Etiqueta: Desapariciones

  • Crimen de lesa humanidad: violencia, desapariciones y el sexenio de Calderón

    Crimen de lesa humanidad: violencia, desapariciones y el sexenio de Calderón

    Los crímenes de lesa humanidad son actos de asesinatos, tortura, desparaciones forzadas, cometidos de manera sistemática contra la población civil; bajo ese concepto, las acusaciones contra Felipe Calderón por la estrategia de seguridad de su sexenio siguen generando cuestionamientos. 

    Los crímenes de lesa humanidad son delitos graves reconocidos por el derecho internacional. Se tratan de actos como asesinatos, desapariciones forzadas, tortura o violencia sistemática comentidos contra la ciudadanía. Se consideran conductas que afectan a miles de personas y terminan por agraviar a toda la humanidad.

    Un claro ejemplo de ello es el sexenio del expresidente panista Felipe Calderón. Diversas organizaciones, académicos y colectivos han emitido denuncias para que sea investigado por las consecuencias de la llamada Guerra contra el Narcotráfico.

    Los señalamientos sostienen que la estrategia militar implementada durante su gobierno dio pauta a una escalada de violencia sin precedentes que golpeó principalmente a la población civil.

    Durante su sexenio, México registró un aumento del 150%, de acuerdo a información del INEGI, en homicidios dolosos, desapariciones y denuncias por abusos. Es decir, la tasa de homicidios se triplicó a pocos días de que Calderón asumiera el poder en diciembre de 2006.

    Lo que el panista había presentado como una estrategia para “recuperar la seguridad” terminó siendo, para millones de mexicanos, una etapa marcada por el miedo y el derramamiento de sangre. Su despliegue militar no logró devolver la paz al país, al contrario, sólo agravó la crisis. 

    Familias enteras quedaron atrapadas entre enfrentamientos, operativos y acciones de grupos criminales, mientras el gobierno presumía una estrategia que cada vez acumulaba más víctimas y menos resultados. 

    Las acusaciones se reforzaron tras la condena de su exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, uno de los hombres más cercanos a Calderón en materia de “seguridad”. Con ello se reforzó la sospecha de posibles nexos entre altos funcionarios y organizaciones criminales, poniendo bajo la lupa decisiones que marcaron al país durante años. 

    El expresidente no puede deslindarse del legado de violencia que dejó su administración, sumándose el caso de los feminicidios en Ciudad Juárez Chihuahua, volviéndose un hecho notorio en el sexenio de su antecesor blanquiazul Vicente Fox.

    El saldo de la guerra de Calderón sigue pesando sobre miles de familias y es la marca que distingue al PAN. Cuando un gobierno deja a un lado las muertes y el miedo que provocaron sus administraciones para querer ponerse la capa de “defensores de la soberanía”, la historia termina pasando factura.

  • Crisis de inseguridad golpea a Jalisco mientras autoridades intentan justificarse

    Crisis de inseguridad golpea a Jalisco mientras autoridades intentan justificarse

    El gobierno estatal de Jalisco, liderado por el emecista Pablo Lemuz, presume cifras en cuanto a “seguridad” pero la realidad es otra; ha afectado a miles de familia quienes viven entre el miedo, la inseguridad y los casos de desaparición.

    Con más de 16 mil casos de desaparecidos y casos de menores que siguen creciendo, el estado enfrenta una crisis que ya no puede esconder detrás de discursos oficiales. Mientras el gobierno emecista jalisciense intentó vender la idea de que la entidad no está viviendo  una crisis como la de Sinaloa, la realidad en las calles y en miles de hogares cuenta otra historia. 

    De acuerdo con información de Milenio, las autoridades de Pablo Lemus han mencionado que muchas de las fichas publicadas recientemente corresponden a casos antiguos y no ocurridas en una semana; del 18 al 24 de mayo, la Comisión Estatal de Búsqueda publicó 42 células de búsqueda en medios oficiales de difusión. 

    El problema no cambia por mover fechas en un reporte. La angustia no se puede cambiar, sigue siendo la misma para quienes llevan meses o incluso años buscando a un familiar sin saber dónde está. 

    Sin embargo, más de 16 mil personas desaparecidas en Jalisco son una cifra imposible de disfrazar. Detrás de cada número hay familias rotas, madres buscando en calles y fosas y comunidades enteras viviendo con miedo. 

    Aunque autoridades aseguran que hubo una reducción de 15% en desapariciones durante los primeros meses del 2026, pero la gente no se guía por porcentajes ni discursos oficiales; se guía por lo que vive diariamente. 

