La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una iniciativa para expedir una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Entre los puntos destacados, se establece que las renuncias de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) procederán únicamente por causas graves y deberán ser aprobadas por mayoría en el Senado o, en su defecto, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
En cuanto a las vacantes, la iniciativa propone que, si un ministro o ministra se ausenta por más de un mes sin licencia o por causas como fallecimiento o renuncia, será designada para ocupar el cargo la persona del mismo género que haya obtenido el segundo lugar en la elección correspondiente.
Además, se contempla una pensión del 50% de la remuneración mensual de los ministros en caso de fallecimiento, la cual beneficiará al cónyuge y a los hijos menores de edad o con incapacidad. Este derecho cesará para el cónyuge al contraer matrimonio o al iniciar concubinato, y para los hijos al alcanzar la mayoría de edad.
Respecto al haber de retiro, las y los ministros que no se postulen o no sean electos en la elección extraordinaria de 2025 no podrán acceder a este beneficio, salvo si renuncian antes de la fecha establecida en el decreto, en cuyo caso recibirán un pago proporcional al tiempo desempeñado.
La iniciativa también restringe a los ministros de aceptar cargos remunerados en la Federación, estados o empresas privadas tras concluir su encargo, permitiendo solo funciones no remuneradas en asociaciones científicas, académicas, literarias o de beneficencia.
Otro cambio significativo es que la presidencia de la SCJN será rotatoria cada dos años y recaerá en la persona que obtenga la mayor votación en la elección interna. Asimismo, la admisión de controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad no suspenderá en ningún caso la aplicación de las normas cuestionadas.
Finalmente, Sheinbaum presentó al Senado una propuesta para expedir la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación y reformar la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Estas iniciativas buscan fortalecer la transparencia y eficiencia en la administración de justicia en México.
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