Etiqueta: Justicia

  • Respalda Sheinbaum resolución de la Corte que reabre paso a la justicia en caso ABC

    Respalda Sheinbaum resolución de la Corte que reabre paso a la justicia en caso ABC

    La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la decisión de la Suprema Corte representa un avance para las víctimas y sus familias, además de abrir puerta a nuevas acciones de justicia en uno de los casos más dolorosos del país. Destacó que el fallo responde a una exigencia de años y refleja una mayor sensibilidad del Poder Judicial.

    La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de declarar imprescriptibles los delitos relacionados con la tragedia de la Guardería ABC, al considerar que representa un paso importante para garantizar justicia a las víctimas y sus familias. 

    Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que la resolución marca un momento histórico, puesto que atiende a la demanda impulsada durante años por madres y padres de los menores afectados. Señaló que el fallo coloca en el centro la búsqueda de justicia por encima de cualquier interés popular. 

    Asimismo, sostuvo que ahora corresponderá a las autoridades encargadas de la procuración de justicia determinar las acciones que deriven de esta resolución. Sin embargo, insistió en que lo más relevante es que la Corte actuó en apego a los principios constitucionales y a la igualdad ante la ley. 

    La presidenta destacó el papel de los actuales integrantes del máximo tribunal, al asegurar que muestran una visión distinta a la de las etapas anteriores. Según dijo, la decisión refleja mayor sensibilidad hacia las víctimas y fortalece la confianza en que los casos de gran impacto social pueden recibir una respuesta justa por parte de las instituciones. 

  • A 17 años de la tragedia, la Suprema Corte busca juzgar a más exfuncionarios por caso de guardería ABC

    A 17 años de la tragedia, la Suprema Corte busca juzgar a más exfuncionarios por caso de guardería ABC

    Un proyecto de la ministra Loretta Ortiz plantea que los delitos derivados del incendio de la Guardería ABC no prescriben cuando las víctimas son niñas y niños, lo que podría reactivar procesos penales contra exfuncionarios.

    A casi 17 años de la tragedia de la Guardería ABC, donde murieron 49 menores y 106 más resultaron heridos en Hermosillo, Sonora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría dar un paso histórico para combatir la impunidad que ha rodeado el caso. La ministra Loretta Ortiz Ahlf propondrá al pleno declarar que los delitos de homicidio y lesiones culposas por omisión cometidos contra menores de edad son imprescriptibles, lo que abriría la posibilidad de procesar a más exfuncionarios involucrados.

    El proyecto, que será discutido esta semana, sostiene que la magnitud del incendio ocurrido el 5 de junio de 2009 y las fallas en el deber de protección por parte del Estado constituyen violaciones graves a los derechos de la infancia. Bajo este criterio, el paso del tiempo no puede convertirse en un escudo para evitar la rendición de cuentas de quienes pudieron haber tenido responsabilidad en la tragedia.

    La resolución surge a partir del amparo promovido por Sergio Antonio Salazar Salazar, exdirector de Prestaciones Económicas y Sociales del IMSS, quien fue vinculado a proceso en 2020 durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador. El exfuncionario argumentó que la acción penal en su contra ya había prescrito desde 2019; sin embargo, tanto un juez federal como ahora la propuesta de la ministra sostienen que los delitos contra niñas y niños no pueden quedar protegidos por los plazos ordinarios de prescripción.

    En su proyecto, Ortiz Ahlf enfatiza que el interés superior de la niñez, respaldado por normas nacionales e internacionales, obliga al Estado mexicano a garantizar el acceso a la verdad y a la justicia. De aprobarse el criterio, la Corte establecería un precedente relevante para casos donde la negligencia institucional afecte gravemente a menores de edad.

    La tragedia de la Guardería ABC se convirtió en uno de los episodios más dolorosos de la historia reciente de México y en símbolo de las consecuencias de la corrupción, la supervisión deficiente y las redes de protección política. Durante años, familiares de las víctimas han denunciado que las investigaciones avanzaron lentamente y que muchos responsables nunca enfrentaron consecuencias penales.

