Etiqueta: Abuso de autoridad

  • Alcalde de Metepec enfrentará proceso por abuso de autoridad tras pleito en club deportivo

    Alcalde de Metepec enfrentará proceso por abuso de autoridad tras pleito en club deportivo

    Fernando Flores llegó a un acuerdo con las víctimas por el delito de lesiones, pero el juez definirá el 8 de julio su situación legal.

    El alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, compareció este viernes ante un juez de control. La audiencia se realizó casi un mes después de que irrumpiera violentamente en el Club Deportivo La Asunción.

    La Fiscalía General de Justicia del Estado de México le imputó formalmente dos delitos: abuso de autoridad y lesiones. El edil llegó acompañado de sus escoltas, colaboradores y un amplio equipo de abogados.

    Al conocer el expediente, la defensa notificó que llegaron a un acuerdo reparatorio con las víctimas por el delito de lesiones. De esta forma, solo continuará el proceso por abuso de autoridad.

    El presidente municipal decidió reservarse su derecho a declarar durante la audiencia. Su defensa solicitó además la duplicidad del término constitucional para resolver su situación jurídica.

    Por esa razón, será hasta el 8 de julio cuando se sepa si Flores enfrenta proceso penal. También podría quedar en libertad por falta de pruebas en el delito de abuso de autoridad.

    Mientras tanto, el edil panista podrá continuar en libertad durante el proceso judicial. El juez le impuso tres medidas cautelares mientras se resuelve el caso.

    La primera obligación consiste en firmar mensualmente en el juzgado durante los primeros cinco días de cada mes. La segunda medida le prohíbe acercarse o ingresar al Club Deportivo La Asunción.

    Ahí ocurrieron los hechos el pasado 4 de junio, cuando Flores sostuvo una discusión fuerte con uno de sus hermanos. La tercera medida cautelar le impide acercarse a las víctimas, entre ellas su propio hermano.

    El alcalde llegó muy temprano a los juzgados cercanos al penal de Santiaguito, en Almoloya de Juárez. Ahí solicitó acceso al expediente para conocer los detalles de la acusación formal.

    Las autoridades le entregaron un CD con la información y el juez otorgó un receso de cuatro horas. Ese tiempo permitió a la defensa y al edil revisar todo el material del caso.

    Al reanudarse la audiencia, Flores y su defensa informaron sobre el acuerdo alcanzado con las víctimas del delito de lesiones. El juez tomó en cuenta ese acuerdo antes de fijar las medidas cautelares.

    Al salir de los juzgados, el alcalde habló brevemente con los medios de comunicación. Aseguró sentirse tranquilo y afirmó que el proceso no afectará sus funciones como presidente municipal.

    Finalmente, Fernando Flores descartó solicitar licencia del cargo mientras avanza el proceso penal en su contra. El próximo 8 de julio se conocerá el rumbo definitivo de su situación jurídica.

  • Vinculan a proceso a 28 funcionarios por vender plazas falsas de maestros en Edomex

    Vinculan a proceso a 28 funcionarios por vender plazas falsas de maestros en Edomex

    La Fiscalía mexiquense detectó una red que cobró nóminas de docentes inexistentes desde 2021 y causó un daño de 96 millones de pesos.

    La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) vinculó a proceso a 28 funcionarios y servidores públicos. Las autoridades los acusan de abuso de autoridad y fraude por vender plazas docentes que nunca existieron.

    El esquema desvió recursos públicos mediante el cobro de nóminas falsas. Según la Fiscalía, el daño al erario estatal llega a 96 millones de pesos entre enero de 2025 y febrero de 2026.

    Las investigaciones apuntan a que la red operaba desde 2021. Óscar “N” encabezaba el grupo, según la indagatoria de las autoridades mexiquenses.

    Durante el gobierno de Alfredo del Mazo, Óscar “N” ocupó la Dirección General de Personal. Más tarde llegó a ser subsecretario de Administración en la misma administración.

