Desde la Batalla de Puebla, la presidenta lanza mensaje directo contra la derecha internacional y defiende la soberanía de México
La presidenta Claudia Sheinbaum respondió con firmeza a la visita y las declaraciones de la ultraderechista Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, quien recientemente reivindicó la Conquista y la figura de Hernán Cortés durante su paso por México. Desde Puebla, la mandataria fue contundente: “quienes buscan reivindicar a Cortés y sus atrocidades están destinados a la derrota”.
En el marco del 164 aniversario de la Batalla de Puebla, Sheinbaum aprovechó el simbolismo histórico para enviar un mensaje político directo, en medio de tensiones internacionales. Sin mencionarla por nombre, la presidenta dejó claro que su postura responde a los dichos de Ayuso, que fueron interpretados por el oficialismo como una provocación y un intento de reescribir la historia.
La mandataria no solo criticó la visión colonialista, sino que también mandó un mensaje a sectores conservadores dentro y fuera del país que, dijo, buscan respaldo extranjero. “Quienes piden intervención externa porque no tienen apoyo popular, también están destinados a la derrota”, afirmó ante miles de asistentes y mandos militares.
El discurso ocurre en un contexto marcado por presiones de Estados Unidos, incluyendo señalamientos contra funcionarios mexicanos y reportes sobre operaciones de agencias extranjeras en territorio nacional. Para el gobierno federal, estos hechos forman parte de una narrativa de injerencia externa que debe ser rechazada.
Sheinbaum reiteró que México no aceptará subordinación y que la defensa de la soberanía es un principio innegociable. Recordó que la historia del país, desde la resistencia en Puebla hasta otros episodios, demuestra que el pueblo mexicano rechaza cualquier forma de intervención extranjera.
El posicionamiento de la presidenta marca un nuevo capítulo en la tensión política con actores internacionales y refuerza el discurso del gobierno federal frente a críticas externas, en un momento clave para la agenda nacional.
Felifer Macías dilapida 35 mdp en gradas y pasto sintético para “rehabilitar” un campo de béisbol y, antes, el alcalde panista de Querétaro otorgó un contrato por 4.5 millones de pesos para pintar y poner focos en 250 metros de calle.
Por Neri Torres
El alcalde panista de Querétaro, Felipe Fernando Macías, presume como un logro la “rehabilitación” de la Deportiva Josefa Ortiz de Domínguez, ubicada en Villas del Sol.
De acuerdo con el edil, estas acciones forman parte de sus compromisos para recuperar espacios destinados al deporte y la convivencia social. Sin embargo, detrás del discurso oficial se asoman serias contradicciones, particularmente en el gasto destinado a obras que, en apariencia, resultan limitadas: la construcción de gradas y la colocación de pasto sintético en el campo de béisbol.
Para dimensionar la situación, vale la pena revisar antecedentes.
En 2018, durante la administración del entonces alcalde Marcos Aguilar Vega, se destinaron poco más de 3 millones de pesos para la rehabilitación integral de la misma unidad deportiva. Aquellas obras incluyeron mejoras en la pista de trote, instalación de enrejado, construcción de rampas y pisos de concreto, reubicación de luminarias y cercado perimetral.
Además, se intervinieron canchas de frontón con nueva techumbre, se instalaron alumbrados en andadores, se rehabilitaron baños, juegos infantiles y gimnasio, y se pintaron diversas áreas.
También se balizaron canchas de básquetbol, tenis y frontón, y se colocó pasto natural en el campo de vóleibol.
La pregunta es: ¿cómo fue que un conjunto más amplio de mejoras costó 3 millones de pesos? Y es que, si hacemos la comparativa, estamos hablando de un incremento del 1,066 por ciento.
¿Gradas y pasto sintético por 35 millones? ¡Es un robo!, asegura un grupo de vecinos.
Al revisar el contrato SOP/2025-0059/9, podemos observar que tres empresas fueron contratadas para la remodelación del campo de béisbol: Promociones y Desarrollo de Infraestructura S.A. de C.V., Grupo Corpbo S.A. de C.V., y Construcciones Acero, S.A. de C.V.
Curiosamente, Grupo Corpbo ya había sido beneficiada con un contrato de 5 millones 979 mil 749.71 pesos por instalar pasto sintético en una cancha de futbol, en la Unidad Deportiva Belén, en Lomas de San Pedrito Peñuelas.
