El ex presidente acusa violaciones a sus derechos, tortura psicológica y una estrategia para anularlo políticamente tras su ruptura con el poder actual.
El ex presidente de Bolivia, Luis Arce, se declaró “preso político” desde la cárcel en La Paz, donde permanece recluido desde hace casi cuatro meses. A través de una carta manuscrita, denunció que el gobierno de su sucesor, Rodrigo Paz, busca imponerle una “muerte civil y política” mediante un proceso judicial que considera irregular.
En el documento, fechado el 31 de marzo, el exmandatario aseguró que desde su detención ha sido víctima de violaciones a sus derechos constitucionales, incluyendo afectaciones al debido proceso, la presunción de inocencia y la defensa legal. Además, denunció actos de “tortura psicológica” y condiciones inadecuadas durante sus primeros días en prisión.
Luis Arce, quien gobernó Bolivia entre 2020 y 2025, fue detenido en diciembre tras dejar el cargo. Enfrenta acusaciones por corrupción, incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, relacionadas con un presunto desfalco en el Fondo Indígena durante su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales.
El ex presidente también denunció que todos los recursos legales presentados por su defensa han sido rechazados, incluyendo solicitudes médicas, lo que —afirmó— pone en riesgo su salud. Asimismo, acusó vigilancia constante dentro del penal mediante grabaciones y fotografías, lo que considera parte de un esquema de presión psicológica.
El caso ocurre en un contexto político tenso, tras la ruptura entre Arce y Evo Morales, antiguos aliados, y la derrota de su movimiento político en las elecciones de noviembre pasado. Por su parte, el actual gobierno sostiene que las investigaciones forman parte de un combate a la corrupción tras casi dos décadas de administraciones anteriores.
Mientras tanto, la situación se agrava con la detención de su hijo, también acusado de enriquecimiento ilícito, lo que refuerza la percepción de una ofensiva judicial contra el círculo cercano del exmandatario, quien insiste en su inocencia y exige un proceso “sin presiones políticas”.
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