    El grupo diseñó una plataforma para registrar a supuestos maestros en la nómina estatal. Los responsables usaron claves de escuelas inactivas o inexistentes, en coordinación con funcionarios de Educación.

    Las personas registradas como docentes no cumplían los requisitos para dar clases. Aun así, los sistemas de la Secretaría de Educación y de Personal los incorporaban sin problema.

    Después, estas personas tramitaban tarjetas bancarias para recibir sus salarios. Entregaban las tarjetas a los responsables y se quedaban solo con 2 mil a 4 mil pesos por quincena.

    La organización retiraba el resto del dinero depositado. Entre los principales vinculados figuran exfuncionarios de Educación, de Seguridad y de la Oficialía Mayor.

    Nueve servidores públicos de la Dirección General de Personal también enfrentan el proceso. Entre ellos hay directores, subdirectores y jefes de departamento.

    La red desvió recursos de más de 450 plazas irregulares, según la Fiscalía. Además, algunos implicados se asignaron plazas docentes con sueldos cercanos a 50 mil pesos mensuales.

    Estos funcionarios mantenían licencias irregulares para acumular derechos de jubilación. Las investigaciones también detectaron viajes frecuentes a Dubái, Egipto, Europa y el Caribe.

    Estos gastos no corresponden con los ingresos oficiales de los implicados, señaló la autoridad. La Fiscalía detuvo además a 11 servidores de Educación y a una funcionaria de Bienestar.

    Diana Paola “N”, exsecretaria particular de Óscar “N”, forma parte de los detenidos. Por su parte, cinco personas permanecen prófugas tras obtener suspensiones provisionales mediante amparos.

    La investigación integra un expediente de 30 tomos y más de 12 mil fojas. La Fiscalía continúa el proceso contra todos los involucrados en el caso.

  • Exhiben a policías de Colima torturando a detenido; alcalde exige retirar de las calles responsables

    Exhiben a policías de Colima torturando a detenido; alcalde exige retirar de las calles responsables

    La Comisión de Derechos Humanos confirmó la autenticidad del video y la Fiscalía abrió una investigación por posibles actos de tortura cometidos contra un detenido en Coquimatlán.

    Un video que muestra a elementos de la Policía Municipal de Coquimatlán, Colima, presuntamente torturando a un detenido ha generado una fuerte ola de indignación y ha encendido las alarmas sobre los abusos de autoridad en corporaciones de seguridad. Tras la difusión de las imágenes, el alcalde Luis Gerardo Olivares solicitó la suspensión inmediata de los agentes involucrados y aseguró que enfrentarán consecuencias administrativas y penales si se confirma su responsabilidad.

    Las imágenes, grabadas presuntamente en noviembre de 2025 y difundidas recientemente en redes sociales, muestran a un hombre identificado como Gabriel N con las manos atadas mientras varios policías lo someten. En el video se observa cómo uno de los agentes vierte agua sobre una tela colocada en el rostro de la víctima, una práctica conocida como waterboarding o ahogamiento simulado, considerada internacionalmente una forma de tortura.

    La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHE) confirmó la autenticidad del material e inició de oficio la queja correspondiente, además de requerir información formal al Ayuntamiento. Paralelamente, la Fiscalía General del Estado abrió una carpeta de investigación a través de su Fiscalía Especializada en Delitos de Tortura y Otros Tratos Crueles, luego de que la víctima presentara una denuncia formal por los hechos.

    Ante la gravedad del caso, el alcalde informó que presentó una solicitud ante la Comisión del Servicio Profesional de Carrera, Honor y Justicia para que los policías señalados sean suspendidos preventivamente mientras se desarrollan las investigaciones. “No deben portar armas, no deben estar en las calles y no deben tener contacto con personas detenidas”, sostuvo el edil, quien prometió total colaboración con las autoridades para esclarecer lo ocurrido.