    Uno de los 16 mil casos es el de Camila Janeth Vázquez Rivas, una adolescente desaparecida tras presuntamente ser engañada con una falsa oferta de trabajo, lo que volvió a encender las alarmas. Mientras el gobierno habla de estadísticas y comparativos, las redes sociales se llenan de rostros de jóvenes desaparecidos.

    Además, Jalisco ya aparece como una de las entidades con mayor percepción de inseguridad en el país, de acuerdo a datos del INEGI. Eso deja en mal el discurso oficial que intenta minimizar la situación

    Al final, para miles de familias jaliscienses, el verdadero dato que importa no es cuántas fichas se publicaron en una semana o en un mes, sino cuántos seres queridos siguen sin regresar a casa. 

  • México refuerza la cooperación para abordar la desaparición de personas

    México refuerza la cooperación para abordar la desaparición de personas

    El gobierno mexicano se compromete a fortalecer su colaboración con la CIDH para enfrentar la crisis de desapariciones en el país, priorizando a las víctimas y sus familias.

    El Gobierno de México ha intensificado su colaboración con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para abordar el alarmante problema de las desapariciones en el país. En un evento reciente, altos representantes del gobierno participaron en la presentación del informe de la CIDH sobre este delicado tema.

    Andrea Pochak, Comisionada y Relatora para México de la CIDH, encabezó la presentación. Durante su intervención, destacó que la implementación de una nueva ruta de atención, diseñada por la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como prioridad a las familias de las víctimas. Este enfoque busca ofrecer mejores resultados en la búsqueda de los desaparecidos.

    El Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina, resaltó que esta problemática se ha vuelto una prioridad nacional. “Todas las instituciones del Gobierno de México trabajamos juntas para erradicar este delito y apoyar a las víctimas”, afirmó. Medina también subrayó que las reformas y acciones en curso se han creado con la participación activa de las familias afectadas.

    El Subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Ochoa, enfatizó la importancia de la colaboración entre el estado y la sociedad civil. “Las soluciones más efectivas se logran a través del trabajo conjunto”, expresó.

    El evento recibió la asistencia de familiares, colectivos de búsqueda, representantes de la ONU y organizaciones de la sociedad civil, quienes reafirmaron la necesidad de redoblar esfuerzos. El Gobierno de México buscará mantener un diálogo constructivo con la CIDH, ampliando la cooperación con organismos internacionales.

    Entre las acciones que se están llevando a cabo se encuentran la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la creación de una Base Nacional de Carpetas de Investigación y la obligación de que todos los estados cuenten con fiscalías especializadas en este delito.

    México reafirma su compromiso con las familias de las víctimas y promete seguir avanzando en la búsqueda de soluciones duraderas a esta crisis que ha afectado a tantas personas.

  • Ernestina Godoy presenta nuevo plan de la FGR; feminicidios y desapariciones prioridades

    Ernestina Godoy presenta nuevo plan de la FGR; feminicidios y desapariciones prioridades

    La nueva estrategia nacional de procuración de justicia prioriza a las víctimas, fortalece la investigación y busca erradicar la impunidad en delitos de alto impacto.

    La fiscal General de la República, Ernestina Godoy Ramos, presentó el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2030, con el que busca transformar de fondo a la institución y dejar atrás prácticas de opacidad. Desde la Ciudad de México, afirmó con contundencia: “nunca más una fiscalía opaca ni una burocracia dorada”, al tiempo que anunció una reorientación de recursos para mejorar la eficacia en la persecución de delitos.

    Ante representantes de los tres poderes, fiscales estatales y organizaciones sociales, Godoy subrayó que la FGR debe operar bajo un enfoque humanista, colocando a las víctimas en el centro. Enfatizó que la justicia no es un privilegio, sino un derecho, por lo que se impulsarán mecanismos para garantizar verdad, reparación y acceso efectivo a la justicia.

    Uno de los ejes centrales del plan es el combate frontal al feminicidio, que la funcionaria calificó como una tarea “ineludible”. Para ello, se fortalecerán capacidades técnicas y científicas, incluyendo peritajes forenses avanzados, análisis de contexto, biometría genética y trazabilidad digital, con el objetivo de integrar investigaciones sólidas que lleven a los responsables ante la justicia.

    En materia de desapariciones, Godoy aseguró que el Estado mexicano ha avanzado con una estrategia nacional que incluye alertas de búsqueda inmediatas, bases de datos unificadas y coordinación interinstitucional. Destacó el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses y la obligación de abrir investigaciones desde el primer reporte.

