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Cientos de legisladores federales y locales solicitaron este martes 11 de abril al presidente de Estados Unidos, Joe Biden y al Congreso de ese país que retiren los cargos contra Julian Assange, y de esta manera finalizar los procedimientos de extradición en curso.
“Nos unimos al llamado para la liberación inmediata de Assange, hecho por organizaciones internacionales en las Naciones Unidas, Amnistía Internacional, otros defensores de los derechos humanos y asociaciones legales, médicas”.
Mediante una carta entregada a la embajada de Estados Unidos en México, los legisladores apoyaron el acuerdo del Consejo de Europa, “que considera que el trato a Assange se encuentra entre las amenazas más graves a la libertad de expresión, y con el Parlamento de la Unión Europea y los parlamentarios de todo el mundo, que se oponen a la extradición y expresan su preocupación por las violaciones de los principios fundamentales de Assange, derechos humanos, civiles y políticos”.
Asimismo, senadores y diputados reiteraron que “a una voz pública cada vez mayor en la sociedad civil, las organizaciones de derechos humanos, los grupos de prensa y la clase política y judicial que proclaman que se debe detener la persecución de Assange”.
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La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer que ejerció acción penal contra el director del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, así como con el titular de Verificación Migratoria, Antonio Molina Díaz, por el delito de ejercicio indebido del servicio público, debido a las omisiones en que incurrieron como directivos de ese órgano propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes en el centro migratorio de Ciudad Juárez en donde fallecieron 40 personas.
Al igual que los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se ya se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas del incendio.
“Es importante señalar que el INM es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional. Y, en razón de ello, la FGR ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada”, señaló.

De igual manera, se indicó que como parte de la investigación de antecedentes, “se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos”.
Los delitos que se cometieron en contra de 65 migrantes, 40 por homicidio y 25 por lesiones, en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez, Chihuahua, la noche del 27 de marzo, fueron investigados de inmediato por la FGR, obteniendo órdenes de aprehensión y vinculaciones a proceso en contra de 5 personas; 3 de las cuales son servidores públicos del Instituto Nacional de Migración (INM); una que es personal de la empresa de seguridad privada que ahí operaba; y una persona que inició el fuego; todas ellas ya están en prisión.
Con las pruebas ahí obtenidas, se ha logrado continuar la investigación para determinar las responsabilidades penales de toda la estructura vinculada con esos delitos, tanto dentro del INM, como de la empresa de seguridad privada ya referida.
Es importante señalar que el INM es un órgano administrativo desconcentrado, cuyo objeto es la ejecución, control y supervisión de todas las políticas migratorias en el ámbito nacional. Y, en razón de ello, la FGR ha investigado dos líneas paralelas de información; la primera, dentro de dicho órgano desconcentrado; y la segunda, en el ámbito de la empresa de seguridad privada señalada.
En la investigación de antecedentes, se encontró que, el 31 de marzo de 2020, se dio en otro centro migratorio del INM, en Tenosique, Tabasco, un caso semejante, dando como resultado una persona muerta y 14 lesionados. Lo cual generó una recomendación de la CNDH, que indica un patrón de conducta en el que se han omitido, por parte de los responsables, las medidas de seguridad que eran indispensables y obligatorias para estos casos.
Los dictámenes de la Auditoría Superior de la Federación de los últimos años vuelven a señalar, con toda claridad, las faltas y omisiones que en el INM se siguen cometiendo; e indican un patrón de irresponsabilidad y de omisiones que se ha reiterado y que ha sido el causante de estos lamentables hechos ya señalados.
Por todo ello, se ha procedido penalmente en contra de los directivos del INM, Francisco “N” y Antonio “N”, quienes incurrieron en presuntas conductas delictivas, al incumplir con sus obligaciones de vigilar, proteger y dar seguridad a las personas e instalaciones a su cargo, propiciando los delitos cometidos en contra de los migrantes (artículo 214, fracción VI, Código Penal Federal).
Asimismo, se ha procedido penalmente contra los servidores públicos Salvador “N”, Juan “N”, Cecilia “N” y Eduardo “N”, que se encuentran vinculados directamente con las conductas que generaron los homicidios y las lesiones que sufrieron las víctimas de estos delitos.
Por lo que toca a la empresa de seguridad privada y al propio INM, ambas partes suscribieron contratos por adjudicación directa, omitiendo sus obligaciones de licitación pública y generando costos del doble de lo que en el sector público se paga por esos mismos servicios.
También omitieron el cumplimiento de sus obligaciones de capacitación, control y supervisión que eran obligatorias; y, más aún, se ha evidenciado que la empresa se abstuvo de registrar en el IMSS a la inmensa mayoría de sus dependientes, lo cual trató de hacer días después de los hechos señalados.
Toda esta serie de conductas ilegales y omisas fueron evidentemente elementos fundamentales que propiciaron la comisión de los delitos de referencia; por lo que la investigación continuará sobre esos aspectos, hasta lograr la vinculación a proceso de quienes sean responsables de tales hechos.
La FGR continuará informando lo que legalmente proceda.
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Mediante la plataforma change.org, miles de ciudadanos de México exigen la renuncia de la ministra Norma Piña de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), petición que ha recaudado hasta el momento 72,654 firmas en la página web, demostrando la negativa que siente la población por las series de decisiones que ha tomado debido a que estas han favorecido a criminales y políticos corruptos.
La petición fue lanzada por un usuario de nombre Elvie Joon desde hace tres semanas y escribió lo siguiente en su solicitud:

