La gobernadora Margarita González Saravia le habló directamente a la familia de Claudia Tacoronte Aguilera. También se dirigió a los jóvenes que salieron a las calles a exigir justicia.
Morelos vive días de tensión. Decenas de jóvenes se manifestaron para pedir respuestas sobre el caso de Claudia Tacoronte Aguilera. La gobernadora Margarita González Saravia respondió con un mensaje público.
La mandataria estatal expresó su solidaridad con la familia de la víctima. Reconoció el dolor de los manifestantes y respaldó su exigencia de justicia. Además, aseguró que ella misma supervisa el avance del caso.
González Saravia explicó que coordina a todas las áreas del Gobierno estatal para este propósito. El objetivo es claro: que el probable responsable enfrente a la ley sin excepciones.
La gobernadora fue enfática en su postura. Dijo que su administración no cederá terreno ante la impunidad. Con ese mensaje buscó dar certeza tanto a la familia como a la sociedad morelense.
Por ahora, las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre el estado procesal del caso. La ciudadanía sigue atenta a los próximos pasos del Gobierno estatal.
El fallo determinó que SEMA carecía de facultades para autorizar el proyecto inmobiliario por su vínculo con un humedal costero y manglar.
Un juez federal dejó sin efecto la autorización de impacto ambiental otorgada por la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (SEMA) de Quintana Roo al complejo inmobiliario Alux 33, al determinar que la dependencia estatal invadió atribuciones que corresponden a la Federación.
La resolución del Juzgado Noveno de Distrito, dentro del amparo 959/2025-G-1, estableció que el proyecto está relacionado con un humedal costero y ecosistema de manglar, por lo que su impacto ambiental debía ser evaluado por autoridades federales y no por la SEMA.
El fallo se sustenta en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que reserva a la Federación la evaluación de obras en humedales, ecosistemas costeros, manglares y cuerpos de agua conectados con el mar. La legislación de Quintana Roo, además, limita las facultades estatales a proyectos que no sean competencia federal.
Uno de los puntos centrales de la sentencia fue rechazar el argumento de que la ausencia de vegetación de manglar dentro del predio al momento de otorgarse el permiso justificaba la intervención estatal. Incluso, la propia SEMA había advertido previamente que el proyecto incumplía la NOM-022-SEMARNAT-2003, relacionada con la protección de humedales costeros y manglares.
Además, autoridades ambientales como la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) habían señalado que Alux 33 no era congruente con la legislación aplicable. Posteriormente, la autoridad federal negó la autorización de impacto ambiental para el proyecto.
La abogada de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), Irma Morales Cruz, señaló que el fallo representa un precedente para futuras actuaciones de SEMA y gobiernos municipales, aunque aclaró que no impone sanciones ni establece medidas contra la dependencia o los desarrolladores. La organización anunció que continuará buscando acciones para hacer valer los límites de las autoridades ambientales estatales.
El Gobierno Federal solicitó la detención provisional de Linda Cristina Pereyra por lavado de dinero y delincuencia organizada.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene activa una orden de aprehensión y la solicitud formal de extradición contra Linda Cristina Pereyra Gálvez, esposa de Genaro García Luna. La petición ya fue enviada a las autoridades de Estados Unidos para lograr su captura provisional por presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Esta acción legal forma parte de una amplia investigación sobre la red de corrupción que el exsecretario de Seguridad tejió durante el sexenio de Felipe Calderón. Las autoridades mexicanas buscan que el Departamento de Justicia estadounidense valide la detención para que Pereyra responda ante la justicia nacional.
A la par de esta ofensiva judicial, el Gobierno de México presentó hace unos días un logro un histórico al recuperar 5.8 millones de dólares (alrededor de 100 millones de pesos) provenientes de la liquidación de inmuebles en Florida y pólizas vinculadas a la familia Weinberg, prestanombres del exfuncionario.
La mandataria federal anunció que estos recursos recuperados por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) serán destinados directamente a la Montaña de Guerrero. El dinero financiará la infraestructura de escuelas de educación media superior y superior en una de las zonas más marginadas del país.
Con estas medidas, la administración actual reafirma su postura de cero impunidad frente al entramado criminal del periodo neoliberal y prioriza que el patrimonio confiscado al crimen de cuello blanco se devuelva al pueblo de México.
El fallo representa un nuevo revés para el presidente estadounidense, cuya política migratoria busca restringir el derecho de ciudadanía para hijos de ciertos migrantes.
Una jueza federal de Estados Unidos bloqueó temporalmente una nueva orden ejecutiva de Donald Trump que pretendía limitar quién puede obtener la ciudadanía por nacimiento en territorio estadounidense, al considerar que la medida es casi con toda seguridad inconstitucional.
