Hoteles, transportistas y otros prestadores deberán verificar documentación de menores y reportar posibles delitos a las autoridades.
El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley General de Turismo para reforzar la protección de niñas, niños y adolescentes frente a la explotación sexual infantil. El dictamen fue avalado con 104 votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, y enviado al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Las nuevas disposiciones establecen que los prestadores de servicios turísticos deberán solicitar a quienes viajen con menores documentos que acrediten el parentesco, patria potestad, tutela o custodia. También tendrán que verificar la mayoría de edad mediante identificaciones oficiales y, si existen irregularidades, negar el servicio y avisar a las autoridades investigadoras ante una posible comisión de delito.
La reforma también obliga a hoteles, moteles, empresas de transporte, inmuebles de alquiler, restaurantes, spas y centros de entretenimiento a implementar protocolos y medidas preventivas establecidos por las autoridades para detectar posibles vulneraciones contra menores. El objetivo es cerrar espacios que puedan ser utilizados por redes dedicadas a la explotación sexual.
Durante la discusión, legisladores alertaron sobre la magnitud del problema. La senadora Alejandra Barrales señaló que diversas estimaciones ubican entre 17 mil y 20 mil menores atrapados en redes de explotación sexual, mientras que el dictamen refiere datos de World Vision que colocan a México como un importante destino para este delito y como uno de los principales países consumidores de pornografía infantil.
La reforma fue respaldada por legisladores de Morena, PAN y PT, aunque el debate también derivó en acusaciones políticas. La priista Carolina Viggiano cuestionó políticas sociales de Morena, mientras que Gerardo Fernández Noroña acusó al PRI y al PAN de hipocresía y sostuvo que durante sus gobiernos no actuaron para combatir la explotación de niñas, niños y adolescentes. El dictamen busca ahora convertir las nuevas obligaciones en una herramienta de prevención y detección dentro del sector turístico.
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