    El Ayuntamiento también emitió un posicionamiento en el que aseguró que no tolerará conductas contrarias a la ley y reiteró que cualquier servidor público que incurra en abusos deberá responder ante la justicia. Olivares dirigió además un mensaje a la víctima y a su familia, reconociendo la gravedad de los hechos y afirmando que ninguna persona bajo custodia policial debe temer ser violentada por quienes tienen la obligación de protegerla.

    Este caso vuelve a colocar en el centro del debate la necesidad de erradicar prácticas violatorias de derechos humanos dentro de las corporaciones policiales. Las autoridades estatales y municipales ahora enfrentan el reto de garantizar una investigación transparente, sancionar a los responsables y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse en Colima.

  • Fiscalía del Edomex va contra alcalde de Metepec, Fernando Flores, por abuso de autoridad

    Fiscalía del Edomex va contra alcalde de Metepec, Fernando Flores, por abuso de autoridad

    El edil panista y dos personas más enfrentarían una audiencia de imputación tras la difusión de videos donde se observa un ingreso violento a un club deportivo acompañado de escoltas armados.

    La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) solicitó al Poder Judicial mexiquense programar una audiencia de formulación de imputación contra el alcalde de Metepec, Fernando Flores Fernández, por su probable responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad y lesiones.

    La investigación deriva de los hechos ocurridos en el Club Deportivo La Asunción, donde videos difundidos en redes sociales muestran al presidente municipal ingresar por la fuerza al inmueble acompañado de personas de seguridad que portaban armas largas. De acuerdo con la Fiscalía, el material permitió identificar posibles conductas constitutivas de delito.

    En las grabaciones se observa al edil entrar al lugar y, posteriormente, presuntamente lanzar un golpe contra una persona antes de ser separado por uno de sus acompañantes. Ante estos hechos, la autoridad ministerial señaló que existen elementos para solicitar la audiencia correspondiente ante un juez.

    Previo a esta determinación, la Fiscalía mexiquense había requerido al alcalde aclarar si las personas que lo acompañaban eran servidores públicos o elementos de seguridad contratados de manera particular. Tras la polémica generada por los videos, Flores ofreció una disculpa pública y aseguró que acudió al sitio para intervenir en un conflicto familiar del que fue informado mediante una llamada.

    A través de sus canales oficiales, la FGJEM informó que obtuvo audiencia de formulación de imputación contra tres investigados por su probable participación en hechos relacionados con abuso de autoridad y lesiones. Aunque no se detalló oficialmente la identidad de los otros involucrados, se presume que serían dos de los escoltas que acompañaban al alcalde.

    Ahora será el Poder Judicial del Estado de México quien determine la fecha de la audiencia, momento en el que el alcalde de Metepec y los otros dos señalados serán notificados para continuar con el proceso legal correspondiente.

  • Policías estatales enfrentan proceso por abuso de autoridad en Guanajuato

    Policías estatales enfrentan proceso por abuso de autoridad en Guanajuato

    Dos elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado son vinculados a proceso penal por retener a un trailero. La comunidad exige justicia.

    Dos policías estatales fueron vinculados a proceso penal por su participación en la retención irregular de un trailero. Los hechos ocurrieron el 30 de abril en la carretera federal 45, cuando el chofer fue obligado a detenerse.

    Gracias a un video grabado por la cámara del tráiler, se pudo observar cómo los oficiales solicitaron los documentos del conductor y se retiraron del lugar. Pocos momentos después, dos hombres abordaron el vehículo y amagaron al operador.

    La Fiscalía General del Estado actuó rápidamente. El equipo de investigaciones obtuvo las órdenes de aprehensión y logró detener a los acusados el 12 de mayo. Los elementos, identificados como Ricardo y Emmanuel Israel, ahora enfrentan cargos por abuso de autoridad. Esta situación no incluye acusaciones de privación de la libertad o extorsión, aunque el chofer fue víctima de estos delitos posteriormente.

