Etiqueta: Abuso policial

  • Lemus evade señalamientos de la CNDH y culpa a grupos externos por violencia en Jalisco

    Lemus evade señalamientos de la CNDH y culpa a grupos externos por violencia en Jalisco

    El gobernador de Movimiento Ciudadano destacó los daños registrados durante la marcha del 18 de octubre, pero no respondió a las observaciones sobre una presunta coordinación entre policías y manifestantes violentos.

    El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, evitó responder directamente a los señalamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre una posible coordinación entre grupos violentos y autoridades policiales durante las manifestaciones en el estado. En cambio, atribuyó los hechos a supuestos intereses políticos externos que buscarían generar caos y desestabilización.

    A través de un video difundido en redes sociales, el mandatario de Movimiento Ciudadano aseguró que su administración y los manifestantes pacíficos impidieron la infiltración de grupos de choque. También llamó a cerrar filas para evitar que personas ajenas a Jalisco, según su versión, provoquen confrontaciones en la entidad.

    Lemus sostuvo que, durante la movilización del domingo 18 de octubre, no hubo enfrentamientos ni manifestantes inocentes afectados, aunque denunció destrozos en edificios públicos, comercios y patrimonio histórico. Entre los daños mencionó puertas y ventanas rotas en el Palacio de Gobierno, pintas en sus muros y en la Catedral de Guadalajara, así como el lanzamiento de explosivos contra las sedes del Congreso estatal y del Palacio de Justicia.

    La CNDH, por su parte, señaló que genera suspicacia que hasta el lunes no se hubieran presentado quejas de familiares de las personas detenidas ni de los propios arrestados. El organismo también puso bajo cuestionamiento la actuación policial ante los hechos violentos, mientras el gobernador evitó abordar directamente esas observaciones.

    En paralelo, cuentas en redes sociales identificadas como bots o simpatizantes de MC emprendieron una campaña contra la comisión, luego de que atrajera el caso de presuntas torturas en Casa Jalisco, ocurridas el 11 de octubre. La intervención del organismo podría derivar en nuevos señalamientos contra la administración estatal.

    De acuerdo con el gobierno de Jalisco, el saldo preliminar de la jornada fue de 10 personas detenidas, 15 policías con lesiones leves y daños estimados en 15 millones de pesos al Palacio de Gobierno y al mobiliario urbano. Hasta el momento, la información oficial no resuelve los cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades durante las protestas.

  • Abelardo de la Espriella autorizará represión policial en universidades

    Abelardo de la Espriella autorizará represión policial en universidades

    El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, anunció que autorizará el ingreso de la Policía a universidades para la represión policial dentro de los campus cuando considere que existen actos de violencia, vandalismo o terrorismo, lo que genera preocupación por los límites de la autonomía universitaria.

    El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunció que la Policía podrá ingresar a las universidades cuando se registren hechos que el Gobierno considere violentos, vandálicos o terroristas. La decisión, presentada como una medida para preservar el orden público, representa un endurecimiento de la respuesta estatal dentro de espacios universitarios y abre la puerta a la represión policial frente a conflictos que hasta ahora se encontraban sujetos a reglas específicas de autonomía y actuación institucional.

    De la Espriella sostuvo que la autonomía universitaria no coloca a los campus por encima de la Constitución ni de las leyes y anunció la creación de un protocolo nacional para distinguir entre protesta pacífica y situaciones de violencia, peligro, flagrancia o alteraciones extraordinarias del orden público. Aunque el mandatario aseguró que respetará las manifestaciones pacíficas, el problema radica precisamente en quién determinará cuándo una movilización deja de ser protesta y comienza a ser considerada una amenaza que justifique la intervención policial.

    El presidente también afirmó que no permitirá que las universidades públicas sean utilizadas como refugio para la violencia y señaló que la Policía será la “primera autoridad operativa” en este tipo de situaciones. Bajo ese argumento, agentes podrían intervenir ante presuntos actos de terrorismo urbano, destrucción de infraestructura, agresiones contra civiles o integrantes de la fuerza pública y preparación de ataques. Sin embargo, convertir a los campus en escenarios potenciales de intervención policial supone una medida especialmente delicada, debido al riesgo de que una respuesta diseñada para enfrentar hechos delictivos termine utilizándose contra expresiones legítimas de inconformidad.

    La decisión de De la Espriella representa, por ello, un preocupante giro hacia una respuesta policial más dura dentro de las universidades colombianas. La violencia y la destrucción de infraestructura no deben quedar impunes, pero tampoco puede utilizarse su existencia como argumento para criminalizar la protesta o convertir los espacios académicos en territorios sometidos permanentemente a la lógica de la fuerza pública. Si el Gobierno realmente pretende proteger la libertad de expresión y el debate universitario, deberá demostrar que sus nuevos protocolos no serán una herramienta de represión policial contra quienes protesten, sino mecanismos estrictamente delimitados para responder a delitos concretos.

  • FBI bloqueó indagatoria por asesinato de Renee Good a manos de ICE

    FBI bloqueó indagatoria por asesinato de Renee Good a manos de ICE

    Un informe revela que altos funcionarios federales intervinieron para frenar una investigación por derechos civiles, pese a inconsistencias entre la versión oficial y los videos del operativo.

    Altos funcionarios de la administración de Donald Trump, entre ellos el director del FBI, Kash Patel, habrían intervenido para frenar una investigación federal por derechos civiles tras el asesinato de Renee Nicole Good, una mujer de 37 años abatida por un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis, Minnesota, en enero pasado, según revela un informe reciente.

