Etiqueta: Justicia

  • Acceso y derecho a la justicia I

    Acceso y derecho a la justicia I

    La primera parte del décimo punto en la Cartilla de Derechos de las Mujeres habla de las mujeres y nuestro derecho a acceder a la justicia. Dice textualmente: “¿Sabías que las mujeres tenemos derecho a acceder a la justicia con perspectiva de género, es decir, que se considere nuestras necesidades y experiencias propias?

    La justicia implica que las autoridades cumplan con las obligaciones que las leyes establecen para que las mujeres podamos acceder a la justicia en condiciones de igualdad. 

    Los servicios que prestan las autoridades siempre deben ser gratuitos, seguros, fáciles de encontrar, estar cerca de tu hogar y los procedimientos para acceder a tus derechos, deben ser sencillos y rápidos.

    Las autoridades que te brindan los servicios para acceder a la justicia deben ser personas capacitadas para atenderte, conocer las leyes aplicables y buscar en todo momento que tus derechos se cumplan. Queremos recordarte que es importante que en todo momento te sientas respetada y no te hagan sentir mal, ni culpable o vulnerable.

    El acceso a la justicia es un derecho que debe garantizarse cuando somos víctimas de un delito, pero también es el mecanismo para que se nos garanticen todos nuestros derechos. 

    Por ejemplo, si fuiste víctima de un delito, la policía y los ministerios públicos deben actuar oportunamente, brindarte protección, atenderte de forma respetuosa y en condiciones dignas; que tu denuncia sea investigada por las autoridades y que el o los responsables sean llevados ante los tribunales, para que así, las personas juzgadoras te garanticen el acceso a la justicia”.

  • Morena respalda a la presidenta Sheinbaum en defensa de la soberanía

    Morena respalda a la presidenta Sheinbaum en defensa de la soberanía

    Grupo parlamentario de Morena en CDMX defiende la Constitución y rechaza la politización de la justicia

    El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México expresó su firme apoyo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Insisten en que es fundamental respetar la Constitución y la política diplomática del país.

    El Grupo de Morena  manifestó que su compromiso es claro: no hay nada por encima de la soberanía nacional. Reiteraron que la supremacía del Estado de Derecho es más que un lema; es una necesidad. En México, el debido proceso debe ser una realidad. Las pruebas deben ser sólidas y seguir los procedimientos de la ley nacional y los tratados internacionales sobre extradición.

    La postura de Morena es explícita: si hay evidencias serias, estas deben presentarse ante las autoridades competentes y la justicia debe actuar. Mientras esa situación no suceda, ellos creen que hay una manipulación política de la justicia por parte de actores externos. También mencionan que la oposición, ante la falta de un verdadero proyecto de nación, recurre a tácticas mediáticas en lugar de proponer soluciones.

    Desde la Ciudad de México, los representantes de Morena apoyan un gobierno que esté cerca de la gente y que responda a sus verdaderas necesidades. En ese sentido, enfatizan que defender principios cuesta trabajo, especialmente cuando otros eligen el escándalo como estrategia. 

    En conclusión, el Grupo Parlamentario de Morena se manifiesta enérgicamente en defensa de la soberanía. Resaltan que no solo se habla de soberanía, sino que se actúa en consecuencia, apoyando a la presidenta en este contexto desafiante.

  • Operación Enjambre suma más de mil años de cárcel en sentencias a 20 personas

    Operación Enjambre suma más de mil años de cárcel en sentencias a 20 personas

    Exalcaldes, mandos policiales y servidores públicos fueron sentenciados por delitos graves como secuestro, homicidio y extorsión tras investigaciones federales y estatales.

    La Operación Enjambre asestó uno de los golpes más contundentes contra la corrupción en el Estado de México, al acumular mil 146 años de prisión en sentencias contra 20 personas vinculadas a delitos de alto impacto, incluidos homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.

    El operativo fue resultado de la coordinación entre el Gabinete de Seguridad Nacional —integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)— junto con autoridades estatales, para desmantelar redes criminales infiltradas en el servicio público.

    Las investigaciones comenzaron tras el hallazgo de restos humanos en pozos del municipio de Nicolás Romero, lo que permitió identificar la presunta participación de policías municipales, comisarios y funcionarios, incluyendo exalcaldes y miembros de cabildos, en actividades delictivas.

    Entre las sentencias más relevantes destaca la de una ex presidenta municipal de Amanalco, condenada a 70 años por homicidio, así como ex mandos de seguridad de municipios como Nicolás Romero, Tlatlaya, Acambay y Naucalpan, quienes enfrentan penas de hasta 150 años de prisión por secuestro y extorsión.

