El actor mexicano falleció a los 67 años tras más de tres décadas de trayectoria; dejó huella con personajes de Star Wars, Toy Story y múltiples productos.
El actor de doblaje mexicano Carlos del Campo falleció a los 67 años, informó su familia mediante un comunicado difundido en redes sociales. Aunque no se dieron a conocer las causas de su muerte, desde principios de 2026 se sabía que enfrentaba problemas de salud que lo llevaron a retirarse de las cabinas de grabación.
Con más de 30 años de trayectoria, Del Campo se consolidó como una de las voces más reconocidas del doblaje en español latino. Su trabajo abarcó películas, series, anime, videojuegos y producciones musicales, además de desempeñarse como director de doblaje, locutor y cantante.
Entre sus personajes más recordados destacan C-3PO en producciones de Star Wars, Slinky en la saga Toy Story y Tywin Lannister en Game of Thrones. También participó en títulos como Bleach, Ranma ½, Power Rangers y Sailor Moon, convirtiéndose en una voz familiar para varias generaciones.
Tras conocerse la noticia, colegas, seguidores y amantes del doblaje expresaron sus condolencias en redes sociales, donde recordaron el legado del actor y el impacto que tuvo en la industria del entretenimiento. Su trabajo permanecerá en algunas de las franquicias más importantes del cine, la televisión y el anime.
La alcaldesa de Uruapan rechazó la información presentada por autoridades federales, aunque sus señalamientos han sido cuestionados por intentar desacreditar una investigación en curso sin aportar pruebas sobre sus afirmaciones.
La alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, volvió a generar polémica al poner en duda la captura de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1”, presunto líder criminal señalado por autoridades federales como uno de los responsables del asesinato del alcalde Carlos Manzo. La edil aseguró que el detenido no fue capturado por el homicidio, sino por otros delitos, y acusó que existe una versión incompleta del caso.
Sin embargo, sus declaraciones han sido criticadas al cuestionar públicamente una investigación encabezada por autoridades federales sin presentar elementos que respalden sus señalamientos. Mientras la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que “El R1” habría ordenado y financiado el ataque, Quiroz insiste en que se trata de una “verdad a medias”.
La alcaldesa afirmó que la detención ocurrió por portación de armas de uso exclusivo del Ejército y delitos contra la salud, pero omitió que las autoridades han señalado que el arresto forma parte de las investigaciones relacionadas con el homicidio de Manzo y con la operación de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Michoacán.
Las declaraciones de Quiroz también han levantado cuestionamientos porque, en lugar de esperar el avance de las investigaciones ministeriales, ha optado por confrontar la narrativa oficial y colocar en duda los resultados de un operativo en el que fueron aseguradas armas, vehículos y otros indicios.
Por su parte, Omar García Harfuch informó que “El R1” era identificado como líder de una célula criminal con presencia en Apatzingán, Uruapan, Morelia y Guadalajara, además de señalar que el móvil del asesinato habría sido la confrontación de Carlos Manzo con el grupo delictivo.
Mientras las autoridades continúan con las investigaciones y la judicialización del caso, la postura de Grecia Quiroz mantiene abierto el debate público sobre la forma en que se comunica el avance del proceso, aunque sus acusaciones de una supuesta manipulación de la información aún no cuentan con pruebas públicas que las sustenten.
El grupo parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México rechaza que el PAN se presente como defensor de las víctimas de despojo. Señala vínculos con el Cártel Inmobiliario y cuestiona la autoridad moral del partido.
El diputado Paulo García habló con claridad. Dijo que resulta ofensivo ver al PAN intentar encabezar la defensa de quienes sufren despojo. “Ridículo que el partido del Cártel Inmobiliario diga que va a defender el patrimonio de la gente”, afirmó.
