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Etiqueta: Abuso de autoridad

  • Fiscalía del Edomex va contra alcalde de Metepec, Fernando Flores, por abuso de autoridad

    Fiscalía del Edomex va contra alcalde de Metepec, Fernando Flores, por abuso de autoridad

    El edil panista y dos personas más enfrentarían una audiencia de imputación tras la difusión de videos donde se observa un ingreso violento a un club deportivo acompañado de escoltas armados.

    La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) solicitó al Poder Judicial mexiquense programar una audiencia de formulación de imputación contra el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y lesiones.

    La investigación deriva de los hechos ocurridos en el Club Deportivo La Asunción, donde videos difundidos en redes sociales muestran al presidente municipal ingresar por la fuerza al inmueble acompañado de personas de seguridad que portaban armas largas. De acuerdo con la Fiscalía, el material permitió identificar posibles conductas constitutivas de delito.

    En las grabaciones se observa al edil entrar al lugar y, posteriormente, presuntamente lanzar un golpe contra una persona antes de ser separado por uno de sus acompañantes. Ante estos hechos, la autoridad ministerial señaló que existen elementos para solicitar la audiencia correspondiente ante un juez.

    Previo a esta determinación, la Fiscalía mexiquense había requerido al alcalde aclarar si las personas que lo acompañaban eran servidores públicos o elementos de seguridad contratados de manera particular. Tras la polémica generada por los videos, Flores ofreció una disculpa pública y aseguró que acudió al sitio para intervenir en un conflicto familiar del que fue informado mediante una llamada.

    A través de sus canales oficiales, la FGJEM informó que obtuvo audiencia de formulación de imputación contra tres investigados por su probable participación en hechos relacionados con abuso de autoridad y lesiones. Aunque no se detalló oficialmente la identidad de los otros involucrados, se presume que serían dos de los escoltas que acompañaban al alcalde.

    Ahora será el Poder Judicial del Estado de México quien determine la fecha de la audiencia, momento en el que el alcalde de Metepec y los otros dos señalados serán notificados para continuar con el proceso legal correspondiente.

  • Policías estatales enfrentan proceso por abuso de autoridad en Guanajuato

    Policías estatales enfrentan proceso por abuso de autoridad en Guanajuato

    Dos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado son vinculados a proceso penal por retener a un trailero. La comunidad exige justicia.

    Dos policías estatales fueron vinculados a proceso penal por su participación en la retención irregular de un trailero. Los hechos ocurrieron el 30 de abril en la carretera federal 45, cuando el chofer fue obligado a detenerse.

    Gracias a un video grabado por la cámara del tráiler, se pudo observar cómo los oficiales solicitaron los documentos del conductor y se retiraron del lugar. Pocos momentos después, dos hombres abordaron el vehículo y amagaron al operador.

    La Fiscalía General del Estado actuó rápidamente. El equipo de investigaciones obtuvo las órdenes de aprehensión y logró detener a los acusados el 12 de mayo. Los elementos, identificados como Ricardo y Emmanuel Israel, ahora enfrentan cargos por abuso de autoridad. Esta situación no incluye acusaciones de privación de la libertad o extorsión, aunque el chofer fue víctima de estos delitos posteriormente.

    Durante la audiencia inicial, los acusados fueron vinculados a proceso por el abuso de su función pública. El juez otorgó un periodo de dos meses para cerrar la investigación complementaria. Ambos policías fueron cesados de sus cargos, pero se enfrentarán al proceso en libertad. Esto se debe a que el delito que se les imputa no es considerado grave.

    El artículo 253 del Código Penal establece que un servidor público que excede sus funciones puede recibir de dos a ocho años de prisión. La actuación de estos oficiales ha generado preocupación en la comunidad. El Grupo de Inteligencia Operativa resaltó que comportamientos como este socavan la confianza en las instituciones de seguridad.

    La población demanda justicia y espera que casos como este no se repitan. La integridad de los cuerpos de seguridad es fundamental para la convivencia pacífica.

  • Vinculan a proceso a policías por secuestro exprés en Tamaulipas

    Vinculan a proceso a policías por secuestro exprés en Tamaulipas

    Cuatro elementos de la Guardia Estatal fueron vinculados a proceso por privación ilegal de la libertad y extorsión; autoridades indagan una red más amplia de abusos.