    Las autoridades precisaron que, con base en pruebas sólidas, el Poder Judicial del Estado de México ha emitido 15 sentencias condenatorias, marcando un precedente en el combate a la impunidad y la infiltración del crimen en instituciones públicas.

    Este resultado refuerza la estrategia federal de seguridad, al demostrar que no habrá tolerancia para servidores públicos coludidos con el crimen organizado, y que las investigaciones continuarán para llevar ante la justicia a todos los responsables.

  • Prófugos de la justicia: los casos de Simón Levy, Bermúdez Requena y Farías Laguna

    Prófugos de la justicia: los casos de Simón Levy, Bermúdez Requena y Farías Laguna

    Tres figuras mexicanas —Simón Levy, Hernán Bermúdez Requena y Fernando Farías Laguna— han sido señaladas por distintos escándalos que van desde fraudes hasta presuntos vínculos con el crimen. ¿Su solución? Abandonar México para evadir la justicia.

    La salida del mitómano Simón Levy ocurrió tras una cadena de conflictos legales y financieros. Denuncias por fraude, deudas y disputas empresariales marcaron su trayectoria reciente. Con el incremento de señalamientos, se trasladó a EUA, desde donde ha defendido su postura, inventando persecución, mientras sus detractores sostienen que busca evitar enfrentar procesos judiciales en México.

    En el caso de Hernán Bermúdez Requena, el foco está en señalamientos por presuntos nexos con el crimen organizado y corrupción. Tras dejar el cargo, su paradero se volvió incierto, para después ser detenido en Paraguay en septiembre de 2025.

    Por su parte, Fernando Farías Laguna enfrenta investigaciones por presuntos fraudes, desvío de recursos y manejo irregular de empresas. Con el avance de las indagatorias, también optó por salir de México, en medio de un entorno de opacidad que ha dificultado su localización. 

  • Ernestina Godoy presenta nuevo plan de la FGR; feminicidios y desapariciones prioridades

    Ernestina Godoy presenta nuevo plan de la FGR; feminicidios y desapariciones prioridades

    La nueva estrategia nacional de procuración de justicia prioriza a las víctimas, fortalece la investigación y busca erradicar la impunidad en delitos de alto impacto.

    La fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2030, con el que busca transformar de fondo a la institución y dejar atrás prácticas de opacidad. Desde la Ciudad de México, afirmó con contundencia: “nunca más una fiscalía opaca ni una burocracia dorada”, al tiempo que anunció una reorientación de recursos para mejorar la eficacia en la persecución de delitos.

    Ante representantes de los tres poderes, fiscales estatales y organizaciones sociales, Godoy subrayó que la FGR debe operar bajo un enfoque humanista, colocando a las víctimas en el centro. Enfatizó que la justicia no es un privilegio, sino un derecho, por lo que se impulsarán mecanismos para garantizar verdad, reparación y acceso efectivo a la justicia.

    Uno de los ejes centrales del plan es el combate frontal al feminicidio, que la funcionaria calificó como una tarea “ineludible”. Para ello, se fortalecerán capacidades técnicas y científicas, incluyendo peritajes forenses avanzados, análisis de contexto, biometría genética y trazabilidad digital, con el objetivo de integrar investigaciones sólidas que lleven a los responsables ante la justicia.

    En materia de desapariciones, Godoy aseguró que el Estado mexicano ha avanzado con una estrategia nacional que incluye alertas de búsqueda inmediatas, bases de datos unificadas y coordinación interinstitucional. Destacó el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la obligación de abrir investigaciones desde el primer reporte.

    Asimismo, la fiscal resaltó la aprobación reciente de leyes en materia de extorsión, desaparición y búsqueda de personas, las cuales permiten —dijo— anticipar y desarticular estructuras criminales. Añadió que la FGR trabaja de la mano con organismos internacionales, incluida la ONU, para reforzar sus capacidades.

  • FGR crea fiscalías para pueblos indígenas y crímenes del pasado en nueva etapa de justicia

    FGR crea fiscalías para pueblos indígenas y crímenes del pasado en nueva etapa de justicia

    La nueva estructura incluye áreas especializadas en derechos humanos, comunidades indígenas y delitos históricos, con enfoque en verdad, reparación y no repetición.

    La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una profunda reestructura interna que contempla la creación de nuevas fiscalías especializadas, entre ellas una para Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, así como la reactivación de la fiscalía para investigar Delitos Sociales y Políticos del Pasado, enfocada en casos ocurridos entre 1965 y 1990.

    De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, esta transformación forma parte del nuevo rumbo impulsado por Ernestina Godoy, quien presentará su Plan Integral de Procuración de Justicia, con el objetivo de fortalecer la atención a víctimas y garantizar procesos con enfoque en derechos humanos.