La jueza de distrito Deborah Boardman, en Maryland, emitió una orden judicial preliminar tras una demanda presentada por organizaciones defensoras de los derechos humanos contra el decreto firmado por Trump el pasado 6 de agosto. La disposición estaba dirigida, entre otros casos, contra personas que ingresan a EU con visas de turista y que, según el gobierno, tendrían como intención dar a luz en el país.
En su fallo de 35 páginas, Boardman sostuvo que la Suprema Corte de Estados Unidos ya estableció que los menores incluidos en el caso son ciudadanos por nacimiento, por lo que consideró que la nueva orden presidencial enfrenta serios obstáculos constitucionales.
La decisión fue celebrada por organizaciones defensoras de los migrantes. Shana Khader, directora jurídica de We Are CASA, afirmó que la administración de Trump ha perdido sus intentos de eliminar la ciudadanía por nacimiento ante tribunales federales y nuevamente ante la justicia.
El nuevo revés se suma a los fallos que han frenado la primera orden ejecutiva de Trump sobre este tema, mediante la cual buscó impedir que los hijos de personas indocumentadas o con visas temporales obtuvieran automáticamente la ciudadanía estadounidense. Los tribunales determinaron que la Enmienda 14 de la Constitución protege, en términos generales, a las personas nacidas en territorio estadounidense, criterio respaldado posteriormente por la Suprema Corte.
La disputa forma parte de la ofensiva migratoria de Trump, que incluye deportaciones masivas y el retiro de protecciones migratorias para ciudadanos de diversos países. La nueva resolución mantiene temporalmente vigente la protección para quienes podrían verse afectados por la orden ejecutiva.
El Tribunal de Alzada rechazó la apelación de los tres condenados y confirmó también multas de mil UMA por el crimen ocurrido en Puebla en 2022.
La Primera Sala en Materia Penal del Tribunal de Alzada de Puebla desechó la apelación presentada por los tres sentenciados por el feminicidio de la abogada y activista Cecilia Monzón, por lo que quedó firme la pena de 60 años de prisión contra Javier López Zavala, Jair Mauricio Domínguez y Silvestre Vargas.
La resolución fue confirmada por la Fiscalía General del Estado de Puebla, que señaló que el fallo mantiene la sentencia dictada originalmente el 7 de enero de 2026 por el Tribunal Colegiado de Enjuiciamiento. Aunque hubo una modificación en uno de los resolutivos, los demás puntos de la condena permanecieron sin cambios.
Además de la pena de prisión, el Tribunal de Alzada determinó imponer a cada sentenciado una multa equivalente a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de los hechos. El juez de Ejecución será quien determine el cómputo de la prisión preventiva para descontarlo de las condenas.
Cecilia Monzón fue asesinada el 21 de mayo de 2022, cuando circulaba en su camioneta por la zona de Camino Real a Momoxpan y Periférico Ecológico, en San Pedro Cholula, Puebla. De acuerdo con las investigaciones, dos hombres habrían sido contratados para cometer el crimen, en un caso que involucró a López Zavala, expareja de la víctima y padre de su hijo.
Tras el fallo, Helena Monzón, hermana de Cecilia, reconoció el trabajo de los abogados Minerva Sánchez y Tirso de la Torre en el proceso y adelantó que emitirá un posicionamiento sobre la resolución. El caso se mantiene como uno de los procesos por feminicidio con mayor seguimiento en Puebla.
López Zavala ya había recibido previamente una condena de seis años de prisión por violencia familiar contra Cecilia Monzón, dictada en abril de 2024. Con la nueva resolución, la sentencia de 60 años por el feminicidio queda ratificada y los tres condenados deberán cumplir las penas establecidas por las autoridades judiciales.
El deceso de Francisco Rodríguez Morales se suma al de otros familiares de los 43 estudiantes que han muerto sin obtener respuestas sobre el destino de sus hijos.
La madrugada del 21 de agosto falleció Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos tras los ataques del 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.
El deceso ocurrió en Omeapa, comunidad de Tixtla, ubicada a unos 15 minutos de la cabecera municipal y de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Felipe de la Cruz Sandoval, exvocero del colectivo Nos Faltan 43, confirmó la muerte y señaló que la noticia tomó por sorpresa a los familiares, pues no se tenía conocimiento de que Rodríguez Morales enfrentara alguna complicación de salud.
De acuerdo con De la Cruz, los servicios funerarios se realizarán en Omeapa, comunidad de la que era originario y donde residía. El padre de Everardo Rodríguez Bello formaba parte de las familias que, durante casi 12 años, han mantenido la exigencia de conocer el paradero de los estudiantes desaparecidos.
La muerte de Francisco Rodríguez Morales representa otra pérdida para las familias de Ayotzinapa, pues falleció sin obtener información sobre el destino de su hijo. Además, era esposo de Minerva Bello, madre de otro de los normalistas desaparecidos y cuyo nombre fue retomado para una organización de derechos humanos que acompaña a las víctimas.