    De acuerdo con la investigación, el mismo día del tiroteo el fiscal federal Joseph Thompson solicitó una orden judicial para registrar el vehículo de Good, con el objetivo de preservar evidencia clave y determinar si el uso de la fuerza fue legal. El procedimiento contemplaba la participación de la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota para evaluar posibles violaciones a derechos civiles.

    No obstante, tras obtener autorización para documentar impactos de bala y rastros de sangre, agentes del FBI recibieron la instrucción directa de detener cualquier diligencia, según reportó The New York Times con base en fuentes internas. En lugar de investigar la actuación del agente de ICE, el Departamento de Justicia orientó a los investigadores a abrir una carpeta contra la propia víctima y su pareja, bajo el argumento de una posible agresión al agente Jonathan Ross.

    La demanda por derechos civiles nunca fue presentada, y autoridades estatales denunciaron que funcionarios federales bloquearon el acceso a expedientes y evidencia del caso. Hasta ahora, ni el FBI ni el Departamento de Justicia han respondido a las solicitudes de comentario.

    El informe también señala que, tras el homicidio, la administración Trump difundió una versión oficial sin sustento probatorio, contradicha por videos del operativo. El propio Trump afirmó que Good embistió deliberadamente al agente, mientras que la entonces secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, la calificó como “terrorista doméstica”.

    El manejo del caso ha provocado renuncias de funcionarios en Minnesota y reavivó el debate sobre abuso de poder, impunidad y el uso político de las agencias federales.

  • Trump amenaza con enviar al ejército a reprimir protestas contra ICE en Minesota

    Trump amenaza con enviar al ejército a reprimir protestas contra ICE en Minesota

    El presidente de EUA, Donald Trump, advirtió que podría invocar la Ley de Insurrección para enviar militares a Minesota con el fin de reprimir protestas contra operativos del ICE.

    El presidente Donald Trump amenazó con recurrir al ejército estadunidense para contener las protestas contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Mineápolis, luego de varios días de disturbios relacionados con operativos migratorios. El mandatario dijo que, de persistir la violencia, podría aplicar la Ley de Insurrección de 1807, una herramienta legal poco utilizada que permite el despliegue militar en territorio nacional.

    Las manifestaciones se intensificaron tras la muerte de Renee Good, quien fue abatida por un agente de ICE a principios de enero, y un nuevo tiroteo ocurrido esta semana, en el que un oficial federal hirió a un hombre durante un altercado. En respuesta, agentes federales utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a manifestantes, mientras algunos grupos respondieron con piedras y fuegos artificiales.

    Autoridades locales criticaron la presencia federal. El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, señaló que el despliegue de fuerzas migratorias ha generado miedo y tensión entre los residentes, al tiempo que el gobernador Tim Walz acusó al gobierno federal de llevar a cabo una campaña de fuerza que, dijo, ya rebasó el ámbito del control migratorio.

  • Agentes del ICE reprimen con gas a civiles en Mineápolis

    Agentes del ICE reprimen con gas a civiles en Mineápolis

    Un nuevo episodio de represión y abuso policial se registró en Mineápolis, en un clima de tensión debido al reciente asesinato de la civil Renee Good a manos de un agente de ICE.

    La tensión volvió a las calles de Mineápolis, donde agentes del ICE utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a una multitud que se congregó tras un choque automovilístico en el que estuvieron involucrados elementos federales. El incidente ocurrió a pocas cuadras del sitio donde, días antes, Renee Good fue asesinada por un agente de inmigración, hecho que detonó protestas en distintas ciudades de EUA.

    De acuerdo con lo ocurrido, las personas se reunieron para observar cómo un hombre era interrogado por los agentes, quienes momentos antes habían impactado su vehículo. La situación escaló rápidamente y los oficiales recurrieron al gas para desalojar a los presentes, retirándose del lugar entre gritos de reproche y consignas de la multitud.

    El episodio se suma a una serie de operativos migratorios y manifestaciones que han marcado a Mineápolis desde la muerte de Good, ocurrida el 7 de enero. Autoridades estatales y locales han cuestionado la actuación de los agentes federales, mientras el gobierno de Donald Trump ha defendido reiteradamente el uso de la fuerza, postura que continúa generando críticas y movilización social.

  • Indignación en redes por video de pastor baleado por agente del DHS durante protesta en EUA

    Indignación en redes por video de pastor baleado por agente del DHS durante protesta en EUA

    Un video que muestra al reverendo David Black siendo herido en la cabeza por un proyectil de pimienta disparado por un agente del DHS se viralizó y reavivó críticas sobre el uso excesivo de la fuerza en protestas.

    Miles de usuarios en redes sociales reaccionaron con indignación ante un vídeo en el que David Black, reverendo de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, cae al suelo tras recibir un disparo en la cabeza por parte de un agente enmascarado del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). El incidente ocurrió a mediados del mes pasado, pero recobró fuerza en los últimos días tras las declaraciones del propio pastor y de Tricia McLaughlin, secretaria adjunta de Asuntos Públicos del DHS.

    En las imágenes, de apenas 25 segundos, se observa a Black protestando pacíficamente frente a un grupo de oficiales cuando uno de ellos dispara una bala de pimienta que impacta directamente en su cabeza. De inmediato, el reverendo se desploma mientras se sostiene el rostro, visiblemente aturdido y con dolor. Manifestantes cercanos corren a auxiliarlo, mientras los agentes permanecen observando desde una posición elevada.

    El video ha generado un amplio debate en redes y medios internacionales sobre el uso excesivo de la fuerza en operativos federales. Aunque el DHS calificó el disparo como “no letal”, diversas organizaciones religiosas y de derechos civiles exigieron una investigación independiente y sanciones para el agente involucrado.