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Etiqueta: SCJN

  • Xcaret se desiste de su amparo ante la Suprema Corte por el uso de símbolos mayas

    Xcaret se desiste de su amparo ante la Suprema Corte por el uso de símbolos mayas

    La empresa retiró el juicio el 16 de octubre, justo después de que la SCJN atrajera el caso por segunda vez para analizar el fondo del asunto.

    Xcaret dio marcha atrás en su pelea legal por usar símbolos mayas en sus parques, hoteles y páginas de internet. La empresa presentó el 16 de octubre su desistimiento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), apenas dos semanas después de que el máximo tribunal atrajera el caso por segunda vez para decidir si le concedía un amparo o le retiraba de forma definitiva ese uso.

    El escrito fue entregado por su apoderado legal, Rafael Giménez Camacho, y consta en el expediente 428/2026, que se relaciona con el juicio de amparo 1649/2024. El conflicto comenzó a finales de 2022, cuando el Gran Consejo Maya de Quintana Roo pidió un arbitraje por el uso ilegal de esos símbolos y por violaciones a las reglas de protección patrimonial de los pueblos originarios. Según la ministra Yasmín Esquivel Mossa, el grupo se retractó luego de un acuerdo económico con la firma, pero el proceso siguió porque el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor) ya lo impulsaba de oficio.

    En marzo, la Corte revisó solo la suspensión definitiva que Xcaret ganó a principios de 2025 y que le permitía seguir usando los símbolos. Meses después, en mayo, la empresa suspendió “La Travesía Sagrada Maya” al argumentar que no tenía certeza jurídica para usar el nombre y operar el espectáculo, lo que generó polémica entre el empresariado local por el peso de Xcaret como generadora de empleos en Cancún y la Riviera Maya.

    Este viernes 30 de octubre arrancará el Festival de Vida y Muerte, en su 20 aniversario y con Guanajuato como estado invitado. El evento, que también formó parte del reclamo original, podría tener cambios.

  • SCJN revisará amparos de acusados por el ataque con ácido contra María Elena Ríos

    SCJN revisará amparos de acusados por el ataque con ácido contra María Elena Ríos

    Por siete votos contra uno, el máximo tribunal atrajo los recursos de los acusados, incluido el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, para definir si fue legal anular una absolución y ordenar un nuevo juicio.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo nuevamente el caso de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, sobreviviente de un ataque con ácido en 2019, para revisar los amparos promovidos por los acusados, entre ellos el exdiputado priista Juan Antonio Vera Carrizal, relacionados con la anulación de una sentencia absolutoria.

    La decisión fue aprobada este lunes por siete votos contra uno, a solicitud del ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, y de la ministra Loretta Ortiz Ahlf. La ministra María Estela Ríos González votó en contra de atraer el asunto.

    El máximo tribunal analizará si un juez sustituto tenía facultades para dejar sin efectos la absolución de los acusados por su presunta participación en el ataque, investigado como tentativa de feminicidio, y ordenar la reposición del juicio oral. El caso surgió después de que el juez que presenció las pruebas y emitió el fallo absolutorio fuera suspendido, cuando únicamente faltaban la redacción de la sentencia y su lectura.

    Loretta Ortiz sostuvo que la intervención de la Corte permitirá precisar los alcances del principio de inmediación, que establece la importancia de que quien juzga presencie directamente las pruebas, así como las atribuciones de un juzgador sustituto. También señaló que el asunto tiene implicaciones para el debido proceso, la seguridad jurídica y el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género.

    Por su parte, Hugo Aguilar Ortiz aclaró que la revisión no implica valorar de inmediato la responsabilidad penal de los acusados, sino resolver una cuestión procesal: si la ausencia del juez original justificaba anular el juicio o si podía emitirse por escrito la sentencia que ya había sido determinada.