    Asimismo, la fiscal resaltó la aprobación reciente de leyes en materia de extorsión, desaparición y búsqueda de personas, las cuales permiten —dijo— anticipar y desarticular estructuras criminales. Añadió que la FGR trabaja de la mano con organismos internacionales, incluida la ONU, para reforzar sus capacidades.

  • ONU señala a México por desapariciones… pero guarda silencio ante 180 desaparecidos en Mediterráneo

    ONU señala a México por desapariciones… pero guarda silencio ante 180 desaparecidos en Mediterráneo

    Por Nathael Pérez

    Mientras la Organización de las Naciones Unidas critica con información desactualizada a México por la crisis de desapariciones, más de 180 personas han muerto o desaparecido en el Mediterráneo en apenas días sin un señalamiento igual de contundente por parte de dicho organismo.

    La postura de la Organización de las Naciones Unidas ha sido clara en los últimos meses: México enfrenta una crisis estructural de desapariciones que exige presión internacional. Sin embargo, esa misma firmeza no se refleja frente a tragedias recientes en Europa y el norte de África, donde, de acuerdo con la Organización Internacional para las Migraciones, más de 180 personas han muerto o desaparecido desde el 28 de marzo tras múltiples naufragios en el Mediterráneo, en una de las rutas migratorias más letales del mundo.

    El contraste resulta inevitable. La propia Organización Internacional para las Migraciones reconoce que 2026 perfila como uno de los inicios de año más mortíferos desde 2014, con cerca de mil fallecimientos acumulados. A pesar de ello, el discurso institucional se ha limitado a llamados generales: “salvar vidas” y combatir a traficantes, sin el mismo tono de exigencia política o señalamientos directos que sí se observan en el caso mexicano. No hay acusaciones de responsabilidades estructurales ni advertencias de crisis sistémicas comparables.

    La ONU, tal parece, aplica estándares distintos dependiendo del territorio. Mientras en México se subrayan omisiones del Estado, en el Mediterráneo se diluyen responsabilidades entre factores globales, evitando apuntar con la misma claridad a gobiernos o bloques regionales. 

  • Informe de la ONU sobre México exhibe la crisis y falta de credibilidad del organismo

    Informe de la ONU sobre México exhibe la crisis y falta de credibilidad del organismo

    La presidenta denunció que el documento internacional ignora información reciente y se basa en cifras de apenas cuatro estados entre 2009 y 2017, distorsionando la realidad actual del país.

    La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó el informe del Comité contra la Desaparición Forzada, al señalar que carece de rigor, omite datos oficiales y se construye con información desactualizada, lo que distorsiona la realidad actual del país. Desde Palacio Nacional, sostuvo que la documentación enviada por México no fue considerada, evidenciando inconsistencias en el análisis.

    La mandataria explicó que el informe extrapola datos de apenas cuatro estados entre 2009 y 2017 para generalizar la situación nacional en 2026, lo que calificó como una metodología incorrecta. Estos estados son Veracruz, Jalisco, Coahuila y Nayarit; PAN y PRI gobernaron en dichas entidades. Además, subrayó que no refleja los avances implementados desde 2019 ni el trabajo con colectivos de búsqueda, por lo que su contenido resulta parcial.

    Pero el señalamiento ocurre en un contexto mayor: la propia Organización de las Naciones Unidas atraviesa una crisis profunda. A 80 años de su creación, el organismo enfrenta recortes presupuestales, tensiones geopolíticas y una creciente pérdida de legitimidad internacional, agravada tras el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos.

    Incluso, el secretario general António Guterres ha advertido que la ONU se encuentra en una “carrera hacia la quiebra”, tras el congelamiento de contribuciones de potencias y una crisis financiera sin precedentes. A esto se suma una parálisis política del Consejo de Seguridad, incapaz de frenar conflictos internacionales, lo que ha erosionado su autoridad moral.

    En este escenario, la ONU intenta emitir juicios sobre México mientras arrastra problemas estructurales, desde su dependencia histórica de potencias como Estados Unidos hasta su incapacidad actual para responder a crisis globales. De hecho, el multilateralismo que la sostenía se encuentra en declive, con países priorizando intereses unilaterales sobre la cooperación internacional.

    Sheinbaum también recordó que la crisis de desapariciones en México tiene raíces claras en el sexenio de Felipe Calderón, cuando la llamada guerra contra el narcotráfico disparó los casos de forma exponencial. Este contexto, clave para entender el fenómeno, no es abordado de manera integral por el informe, que opta por una visión limitada y desfasada.

