La reforma aclara que lo resuelto antes de su entrada en vigor se mantiene bajo la ley antigua y limita el uso del amparo en créditos fiscales firmes.
La Cámara de Diputados aprobó durante la madrugada la reforma a la Ley de Amparo, enfocándose en la nueva redacción del artículo 3º transitorio, que especifica cómo aplicarán las normas a los juicios en curso. El dictamen se aprobó con 322 votos a favor, 128 en contra y 3 abstenciones, y ahora regresa al Senado para su revisión final.
El debate central giró en torno a este transitorio, previamente modificado por los senadores, que generó polémica al percibirse como retroactivo. La versión final distingue entre las etapas procesales concluidas —que seguirán bajo la ley anterior— y las que continúen tras la publicación del decreto, que se regirán por la nueva disposición.
El presidente de la Comisión Jurisdiccional, Hugo Eric Flores (Morena), explicó: “Lo hecho queda bajo la ley antigua. Lo que se haga después, bajo la nueva.” Diputados de oposición, como Paulina Rubio (PAN) y Emilio Suárez Licona (PRI), advirtieron que la reforma podría abrir la puerta a abusos y debilitar la certeza jurídica.
Otro eje de la reforma es limitar el uso del amparo en créditos fiscales firmes. El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, señaló que la modificación busca que el amparo no sea utilizado por contribuyentes o empresas para evadir impuestos o prolongar juicios durante décadas. Para obtener suspensiones, los contribuyentes deberán garantizar el interés fiscal mediante instrumentos financieros autorizados por el SAT. Además, se ajusta la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, excluyendo ciertos casos fiscales ya determinados.
Se discutió, pero no se aprobó, una reserva para que comunidades indígenas y organizaciones civiles pudieran promover amparos en defensa ambiental. La reforma busca agilizar los juicios, evitar la retroactividad y fortalecer la certeza jurídica en procedimientos judiciales y administrativos.
Con la aprobación en lo particular, la reforma pasa al Senado para su dictaminación final antes de su publicación oficial en el Diario Oficial de la Federación.
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