Una investigación revela que persiste la producción de fentanilo en Estados Unidos y el 65% de los implicados son ciudadanos o residentes del país.
Una investigación periodística de Laura Sánchez Ley para Milenio ha puesto entre dicho la versión de Donald Trump y de Estados Unidos sobre el origen del fentanilo, pues según los hechos, parte de la producción del opioide sintético ocurre dentro de territorio estadounidense y con personal estadounidense.
Entre enero de 2025 y marzo de este año, autoridades estadounidenses sentenciaron a personas vinculadas con 18 narcolaboratorios clandestinos ubicados en sótanos, oficinas y garajes. De estas instalaciones, al menos nueve estaban dedicadas a producir fentanilo y cinco a la conversión de metanfetamina líquida en cristal.
En 11 de los 18 casos se identificó la nacionalidad de los detenidos: 37 personas en total. De ellas, 24 eran ciudadanos o residentes de Estados Unidos, un 65%, mientras que 13 eran mexicanos, el 35%. Una participación mayoritaria de personas con residencia en ese país en las actividades de producción.
Los narcolaboratorios fueron detectados en diversos estados, entre ellos California, Washington, Colorado, Nuevo México, Michigan, Ohio, Kentucky, Tennessee, Georgia, Nueva York y Nuevo Hampshire. Las operaciones se desarrollaban en entornos residenciales y urbanos, lo que facilitaba su ocultamiento.
La crisis del fentanilo en Estados Unidos se ha convertido en uno de los principales problemas de salud pública del país. Este opioide sintético, altamente potente y adictivo, está vinculado a la muerte de alrededor de 100.000 personas al año, en gran medida por sobredosis. Su bajo costo de producción, alta disponibilidad y mezcla con otras drogas han agravado el impacto.
A pesar de estos resultados, existe una brecha significativa entre las sentencias y la magnitud de producción de droga. Según los reportes, cada año se desmantelan alrededor de 180 narcolaboratorios en Estados Unidos, una cifra muy superior a los aproximadamente 18 casos judicializados, lo que sugiere limitaciones en la persecución penal de estas actividades.
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