena Country Club y promovido por la empresa Invert Country, obtuvo la aprobación del comité de arbolado para el derribo, lo que significa que la decisión ya es definitiva. Según Naranjo, la compensación por la tala ascendió a 312 mil 472 pesos, con precios que van desde los 2 mil 204 pesos hasta los 43 mil 475 pesos por árbol, dependiendo de la especie.
Por su parte, el regidor Chema Martínez criticó la postura del gobierno municipal y denunció que hay favoritismo hacia ciertos desarrolladores.
A la ciudadanía se le multa con más de 60 mil pesos si poda un árbol frente a su casa, pero a los empresarios de apellidos rimbombantes que patrocinan las campañas de Movimiento Ciudadano, se les autoriza en chinga sin importar la opinión de expertos”, señaló Martínez.
Violaciones a planes parciales de desarrollo
Además del derribo de árboles en Lomas del Country, los regidores señalaron otro caso en Mar Caspio 2131-2141, donde se autorizó un cambio de uso de suelo que permite la construcción de un desarrollo de vivienda vertical con área comercial, algo que, según Juan Alberto Salinas, regidor de Morena, va en contra de los planes parciales de desarrollo.
“Se está duplicando la densidad autorizada de, en un espacio donde ni siquiera estaba permitido el uso comercial”, denunció Salinas, señalando que funcionarios del gobierno municipal, particularmente el jefe de gabinete, Bernardo Fernández La Bastida, han estado cabildeando activamente para que el proyecto sea aprobado.
Esto no es desarrollo urbano, es negocio para unos cuantos. En Guadalajara no cabe el cártel inmobiliario, y en Morena no vamos a permitir que sigan depredando la ciudad”, concluyó Salinas.
Los regidores adelantaron que continuarán con acciones de vigilancia y seguimiento a estos proyectos, así como con denuncias públicas sobre lo que consideran un “modelo de ciudad a la medida de los empresarios y no de los ciudadanos”.
