Legisladores y la SRE acusan que el documento es parcial, omite avances recientes y pretende escalar el tema a la Asamblea General.
El Senado mexicano y el Gobierno federal arremetieron contra un informe del Organización de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas en México, al considerar que el documento es tendencioso, carece de rigor y abre la puerta a injerencias externas en asuntos internos del país.
La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, cuestionó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU omitiera información actualizada y avances institucionales recientes, pese a reconocer que no existen indicios de una política de Estado en esta materia.
Además, criticó que, aun sin pruebas concluyentes, el organismo haya solicitado llevar el caso de México ante la Asamblea General, lo que calificó como una acción que no contribuye a la cooperación internacional ni al fortalecimiento institucional.
En la misma línea, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, calificó el informe como “inaceptable, tendencioso e injerencista”, y acusó a la ONU de actuar con doble rasero, al señalar su silencio frente a conflictos internacionales como Gaza, Ucrania y Líbano.
Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó el documento al considerar que no refleja la realidad actual del país, además de cuestionar su sustento jurídico y posibles conflictos de interés dentro del Comité.
El gobierno mexicano reiteró que no tolera ni promueve desapariciones forzadas, y destacó las reformas implementadas desde 2025 para combatir este delito, subrayando su disposición a colaborar con organismos internacionales, siempre que exista objetividad y apego a la información verificable.
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