Un ataque armado contra militares en la comunidad de Mesa de Palmira terminó con un presunto líder criminal sin vida y dos adolescentes bajo custodia.
Elementos del Ejército Mexicano enfrentaron una agresión armada este fin de semana en el municipio de Joaquín Amaro, Zacatecas. El ataque ocurrió en la comunidad Mesa de Palmira, mientras los militares realizaban labores de vigilancia dentro de la Operación Sagaz.
Sujetos armados abrieron fuego contra el personal militar sin previo aviso. Las autoridades activaron de inmediato el apoyo de la Guardia Nacional, la Fuerza de Reacción Inmediata Zacatecas y la Fiscalía estatal. Juntas lograron contener la agresión y controlar la zona.
Durante el operativo, las fuerzas de seguridad abatieron a un hombre señalado como presunto encargado de plaza para un grupo delictivo. También detuvieron a dos mujeres menores de edad, de 14 y 17 años, originarias del estado de Durango.
Las autoridades aseguraron una camioneta con blindaje artesanal, armas largas, cargadores y equipo táctico. Todo el material quedó a disposición de las instancias correspondientes para las investigaciones.
Las dos adolescentes permanecen bajo resguardo del Ministerio Público. La autoridad definirá su situación legal conforme a las normas que protegen a menores de edad. Su participación en organizaciones criminales vuelve a poner el foco en el reclutamiento de jóvenes por parte de estos grupos.
Con la creación de una Defensoría Jurídica especializada, un programa masivo de regularización de escrituras y nuevos plazos para agilizar la devolución de inmuebles, el Gobierno de la Ciudad de México anunció un reforzamiento de su estrategia para combatir el delito de despojo y proteger el patrimonio de las familias.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), lleva a cabo la presentacion de la estrategia contra el despojo, donde destaca la creación de la defensoria inmobiliaria, una jornada de escriturizacion, reformas a la ley y acortamiento de plazos para restituir la propiedad a… pic.twitter.com/RvPXydcUPO
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un paquete de acciones que busca prevenir este delito, acelerar la respuesta de las autoridades y desarticular a las redes que operan mediante invasiones, fraudes o simulación de actos jurídicos para apropiarse de viviendas y predios.
La Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), reveló la creación de un órgano de vigilancia de servidores publicos para combatir las redes de despojo integradas por personal de gobierno. pic.twitter.com/Qgfo6o9kt7
Uno de los anuncios centrales es que la Fiscalía General de Justiciabuscará asegurar y restituir un inmueble en un plazo máximo de 15 días cuando existan pruebas suficientes de la propiedad y se trate de casos de invasión recientes. Además, la judicialización de estos expedientes deberá realizarse en un periodo no mayor a 30 días.
Foto: LosReporterosMX / Sebastián Juárez
Brugada también adelantó que su administración pondrá en marcha el programa de regularización patrimonial “más grande” de la capital, dirigido a personas que aún carecen de escrituras o tienen problemas de certeza jurídica sobre sus propiedades. La intención es facilitar trámites de escrituración, sucesiones y registros notariales, al considerar que contar con la documentación en regla es la mejor defensa frente al despojo.
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Como parte de la estrategia se creará la Defensoría Jurídica de la Propiedad y contra el Despojo, integrada por abogados especializados que brindarán asesoría gratuita y permanente. Además, una vez por semana ofrecerán atención en el Zócalo capitalino y, en el caso de personas en situación vulnerable, podrán asumir su representación legal.
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La mandataria capitalina señaló que también se implementará un protocolo único de atención para las denuncias de despojo. Ante un reporte al 911 o al número del Gabinete contra el Despojo, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudirán de inmediato para evaluar la situación y, de ser necesario, activar la intervención de un equipo especializado que coordinará las acciones legales correspondientes.
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Por su parte, la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, aseguró que el delito de despojo no ha registrado un incremento en la ciudad y rechazó versiones que apuntan a un crecimiento de este fenómeno. Explicó que, desde 2019, la capital mantiene un promedio de entre 10 y 11 denuncias diarias.
