La justicia federal determinó que el exclusivo desarrollo en Puerto Morelos obtuvo permisos sin acreditar la autorización de impacto ambiental exigida por la ley, pese a ubicarse en una zona con manglares protegidos.
Un nuevo revés alcanzó al negocio inmobiliario que avanza sobre los ecosistemas de Quintana Roo. Un juez federal dejó sin efectos la licencia de construcción del complejo residencial Alux 33, ubicado en Puerto Morelos, al determinar que el proyecto fue autorizado sin cumplir con los requisitos ambientales obligatorios para desarrollos asentados en áreas ecológicamente sensibles.
La resolución ordena al ayuntamiento de Puerto Morelos cancelar los efectos jurídicos de la licencia de construcción PM-1616 y abstenerse de utilizarla para autorizar futuras ampliaciones, prórrogas, regularizaciones o cualquier trámite relacionado con el proyecto. La decisión fue dada a conocer por Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), organización que promovió el juicio de amparo para frenar las obras.
De acuerdo con la sentencia emitida dentro del juicio de amparo 515/2025-IV, la autoridad municipal otorgó el permiso sin verificar previamente la existencia de una autorización federal de impacto ambiental, requisito indispensable para este tipo de construcciones. El juzgado concluyó que el procedimiento vulneró la legislación ambiental y puso en riesgo una zona donde existe presencia de vegetación de manglar, uno de los ecosistemas más importantes y protegidos del país.
La resolución subraya que las evaluaciones de impacto ambiental no son simples trámites burocráticos ni obstáculos para la inversión, como suelen argumentar algunos desarrolladores. Por el contrario, constituyen herramientas preventivas destinadas a identificar riesgos y evitar daños irreversibles antes de que comiencen las obras. Algo que, al parecer, algunos empresarios inmobiliarios prefieren descubrir cuando ya tienen vendidas las primeras unidades.
El juzgado también destacó que la evaluación ambiental debe realizarse antes del inicio de cualquier construcción para que las autoridades federales puedan establecer medidas de prevención, mitigación o compensación. Además, reconoció la legitimidad de las organizaciones civiles para acudir a los tribunales en defensa del derecho humano a un medio ambiente sano, fortaleciendo la participación ciudadana frente a proyectos con posibles impactos ecológicos.
La decisión representa un precedente relevante en una entidad donde el crecimiento inmobiliario suele avanzar más rápido que la protección ambiental. Mientras algunos desarrolladores siguen viendo los manglares como un estorbo para sus negocios, la justicia federal recordó que el cumplimiento de la ley no es opcional y que el desarrollo no puede construirse a costa de destruir los ecosistemas que hacen de Quintana Roo uno de los patrimonios naturales más importantes de México.
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