La Cancillería cuestionó a Estados Unidos por revelar los cargos antes de las detenciones y reiteró que en México cualquier proceso debe sustentarse con pruebas y respetar el debido proceso.
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) dio a conocer tres documentos relacionados con la solicitud de detención provisional con fines de extradición presentada por Estados Unidos contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios de la entidad. Entre los archivos difundidos se encuentra un oficio de extrañamiento dirigido a la embajada estadounidense, una ficha con las acusaciones formuladas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y el posicionamiento oficial del Gobierno de México.
La publicación se produjo un día después de que se conociera que la SRE reservó por cinco años las comunicaciones diplomáticas relacionadas con el caso. La dependencia aclaró que dicha clasificación permanece vigente, ya que las notas diplomáticas vinculadas con procesos judiciales tienen carácter reservado, mientras que los documentos ahora divulgados sí podían hacerse públicos.
En el oficio enviado el 30 de abril, la Cancillería expresó su preocupación por la difusión anticipada de los cargos y los nombres de los señalados por parte de la fiscalía estadounidense. La dependencia argumentó que hacer pública esa información antes de concretar las detenciones podría vulnerar el derecho al debido proceso, además de dificultar el cumplimiento de la confidencialidad que el propio Gobierno de Estados Unidos había solicitado previamente.
La ficha de cargos señala que Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Inzunza Cázarez, el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, y otros funcionarios enfrentan acusaciones por presunta conspiración para importar fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina, así como por delitos relacionados con armas de alto poder. Asimismo, Juan Valenzuela Millán es señalado por un cargo adicional de secuestro con resultado de muerte. La SRE enfatizó que se trata de acusaciones y no de sentencias condenatorias.
En su postura oficial, la Cancillería informó que las solicitudes de extradición fueron turnadas a la Fiscalía General de la República (FGR) y reiteró que ninguna acción judicial procederá sin pruebas suficientes, conforme al sistema penal acusatorio mexicano. Además, reafirmó que México mantendrá la cooperación con Estados Unidos en materia de justicia, pero sin aceptar injerencias externas, en línea con la postura expresada por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha sostenido que “no vamos a proteger a nadie que haya cometido un delito”.
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