    La Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado tendrá la facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos y casos emblemáticos de la historia reciente. Además, dará seguimiento a expedientes previos, incluyendo aquellos relacionados con hechos como el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, bajo estándares de debida diligencia, análisis de contexto y búsqueda de la verdad.

    En paralelo, la nueva fiscalía para comunidades indígenas y afromexicanas buscará garantizar el acceso a la justicia con un enfoque incluyente, al intervenir en casos donde estas poblaciones sean víctimas o imputadas, promoviendo el diálogo intercultural, la mediación y la pacificación. También coordinará servicios de traducción e interpretación y desarrollará protocolos con perspectiva de género, interseccionalidad y antirracismo.

    La reestructura también fortalece a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que incorporará una Unidad Especializada en Análisis Financiero y podrá ejercer la facultad de atracción en delitos de extorsión, ampliando su capacidad operativa contra el crimen.

    Finalmente, se crean nuevas áreas como el Órgano de Desarrollo Institucional, un Centro de Evaluación y Control de Confianza y una Unidad de Igualdad Sustantiva de Género, consolidando una transformación institucional orientada a la profesionalización, la transparencia y la justicia con enfoque social.

  • SSC actúa contra abuso policial en Coyoacán: suspenden a elemento tras agresión a joven jardinero

    SSC actúa contra abuso policial en Coyoacán: suspenden a elemento tras agresión a joven jardinero

    Autoridades capitalinas abrieron investigación inmediata y reiteraron cero tolerancia a conductas que vulneren a la ciudadanía.

    La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México inició una investigación interna y suspendió a un policía tras la difusión de un video en el que se observa una agresión contra un joven jardinero en la alcaldía Coyoacán, hecho que generó atención en redes sociales.

    De acuerdo con el material difundido, el joven se encontraba sentado en la vía pública cuando un elemento se aproximó para realizar una revisión. Tras un breve intercambio, el oficial golpeó al joven en el rostro, provocando que cayera, mientras otro uniformado presenciaba la escena sin intervenir.

    La dependencia capitalina informó que los hechos ocurrieron el pasado 21 de marzo, luego de que los policías atendieran un reporte sobre una persona sospechosa en la zona. Sin embargo, subrayó que cualquier intervención debe apegarse estrictamente a los protocolos y al respeto de los derechos humanos.

    A través de la Dirección General de Asuntos Internos, la SSC abrió una carpeta de investigación administrativa, identificó a los elementos involucrados y los citó a declarar. Como medida inmediata, el oficial señalado fue suspendido de sus funciones mientras se desarrollan las indagatorias.

    La institución reiteró su postura de cero tolerancia ante abusos policiales y aseguró que cualquier conducta indebida será sancionada conforme a la ley, con el objetivo de garantizar la confianza ciudadana y fortalecer la actuación de sus cuerpos de seguridad.

  • Juez desecha amparo de Bermúdez Requena; buscaba frenar posible extradición a EUA

    Juez desecha amparo de Bermúdez Requena; buscaba frenar posible extradición a EUA

    El exsecretario de Seguridad de Tabasco intentó adelantarse a un supuesto proceso de extradición; sin embargo, un juez federal determinó que la solicitud carece de fundamento porque no existe notificación oficial del procedimiento.

    El exsecretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo”, “El Munra” o “Comandante H”, recibió un revés judicial luego de que un juez federal desechara el juicio de amparo que promovió para evitar una posible extradición a Estados Unidos.

    El exfuncionario permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en el Estado de México, acusado de extorsión, secuestro agravado y asociación delictuosa.

    El presunto líder del grupo criminal “La Barredora” presentó el recurso ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca. En su demanda argumentó que custodios del penal le habrían comentado que “ya me iba al gabacho” debido a una supuesta orden de extradición en su contra, versión que —según dijo— también se reforzaba con notas periodísticas.

    No obstante, el juez Daniel Marcelino Niño Jiménez determinó que el recurso era improcedente, ya que el propio solicitante reconoció que no ha recibido notificación oficial de un proceso de extradición. En consecuencia, el juzgador concluyó que se trata de un acto “futuro e incierto”, por lo que no existe una afectación jurídica concreta que justifique el amparo.

    La resolución judicial también establece que los comentarios de custodios penitenciarios no constituyen una notificación válida, ya que dichos funcionarios no tienen facultades para informar formalmente sobre procedimientos legales. Además, el juez subrayó que las notas periodísticas no prueban la existencia de un proceso de extradición.

    El tribunal precisó que Bermúdez Requena no ha sufrido un perjuicio real ni actual en sus derechos, condición indispensable para que proceda un juicio de amparo. En ese sentido, el temor o la especulación sobre una posible acción de autoridad no representa una violación jurídica que pueda ser combatida mediante este recurso.