    La SCJN revisará cinco amparos en revisión, identificados con los expedientes 278/2024, 279/2024, 38/2025, 55/2025 y 85/2025, procedentes de un tribunal colegiado del décimo tercer circuito. La resolución definirá el curso judicial del caso, sin que la atracción por sí misma determine la culpabilidad o inocencia de los acusados.

  • Corte rechaza atraer amparo de Yarrington contra auto de formal prisión

    Corte rechaza atraer amparo de Yarrington contra auto de formal prisión

    El ex gobernador de Tamaulipas pretendía frenar los efectos de la resolución dictada en su contra por lavado de dinero y delincuencia organizada.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó la solicitud del ex gobernador de Tamaulipas, Tomás Yarrington Ruvalcaba, para atraer un recurso relacionado con el amparo que promovió contra el tercer auto de formal prisión, dictado el 25 de junio de 2025. Se le acusa de lavado de dinero y delincuencia organizada.

    El amparo buscaba revertir la decisión de un juez federal que le negó la suspensión definitiva, con la cual pretendía frenar de manera provisional los efectos del auto de formal prisión mientras se resolvía el juicio. La Corte explicó que la defensa no está legitimada para pedir directamente la atracción y que ningún ministro hizo suya la solicitud, según notificó el miércoles en estrados digitales.

    Yarrington, quien gobernó Tamaulipas de 1999 a 2004, fue expulsado del PRI en 2016 en medio de acusaciones de corrupción. En abril de 2017 fue detenido en Florencia, Italia, por pedido de la entonces Procuraduría General de la República, y un año después fue extraditado a Estados Unidos, donde también enfrentaba cargos por lavado.

    En 2021 se declaró culpable de conspiración para lavar dinero ante la justicia estadounidense y, en marzo de 2023, fue condenado a nueve años de prisión. El 9 de abril de 2025 fue deportado a México y entregado a la FGR en Tijuana, Baja California.

  • Mujeres de Chiapas protestan contra el PAN por impugnar la paridad electoral de 2027

    Mujeres de Chiapas protestan contra el PAN por impugnar la paridad electoral de 2027

    Cerca de 300 feministas clausuraron simbólicamente las oficinas del partido en Tuxtla Gutiérrez y defendieron la reforma que busca garantizar más espacios para las mujeres en las presidencias municipales.

    Alrededor de 300 integrantes de colectivas feministas y defensoras de la paridad de género marcharon en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para rechazar la impugnación del Partido Acción Nacional (PAN) contra la reforma electoral que busca garantizar la participación de las mujeres en las presidencias municipales durante los comicios de 2027. Las manifestantes clausuraron simbólicamente las oficinas estatales del partido con mantas y cartulinas con la leyenda “clausurado por machismo político”.

    La movilización se realizó luego de que el PAN recurriera ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la reforma aprobada por unanimidad el pasado 14 de septiembre por el Congreso de Chiapas. Durante la protesta, las participantes corearon consignas como “si tocan la paridad respondemos con unidad” y “va a caer, va a caer, el patriarcado va a caer”, para exigir que se mantengan los avances en los derechos políticos de las mujeres.

    Lorena Gallegos, una de las participantes, afirmó que la lucha por la paridad beneficia tanto a las mujeres que abrieron camino como a las nuevas generaciones. Por su parte, Sonia Fernanda Olmedo Duque destacó la importancia de que las jóvenes puedan defender sus derechos y aspirar a ocupar cargos públicos. Una participante indígena también llamó a las mujeres a levantar la voz y recordó que las capacidades para gobernar no son exclusivas de los hombres.

    En respuesta a las críticas, la dirigente estatal del PAN, Catalina Caravantes, sostuvo que su partido no impugnó el derecho de las mujeres a participar en política, sino el procedimiento previsto para aplicar la reforma. Argumentó que la integración de los bloques municipales y el mecanismo de insaculación quedaron en manos de la Junta de Coordinación Política del Congreso local, en lugar del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC).

