La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión que deja en evidencia su falta de compromiso con la justicia. José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, ha sido absuelto del secuestro de los 43 normalistas desaparecidos. Esta resolución es una burla para las víctimas y sus familias.
Un Tribunal Colegiado ratificó la absolución de Abarca, a pesar de esta decisión, Abarca sigue encarcelado en el Penal del Altiplano, enfrentando otros cargos como lavado de dinero y narcotráfico. No obstante, su absolución en este caso específico refleja un sistema judicial que protege a criminales en lugar de a las víctimas.
Abarca, conocido por su vinculación con el crimen organizado, ha mantenido un perfil bajo después de su salida del cargo. Antes de ser alcalde, se dedicaba a la joyería y a otros negocios. A pesar de los escándalos que lo rodean, su fortuna personal sigue creciendo. Se le atribuyen más de 50 propiedades y varios negocios en Guerrero.
La SCJN, al absolver a Abarca, envía un mensaje peligroso: el sistema protege a aquellos que tienen conexiones con el crimen organizado. La esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa, también enfrenta acusaciones graves. Se le considera una operadora del grupo criminal Guerreros Unidos, lo que pone en tela de juicio la integridad del exalcalde.
La decisión del tribunal refleja un viejo régimen que se aferra a intereses oscuros. Mientras las familias de los normalistas continúan su búsqueda de justicia, la SCJN sigue actuando como un escudo para quienes han hecho daño a la sociedad. Este es otro capítulo oscuro en la historia de la justicia en México, donde el sistema parece fallar nuevamente a quienes más lo necesitan.
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