    Si el pleno avala la propuesta, el expediente regresará a un tribunal colegiado para emitir una nueva resolución bajo este criterio. Más allá del aspecto jurídico, la decisión podría representar una nueva oportunidad para que las familias de las víctimas obtengan justicia y para que uno de los casos más emblemáticos de impunidad en México deje de permanecer en el olvido.

  • Mineros de Zacatecas doblan a empresa canadiense: logran reparto total de utilidades en La Colorada

    Mineros de Zacatecas doblan a empresa canadiense: logran reparto total de utilidades en La Colorada

    Tras cuatro días de paro, trabajadores de la mina La Colorada consiguieron que Pan American Silver reconociera el pago completo del 10 por ciento de PTU que inicialmente buscaba reducir.

    Luego de una intensa negociación y cuatro días de paro laboral, el Sindicato Nacional Minero alcanzó un acuerdo con la empresa canadiense Pan American Silver para garantizar el pago total del 10 por ciento de Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU) a más de mil trabajadores de la mina La Colorada, ubicada en Zacatecas. El gremio calificó el resultado como un “triunfo histórico” en defensa de los derechos laborales y sindicales.

    El acuerdo fue alcanzado después de que los trabajadores rechazaran la propuesta inicial de la minera, que contemplaba únicamente 70 millones de pesos, además de un bono extraordinario y 90 días de salario. Tras la presión sindical y el paro de actividades, la empresa reconoció que el monto real correspondiente al reparto de utilidades ascendía a 120 millones de pesos, cifra derivada de su declaración fiscal de 2025.

    Además del pago íntegro de la PTU, las negociaciones permitieron obtener una partida adicional de 15 millones de pesos para el personal sindicalizado, elevando el monto total a 135 millones de pesos. El beneficio alcanzará a los integrantes de la sección 343 del sindicato encabezado por Napoleón Gómez Urrutia, quien participó directamente en el proceso de negociación con directivos de la compañía canadiense.

    El líder sindical afirmó que el acuerdo fue posible gracias a la unidad de los trabajadores y a la defensa colectiva de sus derechos laborales. Durante el conflicto, los mineros también exigieron respeto a la democracia sindical y denunciaron intentos de organizaciones ajenas para disputar la titularidad del contrato colectivo de trabajo.

    En un comunicado, el Sindicato Nacional Minero reconoció la firmeza de los trabajadores de La Colorada, quienes mantuvieron el paro pese a las presiones internas y externas. La organización acusó que existieron intentos de confundir a los empleados mediante lo que calificaron como un “sindicato patronal”, mientras el conflicto legal por el control contractual continúa en tribunales laborales.

    La mina La Colorada es una de las operaciones más importantes de extracción de plata y metales base en Zacatecas. El acuerdo alcanzado representa uno de los casos más relevantes recientes en materia de reparto de utilidades dentro del sector minero, donde trabajadores han reclamado durante años una distribución más equitativa de las ganancias generadas por empresas nacionales y extranjeras.

  • Acceso y derecho a la justicia I

    Acceso y derecho a la justicia I

    La primera parte del décimo punto en la Cartilla de Derechos de las Mujeres habla de las mujeres y nuestro derecho a acceder a la justicia. Dice textualmente: “¿Sabías que las mujeres tenemos derecho a acceder a la justicia con perspectiva de género, es decir, que se considere nuestras necesidades y experiencias propias?

    La justicia implica que las autoridades cumplan con las obligaciones que las leyes establecen para que las mujeres podamos acceder a la justicia en condiciones de igualdad. 

    Los servicios que prestan las autoridades siempre deben ser gratuitos, seguros, fáciles de encontrar, estar cerca de tu hogar y los procedimientos para acceder a tus derechos, deben ser sencillos y rápidos.