    Finalmente, la presidenta reiteró que su gobierno mantiene coordinación con familias y colectivos, así como estrategias para combatir este delito ligado principalmente al crimen organizado. En contraste, el informe internacional ignora estos esfuerzos y se sustenta en una lectura incompleta, lo que refuerza las críticas sobre la falta de credibilidad de la ONU en la actualidad.

  • Gobierno CDMX respalda a Sheinbaum y desmiente informe de la ONU

    Gobierno CDMX respalda a Sheinbaum y desmiente informe de la ONU

    El Gobierno capitalino acusa omisiones graves en el reporte internacional y defiende avances históricos en la atención a víctimas y búsqueda de personas desaparecidas.

    El Gobierno de la Ciudad de México respaldó de manera firme la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que el informe del Comité de Desaparición Forzada de la ONU presenta omisiones relevantes y conclusiones cuestionables al basarse principalmente en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, sin reflejar la realidad actual del país.

    En su posicionamiento, la administración capitalina subrayó que no se reconocen los avances significativos implementados desde 2019, especialmente en materia de seguridad y atención a víctimas. Además, criticó que el informe no distingue adecuadamente entre desapariciones cometidas por el Estado y las perpetradas por grupos criminales, lo que distorsiona el análisis del fenómeno en México.

    El documento también recuerda que durante gobiernos anteriores se registró una represión sistemática que derivó en miles de casos de desaparición forzada, en un contexto marcado por la llamada “guerra contra el narcotráfico”. En contraste, se afirma que el actual gobierno no reprime ni desaparece, sino que impulsa una política integral centrada en los derechos humanos.

    Asimismo, se destacaron acciones como la creación de comisiones de búsqueda en todo el país, el fortalecimiento del Centro Nacional de Identificación Humana y el incremento sustancial del presupuesto destinado a localizar personas. También se resaltó la transparencia en los registros y la implementación de protocolos homologados de búsqueda.

    A nivel local, la Ciudad de México ha priorizado la atención a víctimas mediante la instalación de un gabinete permanente, la creación de un centro de atención integral y un centro de resguardo temporal para personas fallecidas no identificadas, además de duplicar los recursos destinados a estas tareas.

    Finalmente, el gobierno capitalino rechazó lo que calificó como narrativas infundadas que buscan vincular al Estado con el crimen organizado, y reiteró su compromiso de acompañar a las familias, escuchar a las víctimas y fortalecer una política pública más humana, eficaz e integral.

  • Senado y Gobierno de México rechazan informe de la ONU y denuncian injerencia externa

    Senado y Gobierno de México rechazan informe de la ONU y denuncian injerencia externa

    Legisladores y la SRE acusan que el documento es parcial, omite avances recientes y pretende escalar el tema a la Asamblea General.

    El Senado mexicano y el Gobierno federal arremetieron contra un informe del Organización de las Naciones Unidas sobre desapariciones forzadas en México, al considerar que el documento es tendencioso, carece de rigor y abre la puerta a injerencias externas en asuntos internos del país.

    La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, cuestionó que el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU omitiera información actualizada y avances institucionales recientes, pese a reconocer que no existen indicios de una política de Estado en esta materia.

    Además, criticó que, aun sin pruebas concluyentes, el organismo haya solicitado llevar el caso de México ante la Asamblea General, lo que calificó como una acción que no contribuye a la cooperación internacional ni al fortalecimiento institucional.

    En la misma línea, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ignacio Mier Velazco, calificó el informe como “inaceptable, tendencioso e injerencista”, y acusó a la ONU de actuar con doble rasero, al señalar su silencio frente a conflictos internacionales como Gaza, Ucrania y Líbano.

    Por su parte, la Secretaría de Relaciones Exteriores rechazó el documento al considerar que no refleja la realidad actual del país, además de cuestionar su sustento jurídico y posibles conflictos de interés dentro del Comité.

    El gobierno mexicano reiteró que no tolera ni promueve desapariciones forzadas, y destacó las reformas implementadas desde 2025 para combatir este delito, subrayando su disposición a colaborar con organismos internacionales, siempre que exista objetividad y apego a la información verificable.

  • Guerra de Calderón disparó desapariciones en México y dejó crisis que persiste

    Guerra de Calderón disparó desapariciones en México y dejó crisis que persiste

    Datos oficiales revelan que el fenómeno creció de forma exponencial tras el despliegue militar contra el narcotráfico, marcando un antes y un después en la violencia del país.