Morena recuerda que ya pidió investigar posibles lazos entre las redes del Cártel Inmobiliario y la mafia del despojo que golpea a la ciudad. García advirtió: “Vemos con desconfianza que el PAN busque identificar y señalar predios vulnerables. No vaya a ser que estén planeando más desarrollos”.
Las alcaldías que gobierna el PAN concentran el mayor número de carpetas de investigación por despojo. Aun así, el partido presentó como su representante en el tema a Federico Chávez Semerena. Él llegó a la diputación como suplente de Christian Von Roehrich, señalado como líder del Cártel Inmobiliario de Benito Juárez.
Chávez Semerena ocupó el cargo solo después de que Von Roehrich dejó de asistir a las sesiones. En ese momento la Fiscalía General de Justicia lo buscaba por su presunta vinculación con la red de corrupción inmobiliaria. Más tarde lo detuvieron y procesaron.
El caso no es el único. El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, también enfrenta señalamientos. La presidenta Claudia Sheinbaum y la dirigencia de Morena lo han señalado como uno de los principales impulsores del Cártel Inmobiliario desde su paso por la alcaldía Benito Juárez.
García subrayó un contraste claro. Mientras las alcaldías de oposición registran las tasas más altas de despojo por cada 100 mil habitantes, el PAN capitalino intenta limpiar su imagen con un vocero que surgió de la fuga de uno de los señalados. Al mismo tiempo, su dirigente nacional enfrenta acusaciones por el mismo esquema de corrupción.
Uganda inauguró un monumento a Yonatan Netanyahu, hermano del criminal de guerra Benjamin Netanyahu, en el aeropuerto de Entebbe, una decisión que genera cuestionamientos por la carga política del homenaje y por convertir un episodio militar controvertido en un símbolo de exaltación.
La inauguración de una estatua dedicada a Yonatan Netanyahu, comandante israelí fallecido durante la operación de rescate de rehenes de Entebbe en 1976, abre un nuevo capítulo de controversia alrededor de un episodio histórico marcado tanto por el reconocimiento militar como por las críticas internacionales. El monumento, colocado en el mismo aeropuerto donde ocurrió la incursión, fue impulsado por el general Muhoozi Kainerugaba, hijo del presidente ugandés Yoweri Museveni y señalado como posible sucesor político.
Aunque el gobierno ugandés presentó la obra como un homenaje al valor y al rescate de vidas humanas, la decisión resulta cuestionable por la manera en que transforma un operativo militar extranjero en un símbolo de legitimidad política, especialmente en un contexto internacional donde Israel enfrenta fuertes críticas por sus acciones en el conflicto palestino. La estatua, que muestra a Netanyahu portando un fusil de asalto, proyecta una narrativa centrada en la hazaña militar sin abordar las consecuencias y debates que rodearon la operación.
La llamada Operación Entebbe, realizada en julio de 1976, logró liberar a la mayoría de los 106 pasajeros secuestrados por militantes palestinos y alemanes, pero también dejó decenas de soldados ugandeses muertos y generó acusaciones de violación a la soberanía nacional por parte de organismos africanos de la época. La construcción del monumento ignora esas controversias y presenta una versión unilateral de los acontecimientos, reduciendo un episodio complejo a una exaltación heroica.
Además, el homenaje adquiere una dimensión política inevitable al estar dedicado al hermano de Benjamin Netanyahu, actual primer ministro israelí y una figura altamente polémica a nivel internacional. En lugar de promover una reflexión histórica amplia sobre el conflicto, la violencia política y las víctimas de aquel episodio, Uganda optó por levantar un símbolo que fortalece la cercanía con Israel y que puede interpretarse como una postura diplomática en medio de una de las crisis geopolíticas más sensibles del mundo.
Mientras acusa recortes presupuestales, la gobernadora de Chihuahua multiplicó el gasto en Comunicación Social. Diversos señalamientos apuntan a que los recursos públicos se utilizan para premiar medios afines y castigar las voces críticas.
