El caso que analiza la Corte Penal Internacional sobre México se encuentra en la Sala de Cuestiones Preliminares, misma que resolverá si se abre la investigación en contra del expanista Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad y de guerra. Expertos y denunciantes de las múltiples atrocidades cometidas en el calderonato consideran que en breve se determinará sí a lugar a la indagatoria, pues el tribunal de La Haya cuenta con pruebas suficientes para acreditar que en ese sexenio se cometieron delitos internacionales penados por el Estatuto de Roma.
En su momento, el presidente Andrés Manuel López Obrador deberá solicitar al Senado reconocer la competencia de la CPI, para que el político del PAN sea juzgado por haber declarado la supuesta “guerra” contra el narcotráfico a sabiendas de que esa política pública costaría vidas humanas, además de desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a derechos humanos.
En los próximos meses, la Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) dictaminará si abre una investigación sobre el caso México, que apuntará sobre todo a la responsabilidad penal de Calderón Hinojosa (diciembre de 2006-noviembre de 2012) en presuntos crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Pruebas suficientes
El tribunal –asentado en La Haya, Países Bajos– cuenta con pruebas suficientes para determinar que en ese gobierno se cometieron delitos internacionales penados por el Estatuto de Roma, derivados de la declaratoria de la “guerra” contra el narcotráfico que estableció el político panista, a sabiendas de que ésta causaría graves violaciones a derechos humanos, incluida la pérdida de vidas entre la población civil.
Expertos y denunciantes del calderonato ante la CPI consideran que en breve se determinará sí ha lugar a la situación sobre México, como se denomina a las indagatorias previas a los juicios penales en la Corte Penal Internacional.
Recuerdan que la Fiscalía de la CPI ha recibido decenas de informaciones –con evidencias que apuntan a los posibles responsables– sobre las atrocidades que ocurrieron por la política pública que ordenó el mando supremo de las Fuerzas Armadas, el entonces presidente Calderón Hinojosa.
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