    Un juez de control en Ciudad Victoria vinculó a proceso a cuatro policías de la Guardia Estatal por su presunta participación en un secuestro exprés, luego de detener ilegalmente a un ciudadano y exigirle dinero a cambio de su liberación en el fraccionamiento Valladolid.

    De acuerdo con la investigación, los uniformados habrían incurrido en abuso de autoridad, uso indebido de funciones y secuestro agravado, delitos que podrían alcanzar penas de hasta 15 años de prisión. Como medida cautelar, el juez determinó que los imputados permanezcan en prisión preventiva durante el desarrollo del proceso judicial.

    Las autoridades ministeriales señalaron que este caso no sería aislado. Existen indicios de que más elementos de la corporación podrían estar involucrados en prácticas similares, por lo que se mantienen abiertas diversas líneas de investigación para deslindar responsabilidades dentro de la institución.

    Además, se documentan denuncias ciudadanas en municipios fronterizos y del centro del estado, donde presuntamente agentes de seguridad han cometido actos de extorsión, afectando principalmente a productores de naranja y ganaderos, quienes reportan cobros ilegales y amenazas.

    El aumento de estos casos ha encendido alertas en la entidad, particularmente tras cambios recientes en la estructura de seguridad pública. Las autoridades aseguraron que se actuará con firmeza para sancionar a los responsables y evitar que se repitan estos abusos.

  • Vinculan a proceso a Jaime Bonilla, exgobernador de BC, por caso Next Energy

    Vinculan a proceso a Jaime Bonilla, exgobernador de BC, por caso Next Energy

    El exgobernador enfrenta cargos por peculado y abuso de autoridad tras un contrato que comprometía miles de millones sin que se construyera la planta.

    El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso penal por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, en un caso que exhibe el manejo irregular de recursos públicos a través del proyecto energético Next Energy.

    La resolución fue dictada por un juez del Sistema de Justicia Acusatorio tras una audiencia que se prolongó por casi 24 horas. El exmandatario, también exsenador y actual dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), enfrentará el proceso en calidad de coautor con dolo, según las autoridades.

    El caso gira en torno a la contratación de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, la cual nunca fue construida pese a los compromisos financieros adquiridos. De acuerdo con la investigación, el contrato obligaba al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, generando una carga superior a 35 mil millones de pesos, garantizados con participaciones federales.

    Además, el gobierno estatal habría destinado mil 300 millones de pesos como inversión inicial, mientras que la institución financiera involucrada realizó una quita parcial por una obra que jamás se concretó, lo que refuerza las sospechas de daño al erario.

    La Fiscalía General del Estado (FGE) sostiene que este esquema representó un riesgo financiero grave para Baja California, al comprometer recursos públicos por décadas sin resultados tangibles. El caso se ha convertido en uno de los más relevantes en materia de combate a la corrupción en la entidad.

    La audiencia continuará para definir la medida cautelar que enfrentará Bonilla, en medio de un proceso que podría marcar un precedente sobre la rendición de cuentas de exfuncionarios y el uso indebido de recursos públicos.

  • Mientras Cuauhtémoc confronta a la ciudadanía, Azcapotzalco sanciona abusos

    Mientras Cuauhtémoc confronta a la ciudadanía, Azcapotzalco sanciona abusos

    Mientras en Cuauhtémoc se acusa agresión y el conflicto escala en redes, en Azcapotzalco la alcaldía actuó con sanciones inmediatas contra servidores públicos señalados por violencia.

    El operativo de reordenamiento del comercio ambulante en la Ribera de San Cosme, en la alcaldía Cuauhtémoc, y los hechos registrados en Azcapotzalco contra vecinas y vecinos de la demarcación dejaron al descubierto dos maneras opuestas de ejercer el poder público en la Ciudad de México.

    Por un lado, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega denunció haber sido agredida durante el retiro de puestos semifijos; sin embargo, ella y su equipo confrontaron directamente a la ciudadanía, lo que agravó el conflicto. En contraste, en Azcapotzalco, la alcaldesa Nancy Núñez sí actuó contra funcionarios de su propia administración tras registrarse hechos de violencia contra vecinas y vecinos de la demarcación.