La fiscal detalló que desde 2020, las denuncias por despojo han sido muy estables, recibiendo entre 10 y 11 por dia; sin embargo, de este número, no todos proceden por despojo, pues estan involucrados otros temas como pleitos familiares, ayuntamiento, desalojos etc. pic.twitter.com/SoGEKIqU1m
Precisó que una parte importante de las denuncias que recibe la Fiscalía corresponde a conflictos civiles, como disputas entre familiares por herencias, incumplimientos de contratos o problemas relacionados con rentas, por lo que no todos los casos constituyen legalmente el delito de despojo.
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Desde la creación del Gabinete contra el Despojo se han recibido mil 32 reportes. Tras su revisión, 388 fueron identificados como posibles casos de despojo y derivaron en 317 acciones, entre ellas 185 restituciones de inmuebles, 84 aseguramientos y otras medidas de protección, lo que representa una efectividad del 82 por ciento.
La estrategia también contempla la creación de una Unidad de Inteligencia Registral para detectar movimientos irregulares en propiedades, una agencia especializada para investigar redes criminales dedicadas al despojo y un grupo de control interno que investigará posibles actos de corrupción de servidores públicos relacionados con estos delitos.
El Poder Judicial de la Ciudad de México anunció que creará una unidad especializada integrada por 20 jueces para agilizar la atención de estos casos, mientras que la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, en lo que va de 2026, ha detenido a 46 personas por el delito de despojo.
Al concluir la presentación, Clara Brugada aseguró que su gobierno mantendrá una política de cero tolerancia frente a las redes dedicadas al despojo y advirtió que quienes intenten apropiarse ilegalmente del patrimonio de las familias enfrentarán “toda la fuerza de la ley”.
Las once ciudades estadounidenses que fungieron como sede del Mundial 2026 exigen a la FIFA el pago de fondos que la organización se había comprometido a entregar.
De acuerdo con reportes de The Athletic, directivos de la FIFA habían asegurado a las 11 ciudades anfitrionas que recibirían una “contribución de legado” de un millón de dólares destinada a proyectos sociales y a la construcción de minicanchas, en un esquema similar al aplicado durante el Mundial de Clubes 2025.
Sin embargo, ese dinero aún no ha sido entregado, y varias sedes mundialistas ya solicitan explicaciones sobre el estado de los pagos.
El reclamo llega en un momento delicado, pues los comités organizadores locales están cerrando operaciones, lo que complica definir qué entidad debe recibir los fondos, mientras otros preparan sus balances sin saber si deben contabilizar ese ingreso. Fuentes locales pidieron anonimato, mostrando su malestar con la postura de la FIFA.
La FIFA reportó ingresos superiores a 15 mil millones de dólares en el ciclo financiero 2023-2026, con un presupuesto operativo para el torneo de 2 mil 700 millones de dólares. Las ciudades sede cargaron con buena parte de los costos directos e indirectos en seguridad, transporte y logística, además de exenciones fiscales y exigencias específicas de la FIFA, como carriles exclusivos para comitivas VIP y una inversión de 13 millones de dólares para adaptar la cancha del MetLife Stadium de cara a la final del 19 de julio.
También se documenta un creciente distanciamiento interno respecto a Gianni Infantino, tras el fallido intento de abrir la FIFA a inversionistas privados. El excoordinador técnico Arsène Wenger calificó la cancelación del proyecto como necesaria, y el secretario general Mattias Grafström lamentó, en un correo interno, una “serie de eventos” que calificó de lamentable.
Por su parte, el expríncipe jordano Ali bin Al Hussein criticó a Infantino por retener premios económicos adeudados a la selección de Jordania, mientras la FIFA presume ingresos millonarios sin pagar lo prometido a las sedes.
El gobierno capitalino reclama a la alcaldía de Cuauhtémoc la devolución de piezas artísticas retiradas del espacio público.
#ÚltimaHora | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada (@ClaraBrugadaM), cuestionó las acciones de la alcaldesa de Cuauhtémoc sobre las esculturas donde señaló que es recurso y patrimonio de la ciudad, el retirarlas y pedir dinero ellas son acciones similares al secuestro. pic.twitter.com/TTyfpg6E7X
La jefa de Gobierno, Clara Brugada, criticó a la alcaldesa panista, Alessandra Rojo de la Vega, de Cuauhtémoc por quitar esculturas y exigir dinero a cambio de regresarlas. La mandataria capitalina calificó estas acciones como un daño directo al patrimonio público. Además, las comparó con un secuestro.