Sin embargo, al contrastar cifras, las inconsistencias saltan a la vista.
Y es que el costo promedio del pasto sintético de alta calidad en Querétaro ronda los 289 pesos por metro cuadrado. En el caso de la Unidad Deportiva Belén, se sustituyeron mil 271 metros cuadrados, lo que arroja un costo aproximado de 367 mil 319 pesos.
La diferencia frente a los casi 6 millones reportados resulta imposible de justificar.
Por si fuera poco, en el informe de entrega de la obra, Felifer presume una inversión de 5.8 millones de pesos exclusivamente para la unidad deportiva, mientras que el contrato SOP/2025-008/4 detalla que el gasto correspondía únicamente al cambio de pasto. Y otra pregunta asoma con persistencia: ¿Cuál fue el destino real de los recursos?
Y no es el único escándalo que acecha al alcalde panista.
El gobierno de Felipe Fernando Macías enfrenta crecientes cuestionamientos por el manejo de recursos públicos.
Una investigación de Los Reporteros MX ha revelado, por ejemplo, un gasto superior a 4.5 millones de pesos en la rehabilitación de una calle de apenas 250 metros, en la colonia Reforma Agraria.
A esto hay que sumar que, de las 80 obras que prometió el presidente municipal de Querétaro, únicamente 48 han sido concluidas, y la mayoría de ellas de carácter menor. Lo que indigna al pueblo queretano es que, en esas pequeñas obras, se han dilapidado más de mil 200 millones de pesos.
Diferentes auditorías señalan posibles irregularidades. Y es que la mayoría de los contratos emitidos por la administración de Felifer Macías imperan las adjudicaciones directas, la falta de documentación y las obras inconclusas. Y todo ello, nos aseguran fuentes al interior del gobierno panista, sin importar que los pagos a proveedores han sido liquidados en su totalidad.
Lo cierto es que, a lo largo de su carrera, el actual alcalde blanquiazul —y que hoy aspira a la gubernatura de Querétaro— ha estado envuelto en diversas controversias, que van desde acusaciones de presuntos sobornos hasta críticas por gastos de campaña opacos y operativos municipales considerados excesivos.
Un historial que, lejos de disiparse, parece ampliarse con cada nueva obra bajo su administración.
La presidenta municipal Estefanía Mercado informó sobre la atención oportuna de incendios y exhortó a la población a evitar prácticas de riesgo ante el aumento de temperaturas.
El Gobierno de Playa del Carmen reportó que bomberos atendieron dos incendios en distintos puntos del municipio, uno en un área verde sobre el boulevard Playa del Carmen y otro en la colonia Los Pájaros, donde se afectó aproximadamente una hectárea. Ambos fueron controlados sin personas lesionadas gracias a la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia.
Ante las altas temperaturas, autoridades del Ayuntamiento de Playa del Carmen hicieron un llamado a la ciudadanía para evitar quemas de basura, fogatas y arrojar colillas de cigarro, acciones que pueden provocar incendios de rápida propagación en esta temporada.
El titular de Protección Civil, Darwin Covarrubias, subrayó que la prevención es clave y pidió a la población reportar cualquier conato de incendio de inmediato, destacando que una llamada oportuna puede marcar la diferencia para evitar daños mayores.
Un tribunal ratificó una pena de 13 años de prisión contra el legislador oficialista Erico Galeano, tras comprobarse su relación con operaciones de lavado de dinero ligadas al narcotráfico.
Un tribunal de apelación en Paraguay confirmó la condena contra el senador Erico Galeano, de 59 años, por su participación en delitos de lavado de dinero y asociación criminal. La sentencia, dictada inicialmente en marzo, quedó firme tras comprobarse que recibió recursos provenientes de actividades ilícitas.
De acuerdo con la investigación, Galeano habría mantenido vínculos con una red internacional de tráfico de cocaína encabezada por el narcotraficante Sebastián Marset. Además, utilizó estos recursos para beneficio personal, incluyendo operaciones financieras y la administración de un club de fútbol.
El caso ha generado presión política en el país, donde legisladores de oposición ya han solicitado su expulsión del Congreso. El fallo también expone presuntos movimientos irregulares, como la compra y venta de propiedades y el uso de aeronaves vinculadas al tráfico de drogas.