La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, enfrenta nuevas críticas luego de que se revelara que su administración habrá destinado más de 3 mil 342 millones de pesos a Comunicación Social entre septiembre de 2021 y diciembre de 2026. De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Hacienda estatal, el presupuesto para este rubro pasó de 185.2 millones de pesos, aprobados originalmente por el Congreso para 2026, a 838.2 millones, un incremento de 352.6%, pese al discurso de austeridad y a las constantes quejas por supuestos recortes federales.
El crecimiento del gasto ha despertado cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos para influir en la cobertura mediática. Según la información difundida, el dinero se destina a convenios publicitarios con televisoras, estaciones de radio, medios impresos, portales digitales, agencias de marketing, empresas de relaciones públicas, productoras audiovisuales e incluso operadores de redes sociales, mediante adjudicaciones directas y sin mecanismos públicos de verificación sobre el alcance real de las audiencias.
Los señalamientos apuntan a que esta estrategia habría servido para favorecer a medios y comunicadores afines, mientras se limita el espacio para las voces críticas. Diversos analistas advierten que este modelo de asignación de publicidad oficial puede convertirse en un mecanismo de censura indirecta, al condicionar la independencia editorial mediante recursos públicos y afectar el derecho de la ciudadanía a recibir información plural.
Las críticas también contrastan con el desempeño de la administración estatal en otros rubros. Mientras el presupuesto destinado a comunicación crece año con año, opositores y organizaciones civiles sostienen que persisten rezagos en salud, educación, infraestructura y atención a la Sierra Tarahumara, además de cuestionar la falta de nuevas obras hospitalarias y educativas durante el actual sexenio.
El caso reabre el debate sobre el uso de la publicidad oficial como herramienta de presión política. Especialistas han insistido en que la asignación de estos recursos debe regirse por criterios transparentes, objetivos y verificables para evitar que el dinero público se convierta en un instrumento para premiar la cobertura favorable, castigar el periodismo crítico y limitar la libertad de expresión.
El presidente municipal de Puebla, Pepe Chedraui, encabezó la Ceremonia del Mes de las y los Policías de la Ciudad de Puebla, se inauguró la exposición fotográfica La Policía a Través del Tiempo, instalada en el Zócalo de Puebla.
El presidente municipal de Puebla Capital, Pepe Chedraui, destacó que la colaboración permanente con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, fortalece las estrategias para construir una ciudad más segura y en paz.
Pepe Chedraui expresó su reconocimiento a los policías, describiendo con palabras propias que detrás de cada uniforme hay personas valientes que dedican su vida al servicio, cuidado de la ciudad con vocación y sentido de pertenencia.
Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Félix Pallares, resaltó el significado de este mes conmemorativo, calificándolo como un espacio para reconocer el profesionalismo y la vocación de servicio de los cuerpos policiales, subrayando que ser policía implica asumir grandes responsabilidades y anteponer el cuidado de los demás.
Como parte de las actividades programadas durante agosto, se realizarán:
Torneos deportivos
Actividades culturales
Jornadas académicas
Entrega de Promociones de Grado, para impulsar la profesionalización policial
El Gobierno de Puebla Capital busca dignificar el servicio policial, fortalecer el vínculo entre la ciudadanía con los cuerpos de seguridad, promover el bienestar y la formación integral del personal.
El estratega portugués fue cesado luego de tres derrotas consecutivas en la Liga MX; los Bravos enfrentarán ahora la Leagues Cup sin entrenador definitivo.
FC Juárez decidió poner fin al ciclo del técnico portugués Pedro Caixinha tras el mal arranque del Apertura 2026. La salida se produjo después de la goleada 5-1 sufrida ante Pumas y de acumular tres derrotas en las primeras jornadas del torneo, dejando al equipo sin puntos en la clasificación.