    Las autoridades que te brindan los servicios para acceder a la justicia deben ser personas capacitadas para atenderte, conocer las leyes aplicables y buscar en todo momento que tus derechos se cumplan. Queremos recordarte que es importante que en todo momento te sientas respetada y no te hagan sentir mal, ni culpable o vulnerable.

    El acceso a la justicia es un derecho que debe garantizarse cuando somos víctimas de un delito, pero también es el mecanismo para que se nos garanticen todos nuestros derechos. 

    Por ejemplo, si fuiste víctima de un delito, la policía y los ministerios públicos deben actuar oportunamente, brindarte protección, atenderte de forma respetuosa y en condiciones dignas; que tu denuncia sea investigada por las autoridades y que el o los responsables sean llevados ante los tribunales, para que así, las personas juzgadoras te garanticen el acceso a la justicia”.

  • Morena respalda a la presidenta Sheinbaum en defensa de la soberanía

    Morena respalda a la presidenta Sheinbaum en defensa de la soberanía

    Grupo parlamentario de Morena en CDMX defiende la Constitución y rechaza la politización de la justicia

    El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México expresó su firme apoyo a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum. Insisten en que es fundamental respetar la Constitución y la política diplomática del país.

    El Grupo de Morena  manifestó que su compromiso es claro: no hay nada por encima de la soberanía nacional. Reiteraron que la supremacía del Estado de Derecho es más que un lema; es una necesidad. En México, el debido proceso debe ser una realidad. Las pruebas deben ser sólidas y seguir los procedimientos de la ley nacional y los tratados internacionales sobre extradición.

    La postura de Morena es explícita: si hay evidencias serias, estas deben presentarse ante las autoridades competentes y la justicia debe actuar. Mientras esa situación no suceda, ellos creen que hay una manipulación política de la justicia por parte de actores externos. También mencionan que la oposición, ante la falta de un verdadero proyecto de nación, recurre a tácticas mediáticas en lugar de proponer soluciones.

    Desde la Ciudad de México, los representantes de Morena apoyan un gobierno que esté cerca de la gente y que responda a sus verdaderas necesidades. En ese sentido, enfatizan que defender principios cuesta trabajo, especialmente cuando otros eligen el escándalo como estrategia. 

    En conclusión, el Grupo Parlamentario de Morena se manifiesta enérgicamente en defensa de la soberanía. Resaltan que no solo se habla de soberanía, sino que se actúa en consecuencia, apoyando a la presidenta en este contexto desafiante.

  • Operación Enjambre suma más de mil años de cárcel en sentencias a 20 personas

    Operación Enjambre suma más de mil años de cárcel en sentencias a 20 personas

    Exalcaldes, mandos policiales y servidores públicos fueron sentenciados por delitos graves como secuestro, homicidio y extorsión tras investigaciones federales y estatales.

    La Operación Enjambre asestó uno de los golpes más contundentes contra la corrupción en el Estado de México, al acumular mil 146 años de prisión en sentencias contra 20 personas vinculadas a delitos de alto impacto, incluidos homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.

    El operativo fue resultado de la coordinación entre el Gabinete de Seguridad Nacional —integrado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Defensa, Marina, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI)— junto con autoridades estatales, para desmantelar redes criminales infiltradas en el servicio público.

    Las investigaciones comenzaron tras el hallazgo de restos humanos en pozos del municipio de Nicolás Romero, lo que permitió identificar la presunta participación de policías municipales, comisarios y funcionarios, incluyendo exalcaldes y miembros de cabildos, en actividades delictivas.

    Entre las sentencias más relevantes destaca la de una ex presidenta municipal de Amanalco, condenada a 70 años por homicidio, así como ex mandos de seguridad de municipios como Nicolás Romero, Tlatlaya, Acambay y Naucalpan, quienes enfrentan penas de hasta 150 años de prisión por secuestro y extorsión.