El trabajador fue denunciado por tocamientos sin consentimiento; ya está a disposición de la Fiscalía y el IMSS abrió investigación interna
Un nuevo caso sacude al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Un camillero del Hospital General de Zona 72, en Tlalnepantla, Estado de México, fue detenido por su presunta responsabilidad en un intento de abuso sexual contra una paciente hospitalizada, hecho que ya es investigado por autoridades.
De acuerdo con la denuncia presentada por un familiar, el trabajador identificado como Alfredo “N” habría realizado tocamientos sin consentimiento e intentado agredir sexualmente a la mujer dentro de la unidad médica. El caso generó indignación por tratarse de un entorno donde los pacientes deberían estar protegidos.
El IMSS Estado de México Oriente informó que ya se activaron los protocolos correspondientes y reiteró su disposición para colaborar con la Fiscalía estatal, además de brindar acompañamiento a la víctima durante el proceso legal.
Paralelamente, la institución abrió una investigación interna para deslindar responsabilidades y determinar posibles sanciones administrativas, mientras el presunto agresor fue puesto a disposición del Ministerio Público.
Hasta el momento, la Fiscalía del Estado de México mantiene abierta la carpeta de investigación para definir la situación jurídica del detenido en las próximas horas.
Desde que tomó protesta el 1 de diciembre de 2022, la administración del gobernador Salomón Jara Cruz, de Oaxaca, ha acumulado denuncias formales, escándalos mediáticos y una percepción ciudadana que lo ubicó entre los mandatarios más corruptos del país.
“Moches” y desvíos en la Secretaría de Fomento Agroalimentario (SEFADER)
El excoordinador del Programa de Agronegocios, Jesús Pacheco Arango, denunció ante la Presidencia de la República, la Fiscalía Anticorrupción y la Auditoría Superior de la Federación la existencia de esquema de “moches”, desvío de recursos, tráfico de influencias y prestanombres al interior de la SEFADER. De acuerdo a la denuncia (Carpeta 924-FEMCCO-2023), funcionarios de alto rango incitaban al personal técnico a exigir cuotas ilegales a los beneficiarios del programa.
Percepción ciudadana: entre los gobernadores más corruptos del país
En sus primeros ocho meses de gobierno,la aprobación de Jara se desplomó 10.7 puntos porcentuales, cayendo de 57.2% a 46.5% según las encuestadoras Varela y Asociados y C&E México. En agosto de 2023, el 77% de los oaxaqueños consultados lo consideró corrupto, ubicándolo en el cuarto lugar nacional en ese rubro. El Sistema Nacional Anticorrupción colocó a Oaxaca entre los once estados con más actos de corrupción del país, con 27 mil 484 casos por cada 100 mil habitantes, y señaló que el 55% de la población percibe que convive en un entorno donde se exigen o entregan dádivas para obtener servicios públicos.
Nepotismo: 20 familiares en la nómina del gobierno estatal
La Jornada documentó que al menos 20 parientes del gobernador —incluyendo un hermano, tres hijos, una nuera, un yerno y diez sobrinos— ocuparon cargos en los tres poderes del estado a lo largo de su administración. El gobernador también tomó el control del partido Morena en Oaxaca a través de su sobrino Emanuel Navarro Jara (presidente estatal del partido) y su hijo Shabin Jara Bolaños (secretario de Organización). Tras la presión de la presidenta Sheinbaum, Jara pidió la renuncia de 24 funcionarios de primer nivel en febrero de 2026, aunque críticos señalaron que “se cambió para seguir igual”.
Vínculos señalados con el crimen organizado
Durante la campaña de 2022, la Unidad de Inteligencia Financiera vinculó a Antonino Morales Toledo —expresidente municipal de San Blas Atempa y principal operador financiero de Jara— con el Cártel de Jalisco Nueva Generación. Morales Toledo fue además acusado ante la FGR en 2019 por huachicoleo. Pese a esos antecedentes, fue designado Secretario de Administración del estado de Oaxaca tras el triunfo de Jara. El gobernador atribuyó las acusaciones a “la mafia de la corrupción”.
Irregularidades auditadas: miles de millones de pesos observados
La Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del propio gobierno estatal reportó en enero de 2025 que las auditorías del ejercicio 2023 arrojaron 185 observaciones y 50 recomendaciones, con un monto observado superior a los 3 mil 960 millones de pesos. Para 2024 se abrieron nuevas revisiones por casi 7 mil 986 millones de pesos fiscalizables. Como resultado, se presentaron 46 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción contra diversas dependencias estatales, incluyendo las secretarías de Administración y Movilidad, los Servicios de Salud y el DIF Oaxaca.