    En San Cosme, Rojo de la Vega afirmó que fue emboscada por comerciantes, derribada de su motocicleta y golpeada durante el operativo. Acudió al Ministerio Público y mostró lesiones en rostro, brazo y cadera, asegurando que el personal de la alcaldía también resultó herido. Sin embargo, las redes sociales pusieron en duda su versión: usuarios analizaron imágenes y señalaron que los moretones mostraban formas simétricas poco comunes en agresiones reales, lo que desató una nueva ola de cuestionamientos y viralización del caso.

    El conflicto se intensificó cuando la diputada Diana Sánchez Barrios acusó al gobierno de Cuauhtémoc de usar la violencia contra comerciantes, defendiendo que existían acuerdos previos de reubicación. La falta de mediación, el intercambio de acusaciones y el silencio posterior de la alcaldía profundizaron la desconfianza ciudadana.

    En contraste, tras un operativo de vía pública en Azcapotzalco que derivó en agresiones a vecinas y vecinos de Chintolo, Nancy Núñez anunció sanciones inmediatas, la separación del cargo de los responsables, incluida la directora general de Gobierno, y confirmó que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos ya investiga los hechos. Además, la alcaldía mantuvo comunicación directa con las familias afectadas y garantizó acompañamiento institucional.

    Mientras en Cuauhtémoc el conflicto crece entre dudas, denuncias y confrontación, en Azcapotzalco se marcó una línea clara contra el abuso de autoridad. Dos alcaldías, un mismo problema y dos respuestas que hoy pesan en la percepción pública.

  • Azcapotzalco separa a funcionarios tras operativo violento y garantiza investigación a fondo

    Azcapotzalco separa a funcionarios tras operativo violento y garantiza investigación a fondo

    La alcaldesa afirmó que no habrá encubrimientos, anunció sanciones inmediatas y confirmó que la Fiscalía ya investiga los hechos ocurridos durante un operativo de vía pública.

    La alcaldesa Nancy Núñez informó que la alcaldía de Azcapotzalco no tolerará ningún acto de violencia cometido por servidores públicos, luego de los hechos registrados durante un operativo de rescate de espacio público que derivó en agresiones contra vecinos y vecinas de la demarcación.

    En un posicionamiento oficial, la mandataria local detalló que ya se iniciaron acciones administrativas y correctivas, así como sanciones contra el personal involucrado, con el objetivo de garantizar que este tipo de conductas no vuelvan a repetirse. Como medida inmediata, anunció la separación del cargo de las personas responsables, incluida la directora general de Gobierno.

    Núñez subrayó que, a diferencia de otras demarcaciones, en Azcapotzalco no se solapan abusos de autoridad, y recalcó que su administración velará en todo momento por el bienestar y la integridad de la ciudadanía. Asimismo, aseguró que el gobierno local no obstaculizará ni ocultará información, sino que dará todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

    La alcaldesa confirmó que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos ya inició las indagatorias, mientras que la alcaldía mantiene contacto directo y permanente con la familia afectada, a la que se le brinda acompañamiento institucional para la presentación de denuncias y la protección de su integridad.

    Los hechos se registraron la mañana del jueves 26 de febrero, y la alcaldía recordó que desde el inicio del operativo matutino se mantuvo comunicación constante con vecinos de la comunidad de Chintolo, con el objetivo de atender posibles daños, privilegiar el diálogo y reparar cualquier afectación. La administración reiteró su compromiso con un gobierno cercano, humano y accesible, en el que cada servidor público debe conducirse bajo principios de legalidad, ética, transparencia y pleno respeto a los derechos humanos.

    Finalmente, Núñez reafirmó que Azcapotzalco es un gobierno para servir al pueblo, y que ningún abuso será permitido, sin excepción.

  • Fiscalía del Edomex abre 110 investigaciones por extorsión y abusos dentro de la propia institución

    Fiscalía del Edomex abre 110 investigaciones por extorsión y abusos dentro de la propia institución

    La Fiscalía mexiquense reconoce una red de señalamientos contra agentes y falsos policías; sólo una fracción de los casos logró avanzar por falta de denuncias formales.

