La propuesta promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum avanzó de forma limitada, se aprobaron medidas y ajustes presupuestales, pero se frenaron puntos clave sobre participación ciudadana.
El Senado dio luz verde a una parte de la reforma electoral conocida como Plan B, una iniciativa orientada a disminuir el gasto público, reducir beneficios excesivos en distintos niveles de gobierno así como modificar la estructura de instituciones locales bajo criterios de austeridad.
La iniciativa contemplaba reducir el número de integrantes en los ayuntamientos, además de establecer una única sindicatura por municipio. Asimismo, proponía límites al presupuesto de los congresos estatales, con un tope de 0.70% respecto al gasto total de cada entidad.
En cuanto a percepciones y beneficios, se planteó que funcionarios electorales no pudieran recibir ingresos superiores a los de la Presidenta, así como la eliminación de seguros y prestaciones adicionales.
Varias de estas medidas fueron respaldadas, el Senado avaló la reducción gradual de su propio presupuesto hasta en un 15% en cuatro años, así como la eliminación de privilegios en organismos electorales y congresos locales; asimismo, se establecieron límites salariales y se acortaron beneficios excesivos. También se aprobó la reconfiguración de los ayuntamientos.
¿Qué fue lo que no avanzó? Un aspecto importante fue la modificación constitucional del artículo 35, que buscaba adelantar la consulta de revocación de mandato, la cual se llevaría a cabo a partir del segundo o tercer año de gobierno, la cual no obtuvo el respaldo necesario.
Con ello implica que se llevaría a cabo hasta 2028 y no en 2027 como se había planteado. Los cambios relacionados con la participación directa de la ciudadanía quedaron fuera del alcance de lo aprobado.
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