    El Congreso chiapaneco defendió que la modificación representa una deuda histórica saldada con las mujeres. La reforma establece que las candidaturas a los ayuntamientos, postuladas por partidos, coaliciones o candidaturas independientes, deberán registrarse mediante planillas que garanticen la paridad horizontal y vertical. La controversia coloca en el centro del debate la manera en que se implementarán las reglas para ampliar la representación política femenina en 2027.

    Con información de La Jornada.

  • Cae red que usaba IA para hacerse pasar por funcionarios y extorsionar

    Cae red que usaba IA para hacerse pasar por funcionarios y extorsionar

    Cinco personas fueron detenidas y vinculadas a proceso por presuntamente integrar una red que suplantaba a gobernadores, ministros y alcaldes para cometer extorsiones.

    La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, desmanteló una red dedicada a la extorsión y suplantación de identidad de servidores públicos de alto nivel. El grupo presuntamente utilizaba inteligencia artificial (IA) para hacerse pasar por funcionarios.

    De acuerdo con la información difundida, la red suplantaba a gobernadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y presidentes municipales, con el objetivo de establecer contacto con sus víctimas y realizar actos de extorsión.

    Durante el operativo fueron detenidos Luis “N”, Liliana “N”, Luis Samuel “N”, Aimee de Guadalupe “N” y Agustín Arturo “N”. Tras su captura, los cinco fueron ingresados al Centro Penitenciario de Almoloya, en el Estado de México.

    Posteriormente, los detenidos fueron vinculados a proceso y se les impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible participación en los hechos y establecer el alcance de las operaciones de la red.

    El caso exhibe el uso de nuevas herramientas tecnológicas para facilitar delitos como la suplantación de identidad y la extorsión, al emplear recursos de IA para intentar hacer creíble la identidad de funcionarios públicos. Las autoridades mantienen las indagatorias para esclarecer el funcionamiento de la organización.

  • SCJN respalda revisión del INE a candidatos por posibles nexos delictivos

    SCJN respalda revisión del INE a candidatos por posibles nexos delictivos

    La Suprema Corte avaló por unanimidad el mecanismo que permite revisar perfiles de aspirantes ante un posible riesgo de vínculos con actividades delictivas, aunque su participación será voluntaria y no impedirá una candidatura.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dio luz verde a la Comisión de Verificación de Integridad en Candidaturas del INE, luego de rechazar una impugnación promovida por el PRI. El Pleno determinó que el mecanismo tiene carácter preventivo, informativo y voluntario, por lo que no establece un nuevo requisito de elegibilidad.

    La comisión podrá revisar, con autorización de los partidos políticos o de aspirantes independientes, información relacionada con posibles vínculos con actividades delictivas. Para ello, podrá solicitar análisis a instituciones de seguridad, inteligencia, procuración de justicia y autoridades financieras, con el objetivo de identificar un “riesgo razonable”.

    La revisión, sin embargo, no equivale a una investigación penal ni determina por sí misma que una persona haya cometido un delito. La información será enviada a los partidos, que decidirán si toman alguna medida, mientras que el resultado no será vinculante para registrar o rechazar una candidatura.

    El mecanismo fue impugnado por el dirigente del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, quien argumentó que podría vulnerar la presunción de inocencia y convertirse en una especie de veto indirecto para quienes decidieran no someterse a la evaluación. La Corte desestimó esos argumentos al considerar que la participación es voluntaria y que no existe una sanción por negarse.

    Durante la discusión, el ministro Giovanni Figueroa propuso limitar los reportes de posibles vínculos delictivos a casos en los que ya existieran indicios presentados ante un juez para solicitar una vinculación a proceso. La propuesta no prosperó. Así, el INE contará con un mecanismo preventivo para revisar posibles riesgos en candidaturas, aunque la decisión final sobre los registros seguirá correspondiendo a las autoridades electorales conforme a la ley.

