El Gobierno de México impulsa un nuevo esquema de control del agua, con inspecciones, registro nacional y sanciones más severas para quienes extraen este recurso sin permiso.
Durante la Conferencia del Pueblo de este miércoles 24 de septiembre, el titular de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Efraín Morales López, informó que se han implementado medidas para regularizar las concesiones de agua en México, tras haber detectado un historial de acaparamiento, sobreconcesionamiento y deterioro de infraestructura, lo que generaba desigualdad y afectaciones al derecho humano al agua.
Entre las acciones anunciadas destacan la revisión de todas las concesiones, la creación de un Programa de Inspección Nacional, un nuevo Registro Nacional del Agua, la implementación de una Ventanilla Única y la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, así como la expedición de una nueva Ley General de Aguas, las cuales serán enviadas al Congreso para su evaluación. Estas leyes buscan que el Estado controle las concesiones y limite la mercantilización del agua entre particulares.

La revisión de trámites reveló 145 mil expedientes rezagados, bases de datos incompatibles, duplicaciones y errores en títulos de concesión, coordenadas de ubicación y usos autorizados, desde complejos industriales hasta venta de pipas de agua. Para dar seguimiento, han puesto en marcha un portal de denuncias ciudadanas, al cual se puede acceder en app.conagua.gob.mx/podan.
El ordenamiento de concesiones ha generado un incremento del 15% en la recaudación, equivalente a 2 mil 938 millones de pesos, y se han recuperado 4 mil 475 millones de metros cúbicos de agua en territorio nacional. Morales López aclaró que es fundamental diferenciar entre un uso distinto de la concesión y el robo de agua, así como la extracción ilegal mediante pozos clandestinos.

Las nuevas leyes contemplan sanciones más severas, extinción de dominio en casos de reincidencia y facilidades para regularizar situaciones irregulares. Además, se realizaron 13 foros de consulta con sectores productivos, sociales y de gobierno para garantizar un marco legal moderno y funcional.
La Presidenta Claudia Sheinbaum subrayó que estas acciones permitirán que el Estado recupere el control de los títulos de agua, evite la mercantilización entre particulares y fortalezca la autoridad de la CONAGUA, lo que asegurará el derecho humano al agua y la sustentabilidad hídrica del país.
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