El diputado Víctor Hugo Romo anunció una denuncia penal contra el alcalde y dos funcionarios por el colapso de un inmueble en demolición.
El Grupo Parlamentario de Morena presentará una denuncia penal ante la Fiscalía capitalina. El señalamiento apunta contra el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe. También incluye a César Garrido, director jurídico de la demarcación, y al director de Protección Civil.
La denuncia surge por el colapso de un inmueble en demolición en Minería 145, esquina Viaducto, colonia Escandón. Los escombros rebasaron el predio y llegaron hasta la vía pública. El incidente afectó arbolado y vehículos, además de poner en riesgo a peatones y trabajadores. Una persona resultó lesionada.
“Esto no debe quedar como una nota de coyuntura, sino fincar responsabilidades a los funcionarios”, afirmó Romo. El legislador precisó que la denuncia exigirá el expediente completo del caso. Ahí entran la licencia MHLE/D/059/2026, el expediente FMH-016-2026 y las responsivas técnicas correspondientes.
El diputado recordó un caso similar en Benito Juárez, conocido como Cártel Inmobiliario. Ahí, el señalamiento como líder recayó en Jorge Romero, presidente nacional del PAN. Romo advirtió que ese mismo patrón se repite ahora en Miguel Hidalgo. En esa alcaldía se han documentado más de 120 pisos irregulares, con un incremento de 183% en construcciones ilegales, según reportes basados en la PAOT.
La obra corresponde al tipo C, categoría que exige un protocolo estricto de supervisión. Ese control recae en Protección Civil y en la propia alcaldía. Romo señaló que Tabe confirmó públicamente que el inmueble contaba con permiso. El alcalde también reconoció que la demarcación sabía de la demolición con anticipación. Para el legislador, “no es una explicación, es el punto de partida de la responsabilidad”.
La cronología del caso muestra reuniones entre representantes del inmueble y la alcaldía desde enero de 2026. El 15 de julio se reconoció públicamente la vigencia de la Licencia Especial de Demolición. El colapso ocurrió el 11 de agosto. “No se trata de echar culpas, sino de aclarar quién autorizó, quién supervisó y si lo hizo”, subrayó Romo. El legislador citó los artículos 32 y 42 de la Ley Orgánica de Alcaldías, que obligan a verificar y sancionar en materia de obra pública.
Como parte de la denuncia, Romo planteó preguntas directas para Tabe y Garrido. Entre ellas: quién autorizó la demolición, cuántas visitas de verificación hizo la alcaldía y por qué los escombros llegaron hasta Viaducto. También pidió aclarar qué sanciones se aplicaron después del hecho y quién se beneficia del desarrollo inmobiliario previsto para el predio, de casi 45 mil metros cuadrados.