    El exfuncionario tabasqueño fue detenido en Paraguay y posteriormente expulsado de ese país en septiembre del año pasado, tras lo cual quedó a disposición de autoridades mexicanas. Actualmente enfrenta diversas acusaciones relacionadas con delincuencia organizada, mientras continúa recluido en el penal federal de máxima seguridad.

  • ONU evidencia prisión preventiva prolongada contra mujeres en México

    ONU evidencia prisión preventiva prolongada contra mujeres en México

    Un informe internacional ha señalado que más de 20 internas de un penal federal permanecieron encarceladas por más de una década sin sentencia, lo que evidenciaría fallas estructurales en el sistema de justicia desde 2009.

    La revisión de los más de 20 casos de mujeres privadas de la libertad en México, volvió a colocar bajo la lupa internacional el uso de la prisión preventiva. Un dictamen del comité especializado en derechos de las mujeres de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) determinó que las internas permanecieron encarceladas durante más de diez años sin sentencia, en algunos casos hasta por 15 años, en un proceso marcado por “retrasos” judiciales y faltas de revisiones periódicas de su situación legal.

    El análisis se centró en mujeres recluidas en el Centro Federal de Readaptación Social número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, el penal federal exclusivo para mujeres en el país. De acuerdo con la revisión internacional, los expedientes evidencian que las detenidas permanecieron bajo prisión preventiva durante largos periodos sin que sus procesos judiciales registraran avances. 

    La mayoría de los arrestos ocurrieron durante 2009, en el contexto de la estrategia de seguridad implementada durante el gobierno federal de ese periodo. Las detenciones se llevaron a cabo bajo acusaciones relacionadas con presuntos vínculos con la delincuencia organizada, delitos que en automático dirigen a la prisión preventiva conforme a lo establecido en la Ley.

    Sin embargo, la ONU advirtió que la medida se ha prolongado por años sin una evaluación de su importancia. La falta de revisiones periódicas y de resoluciones judiciales derivó en que varias de las reclusas pasaran más de una década en prisión sin una sentencia que determinara su culpabilidad o inocencia. 

    La situación también ha expuesto el impacto social del encarcelamiento prolongado. El penal se encuentra lejos de los lugares de origen de muchas reclusas, por lo que se añaden las limitaciones económicas de sus familias provocando largos periodos de incomunicación y aislamiento.

    El caso abre el debate sobre el uso de la prisión preventiva en México así como sus implicaciones para los derechos humanos, creando cuestionamientos sobre su aplicación prolongada y los efectos que genera en el acceso a la justicia para personas que pasan años privadas de la libertad sin una resolución definitiva de sus procesos. 

  • Condenan a 6 años de prisión a Víctor Eladio por despojo de vivienda de doña Carlota en Chalco

    Condenan a 6 años de prisión a Víctor Eladio por despojo de vivienda de doña Carlota en Chalco

    El responsable aceptó su culpa por la invasión del inmueble de Mariana Santana y ofreció una disculpa pública; la sentencia confirma la propiedad legal de la víctima.

    Un juez en el Estado de México dictó seis años de prisión contra Víctor Eladio Torres Ortiz por el delito de despojo de vivienda en Chalco, tras acreditarse su participación en la ocupación indebida del inmueble propiedad de Mariana Santana Alfaro, hija de Carlota “N”.

    Durante la audiencia celebrada el 18 de febrero, el acusado se declaró culpable y optó por un procedimiento abreviado. Además, presentó una carta de disculpa pública, en la que reconoció haber intervenido, junto con otras personas, en la invasión del domicilio ubicado en la Unidad Habitacional Ex Hacienda de Guadalupe el 27 de marzo de 2025.

    En el documento, Víctor Eladio admitió que su conducta constituyó el delito de despojo y se comprometió a no reincidir. La resolución judicial también ratifica legalmente a Mariana Santana como legítima propietaria del inmueble, condición acreditada por la Fiscalía desde abril de 2025.

    Arturo Santana, ex diputado e hijo de Carlota “N”, explicó que el procedimiento abreviado permitió una resolución pronta y eficaz, garantizando justicia para la víctima y una sanción proporcional al delito.

    El caso se enmarca en los hechos ocurridos en la comunidad de Candelaria Tlapala, donde presuntamente se registró la invasión del inmueble. Posteriormente, el conflicto escaló cuando Carlota “N” y sus hijos acudieron al lugar, derivando en un enfrentamiento armado que dejó dos personas sin vida y un menor lesionado.

    Por estos acontecimientos, Carlota “N”, Eduardo “N” y Mariana “N” permanecen recluidos en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Huitzilzingo, mientras avanzan sus procesos legales.