La Fiscalía mexiquense reconoce una red de señalamientos contra agentes y falsos policías; sólo una fracción de los casos logró avanzar por falta de denuncias formales.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió 110 expedientes por presuntas conductas delictivas cometidas por servidores públicos, luego de la difusión de denuncias en redes sociales y medios de comunicación. Del total, 67 investigaciones se iniciaron de oficio y 43 derivaron de denuncias formales, en un contexto marcado por acusaciones de extorsión, usurpación de funciones y abuso de autoridad.
Entre los casos más graves se encuentra la suspensión de 10 elementos adscritos a la región de Tecámac, señalados por extorsionar a automovilistas en la autopista México–Pachuca. El análisis inicial identificó acusaciones contra 39 integrantes de la institución y ocho personas externas, de las cuales cinco aún no han sido plenamente identificadas.
Las indagatorias permitieron establecer la probable participación de ocho policías de investigación en hechos ilícitos. La FGJEM ejerció acción penal contra ellos: dos por extorsión y seis por usurpación de funciones públicas. Todos esperan audiencia de formulación de imputación. En paralelo, 20 elementos más continúan bajo investigación, mientras que 11 fueron descartados al no existir relación con los hechos denunciados.
En cuanto a personas ajenas a la corporación, tres enfrentan proceso penal por secuestro con fines de extorsión. No obstante, el avance de las carpetas se ha visto limitado: de 41 presuntas víctimas citadas, sólo tres acudieron a rendir declaración, lo que ha obstaculizado la judicialización de los casos.
La Fiscalía informó que 43 expedientes fueron archivados temporalmente al carecer de sustento jurídico, aunque permanecerán abiertos ante nuevos indicios. También se documentaron 34 vehículos vinculados a las denuncias; dos unidades oficiales fueron aseguradas y 60 patrullas Charger quedaron bajo resguardo como medida preventiva.
Finalmente, la FGJEM emitió una circular obligatoria sobre uso de uniforme y gafete, mientras que los operativos derivados de estas investigaciones permitieron detener a 21 personas que se hacían pasar por policías, vinculadas con homicidio, extorsión y robo de vehículos.
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