    Durante la audiencia inicial, los acusados fueron vinculados a proceso por el abuso de su función pública. El juez otorgó un periodo de dos meses para cerrar la investigación complementaria. Ambos policías fueron cesados de sus cargos, pero se enfrentarán al proceso en libertad. Esto se debe a que el delito que se les imputa no es considerado grave.

    El artículo 253 del Código Penal establece que un servidor público que excede sus funciones puede recibir de dos a ocho años de prisión. La actuación de estos oficiales ha generado preocupación en la comunidad. El Grupo de Inteligencia Operativa resaltó que comportamientos como este socavan la confianza en las instituciones de seguridad.

    La población demanda justicia y espera que casos como este no se repitan. La integridad de los cuerpos de seguridad es fundamental para la convivencia pacífica.

  • Vinculan a proceso a policías por secuestro exprés en Tamaulipas

    Vinculan a proceso a policías por secuestro exprés en Tamaulipas

    Cuatro elementos de la Guardia Estatal fueron vinculados a proceso por privación ilegal de la libertad y extorsión; autoridades indagan una red más amplia de abusos.

    Un juez de control en Ciudad Victoria vinculó a proceso a cuatro policías de la Guardia Estatal por su presunta participación en un secuestro exprés, luego de detener ilegalmente a un ciudadano y exigirle dinero a cambio de su liberación en el fraccionamiento Valladolid.

    De acuerdo con la investigación, los uniformados habrían incurrido en abuso de autoridad, uso indebido de funciones y secuestro agravado, delitos que podrían alcanzar penas de hasta 15 años de prisión. Como medida cautelar, el juez determinó que los imputados permanezcan en prisión preventiva durante el desarrollo del proceso judicial.

    Las autoridades ministeriales señalaron que este caso no sería aislado. Existen indicios de que más elementos de la corporación podrían estar involucrados en prácticas similares, por lo que se mantienen abiertas diversas líneas de investigación para deslindar responsabilidades dentro de la institución.

    Además, se documentan denuncias ciudadanas en municipios fronterizos y del centro del estado, donde presuntamente agentes de seguridad han cometido actos de extorsión, afectando principalmente a productores de naranja y ganaderos, quienes reportan cobros ilegales y amenazas.

    El aumento de estos casos ha encendido alertas en la entidad, particularmente tras cambios recientes en la estructura de seguridad pública. Las autoridades aseguraron que se actuará con firmeza para sancionar a los responsables y evitar que se repitan estos abusos.

  • Vinculan a proceso a Jaime Bonilla, exgobernador de BC, por caso Next Energy

    Vinculan a proceso a Jaime Bonilla, exgobernador de BC, por caso Next Energy

    El exgobernador enfrenta cargos por peculado y abuso de autoridad tras un contrato que comprometía miles de millones sin que se construyera la planta.

    El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, fue vinculado a proceso penal por los delitos de peculado, abuso de autoridad y uso ilícito de atribuciones, en un caso que exhibe el manejo irregular de recursos públicos a través del proyecto energético Next Energy.

    La resolución fue dictada por un juez del Sistema de Justicia Acusatorio tras una audiencia que se prolongó por casi 24 horas. El exmandatario, también exsenador y actual dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT), enfrentará el proceso en calidad de coautor con dolo, según las autoridades.

    El caso gira en torno a la contratación de una planta fotovoltaica en el Valle de Mexicali, la cual nunca fue construida pese a los compromisos financieros adquiridos. De acuerdo con la investigación, el contrato obligaba al estado a pagar 123 millones de pesos mensuales durante 30 años, generando una carga superior a 35 mil millones de pesos, garantizados con participaciones federales.

    Además, el gobierno estatal habría destinado mil 300 millones de pesos como inversión inicial, mientras que la institución financiera involucrada realizó una quita parcial por una obra que jamás se concretó, lo que refuerza las sospechas de daño al erario.

