Las fiscalías de todo el país solicitaron por unanimidad a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que mantenga la prisión preventiva oficiosa en delitos graves como secuestro, feminicidio, homicidio y desaparición forzada. Advirtieron que si se elimina esta medida, más de 60 mil personas procesadas por estos delitos saldrían de prisión, debilitando la autonomía del Estado, la seguridad y la justicia penal.
El llamado se hizo durante la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ), que reunió a las 32 fiscalías generales de justicia estatales y la Fiscalía General de la República (FGR). La reunión se celebró a puerta cerrada el 21 de junio.
En un comunicado, la FGR subrayó la necesidad de preservar la Soberanía Nacional y la Supremacía Constitucional, señalando que no hacerlo afectaría gravemente la autonomía del Estado Mexicano y su sistema de justicia penal.
Actualmente, la SCJN analiza un proyecto de sentencia que propone anular el segundo párrafo del Artículo 19 constitucional, el cual ordena la aplicación de prisión preventiva oficiosa en una veintena de delitos graves. La FGR alertó que resolver en contra de la Constitución permitiría la liberación de aproximadamente 60 mil personas procesadas por delitos graves, lo que expondría a la sociedad, especialmente a víctimas, testigos y servidores públicos, a graves riesgos.
Calificaron de “indispensable, prioritario y obligatorio cumplir y hacer cumplir la Constitución General de la República, frente a los efectos nocivos de la liberación masiva de imputados”, concluyó la Asamblea.
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