La presidenta defiende que la consulta ciudadana no genera ventajas electorales y acusa falta de argumentos para bloquear su aplicación conjunta.
La presidenta Claudia Sheinbaum lamentó que el llamado “Plan B” electoral fuera aprobado sin incluir el adelanto de la revocación de mandato para que coincidiera con elecciones intermedias, al considerar que esta decisión no beneficia al país ni fortalece la participación ciudadana.
Durante la Mañanera del Pueblo, la mandataria explicó que, si bien la reforma mantiene aspectos relevantes como la reducción de gastos en organismos electorales, también dejó fuera un punto clave de su propuesta. “¿Qué problema tiene que coincida? Ninguno”, cuestionó, al señalar que no existieron argumentos sólidos para rechazar la medida.
Sheinbaum destacó que entre los avances del plan aprobado se encuentra la disminución de privilegios en instituciones electorales y congresos locales, incluyendo la obligación de que consejeros ganen menos que la titular del Ejecutivo, así como la eliminación de seguros de gastos médicos mayores y otros beneficios que calificó como excesivos.
Asimismo, subrayó que la reforma busca reducir el número de regidores en municipios, con el objetivo de optimizar recursos públicos y evitar el uso innecesario del erario en estructuras burocráticas.
En otro tema, la presidenta se refirió al futuro de la alianza entre Morena, Partido Verde y Partido del Trabajo, señalando que será decisión de los propios partidos definir su continuidad, aunque reconoció que esta coalición ha sido clave para aprobar reformas estructurales, como la del Poder Judicial, la Guardia Nacional y el sector energético.
Finalmente, Sheinbaum rechazó el argumento de que empatar la revocación con elecciones favorecería a un partido político, al insistir en que se trata de un mecanismo democrático solicitado por la ciudadanía, y no de una estrategia electoral.
El programa busca renovar más de 1.2 millones de unidades y proteger 200 mil empleos en la industria del autotransporte.
El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, presentó el Programa de Atención Inmediata para la Protección de la Industria de Vehículos Pesados, una estrategia impulsada durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de fortalecer y modernizar el autotransporte en México.
Desde Palacio Nacional, el funcionario explicó que el plan contempla la renovación de autobuses, camiones y tractocamiones en todo el país, con una inversión de 2 mil millones de pesos en incentivos fiscales y 250 millones de pesos adicionales para financiamiento, lo que permitirá actualizar hasta 1.2 millones de unidades.
Uno de los puntos clave del programa es la deducibilidad acelerada de impuestos, ya que la compra de nuevos vehículos podrá deducirse en un solo año, en lugar de los cuatro años actuales, conforme a lineamientos del Plan México, lo que busca detonar la inversión en el sector.
Ebrard subrayó que esta estrategia tiene como ejes centrales la protección de más de 200 mil empleos, la reducción de emisiones contaminantes y la modernización del parque vehicular, considerado fundamental para la competitividad económica del país.
En materia de seguridad, anunció que se impulsará una actualización de la Norma Mexicana, debido a que estos vehículos están involucrados en alrededor de 30 mil accidentes al año, por lo que se prevén medidas técnicas más estrictas para disminuir riesgos en carreteras.
Por su parte, la industria respaldó la iniciativa al señalar que la flota actual tiene una antigüedad promedio de 19 años, lo que vuelve urgente su renovación. Además, se destacó que el autotransporte mueve el 80% de las mercancías en México, consolidándose como columna vertebral de la economía, mientras que Claudia Sheinbaum enfatizó que el programa está dirigido principalmente a pequeños y medianos transportistas, quienes no cuentan con ciclos constantes de renovación.
El país es el segundo en América Latina en pedidos a domicilio, pero el modelo genera hasta 300 mil toneladas de basura al año.
El consumo de comida a domicilio en México ha crecido de forma sostenida en los últimos años, impulsado por la amplia oferta disponible y precios accesibles. Actualmente, el país se posiciona como el segundo en América Latina en uso de servicios de delivery y, según estimaciones de Statista para 2024, el gasto anual en este sector alcanzó los 45 mil 110 millones de pesos.
Sin embargo, este crecimiento ha traído consigo un impacto ambiental significativo. Para 2025 se estimaron alrededor de 300 mil toneladas de residuos plásticos generados por este tipo de consumo, de los cuales únicamente el 10 % puede reciclarse. Gran parte de estos desechos proviene de envases y empaques de un solo uso, incluyendo recipientes de unicel, uno de los materiales más utilizados en la industria.
De acuerdo con WWF México, el unicel es uno de los plásticos más problemáticos del país debido a que no es biodegradable ni compostable, y puede permanecer en el ambiente hasta mil años. Además, su disposición inadecuada contribuye a la contaminación de cuerpos de agua, mientras que su quema genera gases de efecto invernadero. Este material también representa riesgos para la salud, ya que contiene estireno, una sustancia considerada potencialmente cancerígena al ser calentada.
