Un informe internacional ha señalado que más de 20 internas de un penal federal permanecieron encarceladas por más de una década sin sentencia, lo que evidenciaría fallas estructurales en el sistema de justicia desde 2009.
La revisión de los más de 20 casos de mujeres privadas de la libertad en México, volvió a colocar bajo la lupa internacional el uso de la prisión preventiva. Un dictamen del comité especializado en derechos de las mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que las internas permanecieron encarceladas durante más de diez años sin sentencia, en algunos casos hasta por 15 años, en un proceso marcado por “retrasos” judiciales y faltas de revisiones periódicas de su situación legal.
El análisis se centró en mujeres recluidas en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, el penal federal exclusivo para mujeres en el país. De acuerdo con la revisión internacional, los expedientes evidencian que las detenidas permanecieron bajo prisión preventiva durante largos periodos sin que sus procesos judiciales registraran avances.
La mayoría de los arrestos ocurrieron durante 2009, en el contexto de la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno federal de ese periodo. Las detenciones se llevaron a cabo bajo acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada, delitos que en automático dirigen a la prisión preventiva conforme a lo establecido en la Ley.
Sin embargo, la ONU advirtió que la medida se ha prolongado por años sin una evaluación de su importancia. La falta de revisiones periódicas y de resoluciones judiciales derivó en que varias de las reclusas pasaran más de una década en prisión sin una sentencia que determinara su culpabilidad o inocencia.
La situación también ha expuesto el impacto social del encarcelamiento prolongado. El penal se encuentra lejos de los lugares de origen de muchas reclusas, por lo que se añaden las limitaciones económicas de sus familias provocando largos periodos de incomunicación y aislamiento.
El caso abre el debate sobre el uso de la prisión preventiva en México así como sus implicaciones para los derechos humanos, creando cuestionamientos sobre su aplicación prolongada y los efectos que genera en el acceso a la justicia para personas que pasan años privadas de la libertad sin una resolución definitiva de sus procesos.
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