Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la Secretaría de Marina le notificó sobre una solicitud de indemnización presentada por Ferrosur, una empresa de Grupo México. Esta solicitud se refiere a una supuesta afectación a los intereses de la empresa por una expropiación realizada en 1908, durante el gobierno de Porfirio Díaz, en un predio conocido como Hacienda de Tierra Nueva, ubicado en Coatzacoalcos, Veracruz.
Según la nota de la Secretaría de Marina, Ferrosur busca una compensación a pesar de que el derecho a reclamar dicha indemnización ya está prescrito debido al tiempo transcurrido desde el acto, que ocurrió hace más de 100 años. Sin embargo, el Juez Sexto del Distrito de Boca del Río, Veracruz, decidió admitir el amparo solicitado por la empresa y resolvió que el Corredor Interoceánico debe proporcionar un procedimiento para que Ferrosur sea indemnizado.
López Obrador expresó su preocupación por esta decisión judicial, destacando la antigüedad del caso y la improbabilidad de que un reclamo de este tipo deba proceder. La situación ha generado controversia, dado que el hecho que origina la reclamación se remonta a más de un siglo, lo que plantea dudas sobre la pertinencia de la indemnización.
El presidente subrayó que la administración del Tren del Istmo, que está bajo la supervisión de la Secretaría de Marina, ha manejado el asunto conforme a la ley y que continuarán defendiendo los intereses del Estado en este caso. La decisión del juez ha provocado reacciones y debates sobre la justicia y la interpretación de las leyes en situaciones tan antiguas.
Este incidente añade una nueva dimensión a las tensiones entre el gobierno y Grupo México, que sólo se ha preocupado por proteger intereses particulares, particularmente en relación con los derechos sobre las tierras y las concesiones que la empresa tiene en varias partes del país.
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