Revocación de mandato y acusaciones de fraude electoral (enero 2026)
El 25 de enero de 2026, Oaxaca celebró la primera consulta estatal de revocación de mandato del país. Con 100% de actas escrutadas, 58.82% de los votantes respaldó la continuidad de Jara frente a un 38.16% que exigió su revocación; sin embargo, la participación de 29.9% no alcanzó el mínimo legal de 40% para que el resultado fuera vinculante. Sin embargo, se denunció fraude, al señalar la existencia de “casillas zapatos” y la fabricación de hasta 270 mil votos. Analistas políticos atribuyeron el desgaste de Jara a su gobierno “envuelto en escándalos de corrupción y nepotismo”, y el propio gobernador reconoció que los cuatro grandes reclamos ciudadanos eran justamente el nepotismo, la corrupción, la inseguridad y la crisis en salud.
Auditorías detectaron pagos sin contrato y redes de proveedores vinculados; pese a seis denuncias, el exdirector de Juventudes mantiene cargo y sueldo de alto nivel
La Secretaría de la Honestidad confirmó irregularidades graves en el manejo de contratos durante la gestión de Antonio Navarro Padilla al frente del Instituto de Juventudes en el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. A pesar de ello, el exfuncionario permanece en la nómina estatal, ahora como coordinador en la Secretaría de Gobierno, con ingresos cercanos a 87 mil pesos mensuales, de acuerdo con una investigación de Carmen Pizano para PopLab.
Las auditorías derivaron en seis denuncias ante el Tribunal de Justicia Administrativa, interpuestas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026. Sin embargo, el proceso sigue sin resolverse, lo que ha permitido que Navarro continúe en funciones, bajo el argumento oficial de que no existe una resolución firme.
Entre las irregularidades detectadas destacan 77 pagos sin contrato, 23 contratos con posibles conflictos de interés entre proveedores relacionados, y 44 adjudicaciones sin análisis que justificara la mejor opción. Además, se identificaron pagos con documentación incompleta y posibles inconsistencias patrimoniales de excolaboradores vinculados.
El caso también se conecta con una red de contratos que habría beneficiado a familiares de funcionarios, con al menos 224 contratos por 84 millones de pesos, varios de ellos asignados desde el Instituto de Juventudes. Incluso se documentó el uso de prestanombres para simular competencia en licitaciones.
Otro punto polémico fue el gasto de 30 millones de pesos en un evento de un solo día en 2024, el Congreso Iberoamericano de Juventudes, realizado en plena antesala electoral. Tras ese episodio, Navarro dejó el cargo para integrarse a actividades políticas, pero posteriormente fue reincorporado al gobierno estatal.
Pese a los señalamientos, el gobierno de Libia Dennise García Muñoz Ledo mantiene a Navarro en un puesto estratégico, donde coordina la remodelación de oficinas públicas, mientras crecen las críticas por la permanencia de funcionarios investigados por corrupción dentro de la administración.
La omisión sobre propietarios obligó a cubrir 62.4 millones de dólares; crecen riesgos legales y molestia de palcohabientes
El Estadio Banorte, antes Estadio Azteca, enfrenta un escándalo financiero rumbo al Mundial 2026: Grupo Ollamani deberá pagar 62.4 millones de dólares —más de 1,087 millones de pesos— a la FIFA para garantizar que los dueños de palcos y plateas puedan usar sus espacios durante los cinco partidos que albergará el inmueble.
El acuerdo, revelado en el reporte anual ante la Bolsa Mexicana de Valores, implica la compra de más de 15 mil lugares para respetar contratos firmados desde 1966, con vigencia de 99 años. La FIFA toma el control total de los estadios en Copa del Mundo, por lo que Ollamani tuvo que negociar para evitar conflictos mayores con los propietarios.
Sin embargo, detrás del pago hay un problema más grave: la administración del estadio omitió informar a la FIFA que los palcos tenían dueños, lo que detonó el millonario desembolso. De acuerdo con Roberto Ruano, representante de palcohabientes, este “error” pudo incluso poner en riesgo la sede mundialista, ya que el organismo exige recintos libres de derechos previos.
