La suspensión del espectáculo “Alicia en el país de las maravillas” destapó posibles violaciones ambientales, urbanas y de derechos humanos en uno de los espacios públicos más emblemáticos de la CDMX.
La Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) mantiene abiertas seis investigaciones por presuntas irregularidades en los permisos del espectáculo “Alicia en el país de las maravillas”, instalado en el Parque Lira, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Las indagatorias se centran en posibles faltas en uso de suelo, conservación patrimonial y afectaciones ambientales.
De acuerdo con un informe enviado al Congreso de la Ciudad de México, las denuncias incluyen intervenciones sin autorización, daño a áreas verdes y arbolado, así como emisiones de ruido y luz derivadas del montaje del evento. La PAOT precisó que los expedientes continúan en integración y que ya se realizan diligencias para esclarecer los hechos.
Cabe recordar que el pasado 24 de febrero, la autoridad ambiental ordenó la suspensión de las actividades del espectáculo, al detectar posibles incumplimientos normativos. El documento, firmado por la titular Mónica Alegre, subraya que el parque es un espacio público con valor histórico y ambiental, protegido por la legislación local.
En ese sentido, se enfatiza que cualquier intervención en el Parque Lira debe contar con permisos de distintas instancias, desde la alcaldía hasta dependencias como Medio Ambiente y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), a fin de garantizar su conservación y uso sustentable.
Por otra parte, el Congreso capitalino aprobó un exhorto para solicitar la destitución de la comisionada de Seguridad Ciudadana en Miguel Hidalgo, Marcela Gómez Zalce, tras el desalojo de vecinos que protestaban por el deterioro del parque. También se pidió al alcalde Mauricio Tabe rendir un informe detallado sobre el operativo del 18 de marzo.
Además, se instruyó a la Comisión de Derechos Humanos investigar posibles violaciones graves, incluyendo detenciones arbitrarias. El diputado Víctor Hugo Romo advirtió que el uso de la fuerza pública contra manifestantes podría constituir una transgresión a derechos fundamentales, al reprimir la defensa ciudadana del espacio público.
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