Más de mil personas fueron denunciadas por presuntos delitos fiscales y aduaneros, con 228 vinculadas a proceso y 222 ya sentenciadas, mientras la recaudación tributaria superó lo previsto y alcanzó un cumplimiento del 101% en la Ley de Ingresos.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó al Senado de la República que presentó mil 61 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República, que involucran a mil 63 personas por presuntos delitos fiscales y aduaneros durante 2025, en una estrategia dirigida a combatir la evasión, el contrabando y el acceso ilícito a sistemas fiscales.
De acuerdo con el Informe de actividades enviado al Senado, el SAT intensificó sus acciones de fiscalización derivadas del uso de tecnologías y mecanismos de control para identificar estructuras delictivas dedicadas a defraudación fiscal, acceso indebido a sistemas informáticos y delitos relacionados con el Registro Federal de Contribuyentes (RFC).
Del total de denunciados, 228 personas fueron vinculadas a proceso, entre ellas 22 servidores públicos, 90 personas físicas y 116 vinculadas con personas morales; los delitos imputados incluyen contrabando, acceso ilícito a sistemas y falsificación de documentos fiscales, lo que pone de relieve la complejidad del entramado de evasión y defraudación identificado por las autoridades.
Según el SAT, 222 contribuyentes ya fueron declarados culpables por autoridades judiciales, y se impusieron sanciones que van desde penas de hasta cuatro años de prisión, multas, reparación del daño y donaciones hasta por más de 4 millones de pesos.
En 2025, los ingresos tributarios alcanzaron más de cinco billones de pesos, con un cumplimiento superior a lo programado en la Ley de Ingresos de la Federación, lo que sugiere que tanto la fiscalización como el combate a prácticas ilícitas han tenido impacto en las arcas públicas.
Además, se informó que el cumplimiento con respecto a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) fue de 101.0 por ciento, por lo que el SAT ha triplicado la recaudación por multas fiscales en los últimos años. Sin embargo, la ciudadanía pide que la institución siga estos procesos con claridad normativa y procedimientos transparentes.
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