Para cubrir el costo, la empresa planea reforzar la venta de paquetes premium, alimentos y bebidas, lo que explicaría los altos precios previstos durante el torneo. Además, contrató una póliza de fianza que garantiza el pago antes del 20 de mayo de 2026, fecha límite para cumplir con la FIFA.
El conflicto no termina ahí. Los palcohabientes analizan demandar por incumplimientos, cambios de reglas y falta de claridad en boletos y condiciones. También denuncian posibles abusos, como intentos de retirar pertenencias de los espacios privados durante la justa mundialista.
En sus propios informes, Grupo Ollamani reconoce el riesgo de enfrentar sanciones y acciones legales, en medio de una polémica que crece y que pone en entredicho la gestión del estadio más emblemático del fútbol mexicano a meses del Mundial.
Activistas denunciaron explotación laboral y nexos con ICE, opacando el evento de lujo con acciones en calles y edificios de Nueva York
La Gala del Met 2026, uno de los eventos más exclusivos de moda y celebridades en Nueva York, quedó marcada por una ola de protestas contra Jeff Bezos, principal patrocinador de esta edición. Lo que debía ser una noche de glamour fue opacado por manifestaciones que señalaron al magnate como símbolo de desigualdad, explotación laboral y apoyo a políticas antimigrantes.
Durante la jornada, activistas desplegaron proyecciones gigantes en edificios de Manhattan, incluyendo mensajes como “Boicot a la Gala del Met” y críticas directas contra el dueño de Amazon. También colocaron carteles en paradas de autobús y el metro con consignas que denunciaban que el evento estaba financiado con base en la explotación de trabajadores y la colaboración empresarial con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Uno de los momentos más impactantes fue la proyección del testimonio de una trabajadora de Amazon de 72 años, quien denunció las condiciones laborales y llamó a organizarse contra el poder corporativo. A esto se sumaron acciones simbólicas como la colocación de recipientes que simulaban orina, en referencia a denuncias de empleados obligados a trabajar sin pausas suficientes en almacenes de la empresa.
Las críticas hacia Bezos también se intensifican por su cercanía con Donald Trump, su presencia en eventos políticos clave y los cambios editoriales en The Washington Post, medio de su propiedad. Además, su resistencia a la sindicalización y los bajos salarios han fortalecido su imagen como uno de los principales exponentes de la concentración extrema de riqueza en Estados Unidos.
El descontento también se reflejó en ausencias notables. El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, rechazó asistir —rompiendo precedentes—, mientras figuras como Zendaya y Bella Hadid no acudieron al evento, en medio de llamados a boicotear la gala.
Aunque el evento busca recaudar fondos para el Instituto de Moda del Museo Metropolitano, con boletos que alcanzan los 100 mil dólares, la atención se centró fuera del recinto: en las calles, donde las protestas gratuitas expusieron el contraste entre el lujo extremo y las condiciones de millones de trabajadores.
El menor de tres años permaneció más de 12 horas en el vehículo bajo temperaturas extremas; autoridades investigan omisión de cuidados.
Autoridades de Mexicali, Baja California, detuvieron a Roxana “N”, madre de un menor de tres años que perdió la vida tras permanecer dentro de un automóvil por más de 12 horas, en un caso que ha generado indignación por las condiciones en las que ocurrió la tragedia.
De acuerdo con los reportes, el menor fue localizado el pasado 2 de mayo al interior del vehículo en el fraccionamiento La Rioja, con signos de exposición prolongada al calor extremo, donde las temperaturas habrían alcanzado hasta 45 grados centígrados. El niño presentaba quemaduras de primer grado en piernas y manos, y se confirmó que falleció a causa de un golpe de calor.
La detención de Roxana “N” se derivó de su propia declaración ante autoridades municipales, donde reconoció que llegó a su domicilio en estado de ebriedad, descendió del automóvil y realizó diversas actividades dentro de su vivienda, sin percatarse de que el menor permanecía en su silla de seguridad.
Fue hasta el día siguiente cuando la mujer encontró al niño sin signos vitales, lo que llevó a su arresto por el delito de omisión de cuidados. Actualmente, se encuentra bajo custodia en espera de la audiencia inicial, donde se determinará su situación jurídica.
El caso es investigado por la Fiscalía General del Estado (FGE), mientras que el padre del menor —quien se encontraba en un proceso legal por la custodia— fue el encargado de reconocer el cuerpo ante el Servicio Médico Forense (Semefo).