Caixinha llegó al conjunto fronterizo durante el Clausura 2026 para vivir su cuarta etapa en el fútbol mexicano. Sin embargo, su paso por los Bravos terminó con un balance de cinco victorias, cuatro empates y 11 derrotas en 20 partidos dirigidos.
La directiva tomó la decisión de concluir el proyecto antes del inicio de la Leagues Cup, torneo en el que FC Juárez debutará el próximo 4 de agosto frente al Minnesota United. Hasta el momento, el club no ha anunciado quién asumirá la dirección técnica de manera interina o definitiva.
Con la salida del entrenador portugués, FC Juárez suma un nuevo cambio en su banquillo. En los últimos cinco años, el equipo ha tenido diez entrenadores, entre técnicos titulares e interinos, reflejando la falta de estabilidad deportiva que ha caracterizado al conjunto fronterizo.
La defensa del llamado “Rey de la Basura” insiste en obtener prisión domiciliaria, mientras el exdirigente priista continúa preso por un proceso relacionado con presunta trata de personas con fines de explotación sexual.
El exdirigente del PRI en la Ciudad de México, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, volvió a ser tema de conversación, aunque esta vez no por los escándalos que marcaron su carrera política. Su abogado, Erick Alan Hernández, aseguró que el priista “se está muriendo” debido a un cáncer de riñón avanzado, enfermedad que, según la defensa, se agravó mientras permanece recluido en el Reclusorio Oriente.
Durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, el litigante afirmó que el estado de salud de Gutiérrez de la Torre es “deplorable” y adelantó que la familia dará una conferencia para difundir una carta escrita por el exlíder priista desde prisión. De acuerdo con la defensa, el exfuncionario ya fue sometido a una nefrectomía, en la que perdió el riñón derecho, y actualmente enfrenta además diabetes e hipertensión, por lo que insiste en solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria.
Sin embargo, los jueces han rechazado en repetidas ocasiones esa petición, al considerar que persisten riesgos de fuga y posibles afectaciones para las víctimas. Gutiérrez de la Torre permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2021, cuando fue detenido tras permanecer varios meses prófugo de la justicia.
El caso del también conocido como “Rey de la Basura” se convirtió en uno de los mayores escándalos del PRI, luego de que fuera acusado de encabezar una presunta red de trata de personas con fines de explotación sexual que habría operado desde las oficinas del partido en la capital del país. Las investigaciones derivaron en su captura y en un proceso penal que continúa sin sentencia definitiva.
Mientras su defensa busca presentar el deterioro de su salud como argumento para modificar la medida cautelar, las acusaciones que enfrenta siguen vigentes. El caso recuerda uno de los episodios más vergonzosos del viejo priismo, donde el poder político fue señalado por presuntamente servir como plataforma para delitos graves. Hoy, lejos de los reflectores y de la estructura que alguna vez controló, el exdirigente enfrenta una batalla médica mientras la justicia mantiene su curso.
A poco más de un mes de obtener su registro, Somos México ya fue sancionado por el INE con más de 327 mil pesos por decenas de anomalías en el manejo de recursos, confirmando que las viejas prácticas siguen más vivas que nunca.
Presumían ser la “nueva opción política”, pero ni siquiera han cumplido un mes como partido y ya comenzaron con las viejas mañas. Somos México, organización impulsada por personajes cercanos al PRIAN, recibió sus primeras multas del Instituto Nacional Electoral (INE) por 327 mil 427 pesos, luego de detectarse 43 irregularidades relacionadas con el manejo y comprobación de recursos durante su proceso de constitución, de acuerdo con una investigación de Álvaro Delgado para Sin Embargo.
Las sanciones evidencian que el partido, integrado por viejos políticos del PRI, PAN y el extinto PRD, arrancó con el pie izquierdo. Entre las anomalías detectadas por el INE destacan la omisión de comprobar gastos, ocultamiento de pagos por propaganda, transporte, renta de mobiliario, edición de videos, templetes y otros servicios, además de realizar pagos sin cumplir con los mecanismos legales de transparencia y fiscalización.