  • SCJN frena alternancia de género para gubernaturas en Durango y San Luis Potosí

    SCJN frena alternancia de género para gubernaturas en Durango y San Luis Potosí

    La Suprema Corte determinó que los congresos locales no pueden establecer de forma anticipada qué género debe encabezar las candidaturas, al considerar que la regla restringía el derecho a ser votado.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó las disposiciones que obligaban a los partidos políticos a aplicar una alternancia de género en las candidaturas a las gubernaturas de Durango y San Luis Potosí. El Pleno consideró que los congresos estatales excedieron sus atribuciones al determinar de manera automática el género de quienes podrían contender.

    De acuerdo con la Corte, estas reglas podían excluir, dependiendo del proceso electoral, a personas de uno u otro género de la posibilidad de competir por la gubernatura. Por ello, determinó que las disposiciones vulneraban el derecho a ser votado, además de afectar la autodeterminación de los partidos políticos y el pluralismo democrático.

    La resolución, sin embargo, no elimina el principio de paridad de género ni las acciones afirmativas destinadas a impulsar la participación política de las mujeres. La SCJN señaló que estas medidas deben armonizarse con la obligación de garantizar la participación en condiciones de igualdad, respetando al mismo tiempo los derechos político-electorales y la autonomía partidista.

    En San Luis Potosí, la disposición había sido aprobada mediante el Decreto 0539, que establecía que partidos y coaliciones debían observar la alternancia de género para las candidaturas a la gubernatura. La medida se dio en el contexto de la preparación del proceso electoral de 2027, en el que se renovará el Poder Ejecutivo estatal.

    En Durango, el Congreso local incorporó una regla similar mediante el Decreto 427, con la que buscaba obligar a los partidos a respetar la alternancia de género en la elección de gobernador. La SCJN determinó que ambas normas no podían establecer de antemano qué género tendría permitido competir, al considerar que esa decisión corresponde al proceso electoral y debe garantizar los derechos de todas las personas.

  • Maru Campos lleva su reforma electoral a la Corte y pide blindar elecciones de Chihuahua

    Maru Campos lleva su reforma electoral a la Corte y pide blindar elecciones de Chihuahua

    La gobernadora busca que la SCJN mantenga una reforma que permite anular comicios si se acredita intervención del crimen organizado y restringir candidaturas vinculadas con grupos delictivos.

    La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantener vigente la reforma electoral estatal que contempla anular elecciones cuando se acredite la intervención del crimen organizado e impedir que personas vinculadas con grupos delictivos puedan competir por cargos públicos. El Pleno de la Corte tiene previsto analizar el tema este 29 de septiembre.

    Campos presentó el asunto como una defensa de los comicios frente a la delincuencia y sostuvo que “lo que está en juego” es si un estado puede proteger sus elecciones de la intervención criminal. La panista pidió a ministras y ministros avalar íntegramente la legislación, aprobada por el Congreso de Chihuahua con votos de distintas fuerzas políticas y oposición de Morena, según lo señalado por la propia mandataria.

    La reforma establece dos puntos centrales: la posibilidad de anular una elección cuando se acredite participación o presión del crimen organizado y restricciones para candidaturas cuando existan vínculos con grupos delictivos. Es decir, Campos apuesta buena parte de su mensaje político en una reforma que ahora tendrá que pasar por el filtro constitucional de la Corte.

    La gobernadora llamó a la ciudadanía a estar pendiente de la resolución y sostuvo que la legislación busca evitar que grupos criminales intervengan en el registro de candidaturas, las campañas y los resultados electorales. Sin embargo, será la SCJN la que determine el alcance constitucional de las disposiciones impugnadas; por ahora, el llamado de Campos es una postura política previa a la deliberación judicial.