    La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió 110 expedientes por presuntas conductas delictivas cometidas por servidores públicos, luego de la difusión de denuncias en redes sociales y medios de comunicación. Del total, 67 investigaciones se iniciaron de oficio y 43 derivaron de denuncias formales, en un contexto marcado por acusaciones de extorsión, usurpación de funciones y abuso de autoridad.

    Entre los casos más graves se encuentra la suspensión de 10 elementos adscritos a la región de Tecámac, señalados por extorsionar a automovilistas en la autopista México–Pachuca. El análisis inicial identificó acusaciones contra 39 integrantes de la institución y ocho personas externas, de las cuales cinco aún no han sido plenamente identificadas.

    Las indagatorias permitieron establecer la probable participación de ocho policías de investigación en hechos ilícitos. La FGJEM ejerció acción penal contra ellos: dos por extorsión y seis por usurpación de funciones públicas. Todos esperan audiencia de formulación de imputación. En paralelo, 20 elementos más continúan bajo investigación, mientras que 11 fueron descartados al no existir relación con los hechos denunciados.

    En cuanto a personas ajenas a la corporación, tres enfrentan proceso penal por secuestro con fines de extorsión. No obstante, el avance de las carpetas se ha visto limitado: de 41 presuntas víctimas citadas, sólo tres acudieron a rendir declaración, lo que ha obstaculizado la judicialización de los casos.

    La Fiscalía informó que 43 expedientes fueron archivados temporalmente al carecer de sustento jurídico, aunque permanecerán abiertos ante nuevos indicios. También se documentaron 34 vehículos vinculados a las denuncias; dos unidades oficiales fueron aseguradas y 60 patrullas Charger quedaron bajo resguardo como medida preventiva.

    Finalmente, la FGJEM emitió una circular obligatoria sobre uso de uniforme y gafete, mientras que los operativos derivados de estas investigaciones permitieron detener a 21 personas que se hacían pasar por policías, vinculadas con homicidio, extorsión y robo de vehículos.

  • Despiden a nueve elementos de la Guardia Civil de Michoacán por extorsionar a la ciudadanía

    Despiden a nueve elementos de la Guardia Civil de Michoacán por extorsionar a la ciudadanía

    Las sanciones derivan de denuncias ciudadanas y refuerzan la estrategia estatal contra la corrupción en los cuerpos de seguridad.

    El Gobierno de Michoacán separó de sus funciones a nueve elementos de la Guardia Civil que son investigados por presuntos actos de extorsión, abuso de autoridad y cohecho contra automovilistas. La medida se tomó tras denuncias ciudadanas que evidenciaron prácticas ilegales, como la amenaza de imponer multas de tránsito a cambio de dinero.

    En un comunicado oficial, las autoridades estatales informaron que estas acciones ocurren en un contexto clave: la eliminación reciente de sanciones de tránsito en la entidad, una decisión orientada a cortar de raíz prácticas de intimidación y extorsión por parte de algunos agentes. Con ello, se busca que los cuerpos policiales se enfoquen exclusivamente en la protección ciudadana, y no en tareas recaudatorias.

    La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán detalló que los casos se registraron en dos momentos. En diciembre de 2025, cuatro elementos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado por conductas irregulares; mientras que en enero de 2026, cinco agentes más enfrentaron investigaciones por presunto abuso de autoridad.

    La SSP, encabezada por José Antonio Cruz Medina, actuó de manera inmediata y en coordinación con las autoridades ministeriales, como parte de una política de cero tolerancia a la corrupción. Cruz Medina, integrante del equipo del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, hizo públicas las sanciones a través de sus canales oficiales.

    Esta estrategia de transparencia institucional, subrayó el gobierno estatal, tiene como objetivo fortalecer la confianza ciudadana y enviar un mensaje claro de que las quejas contra abusos policiales tienen consecuencias reales e inmediatas.

    Las autoridades reiteraron que continuarán atendiendo denuncias contra servidores públicos y reforzarán los mecanismos de supervisión y control interno, para garantizar un desempeño policial ético, legal y cercano a la ciudadanía en Michoacán.