Brugada explicó que su gobierno solicitó la devolución de las estatuas desde el inicio del conflicto. También señaló que la alcaldesa incurrió en varias faltas administrativas al actuar de esta manera.
Los gobernantes electos por la ciudadanía tienen la obligación de cuidar el patrimonio público, afirmó Brugada. Este deber incluye todo el territorio que administran. Ninguna postura ideológica personal debe influir en decisiones sobre el valor de una obra de arte.
Retirar las esculturas y luego pedir dinero o servicios a cambio carece de lógica, según la jefa de Gobierno. Estas piezas forman parte de los recursos públicos de la ciudad. Por lo tanto, quien asegura defender ese patrimonio debió protegerlo desde un principio.
La solidaridad ciudadana permitirá que las obras regresen a su lugar. Varios artistas también respaldan este proceso de recuperación. Próximamente se dará a conocer más información sobre los siguientes pasos.
Un tribunal del CIADI desechó por unanimidad la demanda de dos fondos estadounidenses contra el Estado mexicano.
La Secretaría de Economía logró una victoria clave en un arbitraje internacional. El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones desestimó la reclamación. Las empresas Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management exigían más de 219 millones de dólares.
Ambas firmas iniciaron el proceso en 2023 al amparo del TLCAN. Aseguraban ser inversionistas estadounidenses con filiales en las Islas Caimán. A través de esas filiales, compraron bonos de deuda emitidos por TV Azteca.
Su reclamo señalaba un daño a sus inversiones. Este supuesto daño provenía de una resolución de un juzgado capitalino. México rechazó desde el principio que ese fuera el camino correcto para resolver el caso.
El equipo legal mexicano insistió en un punto central. El Gobierno no tiene ninguna injerencia en la disputa entre Cyrus, Contrarian y TV Azteca. Por eso, argumentaron que el arbitraje de inversión no aplicaba a esta controversia.
La defensa nacional también identificó fallas graves en las reclamaciones presentadas. Estas deficiencias impedían al Tribunal Arbitral emitir una resolución conforme al TLCAN. Ese argumento resultó decisivo para el desenlace final del caso.
El 30 de julio, el Tribunal falló a favor de México de manera unánime. Determinó que ni Cyrus ni Contrarian calificaban como inversionistas bajo el tratado. Tampoco contaban con una inversión válida según las reglas del TLCAN.
Ante esta falta de jurisdicción, el Tribunal desechó el arbitraje por completo. Además, ordenó a las empresas demandantes pagar los gastos y costos del proceso. Esta cantidad representa una compensación considerable para el Estado mexicano.
La Dirección General de Consultoría Jurídica de Comercio Internacional lideró esta defensa. Contó con el respaldo de especialistas de la Subsecretaría de Comercio Exterior. También recibió apoyo de la firma legal Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLP.
Por ahora, el laudo pasa por una revisión de confidencialidad. Una vez terminado este proceso, el documento se publicará en el sitio del CIADI. Ahí también estará disponible información adicional sobre el caso completo.
Desde Tomás Yarrington y Mario Villanueva hasta Roberto Sandoval, Jesús Reyna y Eugenio Hernández. Diversos exgobernadores y dirigentes del PRI han sido investigados, detenidos o condenados por vínculos con el narcotráfico.
A lo largo de las últimas décadas, diversos políticos emanados del Partido Revolucionario Institucional (PRI) han sido investigados, detenidos, procesados o condenados por presuntos vínculos con organizaciones del narcotráfico y el crimen organizado. Los casos abarcan desde exgobernadores y dirigentes nacionales hasta funcionarios estatales.
Uno de los antecedentes más conocidos se remonta a Sinaloa, donde el entonces gobernador Leopoldo Sánchez Celis fue señalado históricamente por haber brindado protección política aMiguel Ángel Félix Gallardo, fundador del Cártel de Guadalajara. A ello se suman los señalamientos contra el gobierno de Luis Echeverría Álvarez, cuyo cuñado, Rubén Zuno Arce, fue condenado en Estados Unidos por su participación en actividades relacionadas con el narcotráfico y el secuestro del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena.