Felipe de la Cruz lamentó que otro padre muera sin conocer el paradero de su hijo y recordó que los hechos de Iguala involucraron a integrantes del crimen organizado, particularmente Guerreros Unidos, así como a policías municipales. Hasta el momento, no se había emitido un comunicado oficial del colectivo Nos Faltan 43 ni del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. Las familias mantienen prevista una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum para el próximo 24 de septiembre.
La nueva secretaria de las Mujeres reconoció que persisten desafíos para lograr una igualdad real entre hombres y mujeres en el país.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, habló sobre su nuevo cargo al frente de la Secretaría de las Mujeres. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo la nombró para ese puesto recientemente.
En un mensaje difundido en redes sociales, la legisladora morenista compartió parte de su trayectoria política. Explicó que su convicción feminista nació de una lucha social más amplia por la justicia y la igualdad.
Castillo Juárez afirmó que las mujeres tienen la capacidad y el liderazgo necesarios para transformar todos los espacios de la sociedad. Aseguró que esa certeza guía su trabajo desde hace años.
La senadora recordó que fundó el Partido Mexicano de los Trabajadores. También impulsó la creación de la Asociación Nacional de Jóvenes y la Asociación Nacional de Mujeres, junto con otras organizaciones femeninas.
Durante su paso por los partidos Mexicano Socialista y de la Revolución Democrática, promovió cuotas de género. Buscaba que al menos el veinte por ciento de los consejos nacionales lo integraran mujeres.
La funcionaria destacó que esas propuestas después se convirtieron en leyes. Señaló que hoy existe paridad de género gracias a años de lucha desde la izquierda mexicana.
En 1991, como parte de la Asamblea de Representantes del entonces Distrito Federal, logró que su Mesa Directiva estuviera formada solo por mujeres. Ya en la Cámara de Diputados, impulsó la creación de la Comisión Especial de Igualdad y Género.
También trabajó en la Subcomisión Especial para la Atención de los Feminicidios en Ciudad Juárez. Ese trabajo marcó otro momento clave en su trayectoria legislativa.
Al frente del Senado, Castillo Juárez impulsó el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Buscó además dar voz a las mujeres indígenas en la tribuna y avanzar hacia una igualdad sustantiva.
Un juez retiró el brazalete electrónico y otras restricciones que pesaban sobre la acusada; el proceso por el presunto secuestro y asesinato de Hugo Wallace Miranda todavía no concluye.
Tras una audiencia de casi 12 horas, el encargado de despacho del primer juzgado de distrito en materia penal de la Ciudad de México, Juan Alfredo Buendía, ordenó retirar a Brenda Quevedo Cruz las medidas cautelares que mantenía desde 2024. La decisión puso fin al arraigo domiciliario, al uso del brazalete electrónico y a la custodia permanente de la Guardia Nacional, aunque el proceso judicial continúa abierto.
Quevedo permanece acusada desde 2005 por el presunto secuestro y asesinato de Hugo Wallace Miranda, hijo de Isabel Miranda de Wallace, pero en dos décadas no ha recibido una sentencia. Su defensa, encabezada por la abogada Karla Salas, argumentó que las condiciones del caso cambiaron sustancialmente tras el fallecimiento de Miranda de Wallace y presentó 44 datos de prueba, de los cuales 39 fueron admitidos.
Entre los elementos aceptados se encuentran dictámenes e informes que, según la defensa, acreditan que Quevedo no representa un peligro, tiene arraigo familiar y no existe riesgo de fuga. También se documentaron afectaciones a su salud derivadas de las restricciones. Como alternativa, sus abogados propusieron que se presente a firmar mensualmente ante el juzgado y que mantenga la prohibición de salir del país.
El llamado caso Wallace arrastra desde hace años cuestionamientos por la forma en que se obtuvieron declaraciones de los acusados. La defensa y diversos testimonios han señalado actos de tortura para conseguir confesiones. En el expediente también fueron procesados Juana Hilda González, Jacobo Tagle, César Freyre y los hermanos Tony y Albert Castillo; González obtuvo su libertad después de que se acreditaran torturas durante la obtención de su declaración.
La defensa sostiene que la investigación presenta inconsistencias y que el proceso debería ser revisado a fondo. Durante la audiencia, representantes de la parte acusadora y fiscales de la FGR mantuvieron una postura confrontativa que incluso derivó en una llamada de atención del juez. Por ahora, el caso sigue en etapa de instrucción y no existe una fecha cercana para que concluya.
Con información de Blanche Petrich para La Jornada.