    La Fiscalía General del Estado (FGE) sostiene que este esquema representó un riesgo financiero grave para Baja California, al comprometer recursos públicos por décadas sin resultados tangibles. El caso se ha convertido en uno de los más relevantes en materia de combate a la corrupción en la entidad.

    La audiencia continuará para definir la medida cautelar que enfrentará Bonilla, en medio de un proceso que podría marcar un precedente sobre la rendición de cuentas de exfuncionarios y el uso indebido de recursos públicos.

  • Mientras Cuauhtémoc confronta a la ciudadanía, Azcapotzalco sanciona abusos

    Mientras Cuauhtémoc confronta a la ciudadanía, Azcapotzalco sanciona abusos

    Mientras en Cuauhtémoc se acusa agresión y el conflicto escala en redes, en Azcapotzalco la alcaldía actuó con sanciones inmediatas contra servidores públicos señalados por violencia.

    El operativo de reordenamiento del comercio ambulante en la Ribera de San Cosme, en la alcaldía Cuauhtémoc, y los hechos registrados en Azcapotzalco contra vecinas y vecinos de la demarcación dejaron al descubierto dos maneras opuestas de ejercer el poder público en la Ciudad de México.

    Por un lado, la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega denunció haber sido agredida durante el retiro de puestos semifijos; sin embargo, ella y su equipo confrontaron directamente a la ciudadanía, lo que agravó el conflicto. En contraste, en Azcapotzalco, la alcaldesa Nancy Núñez sí actuó contra funcionarios de su propia administración tras registrarse hechos de violencia contra vecinas y vecinos de la demarcación.

    En San Cosme, Rojo de la Vega afirmó que fue emboscada por comerciantes, derribada de su motocicleta y golpeada durante el operativo. Acudió al Ministerio Público y mostró lesiones en rostro, brazo y cadera, asegurando que el personal de la alcaldía también resultó herido. Sin embargo, las redes sociales pusieron en duda su versión: usuarios analizaron imágenes y señalaron que los moretones mostraban formas simétricas poco comunes en agresiones reales, lo que desató una nueva ola de cuestionamientos y viralización del caso.

    El conflicto se intensificó cuando la diputada Diana Sánchez Barrios acusó al gobierno de Cuauhtémoc de usar la violencia contra comerciantes, defendiendo que existían acuerdos previos de reubicación. La falta de mediación, el intercambio de acusaciones y el silencio posterior de la alcaldía profundizaron la desconfianza ciudadana.

    En contraste, tras un operativo de vía pública en Azcapotzalco que derivó en agresiones a vecinas y vecinos de Chintolo, Nancy Núñez anunció sanciones inmediatas, la separación del cargo de los responsables, incluida la directora general de Gobierno, y confirmó que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos ya investiga los hechos. Además, la alcaldía mantuvo comunicación directa con las familias afectadas y garantizó acompañamiento institucional.

    Mientras en Cuauhtémoc el conflicto crece entre dudas, denuncias y confrontación, en Azcapotzalco se marcó una línea clara contra el abuso de autoridad. Dos alcaldías, un mismo problema y dos respuestas que hoy pesan en la percepción pública.

  • Azcapotzalco separa a funcionarios tras operativo violento y garantiza investigación a fondo

    Azcapotzalco separa a funcionarios tras operativo violento y garantiza investigación a fondo

    La alcaldesa afirmó que no habrá encubrimientos, anunció sanciones inmediatas y confirmó que la Fiscalía ya investiga los hechos ocurridos durante un operativo de vía pública.

    La alcaldesa Nancy Núñez informó que la alcaldía de Azcapotzalco no tolerará ningún acto de violencia cometido por servidores públicos, luego de los hechos registrados durante un operativo de rescate de espacio público que derivó en agresiones contra vecinos y vecinas de la demarcación.