¿Porque antes de la salida del ministro Saldivar los jueces no se atrevieron a:
“Jueces que hoy son protegidos por la presidenta de la SCJN“.
Entre los miles de comentarios que se pueden leer dentro del portal destacan los siguientes: “Nos merecemos un Poder Judicial honesto”, “No es honesta” y “La ministra Norma piña, es una enemiga del pueblo de México”.
Si quieres firmar está petición puedes hacerlo dando clic aquí.
Más información en:
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Este martes 11 de abril, la presidenta designada en Perú, Dina Boluarte, reclamó mediante un comunicado la Presidencia ‘pro tempore’ de la Alianza del Pacífico a las cancillerías de México, Colombia y Chile, donde planteó realizar una consulta al respecto y amenazó a nuestro país que de no formalizar el traspaso “acarrearía responsabilidad internacional”.
“En la fecha, el Gobierno del Perú ha planteado la realización de consultas entre todas las partes del acuerdo marco de la Alianza del Pacífico a fin de llevar a cabo el traspaso de la Presidencia Pro Tempore al Perú, sin mayores dilaciones”, señaló la Cancillería peruana en un comunicado.

Asimismo, indicaron que “el inclumplimiento de una obligación internacional por parte de un Estado, como es rehusarse a traspasar la Presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, acarrearía responsabilidad internacional para dicho Estado”.
Finalmente, indicaron que el gobierno de Dina Boluarte “no renunciará a mantener viva la Alianza del Pacífico y ejercer su Presidencia Pro Tempore, la que le corresponde de conformidad con el derecho internacional”.
El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer durante la mañanera del pasado 29 de marzo que se reuniría con los presidentes de Chile, Colombia y otros países para hablar sobre la situación que se vive en Perú.
“Vamos a tener una video conferencia con el presidente de Chile, con el presidente de Colombia y con otros presidentes, pero yo voy a aprovechar para hacerles un planteamiento a ver si llegamos a un acuerdo […] para ver que hacemos”, dijo el presidente López Obrador.
Asimismo, el presidente aseveró que el sostiene que el presidente del país sudamericano es Pedro Castillo, es el único y legitimo.
“Padeció de un golpe de estado, de quienes dominan en el Perú, la llamada clase política de Perú, defensora de intereses económicos, con un añadido que es el que más me indigna, me molesta, no aceptan a Pedro Castillo porque es serrano, porque es indígena, es lamentable que esto siga sucediendo en estos tiempos en el mundo, así fue también lo de Bolivia”, expresó el presidente López Obrador.
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Este martes 11 de abril, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular una reforma constitucional para reducir la edad mínima para ocupar los cargos de diputado o diputada federal, senador o senadora de la República y secretario o secretaria de Estado.
Con 439 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones dieron luz verde a el dictamen que reforma los artículos 55 y 91 de la Constitución, el cual establece que la edad mínima para ser diputado pase de 21 a 18 años, y en el caso de Secretario de Estado pase de 30 a 25 años.
Las y los legisladores concordaron que la juventud “no es sinónimo de inexperiencia” y resaltaron que todos los jóvenes tienen el derecho a votar y ser votados.
Por su parte, la diputada de Morena, Andrea Chávez Treviño, reiteró la necesidad de reducir las edades para ocupar cargos públicos, debido a que considera que este requisito violaba el derecho de las juventudes a tener actividad política.
“No es posible que de las 500 diputadas y diputados que somos en este momento no seamos ni diez diputadas y diputados federales con menos de 30 años, estamos excluyendo a casi el 30% de la población mexicana por un elemento discriminatorio que no tiene razón científica ni argumentación lógica”, sostuvo la legisladora morenista durante la discusión del dictamen.
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De acuerdo a encuestas realizadas en la capital del país, el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) mantiene una amplia ventaja al ubicarse entre 10 y 20 puntos arriba de la oposición rumbo a la elección para la Jefatura de Gobierno el próximo 2024.
El presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, junto al presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, destacaron durante una conferencia de prensa que en la capital del país se trabaja en conjunto de cara a las siguientes elecciones.
“La Ciudad de México es el corazón de Morena, de aquí surge el obradorismo a partir de que el hoy presidente de la República es jefe de Gobierno. Rumbo al 2024, la Ciudad de México debe ratificar su condición de bastión obradorista para impulsar que esta transformación nos dure muchos años, es decir, la Ciudad de México debe estar lista, debe estar organizada para contribuir con una buena cantidad de votos al próximo candidato o próxima candidata presidencial”, comentó Delgado Carrillo.