El exgobernador de Guerrero enfrentará el proceso penal en el penal federal de máxima seguridad; familiares de los 43 normalistas piden que la acusación esté plenamente sustentada y exigen información oficial sobre el caso.
El exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, fue ingresado al penal federal del Altiplano, en el Estado de México, donde enfrentará el proceso iniciado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en la destrucción de evidencias relacionadas con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, ocurrida en septiembre de 2014. La detención se realizó en Tepotzotlán en cumplimiento de una orden de aprehensión emitida por un juez federal.
De acuerdo con la FGR, la investigación sostiene que el exmandatario habría ordenado destruir los videos de vigilancia del Palacio de Justicia de Iguala, donde presuntamente quedaron registradas las últimas imágenes del autobús Estrella de Oro 1531, en el que viajaban varios de los normalistas antes de su desaparición. Dichas grabaciones eran consideradas una pieza clave para esclarecer los hechos ocurridos la noche del 26 de septiembre de 2014.
Tras su captura, Aguirre Rivero fue trasladado bajo un discreto operativo de seguridad al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 Altiplano, en Almoloya de Juárez. Al ingresar al penal fue sometido a una certificación médica y posteriormente enviado al área de observación y clasificación, mientras se prepara la audiencia inicial de formulación de imputación, programada para este viernes.
Por su parte, los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos, junto con organizaciones como Tlachinollan, Centro Prodh, Serapaz y Fundar, señalaron que aún no han recibido información oficial sobre la detención del exgobernador ni conocen los alcances de la acusación presentada por la Fiscalía. No obstante, afirmaron que, si el proceso está debidamente sustentado y apegado a derecho, podría representar un avance importante en la búsqueda de verdad y justicia.
Las familias recordaron que, según la información difundida hasta ahora, la imputación contra Ángel Aguirre Rivero estaría relacionada con la presunta ocultación o desaparición de pruebas vinculadas al caso Ayotzinapa, uno de los episodios más emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en México. Insistieron en que las investigaciones deben llegar hasta las últimas consecuencias y fincar responsabilidades contra todos los involucrados.
La investigación por la muerte de Dafne Zapata bajo protocolo de feminicidio reavivó antiguos señalamientos contra la academia militarizada, incluidos videos, testimonios y presuntas prácticas de violencia.
La muerte de Dafne Zapata Quintos, adolescente de 13 años fallecida durante un campamento de verano en la Academia Militarizada de Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas, no solo derivó en una investigación por presunto feminicidio. El caso también destapó un historial de 25 años de denuncias por presuntos maltratos, castigos físicos, humillaciones y otras prácticas señaladas por exalumnos de la institución.
Gracias a una investigación de Pablo Reyes para Milenio, se pudo saber que, tras el fallecimiento de la menor, comenzaron a viralizarse nuevamente videos grabados entre 2008 y 2009, donde presuntamente se observan novatadas, golpes y agresiones dentro del plantel. A esto se sumaron decenas de testimonios de antiguos estudiantes que describen un ambiente de disciplina extrema, amenazas y violencia sistemática. Algunos aseguraron que eran despertados de madrugada para realizar ejercicios, permanecían largas horas bajo el sol y recibían alimentación insuficiente.
Las acusaciones más graves incluyen presuntos golpes con réplicas de fusiles de madera, agresiones entre alumnos mayores y castigos como permanecer amarrados o dormir en una especie de jaula conocida como “la perrera”. Uno de los exalumnos afirmó que nunca denunció los hechos porque vivía internado y era amenazado con represalias si hablaba con su familia. Hasta ahora, ninguna de estas declaraciones ha sido confirmada por las autoridades, que continúan integrando la investigación.
La polémica también alcanzó el origen del nombre de la institución. Doenitz hace referencia al apellido del almirante alemán Karl Dönitz, quien sucedió brevemente a Adolf Hitler al frente del Tercer Reich y posteriormente fue condenado por crímenes de guerra en los Juicios de Núremberg. Algunos exalumnos incluso aseguraron que dentro del plantel existían referencias al personaje histórico, aunque estas versiones tampoco han sido acreditadas oficialmente.
La academia, fundada hace más de dos décadas, ya había enfrentado controversias, como un desalojo judicial en 2025 por presunto incumplimiento en el pago de renta. Además, operaba con colegiaturas que podían alcanzar hasta 50 mil pesos mensuales, dependiendo del régimen de internado. Tras el caso Dafne, las instalaciones permanecen bajo aseguramiento mientras continúan las diligencias ministeriales.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas mantiene abierta la investigación para esclarecer la muerte de la adolescente y determinar posibles responsabilidades. Paralelamente, la madre de Dafne impulsa la denominada “Ley Dafne”, una iniciativa que busca prohibir las novatadas, reforzar la supervisión de escuelas militarizadas privadas y fortalecer la protección de menores en este tipo de instituciones.