    En un posicionamiento oficial, la mandataria local detalló que ya se iniciaron acciones administrativas y correctivas, así como sanciones contra el personal involucrado, con el objetivo de garantizar que este tipo de conductas no vuelvan a repetirse. Como medida inmediata, anunció la separación del cargo de las personas responsables, incluida la directora general de Gobierno.

    Núñez subrayó que, a diferencia de otras demarcaciones, en Azcapotzalco no se solapan abusos de autoridad, y recalcó que su administración velará en todo momento por el bienestar y la integridad de la ciudadanía. Asimismo, aseguró que el gobierno local no obstaculizará ni ocultará información, sino que dará todas las facilidades para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

    La alcaldesa confirmó que la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos ya inició las indagatorias, mientras que la alcaldía mantiene contacto directo y permanente con la familia afectada, a la que se le brinda acompañamiento institucional para la presentación de denuncias y la protección de su integridad.

    Los hechos se registraron la mañana del jueves 26 de febrero, y la alcaldía recordó que desde el inicio del operativo matutino se mantuvo comunicación constante con vecinos de la comunidad de Chintolo, con el objetivo de atender posibles daños, privilegiar el diálogo y reparar cualquier afectación. La administración reiteró su compromiso con un gobierno cercano, humano y accesible, en el que cada servidor público debe conducirse bajo principios de legalidad, ética, transparencia y pleno respeto a los derechos humanos.

    Finalmente, Núñez reafirmó que Azcapotzalco es un gobierno para servir al pueblo, y que ningún abuso será permitido, sin excepción.

  • Fiscalía del Edomex abre 110 investigaciones por extorsión y abusos dentro de la propia institución

    Fiscalía del Edomex abre 110 investigaciones por extorsión y abusos dentro de la propia institución

    La Fiscalía mexiquense reconoce una red de señalamientos contra agentes y falsos policías; sólo una fracción de los casos logró avanzar por falta de denuncias formales.

    La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) abrió 110 expedientes por presuntas conductas delictivas cometidas por servidores públicos, luego de la difusión de denuncias en redes sociales y medios de comunicación. Del total, 67 investigaciones se iniciaron de oficio y 43 derivaron de denuncias formales, en un contexto marcado por acusaciones de extorsión, usurpación de funciones y abuso de autoridad.

    Entre los casos más graves se encuentra la suspensión de 10 elementos adscritos a la región de Tecámac, señalados por extorsionar a automovilistas en la autopista México–Pachuca. El análisis inicial identificó acusaciones contra 39 integrantes de la institución y ocho personas externas, de las cuales cinco aún no han sido plenamente identificadas.

    Las indagatorias permitieron establecer la probable participación de ocho policías de investigación en hechos ilícitos. La FGJEM ejerció acción penal contra ellos: dos por extorsión y seis por usurpación de funciones públicas. Todos esperan audiencia de formulación de imputación. En paralelo, 20 elementos más continúan bajo investigación, mientras que 11 fueron descartados al no existir relación con los hechos denunciados.

    En cuanto a personas ajenas a la corporación, tres enfrentan proceso penal por secuestro con fines de extorsión. No obstante, el avance de las carpetas se ha visto limitado: de 41 presuntas víctimas citadas, sólo tres acudieron a rendir declaración, lo que ha obstaculizado la judicialización de los casos.

    La Fiscalía informó que 43 expedientes fueron archivados temporalmente al carecer de sustento jurídico, aunque permanecerán abiertos ante nuevos indicios. También se documentaron 34 vehículos vinculados a las denuncias; dos unidades oficiales fueron aseguradas y 60 patrullas Charger quedaron bajo resguardo como medida preventiva.

    Finalmente, la FGJEM emitió una circular obligatoria sobre uso de uniforme y gafete, mientras que los operativos derivados de estas investigaciones permitieron detener a 21 personas que se hacían pasar por policías, vinculadas con homicidio, extorsión y robo de vehículos.