Foto: Especial
Durante los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid, distintas investigaciones y testimonios han señalado que el Cártel de Guadalajara operó bajo un entorno de protección institucional que permitió el crecimiento de figuras como Ernesto y Rafael Caro Quintero.
Posteriormente, en el sexenio de Ernesto Zedillo, también surgieron versiones sobre vínculos entre el entorno familiar presidencial y los hermanosJesús y Adán Amezcua Contreras, conocidos como “Los Reyes de las Metanfetaminas” y líderes del Cártel de Colima, aunque nunca se acreditó responsabilidad penal contra el expresidente.
Entre los casos con consecuencias judiciales destaca el de Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, acusado de colaborar con el Cártel de Juárez. Fue procesado en México, extraditado a Estados Unidos y se declaró culpable de lavado de dinero relacionado con recursos provenientes de esa organización criminal. Tras cumplir condenas en ambos países, obtuvo prisión domiciliaria y posteriormente fue liberado por razones de salud.
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Otro de los expedientes más emblemáticos es el de Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas. Autoridades estadounidenses acreditaron que recibió sobornos del Cártel del Golfo y de Los Zetas, además de utilizar recursos ilícitos para adquirir propiedades en Estados Unidos. Extraditado desde Italia y posteriormente condenado por lavado de dinero, fue deportado a México en 2025, donde enfrenta nuevas investigaciones por delitos relacionados con el narcotráfico.
También enTamaulipas,Eugenio Hernández Flores, quien gobernó la entidad entre 2005 y 2010, ha enfrentado investigaciones por presunto lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales, incluidos señalamientos sobre posibles sobornos de Los Zetas. Aunque ha enfrentado procesos judiciales tanto en México como solicitudes de extradición, el caso continúa siendo uno de los más representativos del estado.
En Veracruz, el exgobernador Fidel Herrera Beltránfue señalado por un testigo identificado como contador del Cártel del Golfo de haber recibido recursos para financiar su campaña política. Aunque las acusaciones nunca derivaron en una condena judicial, su nombre permanece ligado a investigaciones.
En Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador priista, fue detenido en 2021 acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además, el gobierno de Estados Unidos lo sancionó al señalar que recibió sobornos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de los Beltrán Leyva a cambio de protección e información privilegiada. Su administración también quedó marcada por el caso del exfiscal Édgar Veytia, condenado en Estados Unidos a 20 años de prisión por tráfico internacional de drogas y por colaborar con organizaciones criminales.
En Michoacán, el entonces gobernador Fausto Vallejo Figueroa quedó envuelto en la polémica después de que su hijo, Rodrigo Vallejo Mora, fuera videograbado reuniéndose con Servando Gómez “La Tuta”, líder de Los Caballeros Templarios. Aunque Fausto Vallejo nunca fue procesado por narcotráfico, el caso golpeó severamente a su administración. Tras su salida del gobierno, el mandatario interino Jesús Reyna García fue detenido en 2014 acusado de delincuencia organizada y delitos contra la salud, luego de difundirse imágenes de reuniones con integrantes del mismo grupo criminal. Permaneció más de cuatro años en prisión antes de ser liberado por falta de pruebas suficientes.
Otro caso que generó repercusión internacional fue el de Humberto Moreira Valdés, exgobernador de Coahuila y expresidente nacional del PRI. En 2016 fue detenido en España por presunto lavado de dinero, organización criminal, cohecho y malversación de recursos. Aunque posteriormente recuperó su libertad por falta de pruebas para mantener el proceso en ese país, el caso deterioró aún más la imagen del partido.
A esta lista se suman otros exgobernadores priistas involucrados en procesos penales por distintos delitos de corrupción, entre ellos Mario Marín Torres, acusado por tortura; César Duarte Jáquez, procesado por corrupción y desvío de recursos; y Javier Duarte de Ochoa, sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero.
Asimismo, el actual dirigente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, enfrentó una investigación de la Fiscalía de Campeche por el presunto desvío de más de 83 millones de pesos durante su gestión como gobernador.
Foto: Cuartoscuro
Al menos una docena de exgobernadores priistas han enfrentado investigaciones por corrupción o vínculos con organizaciones criminales. Aunque no todos los expedientes concluyeron en sentencias condenatorias, varios de sus integrantes fueron detenidos, encarcelados, extraditados o condenados tanto en México como en Estados Unidos, dejando una de las listas de casos judiciales más amplias registradas para un partido político en el país.