  • Secretario de Seguridad de la alcaldía Cuauhtémoc, acusado de tortura, fue absuelto según la SSC

    Secretario de Seguridad de la alcaldía Cuauhtémoc, acusado de tortura, fue absuelto según la SSC

    Luego de que Los Reporteros MX revelaran que el secretario de Seguridad de la alcaldía Cuauhtémoc, Marcelo Martínez López, fue detenido en mayo de 2023 por cargos de tortura y abuso de autoridad en agravio de un menor y su tío, quienes fueron golpeados por el imputado, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, aseguró que Martínez López ya había sido absuelto.

    En la conferencia de prensa del Gobierno de la Ciudad de México, y a pregunta expresa de Los Reporteros MX sobre el tema, el secretario de Seguridad Ciudadana confirmó que Marcelo Martínez López efectivamente había sido detenido en mayo de 2023 por tortura y abuso de autoridad; no obstante, aseguró que ya había sido absuelto.

    “En este, como en todas las contrataciones del personal de una alcaldía, es responsabilidad de la propia alcaldía y estoy seguro de que se revisó su perfil. En el caso del comandante Marcelo, efectivamente tiene un antecedente de 2023, de haber sido detenido por distintos delitos y, tras una investigación durante un año, se determinó que no era responsable de los delitos que se le imputaban”, afirmó Pablo Vázquez.

    El titular de la seguridad capitalina aseguró que, en este y en cualquier otro caso, la institución actúa conforme al debido proceso y a la presunción de inocencia, razón por la cual, detalló, no está impedido de ocupar el puesto que tiene, a pesar de que exista una parte acusadora con lesiones confirmadas y el antecedente de Marcelo.

    El funcionario concluyó defendiendo al secretario y afirmó que, como en este y otros casos, si una persona es declarada no responsable, debe ser restituida en su puesto laboral.

    “En lo personal, considero que, por la buena relación y la coordinación que existe con el personal de la alcaldía Cuauhtémoc, en lo que respecta a los méritos, Marcelo va más allá de este incidente y es totalmente competente para realizar su trabajo. No obstante, si él o cualquier funcionario público o policía comete algún delito, existen el personal de Asuntos Internos y la Fiscalía para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, y si hay una sanción, se atenderá”, finalizó el funcionario.

    Acusado de tortura nombrado director de seguridad en Cuauhtémoc por Alessandra Rojo
  • INAI remueve a funcionarios tras denuncia de la FMF para facilitar investigación por multas relacionadas con la aplicación Fan ID

    INAI remueve a funcionarios tras denuncia de la FMF para facilitar investigación por multas relacionadas con la aplicación Fan ID

    El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) decidió por unanimidad remover de sus cargos a dos funcionarios tras una denuncia presentada por la Federación Mexicana de Futbol (FMF). La sesión pública de este miércoles culminó con la aprobación de la medida, que tiene como fin facilitar el curso de las investigaciones.

    El comisionado presidente del INAI, Adrián Alcalá, informó que Jonathan Mendoza Izerte, quien ocupaba el cargo de secretario de Protección de Datos Personales, y Miguel Novoa, director general de Protección de Derechos de Sanción, fueron separados de sus puestos. La medida se deriva de una denuncia interpuesta por Íñigo Riestra, secretario técnico de la FMF, tras multas impuestas a la federación por 23 millones de pesos. Estas sanciones estaban relacionadas con presuntos incumplimientos en el uso de la aplicación Fan ID, que se utiliza para identificar a los aficionados en eventos deportivos.

    Alcalá dejó en claro que esta decisión no implica un juicio sobre la culpabilidad de los involucrados. “Hemos tomado esta determinación con el único propósito de facilitar las investigaciones. La normativa interna del instituto nos respalda en este proceso”, señaló. También destacó la trayectoria profesional de ambos exfuncionarios, quienes, según el comisionado, siempre actuaron de manera ética y profesional dentro del organismo.

    La comisionada Josefina Román Vergara también expresó su agradecimiento a Mendoza Izerte y Novoa, enfatizando que su remoción solo busca garantizar el desarrollo transparente de la investigación sin sugerir culpabilidad. Por su parte, Norma Julieta del Río, otra de las comisionadas, instó a cuidar al INAI durante este período de incertidumbre sobre su futuro institucional, subrayando la importancia de proteger la integridad del organismo hasta el último momento.

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