    Las autoridades precisaron que, con base en pruebas sólidas, el Poder Judicial del Estado de México ha emitido 15 sentencias condenatorias, marcando un precedente en el combate a la impunidad y la infiltración del crimen en instituciones públicas.

    Este resultado refuerza la estrategia federal de seguridad, al demostrar que no habrá tolerancia para servidores públicos coludidos con el crimen organizado, y que las investigaciones continuarán para llevar ante la justicia a todos los responsables.

  • Prófugos de la justicia: los casos de Simón Levy, Bermúdez Requena y Farías Laguna

    Prófugos de la justicia: los casos de Simón Levy, Bermúdez Requena y Farías Laguna

    Tres figuras mexicanas —Simón Levy, Hernán Bermúdez Requena y Fernando Farías Laguna— han sido señaladas por distintos escándalos que van desde fraudes hasta presuntos vínculos con el crimen. ¿Su solución? Abandonar México para evadir la justicia.

    La salida del mitómano Simón Levy ocurrió tras una cadena de conflictos legales y financieros. Denuncias por fraude, deudas y disputas empresariales marcaron su trayectoria reciente. Con el incremento de señalamientos, se trasladó a EUA, desde donde ha defendido su postura, inventando persecución, mientras sus detractores sostienen que busca evitar enfrentar procesos judiciales en México.

    En el caso de Hernán Bermúdez Requena, el foco está en señalamientos por presuntos nexos con el crimen organizado y corrupción. Tras dejar el cargo, su paradero se volvió incierto, para después ser detenido en Paraguay en septiembre de 2025.

    Por su parte, Fernando Farías Laguna enfrenta investigaciones por presuntos fraudes, desvío de recursos y manejo irregular de empresas. Con el avance de las indagatorias, también optó por salir de México, en medio de un entorno de opacidad que ha dificultado su localización. 

  • Ernestina Godoy presenta nuevo plan de la FGR; feminicidios y desapariciones prioridades

    Ernestina Godoy presenta nuevo plan de la FGR; feminicidios y desapariciones prioridades

    La nueva estrategia nacional de procuración de justicia prioriza a las víctimas, fortalece la investigación y busca erradicar la impunidad en delitos de alto impacto.

    La fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2030, con el que busca transformar de fondo a la institución y dejar atrás prácticas de opacidad. Desde la Ciudad de México, afirmó con contundencia: “nunca más una fiscalía opaca ni una burocracia dorada”, al tiempo que anunció una reorientación de recursos para mejorar la eficacia en la persecución de delitos.

    Ante representantes de los tres poderes, fiscales estatales y organizaciones sociales, Godoy subrayó que la FGR debe operar bajo un enfoque humanista, colocando a las víctimas en el centro. Enfatizó que la justicia no es un privilegio, sino un derecho, por lo que se impulsarán mecanismos para garantizar verdad, reparación y acceso efectivo a la justicia.

    Uno de los ejes centrales del plan es el combate frontal al feminicidio, que la funcionaria calificó como una tarea “ineludible”. Para ello, se fortalecerán capacidades técnicas y científicas, incluyendo peritajes forenses avanzados, análisis de contexto, biometría genética y trazabilidad digital, con el objetivo de integrar investigaciones sólidas que lleven a los responsables ante la justicia.

    En materia de desapariciones, Godoy aseguró que el Estado mexicano ha avanzado con una estrategia nacional que incluye alertas de búsqueda inmediatas, bases de datos unificadas y coordinación interinstitucional. Destacó el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la obligación de abrir investigaciones desde el primer reporte.

    Asimismo, la fiscal resaltó la aprobación reciente de leyes en materia de extorsión, desaparición y búsqueda de personas, las cuales permiten —dijo— anticipar y desarticular estructuras criminales. Añadió que la FGR trabaja de la mano con organismos internacionales, incluida la ONU, para reforzar sus capacidades.