    Así, la mandataria colocó el tema en modo “elecciones contra el crimen”, con un mensaje contundente y una pregunta de fondo que ahora deberá responder la Corte: hasta dónde puede llegar un estado al modificar sus reglas electorales para impedir la intervención de grupos delictivos. El desenlace dependerá de la discusión y votación del Pleno, no del discurso de la gobernadora.

  • SCJN ordena al Edomex atender hacinamiento crítico en penal Neza-Bordo

    SCJN ordena al Edomex atender hacinamiento crítico en penal Neza-Bordo

    El penal tiene capacidad para mil 834 personas, pero alberga a 5 mil 823; la Corte dio seis meses para elaborar un plan que atienda la sobrepoblación.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a las autoridades del Estado de México elaborar un plan para atender el hacinamiento en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Nezahualcóyotl-Bordo Xochiaca. El Pleno consideró acreditada la sobrepoblación y señaló que las condiciones actuales pueden afectar los derechos de las personas privadas de la libertad.

    El penal tiene capacidad para mil 834 personas, pero en noviembre de 2025 albergaba 5 mil 823, lo que representa una sobrepoblación de 217.50%. La Corte destacó que las propias autoridades reconocieron la existencia del hacinamiento durante el juicio promovido por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública.

    La SCJN señaló que el hacinamiento puede afectar derechos relacionados con la integridad personal, salud física y mental, alimentación, acceso al agua, servicios sanitarios y trabajo. Por ello, recordó que el Estado tiene una responsabilidad especial de garantizar que las condiciones de internamiento sean compatibles con la dignidad humana.

    Las autoridades mexiquenses tendrán un máximo de seis meses para diseñar un plan interinstitucional, que deberá contemplar acciones concretas, adecuaciones de infraestructura, gestiones presupuestales, beneficios preliberacionales y capacitación del personal, entre otras medidas. Además, deberán presentar informes trimestrales a la SCJN y al juzgado encargado de supervisar el cumplimiento de la sentencia.

  • SCJN revisará pruebas bancarias de Suiza contra Emilio Lozoya

    SCJN revisará pruebas bancarias de Suiza contra Emilio Lozoya

    La Corte analizará si los registros bancarios enviados desde Suiza pueden utilizarse como prueba en el proceso contra el exdirector de Pemex por el caso Odebrecht.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso de Emilio Lozoya Austin para determinar si los registros bancarios enviados desde Suiza pueden ser utilizados como pruebas dentro del proceso penal que enfrenta el exdirector de Pemex. El tema central será establecer si esos documentos requerían control o autorización judicial en México para ser admitidos.

    Los registros financieros habían sido excluidos durante la etapa intermedia del proceso, después de que la defensa de Lozoya argumentara que su incorporación vulneraba derechos relacionados con la privacidad y el secreto bancario. Ante esa resolución, la Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la decisión y solicitó que la SCJN ejerciera su facultad de atracción.

    La Corte deberá determinar si la información obtenida mediante el Tratado de Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre México y Suiza cumple con los requisitos para ser considerada prueba en territorio mexicano, o si además era necesario contar con una autorización judicial previa. La decisión podría definir el futuro de una parte central de la acusación contra Lozoya.

    La FGR acusa a Lozoya de haber recibido más de 10.5 millones de dólares en presuntos sobornos de Odebrecht durante la campaña presidencial de 2012 y posteriormente durante su gestión al frente de Pemex. De acuerdo con la acusación, los recursos habrían sido canalizados mediante empresas y cuentas bancarias en distintos países, entre ellos Suiza.

    Los documentos financieros que ahora revisará la SCJN incluyen información sobre cuentas vinculadas con empresas relacionadas con familiares de Lozoya y transferencias atribuidas a Odebrecht. Si la Corte determina que las pruebas son válidas, el proceso podrá continuar con esos elementos; si establece que no pueden utilizarse, la FGR tendría que enfrentar el juicio sin esa parte de su evidencia. La resolución no implica por sí misma una condena contra el exfuncionario.