La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) emitió un comunicado en el que rechaza de manera contundente la reforma judicial aprobada por el Congreso, la cual contempla la elección directa de jueces y magistrados, un paso significativo hacia la democratización del Poder Judicial en México.
En el comunicado, fechado el 14 de octubre de 2024, los magistrados y jueces advirtieron sobre lo que consideran un “grave retroceso democrático” y denunciaron que la reforma “compromete seriamente el cumplimiento de tratados internacionales”, como el T-MEC. La asociación argumenta que la medida pone en riesgo la independencia judicial y afecta la estabilidad jurídica del país, señalando que los jueces deben mantenerse al margen de influencias políticas para garantizar una impartición de justicia imparcial.
Un cambio en pro de la democracia
La reforma, impulsada por el gobierno y aprobada por el Congreso, busca abrir el proceso de selección de jueces y magistrados a la participación ciudadana, a través del voto popular, con el objetivo de incrementar la transparencia y la confianza pública en las instituciones judiciales. La medida ha sido ampliamente respaldada por la sociedad civil, que ha demandado mayor rendición de cuentas en el Poder Judicial.
El punto más controvertido de la reforma es el proceso de elección de jueces y magistrados, conocido como la “tómbola judicial”, en el cual, a través de un sorteo público, se definieron los primeros cargos a elegir en el año 2025. A pesar de que este mecanismo ha sido criticado por jueces como una “función de circo”, lo cierto es que responde a una necesidad de implementar reformas profundas y eliminar la percepción de favoritismo y corrupción en el proceso de designación de los altos cargos judiciales.
Preocupaciones sobre la independencia judicial
La JUFED insiste en que la eliminación del actual sistema de designación pone en riesgo la imparcialidad de las decisiones judiciales, argumentando que el nuevo proceso podría estar influenciado por el poder político de turno. “Los mexicanos están perdiendo su derecho a una justicia imparcial y a un Poder Judicial independiente”, señalaron en el comunicado, haciendo un llamado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y a organismos internacionales, como las Naciones Unidas, para intervenir y detener el proceso.
No obstante, este cambio es un paso en la dirección correcta para eliminar décadas de privilegios y opacidad en el sistema judicial, y que los temores expresados por los jueces son infundados. En lugar de politizar la justicia, la democratización del proceso de selección permitirá a los ciudadanos ser parte activa en la elección de los jueces que impartirán justicia en sus casos, acercando el sistema judicial a las demandas reales de la sociedad.
El proceso de insaculación llevado a cabo en el Senado el pasado fin de semana concluyó con la selección de los primeros 850 cargos de jueces y magistrados que se someterán a votación en 2025 y 2027. Con ello, el gobierno busca garantizar un Poder Judicial más cercano a los intereses del pueblo y menos a los intereses de las élites judiciales.
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