A este impacto se suma la contaminación derivada de la logística de reparto. El uso constante de motocicletas y automóviles para entregas a domicilio genera emisiones de CO2 que contribuyen a la contaminación urbana. Especialistas advierten que su costo ambiental es considerable y plantean la necesidad de adoptar alternativas más sostenibles.
Autoridades advierten multas de hasta 47 mil pesos y llaman a concesionarios a no caer en esquemas ilegales que ponen en riesgo su permiso.
La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) lanzó una advertencia clara: los taxis concesionados no tienen autorización para integrarse a plataformas digitales diseñadas para vehículos particulares, como Uber, por lo que cualquier intento de operación en estos esquemas es ilegal.
La dependencia capitalina informó que no existe marco normativo vigente ni acuerdo oficial que permita este tipo de integración, pese a la reciente difusión de campañas dirigidas a taxistas para sumarse a aplicaciones. Ante ello, pidió a los concesionarios evitar estos procesos para no comprometer su situación legal.
Semovi alertó que estos esquemas representan un riesgo operativo y jurídico, ya que podrían derivar en sanciones severas. En ese sentido, anunció que reforzará la supervisión y aplicará multas de hasta 400 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalentes a cerca de 47 mil pesos.
Además, la autoridad detectó una estrategia de promoción por parte de plataformas digitales, que buscan incorporar a taxistas concesionados sin respaldo legal. Esta práctica, subrayó, no cuenta con autorización y podría afectar directamente los permisos otorgados por el gobierno capitalino.
La Semovi insistió en que el servicio de taxi concesionado y el de aplicaciones operan bajo esquemas distintos, por lo que su mezcla sin regulación vulnera las reglas actuales del transporte en la Ciudad de México.
Finalmente, el llamado fue contundente: no incorporarse a plataformas sin regulación y mantenerse dentro de la normatividad vigente para evitar sanciones y la posible pérdida de concesiones.
La ASF apuesta por una reingeniería interna sin aumentar presupuesto, enfocada en fortalecer la fiscalización y acercarse a la ciudadanía.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) anunció una “reestructuración profunda” que contempla recorte de personal, reducción de salarios y eliminación de mandos medios y superiores, como parte de un plan para modernizar la fiscalización del gasto público en México.
Durante una reunión con comisiones de la Cámara de Diputados, el titular del órgano, Aureliano Hernández Palacios, detalló que esta transformación busca optimizar recursos, mejorar procesos y fortalecer la capacidad técnica de la institución sin incrementar su presupuesto.
El proyecto incluye una homologación salarial, así como una reorganización interna que prioriza el fortalecimiento de áreas operativas sobre la burocracia. Además, se prevé la transición hacia auditorías especializadas, con el objetivo de hacer más eficiente la revisión del uso de recursos públicos.
Entre las medidas clave destaca la creación de una Unidad de Atención Ciudadana y la implementación de herramientas de inteligencia de fiscalización, que permitirán detectar irregularidades, sobrecostos y posibles desvíos mediante análisis de datos y tecnología avanzada.
La ASF también planea digitalizar sus procesos y desarrollar indicadores más precisos para medir el desempeño del gasto público, reduciendo la discrecionalidad y fortaleciendo la transparencia institucional en todo el país.
El auditor subrayó que esta estrategia no implica crecer la estructura, sino hacerla más eficiente: “no pedimos más recursos ni más burocracia”, afirmó, al tiempo que legisladores respaldaron el plan y coincidieron en la necesidad de reforzar la rendición de cuentas.
Legisladores acusan al alcalde Giovani Gutiérrez de financiar con dinero público un acto político y exigen a la Contraloría investigar posibles irregularidades.
Legisladores y concejales de Morena y el Partido del Trabajo (PT) presentaron una denuncia formal ante la Contraloría capitalina por uso indebido de recursos públicos durante un evento del PAN en la Alameda del Sur, en Coyoacán. La acción legal busca esclarecer el financiamiento y la logística del acto encabezado por Jorge Romero, así como la participación de funcionarios de la alcaldía en la movilización de asistentes.
De acuerdo con los denunciantes, entre ellos el diputado local Paulo García y el diputado federal Manuel Alejandro Robles, el evento habría sido respaldado con recursos públicos bajo la administración del alcalde Giovani Gutiérrez. Señalaron que existen evidencias de prácticas como entrega de dádivas, presión a ciudadanos y la supuesta obligación a trabajadores de la alcaldía para asistir al acto político.