  • FGR crea fiscalías para pueblos indígenas y crímenes del pasado en nueva etapa de justicia

    FGR crea fiscalías para pueblos indígenas y crímenes del pasado en nueva etapa de justicia

    La nueva estructura incluye áreas especializadas en derechos humanos, comunidades indígenas y delitos históricos, con enfoque en verdad, reparación y no repetición.

    La Fiscalía General de la República (FGR) iniciará una profunda reestructura interna que contempla la creación de nuevas fiscalías especializadas, entre ellas una para Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, así como la reactivación de la fiscalía para investigar Delitos Sociales y Políticos del Pasado, enfocada en casos ocurridos entre 1965 y 1990.

    De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, esta transformación forma parte del nuevo rumbo impulsado por Ernestina Godoy, quien presentará su Plan Integral de Procuración de Justicia, con el objetivo de fortalecer la atención a víctimas y garantizar procesos con enfoque en derechos humanos.

    La Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Sociales y Políticos del Pasado tendrá la facultad de investigar violaciones graves a derechos humanos y casos emblemáticos de la historia reciente. Además, dará seguimiento a expedientes previos, incluyendo aquellos relacionados con hechos como el 2 de octubre de 1968 y el 10 de junio de 1971, bajo estándares de debida diligencia, análisis de contexto y búsqueda de la verdad.

    En paralelo, la nueva fiscalía para comunidades indígenas y afromexicanas buscará garantizar el acceso a la justicia con un enfoque incluyente, al intervenir en casos donde estas poblaciones sean víctimas o imputadas, promoviendo el diálogo intercultural, la mediación y la pacificación. También coordinará servicios de traducción e interpretación y desarrollará protocolos con perspectiva de género, interseccionalidad y antirracismo.

    La reestructura también fortalece a la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), que incorporará una Unidad Especializada en Análisis Financiero y podrá ejercer la facultad de atracción en delitos de extorsión, ampliando su capacidad operativa contra el crimen.

    Finalmente, se crean nuevas áreas como el Órgano de Desarrollo Institucional, un Centro de Evaluación y Control de Confianza y una Unidad de Igualdad Sustantiva de Género, consolidando una transformación institucional orientada a la profesionalización, la transparencia y la justicia con enfoque social.

  • SSC actúa contra abuso policial en Coyoacán: suspenden a elemento tras agresión a joven jardinero

    SSC actúa contra abuso policial en Coyoacán: suspenden a elemento tras agresión a joven jardinero

    Autoridades capitalinas abrieron investigación inmediata y reiteraron cero tolerancia a conductas que vulneren a la ciudadanía.

    La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México inició una investigación interna y suspendió a un policía tras la difusión de un video en el que se observa una agresión contra un joven jardinero en la alcaldía Coyoacán, hecho que generó atención en redes sociales.

    De acuerdo con el material difundido, el joven se encontraba sentado en la vía pública cuando un elemento se aproximó para realizar una revisión. Tras un breve intercambio, el oficial golpeó al joven en el rostro, provocando que cayera, mientras otro uniformado presenciaba la escena sin intervenir.

    La dependencia capitalina informó que los hechos ocurrieron el pasado 21 de marzo, luego de que los policías atendieran un reporte sobre una persona sospechosa en la zona. Sin embargo, subrayó que cualquier intervención debe apegarse estrictamente a los protocolos y al respeto de los derechos humanos.

    A través de la Dirección General de Asuntos Internos, la SSC abrió una carpeta de investigación administrativa, identificó a los elementos involucrados y los citó a declarar. Como medida inmediata, el oficial señalado fue suspendido de sus funciones mientras se desarrollan las indagatorias.

    La institución reiteró su postura de cero tolerancia ante abusos policiales y aseguró que cualquier conducta indebida será sancionada conforme a la ley, con el objetivo de garantizar la confianza ciudadana y fortalecer la actuación de sus cuerpos de seguridad.