Asimismo, reiteraron que durante el pasado mes de marzo se realizó una gira por las 16 alcaldías con el fin de conformar Comités de Defensa de la Cuarta Transformación en toda la Ciudad, donde lograron sumar más de 8 mil comités de base que están integrados por personas entusiastas y comprometidas con el cambio.
“Esto es inédito, histórico en la organización de Morena en la Ciudad de México; en la Ciudad de México hay 5 mil 553 secciones electorales y nosotros tenemos 8 mil comités, es decir, hay secciones en donde hay más de un comité de Morena, de ciudadanos, de hombres y mujeres libres que quieren defender la transformación. Esta organización no la tiene nadie en la Ciudad, nuestro Movimiento es un Movimiento de masas, de cientos de miles de ciudadanos que quieren contribuir a la transformación”, explicó Sebastián Ramírez.

De igual manera, indicaron que cada vez son más las personas que están buscando la verdadera transformación, por ello, dijeron, el proceso de organización será diferente e innovador.
“La Ciudad de México es prioridad para el partido, por eso nos estamos organizando desde ahora para convertirnos en promotores de la transformación, en movilizadores de la transformación porque sabemos que aquí la derecha invierte muchos recursos, mal informa a la gente e incita al odio”, sostuvo Mario Delgado.
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Este martes, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Shienbaum en compañía con la titular de la SSCP, Rosa Icela, encabezó la Primera Reunión de Seguridad Regional de la Zona Centro 2023 de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública.
La extorsión en la modalidad conocida como “gota a gota”, es uno de los principales delitos contra los que se busca fortalecer la estrategia, por lo que realizarán mesas de trabajo para tal efecto.
Asimismo, acordaron el intercambio de información para la detención de generadores de violencia en la región.
“Hemos acordado mucha coordinación con los estados de la región centro, se fortalece y además una reunión mucho más permanente para conocer las buenas prácticas de las entidades de la República y avanzar en la construcción de la paz de la región centro”, señaló la titular del ejecutivo local en conferencia de prensa.
Durante el encuentro, hubo un intercambio de experiencias exitosas en el combate contra el delito y Sheinbaum no descartó tomar algunas, sobre todo las relacionadas con violencia de género.
A través de sus redes sociales, Claudia Sheinbaum agradeció a Rosa Icela por invitarla a dicho encuentro y resaltó la importancia de ampliar la coordinación entre las entidades.
Por su parte, la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, a través de twitter, dijo que durante el encuentro intercambiaron experiencias de seguridad y buscarán estrategias para trabajar con la Coordinación Nacional Antisecuestro del Gobierno de México (CONASE) en el combate de la extorsión.
Cabe agregar que en la reunión participaron los secretarios de Seguridad de los estados de México, Tlaxcala, Morelos, Hidalgo, Guerrero, Puebla y de la Ciudad de México.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarar inconstitucional el traslado de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en un proyecto que se discutirá la semana próxima.
En su punto principal, la propuesta plantea invalidar el artículo 29, fracción XVI, fracción IV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), que faculta a la Sedena a “ejercer el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que defina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana” (SSPC).

“La actuación militar en tareas de seguridad pública debe ser estrictamente excepcional. En este sentido, el artículo 129 constitucional reza que, en tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar y, en ese sentido, por regla general, ninguna autoridad militar puede inmiscuirse en labores de seguridad pública que la Constitución Federal consagra, en exclusiva, a autoridades civiles. Sólo ante una habilitación constitucional o bien, derivada de la activación del procedimiento de restricción o suspensión de los derechos y las garantías previsto en el artículo 29 constitucional, la Fuerza Armada permanente puede colaborar en labores de seguridad pública, atendiendo a las salvaguardas ya mencionadas”, señala el proyecto del ministro González.
En consecuencia, también se propone invalidar el artículo 14 fracción III de la Ley de la Guardia Nacional, que establece que el Comisario General de esta corporación sería nombrado a propuesta del titular de la Sedena.
“Para tal efecto, en tiempos de paz, la actuación de la Fuerza Armada permanente en labores de seguridad pública está vedada por los artículos 21 y 129 constitucionales, salvo cuando exista una habilitación en la propia Constitución Federal o bien, se active el proceso previsto en el artículo 29 del mismo ordenamiento”, añade la propuesta.