Los legisladores criticaron que este tipo de acciones ocurran en un contexto donde la demarcación enfrenta problemáticas como escasez de agua, acumulación de basura y la aparición de socavones. Afirmaron que existe inconformidad entre los habitantes de Coyoacán, quienes cuestionan el destino de los recursos públicos y demandan que estos se utilicen para atender necesidades prioritarias de la población.
Por su parte, concejales de Morena y PT exigieron a la Contraloría una investigación a fondo que permita deslindar responsabilidades y, en su caso, sancionar a los funcionarios involucrados. Subrayaron la importancia de garantizar la transparencia en el uso del presupuesto y reiteraron que el ejercicio de gobierno debe centrarse en resolver los problemas ciudadanos, evitando prácticas que, señalaron, vulneran la confianza pública.
La pieza, considerada patrimonio nacional, fue retirada de la subasta españa de Templum Fine Art Auctions.
La casa Templum Fine Art Auctions retiró de una subasta realizada este miércoles en Barcelona una máscara atribuida a la cultura maya, parte del patrimonio cultural de México, luego de que el gobierno mexicano solicitara formalmente detener su venta.
Se trataba de una máscara, catalogada como lote 823 dentro de la Gran subasta de primavera de obras de grandes maestros, bellas artes y joyería, no obstante, la empresa española eliminó la pieza de su catálogo en línea tras la solicitud.
La petición oficial se dio en una carta firmada por la secretaria de Cultura, Claudia Curiel, en la que se expresó la “desaprobación y rechazo” a la comercialización de bienes arqueológicos mexicanos fuera del país, al considerar que forman parte del patrimonio histórico y cultural de la nación.
De acuerdo con un dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la pieza es propiedad de la Nación, con carácter inalienable e imprescriptible. Además, subrayó que su exportación está prohibida desde 1827, por lo que su presencia fuera del territorio nacional se atribuye a una extracción ilícita, lo que refuerza la postura del gobierno mexicano en la defensa de su patrimonio.
El máximo tribunal dio 60 días para reclamar documentos antes de su eliminación, garantizando que se conserven solo archivos con valor jurídico, social o histórico.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) informó que 14 mil 273 expedientes de juicios de amparo, correspondientes al periodo de 1995 a 2011, podrían ser destruidos como parte de un proceso de depuración documental. Ante ello, el Alto Tribunal llamó a las partes involucradas a reclamar sus documentos en un plazo máximo de 60 días.
De acuerdo con el Aviso 1-2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación, la medida aplicará únicamente a archivos que no cuenten con valor histórico, jurídico o social, y que hayan sido previamente evaluados. Quedan excluidos de esta disposición aquellos expedientes relacionados con derechos humanos, seguridad nacional o criterios obligatorios.
La Corte detalló que la lista de expedientes susceptibles de baja será difundida durante 30 días naturales en su portal oficial. En ese periodo, las personas con interés jurídico podrán iniciar el trámite para recuperar documentos originales, siempre que acrediten su vínculo con los casos correspondientes.
Para realizar la solicitud, los interesados deberán acudir al Archivo Central del máximo tribunal, ubicado en el Centro Histórico de la Ciudad de México, o bien enviar una petición vía correo electrónico con los datos del expediente. Posteriormente, deberán formalizar el trámite ante la instancia correspondiente.
La SCJN advirtió que, una vez publicada la lista, los solicitantes contarán con un plazo adicional de 60 días naturales para completar el proceso. En caso de no hacerlo, los documentos serán eliminados de forma definitiva, conforme al Acuerdo General 8/2019 que regula la conservación de archivos judiciales.
Este proceso busca optimizar el resguardo documental y garantizar que los archivos judiciales relevantes se conserven, al tiempo que se eliminan aquellos sin valor, bajo criterios técnicos y legales establecidos por el máximo tribunal del país.
Con 123 votos a favor, la ONU reconoció la esclavitud africana como crimen de lesa humanidad, mientras Estados Unidos, Argentina e Israel votaron en contra y varios países europeos, históricamente implicados, optaron por abstenerse.
La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó, con 123 votos a favor, la resolución que califica la esclavitud africana como “el crimen de lesa humanidad más grave” de la historia. Sin embargo, Argentina, Israel y Estados Unidos votaron directamente en contra, mientras que hubo 52 abstenciones, donde se encuentran gran parte de los países históricamente implicados en la esclavitud.
La iniciativa fue presentada por 60 países africanos, caribeños y latinoamericanos, y la votación se dio este miércoles, en el marco del Día Internacional de Rememoración de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos; y los 25 años de la Declaración y Programa de Acción de Durban, que proclama la esclavitud de personas africanas como “injusticia inhumana”, pues se trató de un sistema de explotación que se prolongó durante más de cuatro siglos y afectó a millones, donde a día de hoy se pueden ver sus consecuencias, como el racismo.
