Como cada 15 días se llevó a cabo el reporte de seguridad en Palacio Nacional, donde el subsecretario de Seguridad Pública y Ciudadana, Luis Rodríguez Bucio, además de mencionar las detenciones destacables, expone a los jueces y magistrados que benefician de delincuentes.
Este martes la lista comenzó con el magistrado Rubén Arturo Sánchez y el licenciado Luis Alberto Castro Velázquez, quienes otorgaron un amparo a Mario “N”, homicida confeso de Luis Donaldo Colosio, ex candidato del PRI en 1994 y sentenciado a 45 años de prisión el 22 de diciembre del mismo año.
Otro criminal buscado y que fue apoyado por el Poder Judicial de la Federacińo es Tomás Zerón, que pese a estaŕ prófugo en Israel, la jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, María Isabel Bernal Hernández, le otorgó una suspensión definitiva para que funcionarios del Gobierno de México se abstengan de condenarlo ante la opinión pública o de emitir juicio alguno sobre su probable responsabilidad en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
Igualmente se mencionó el caso del juez Gerardo Genaro Alarcón López negó la orden de aprehensión contra Genaro “N”, por el delito de enriquecimiento ilícito bajo el argumento de que no basta que exista desproporción entre lo que percibió el imputado y su haber patrimonial.
Esta determinación fue confirmada el 28 de septiembre de 2023 por los magistrados del Primer Tribunal Colegiado de Apelación en Materia Penal del Primer Circuito.
Finalmente pero no menos grave, Rodríguez Bucio mencionó el caso del Juez Luis Joel Escalante Pavía calificó de ilegal la detención de 7 personas, presuntas generadoras de violencia en Tabasco, y con ello declaró nulos los actos de investigación recabados con motivo de la detención y ordeno la inmediata libertad de todos los detenidos por violación a sus derechos fundamentales.
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