Aunque el monto de las multas parece reducido frente a los 84.3 millones de pesos de financiamiento público que recibirá durante el segundo semestre de 2026, el caso exhibe un patrón que contradice el discurso con el que el partido buscó presentarse ante la ciudadanía. Apenas obtuvo su registro y ya tuvo problemas por rendición de cuentas, una carta de presentación poco alentadora para quienes prometían hacer política diferente.
La organización, que incluso deberá cambiar su nombre y colores por resolución del INE mientras el Tribunal Electoral resuelve el caso, reúne a figuras ampliamente identificadas con los gobiernos del PRIAN, como Ernesto Ruffo Appel, Carlos Medina Plascencia, Gustavo Madero, Jorge Castañeda, Enrique de la Madrid, Amparo Casar, así como exfuncionarios del antiguo IFE-INE, entre ellos Lorenzo Córdova, Edmundo Jacobo, Leonardo Valdés y Marco Antonio Baños.
Además, diversas investigaciones han señalado que el proyecto cuenta con el respaldo de empresarios como Claudio X. González Guajardo y Ricardo Salinas Pliego, mientras que durante su conformación recibió más de 17.6 millones de pesos en donativos, cuyo origen fue cuestionado por las autoridades electorales debido a inconsistencias detectadas en la fiscalización.
Con este debut, Somos México parece confirmar el viejo refrán: aunque cambien el nombre, las prácticas siguen siendo las mismas. El partido que prometía representar algo distinto ya estrenó su historial de sanciones antes siquiera de competir en una elección, demostrando que las “caras nuevas” llegaron acompañadas de las mismas chapuzas que durante años dijeron combatir.
Con información de Álvaro Delgado para Sin Embargo.
El ex seleccionador de Corea del Sur, Hong Myung-bo y el expresidente de la Asociación de Fútbol de Corea, Chung Mong-gyu, tuvieron que presentarse ante la Asamblea Nacional para rendir cuentas sobre el fracaso deportivo tras la eliminación en fase de grupos del mundial 2026.
Hong Myung-bo y Chung Mong-gyu comparecieron como testigos ante el comité de Deportes del Parlamento, en una audiencia convocada para investigar la gobernanza de la federación, la falta de transparencia en sus decisiones y las causas del fracaso deportivo de la selección de Corea del Sur, al quedar eliminados en primera ronda con tres puntos. La sesión se extendió por varias horas, durante las cuales ambos respondieron a las consultas formuladas por los legisladores.
Hong Myung-bo, que dejó el cargo a finales de junio tras el regreso de la selección de Corea del Sur a Seúl, admitió su responsabilidad por el mal desempeño del equipo, aunque defendió que su nombramiento en julio de 2024 se ajustó a los procedimientos establecidos y negó haber recibido trato preferencial. También desmintió versiones sobre un salario anual millonario en wones.
Enfrentó abucheos a su llegada al aeropuerto, amenazas de muerte contra él y su familia, lo que lo llevó a refugiarse temporalmente en Estados Unidos.
Uno de los puntos que más atención generó fue precisamente la decisión táctica de dejar a Son Heung-min en el banco para el duelo decisivo ante Sudáfrica, uno de los temas que los legisladores quisieron esclarecer.
A diferencia de su comparecencia previa del 9 de julio, en la que ofreció disculpas públicas, en esta sesión ante el Parlamento, Hong Myung-bo no pidió perdón formalmente, aunque volvió a reconocer el pobre resultado de la selección en el torneo.
Chung Mong-gyu, quien había dejado la presidencia de la Asociación de Fútbol de Corea el 6 de julio tras trece años en el cargo, ofreció disculpas públicas ante los diputados, aunque rechazó las acusaciones de favoritismo en su gestión, incluyendo un supuesto trato preferente hacia egresados de una universidad en particular.