    El fenómeno de desapariciones en México registró un incremento sin precedentes durante el sexenio de Felipe Calderón, tras el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico, de acuerdo con cifras oficiales del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.

    Entre 2000 y 2006, durante el gobierno de Vicente Fox, se reportaron 950 personas desaparecidas; sin embargo, entre diciembre de 2006 y noviembre de 2012, ya bajo la administración de Calderón, la cifra se disparó a 17 mil 327 víctimas, evidenciando un crecimiento exponencial vinculado al aumento de la violencia.

    El primer año del sexenio calderonista marcó un punto de quiebre: los casos pasaron de 236 en 2006 a 837 en 2007, casi cuadruplicándose. La tendencia continuó al alza con mil 153 desapariciones en 2008 y mil 741 en 2009, en paralelo al despliegue de fuerzas federales en el país.

    Para 2010, la crisis ya era evidente, con más de 4 mil 200 víctimas acumuladas, lo que representó un aumento de hasta 20 veces en solo cuatro años. El pico se alcanzó en 2011, con 5 mil 165 casos, detonando protestas sociales y el surgimiento del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que denunció la magnitud del problema.

    En ese contexto, familiares de víctimas encararon al entonces presidente en el Castillo de Chapultepec, cuestionando que los desaparecidos fueran considerados “daños colaterales” de la estrategia de seguridad. Calderón defendió su decisión y afirmó que su error fue no actuar antes contra el crimen organizado.

    Al cierre de su gobierno, con 4 mil 192 desapariciones registradas en 2012, el fenómeno se consolidó como una crisis estructural que persiste hasta hoy, generando alertas internacionales, como los señalamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU.

  • Ayuntamiento de Tehuantepec destituye a funcionaria tras polémica por taller de “kit forense en caso de desaparición”

    Ayuntamiento de Tehuantepec destituye a funcionaria tras polémica por taller de “kit forense en caso de desaparición”

    La actividad organizada por el Instituto Municipal de la Juventud provocó indignación entre activistas y colectivas, quienes acusaron que la iniciativa normaliza la desaparición de mujeres en Oaxaca.

    El Ayuntamiento de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, anunció la destitución inmediata de la titular del Instituto Municipal de la Juventud, Keyla Karlet Calvo Vásquez, luego de la fuerte polémica generada por la difusión de un taller para crear un “kit forense en caso de desaparición”, actividad que fue anunciada como parte de las acciones por el Día Internacional de la Mujer (8M).

    Mediante un comunicado oficial, el gobierno municipal encabezado por la presidenta Ana Cecilia Pérez Velásquez informó que la decisión se tomó tras los acontecimientos recientes relacionados con la difusión de dicha actividad desde áreas del propio ayuntamiento. La administración señaló que la medida busca actuar con responsabilidad institucional y respeto hacia la ciudadanía.

    La convocatoria al taller causó indignación entre mujeres, periodistas, activistas y colectivas, ya que pedía a las asistentes llevar una blusa utilizada durante el día y una fotografía reciente sin filtros, elementos que supuestamente formarían parte de un kit útil en caso de desaparición. Para muchas organizaciones, la actividad resultó insensible y alarmante, pues consideran que este tipo de iniciativas normaliza la violencia y la desaparición de mujeres.

    La periodista zapoteca Roselia Chaca, integrante de la Red de Mujeres Periodistas de Oaxaca, calificó la propuesta como “insensible, irresponsable y macabra”, mientras que Claudia Valeria Hernández, de la Casa de la Mujer Istmeña (CAMI), señaló que promover este tipo de actividades representa un retroceso en la lucha contra la violencia de género.

    Por su parte, la activista María Elena Ríos, impulsora de la Ley Malena, exigió al ayuntamiento ofrecer una disculpa pública, al considerar que organizar este tipo de talleres en el marco del 8 de marzo es irresponsable, especialmente cuando las mujeres demandan políticas preventivas y acciones reales de protección.

    Tras la ola de críticas, la publicación fue eliminada de las redes sociales del ayuntamiento. Además, la creadora del llamado “kit forense”, Becky Ríos, denunció que el contenido del taller habría sido utilizado sin autorización, acusando incluso plagio de su trabajo. La polémica ocurre en un contexto preocupante: de acuerdo con colectivos, en Oaxaca desaparecen en promedio seis personas cada 24 horas, mientras que el registro nacional reporta 343 desapariciones durante la actual administración estatal, de las cuales 241 personas siguen sin ser localizadas.