El Estado mexicano acepta responsabilidad en el caso de Ernestina Ascencio, víctima indígena que sufrió agresiones por parte del Ejército en 2007.
En 2007, durante el mandato de Felipe Calderón y en medio de la “guerra contra el narco”, Ernestina Ascencio Rosario fue víctima de graves violaciones a sus derechos humanos. La mujer, una indígena náhuatl de 73 años de la Sierra de Zongolica, Veracruz, sufrió violación sexual y tortura a manos de soldados mexicanos, lo que le costó la vida.
El día de hoy, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notificó al gobierno mexicano sobre su fallo condenatorio. Según el tribunal, el Estado no garantizó atención médica oportuna ni realizó una investigación adecuada. Tanto la Secretaría de Relaciones Exteriores como la de Gobernación anunciaron que revisarán la sentencia para cumplir con sus obligaciones.
Los hechos ocurrieron el 25 de febrero de 2007. En ese entonces, el gobierno de Calderón negó la relación entre las agresiones y el fallecimiento de Ernestina. Insistieron en que murió por una “gastritis crónica”. Esta versión también fue apoyada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Sin justicia en México, diversos colectivos decidieron llevar el caso ante la Corte Internacional.
Durante la audiencia realizada en Costa Rica, el gobierno mexicano aceptó su responsabilidad en las violaciones de los derechos humanos de Ernestina. Reconocieron que no solo la víctima, sino también su familia, fueron injustamente tratados. Prometieron ahora trabajar con una perspectiva de género y enfoque interseccional para que estos hechos no se repitan.
Este caso reaviva el compromiso del Estado mexicano en combatir la violencia hacia las mujeres y proteger los derechos de los pueblos indígenas. Ernestina Ascencio Rosario no debió partir de esta forma, y su legado debería ser un llamado a la justicia y el respeto.