El alcalde Ricardo Moreno informó que el Gobierno de Toluca desplegó cuadrillas de trabajadores para reparar de manera emergente un tramo de la calle lateral Mariano Matamoros, en la delegación Sauces, afectado por las lluvias atípicas registradas en los últimos días.
El Gobierno de Toluca realizó trabajos de rehabilitación en un tramo de más de 50 metros de la calle lateral Mariano Matamoros, en la delegación Sauces, luego de que las intensas precipitaciones provocaran daños en la carpeta asfáltica. Las labores incluyeron el retiro del material deteriorado en cuatro puntos y la aplicación de mezcla asfáltica para restablecer las condiciones de la vialidad.
Durante los trabajos fue necesario suspender temporalmente la circulación en la zona, por lo que elementos de Tránsito y Vialidad implementaron un operativo para desviar el flujo vehicular y garantizar la seguridad de automovilistas y trabajadores. La intervención buscó prevenir mayores afectaciones y mantener la movilidad en una vialidad de alta afluencia.
El presidente municipal Ricardo Moreno destacó que esta calle es estratégica al conectar con una plaza comercial y una sección del fraccionamiento Sauces, por lo que su atención inmediata permite reducir riesgos para la población. Asimismo, el Ayuntamiento señaló que continuará monitoreando la infraestructura vial del municipio para atender oportunamente los daños ocasionados por las lluvias atípicas y preservar la seguridad de los habitantes.
Un reporte de The Times señala que el presidente de la FIFA habría ofrecido la final de la Copa del Mundo 2030 a Marruecos para obtener respaldo rumbo a la elección de 2027, mientras crece el rechazo internacional a su gestión.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, enfrenta una nueva controversia luego de que el diario británico The Times revelara que habría intentado asegurar el respaldo de Marruecos para mantenerse al frente del organismo. De acuerdo con la publicación, el dirigente suizo ofreció que la final del Mundial 2030 se dispute en Casablanca a cambio de recibir apoyo por escrito para su reelección.
Según el periodista Martyn Ziegler, quien dio a conocer la información, Infantino sostuvo una reunión de emergencia con altos funcionarios de la Federación Marroquí de Futbol, en medio de la creciente crisis que atraviesa su administración. El supuesto ofrecimiento contempla que el nuevo Estadio Hassan II, en Casablanca, sea la sede del partido más importante del torneo, pese a que España también aspira a albergar la final del Mundial que organizará junto con Portugal y Marruecos.
La presión sobre Infantino se ha intensificado tras el fracaso de su propuesta para abrir la participación de inversionistas privados en los principales torneos de la FIFA, iniciativa que generó un fuerte rechazo entre diversas confederaciones. UEFA, Concacaf y posteriormente la Confederación Asiática de Futbol (AFC) han expresado públicamente su descontento con el liderazgo del dirigente, debilitando su posición rumbo al proceso electoral de 2027.
Pese al escenario adverso, The Times asegura que Infantino no contempla renunciar y ha intensificado las negociaciones para conservar el cargo. Las candidaturas para la presidencia de la FIFA estarán abiertas hasta el 18 de noviembre, mientras que la elección se realizará el 18 de mayo de 2027 en Rabat, Marruecos, un hecho que también coloca al país africano en el centro de la disputa política dentro del organismo.
Entre los posibles sucesores de Infantino destacan Victor Montagliani, presidente de Concacaf, y el jeque Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, titular de la AFC. En contraste, Arabia Saudita aún no ha fijado una postura sobre la continuidad del dirigente suizo, ya que primero deberá nombrar al reemplazo de Yasser Al-Misehal al frente de su federación nacional.
Mientras las críticas crecen y las acusaciones de presuntos intercambios políticos sacuden a la FIFA, la permanencia de Gianni Infantino parece depender cada vez más de las alianzas que logre construir en los próximos meses, en una contienda que promete redefinir el futuro del futbol internacional.
La universidad busca esclarecer las fallas del proceso de admisión con una auditoría tecnológica independiente.
La UNAM canceló de forma anticipada su contrato con Territorium Life. Esta empresa operaba la plataforma del examen de ingreso a licenciatura. El anuncio lo hizo Hugo Concha Cantú, abogado general de la institución.