🔴 La Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que califica la trata de esclavos y la esclavitud como "el crimen de lesa humanidad más grave" de la historia.
A favor: 123 En contra: 3 (Argentina, Estados Unidos, Israel) Abstenciones: 52 pic.twitter.com/KSGJpROvlg
La esclavitud de africanos no fue un accidente histórico ni una simple respuesta a la demanda de mano de obra, fue un sistema consciente, construido sobre una jerarquía racial que colocó a las personas negras, por su color de piel, al final.
A partir del siglo XV, las grandes potencias europeas convirtieron cuerpos africanos en mercancía, articulando una economía global cuyo crecimiento dependió directamente del sufrimiento y la violencia normalizada. Un sistema que se consolidó a través del llamado comercio triangular, entre Europa, África y América.
Según datos de la ONU, fueron hasta 15 millones los africanos que fueron arrancados de sus territorios, sometidos a condiciones brutales y forzados a trabajar en plantaciones, minas y con particulares.
La bodega de un buque negrero, representada por el pintor alemán Johann Moritz Rugendas
Entre los países implicados en la esclavitud africana están Portugal, que encabezó el proceso y mantuvo durante siglos el control del tráfico hacia Brasil; España, que utilizó el sistema para abastecer sus colonias; Inglaterra, que se convirtió en el mayor transportista de esclavos en el siglo XVIII; Francia, que desarrolló economías esclavistas en Haití y otras colonias; y Países Bajos, que participaron activamente mediante sus compañías comerciales.
A estos se suman Dinamarca, que operó en el Caribe; Estados Unidos, que heredó y expandió el sistema esclavista tras su independencia; y Bélgica, cuyo dominio en el Congo implicó formas extremas de explotación forzada, aunque claro, otros actores internacionales formaron parte del sistema.
No obstante, la votación de la ONU, dejo en claro que estos países se muestran reacios de aceptar su pasado y la deuda histórica que mantienen no sólo con los africanos, sino con la humanidad y los derechos humanos, pues además de las votaciones en contra, en especial de Estados Unidos, cuyo sistema condonó por muchos años la esclavitud en su territorio, fueron los países europeos, quienes hicieron uso de la abstención, una forma pasiva de mostrarse en contra.
Entre las abstenciones, se encuentran las naciones antes mencionadas, que fueron potencia en la esclavitud. Esta es la lista de los países que se abstuvieron: Albania, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Bélgica, Bosnia, Bulgaria, Camboya, Canadá, Croacia, Chipre, Republica Checa, Dinamarca, Estonia, Fiji, Finlandia, Francia, Georgia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Japón, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburgo, Malta, Mónaco, Montenegro, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Omán, Palaos, Paraguay, Polonia, Portugal, Moldova, Rumania, San Marino, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia, Suiza, Ucrania y Reino Unido.
La sesión sobre la reforma electoral terminó en gritos, insultos y acusaciones de narco, obligando a la presidencia del Senado a intervenir para frenar el show.
La discusión del Plan B de la reforma electoral en el Senado se convirtió en un espectáculo luego de que los senadores Saúl Monreal y Lilly Téllez protagonizaran un enfrentamiento cargado de gritos y acusaciones.
Todo comenzó cuando el legislador de Morena tomó la palabra, pero fue interrumpido por la plurinominal panista, quien —sin presentar una sola prueba— lo acusó de tener nexos con el crimen organizado. Monreal, visiblemente molesto, frenó su intervención para responder y retar a Téllez a demostrar sus dichos en instancias legales. “Usted es una farsante”, le lanzó, evidenciando el nivel del debate.
Lejos de centrarse en la reforma electoral, la sesión degeneró en un intercambio de insultos. Téllez subió a tribuna para repetir sus señalamientos y gritar calificativos como “narcopolítico” y “asqueroso”, mientras grababa la escena, como si el Senado fuera set de redes sociales y no la máxima tribuna del país.
Ante el desorden, la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, tuvo que intervenir en múltiples ocasiones para pedir silencio y recordar el reglamento. Sin embargo, sus llamados fueron prácticamente ignorados por la senadora del PAN, que prefirió el escándalo antes que el debate serio.
Mientras tanto, Monreal insistía en exigir respeto y pedía que se le permitiera continuar, aunque su participación terminó marcada por interrupciones constantes y el ambiente enrarecido por la bancada panista. El resultado: una sesión descarrilada y un tema clave opacado por el circo político.
Así, mientras el país espera discusiones de altura sobre la reforma electoral, algunos legisladores parecen más interesados en montar shows mediáticos y lanzar acusaciones al aire, confirmando que para ciertos perfiles, el Senado no es espacio de debate… sino de espectáculo.
