Registros mercantiles muestran que el exsubsecretario de Turismo compartió empresas con José Benjamín Chow, empresario señalado por Estados Unidos por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado.
Simón Levy fue socio de José Benjamín Chow del Campo, empresario recientemente sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntos vínculos con estructuras del crimen organizado y operaciones de lavado de dinero.
De acuerdo con los registros oficiales citados por El Universal, Levy y Chow fundaron en 2005 la empresa Latinasia Trading Solutions S.A. de C.V., además de otra compañía relacionada con servicios turísticos y de viajes. Ambas sociedades operaban desde un inmueble ubicado en Campos Elíseos, en la alcaldía Miguel Hidalgo de la Ciudad de México, y posteriormente fueron disueltas entre 2010 y 2012, según documentos firmados por el propio exfuncionario.
El caso tomó relevancia después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del gobierno estadounidense sancionara a entidades relacionadas con Chow del Campo. Las investigaciones norteamericanas lo vinculan presuntamente con operaciones financieras ligadas al Cártel del Noreste y al lavado de recursos mediante empresas asociadas al sector de casinos, particularmente a través de la firma Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA).
Tras darse a conocer la información, Simón Levy aseguró públicamente que rompió cualquier relación con Chow cuando éste comenzó a involucrarse en negocios relacionados con casinos. Además, afirmó haber presentado una denuncia ante autoridades estadounidenses desde 2009; sin embargo, hasta el momento no ha mostrado documentación pública que respalde dichas declaraciones, argumentando que forman parte de un expediente en curso.
El exsubsecretario también reconoció que una de las empresas vinculadas obtuvo contratos con el Gobierno de la Ciudad de México entre 2004 y 2009 para campañas internacionales de promoción turística. Según su versión, dichos convenios ocurrieron antes de integrarse formalmente al gobierno federal, aunque la revelación volvió a despertar cuestionamientos sobre sus relaciones empresariales y conexiones políticas.
Los registros corporativos y las revelaciones sobre sus antiguos socios vuelven a colocar bajo escrutinio las redes empresariales construidas alrededor de personajes ligados al poder político y económico, especialmente cuando aparecen relacionados con investigaciones internacionales sobre lavado de dinero y crimen organizado.
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