El proceso de admisión en línea presentó varias irregularidades durante su aplicación. Por eso, la universidad decidió terminar la relación contractual antes de tiempo. Además, designó a una empresa especializada para auditar la tecnología usada.
El rector Leonardo Lomelí pidió apoyo a la Auditoría Superior de la Federación. Su objetivo es revisar a fondo el contrato firmado con Territorium Life. Concha Cantú explicó que quieren evitar especulaciones sobre lo ocurrido.
“El interés de la Universidad es sostener el dato con evidencia totalmente cierta”, señaló el funcionario. Añadió que la propia empresa también tiene interés en aclarar los hechos, pues su credibilidad está en juego.
La auditoría revisará el funcionamiento completo de los servidores. También analizará las salidas de información y sus destinos. Igualmente, se revisarán los discos y la documentación técnica de la plataforma.
Por otra parte, la UNAM ya definió las fechas para el examen de control presencial. Esta prueba adicional busca revisar los resultados del proceso virtual cuestionado. Se aplicará entre el 12 y el 19 de agosto de 2026.
Las sedes serán León, Oaxaca, Tijuana y la Ciudad de México. En León se aplicará los días 12 y 13 de agosto. Oaxaca tendrá su fecha única el 13 de agosto.
Tijuana recibirá a los aspirantes los días 15 y 16 de agosto. Finalmente, la capital del país concentrará las pruebas del 17 al 19 de agosto. Podrán presentarse quienes hicieron el examen original este año.
También aplica para quienes obtuvieron un puntaje igual o mayor al mínimo requerido entre 2021 y 2026. La universidad habilitó una sección de dudas y aclaraciones para los aspirantes. Sin embargo, no ofreció detalles adicionales sobre las inconformidades recibidas.
El programa, único en su tipo entre las alcaldías de la Ciudad de México, brinda atención, acompañamiento y protección las 24 horas del día a mujeres víctimas de violencia, con más de 500 casos atendidos desde su creación.
La Alcaldía Tláhuac, encabezada por Berenice Hernández Calderón, se ha consolidado como la única demarcación de la Ciudad de México que cuenta con una policía especializada en la atención de mujeres víctimas de violencia, a través del programa Código Naranja, una estrategia que ofrece protección, acompañamiento y atención inmediata a quienes enfrentan situaciones de riesgo.
Creado el 8 de marzo de 2022, Código Naranja opera mediante la Dirección de Seguridad Ciudadana, con el respaldo de la Policía Auxiliar, y tiene como objetivo brindar seguridad, orientación y apoyo integral a mujeres que sufren algún tipo de violencia. El programa funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, en coordinación con la Fiscalía de Tláhuac, garantizando atención oportuna desde el primer contacto.
Desde su puesta en marcha, Código Naranja ha brindado atención a 546 mujeres víctimas de violencia, además de fortalecer la prevención mediante 978 asambleas vecinales informativas y mil 240 recorridos de difusión en colonias, pueblos, barrios y escuelas de la demarcación, con el propósito de promover la cultura de la denuncia y sensibilizar a la población sobre la importancia de erradicar la violencia de género.
El equipo está conformado por 12 mujeres policías auxiliares, capacitadas en perspectiva de género, derechos humanos y protocolos de atención a víctimas, quienes cuentan con una unidad móvil especializada para trasladarse al domicilio de la persona afectada, brindar acompañamiento durante la denuncia ante la autoridad competente y, de ser necesario, apoyar su traslado a un domicilio seguro o a un albergue.
La alcaldesa Berenice Hernández Calderón ha destacado que la atención a las causas de la violencia es una prioridad para su administración, por lo que el programa busca generar confianza entre las víctimas y garantizar que reciban atención con sensibilidad, respeto y profesionalismo. Asimismo, el gobierno de Tláhuac reafirma su compromiso de proteger la integridad física y psicológica de las mujeres durante todo el proceso de atención.
Las mujeres que enfrenten una situación de violencia pueden solicitar ayuda llamando al 55 4324 6701, al 911, a la Base Plata (55 5842 7283) o marcando SOS Mujeres (765), donde recibirán orientación y acompañamiento especializado de manera inmediata.