El proyecto del ministro González ya aparece en el número 8 de la lista para discusión del pleno, por lo que podría ponerse a votación la próxima semana.
Será necesaria una votación de los once ministros, para que estas reformas a la GN sean invalidadas.

Al frente del gobierno de Michoacán, el perredista Silvano Aureoles dejó pendiente de comprobar 13 mil 679 millones de pesos del erario nacional en 2021.
Informes de fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación revelaron que otro gobierno que omitió presentar comprobantes del gasto federalizado fue el de Durango: en 2021, la gestión del panista José Rosas Aispuro dejó sin aclarar 8 mil 20 millones de pesos
Con 1 mil 668 auditorías, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) dio cuenta de los resultados de la fiscalización correspondiente al ejercicio 2021 sobre gasto federalizado y su impacto económico sobre las finanzas públicas del país. Esto arrojó una cifra multimillonaria de 52 mil 211 millones 900 mil pesos que debe ser aclarada por gobiernos estatales, municipales, organismos públicos descentralizados locales, etc.

De ese gasto sin aclarar que rebasa los 52 mil millones de pesos, el 80 por ciento corresponde a gobiernos estatales, los cuales son responsables de despilfarrar recursos públicos sin comprobar, por lo que el amplio informe de la ASF, órgano dependiente del Congreso de la Unión, les demanda explicar el gasto y destino de 40 mil 968 millones de pesos.
De las entidades más opacas y corruptas destaca Michoacán: durante el último año de gobierno del perredista Silvano Aureoles Conejo (2021) –quien además tiene investigaciones federales y locales por corrupción, desvío de recursos públicos, asociación delictiva y hasta lavado de dinero–dejó de comprobar 13 mil 679 millones de pesos sólo en un año, que corresponde al 31.5 por ciento del total de aclaraciones que tienen que hacer las 32 entidades federativas de la República.
El segundo con mayores problemas de comprobación del gasto federalizado fue Durango, durante la gestión del panista José Rosas Aispuro, quien en 2021 dejó sin aclarar 8 mil 20 millones de pesos, que representa el 18.5 por ciento del total de aclaraciones que demanda la ASF a los estados.

Es decir, sólo esos dos gobiernos estatales, el del michoacano Silvano Aureoles y el duranguense Rosas Aispuro no pudieron comprobar 21 mil 699 millones de pesos en 2021, pero si se suman los otros cinco años de gobierno de cada uno de los dos exmandatarios estatales, las cifras sin aclarar rebasarían los 100 mil millones de pesos.
Michoacán y Durango concentran entonces el 50 por ciento del gasto federalizado no aclarado de todos los estados del país, por lo que se abre la inquietud para conocer el monto total que pudo ser desviado en los gobiernos de Silvano Aureoles y Rosas Aispuro, además de la exigencia de que se les abran las investigaciones penales respetivas.
Otro estado con problemas de aclaraciones a la fiscalización de la Auditoría Superior es Coahuila, gobernado por el priísta, quien del gasto del presupuesto federal correspondiente a 2021 debe aclarar el destino de 2 mil 510 millones 900 mil pesos, equivalentes al 7.8 por ciento de todo el gasto que falta por comprobar en las entidades publicas.

Otros estados con aclaraciones pendientes del gasto federalizado correspondiente al ejercicio de 2021 son, en orden progresivo, Nayarit con un monto de 2 mil 119 millones 900 mil pesos en el último año de gobierno correspondiente al panista Antonio Echevarría García; Nuevo León, gobernado en ese año por el priísta Jaime Rodríguez Calderón, alías el Bronco, quien además de que estuvo preso por supuestos desvíos de recursos públicos, le faltó aclarar 1 mil 881 millones 400 mil pesos.
En la lista de los 32 estados, Baja California Sur ocupa el séptimo lugar: debe aclarar el gasto de 1 mil 791 millones 700 mil pesos correspondientes al último año de ejercicio del panista Carlos Mendoza Davis; la octava posición fue para Colima, gobernado hasta 2021 por el priista José Ignacio Peralta, quien dejó la administración del estado sin aclarar el destino de 1 mil 618 millones 100 mil pesos.