Veterinarias acusan a Eric José Contreras por hostigamiento sexual y amenazas; la víctima principal fue despedida tras visibilizar el caso.
-Mateo Segura
El supervisor de la Zona Mito del Zoológico de León, Eric José Contreras Guerrero, fue acusado formalmente por acoso sexual y hostigamiento laboral ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) y la Contraloría Municipal, luego de que al menos tres trabajadoras de la institución expusieran agresiones verbales, exhibicionismo y amenazas.
La veterinaria Sofía Hernández encabezó las denuncias públicas tras recibir reiterados mensajes con insinuaciones sexuales a través de WhatsApp por parte del funcionario. Al rechazar los comentarios y pedir un alto al acoso, la víctima comenzó a recibir mensajes intimidatorios y amenazas directas. Pese a acudir a la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE), la dependencia inicialmente se negó a integrar una carpeta de investigación argumentando que la víctima no presentaba lesiones físicas o un intento de feminicidio, limitándose únicamente a expedir una orden de protección por 15 días.
Posteriormente, dos compañeras del recinto se sumaron a las acciones legales ante la PRODHEG y la Contraloría. Pese a que el órgano de control emitió medidas de protección para evitar que el agresor compartiera área laboral con una de las víctimas, la denunciante principal, Sofía Hernández, fue despedida del Zoológico de León bajo la justificación de “pérdida de la confianza”, mientras que otra de las médicas veterinarias optó por renunciar ante la falta de garantías de seguridad.
El conflicto escaló al plano político debido a que Eric José Contreras es hermano del diputado local Sergio Contreras Guerrero, cercano a la regidora e integrante del Consejo del Patronato del Zoológico, Norma López Zúñiga, a quien las afectadas señalan de haber ejercido hostigamiento laboral e inacción para encubrir los abusos cometidos dentro de la dependencia municipal.
Pavel Gaona aseguró que el conductor de Ventaneando realizó tocamientos sin su consentimiento y después le envió un mensaje con una insinuación sexual cuando intentaban concretar una entrevista.
En medio de la polémica que enfrenta Pedro Sola por sus comentarios sobre los perros en establecimientos pet friendly, el periodista Pavel Gaona revivió una denuncia pública en la que lo señala por presunto acoso sexual. A través de un video difundido en redes sociales, el comunicador afirmó que el conductor de Ventaneando le hizo tocamientos indebidos y posteriormente le envió una propuesta de carácter sexual cuando buscaban acordar una entrevista.
De acuerdo con el testimonio de Gaona, los hechos ocurrieron en 2017, cuando organizaba eventos y contrataba a celebridades como DJ invitados. Recordó que, antes de una presentación, se tomó una fotografía con Pedro Sola, momento en el que, asegura, el conductor aprovechó para introducir su mano por la espalda de su vestuario e intentar tocarle los glúteos, una acción que calificó como completamente inapropiada.
El periodista explicó que, aunque en ese momento decidió no confrontar al presentador, días después surgió una nueva situación incómoda. Su entonces jefe le pidió gestionar una entrevista con Pedro Sola, por lo que ambos comenzaron a comunicarse por mensajes para definir la fecha y el lugar del encuentro.
Según el relato de Pavel Gaona, cuando le preguntó al conductor dónde prefería realizar la entrevista, recibió una respuesta que lo hizo cancelar cualquier contacto. “En mi casa, en mi cama”, habría contestado Pedro Sola, de acuerdo con las capturas y el testimonio compartido por el periodista. Tras ese mensaje, aseguró que dejó de responder y la entrevista nunca se realizó.
El comunicador también señaló que esta denuncia no es nueva, pues ya había hablado públicamente del episodio años atrás; sin embargo, decidió recordarlo ahora debido a la reciente controversia que rodea al conductor de TV Azteca. Hasta el momento, Pedro Sola no ha emitido un posicionamiento público sobre estas acusaciones, las cuales circulan nuevamente en redes sociales y han reavivado el debate sobre el comportamiento de figuras públicas frente a denuncias de presunto acoso.
Mientras continúan las críticas por sus declaraciones sobre los animales, el nombre de Pedro Sola vuelve a ocupar titulares por un señalamiento distinto, ahora relacionado con un presunto episodio de acoso sexual, del que, hasta ahora, no existe una respuesta pública por parte del presentador.
El actor de doblaje suma un nuevo señalamiento público tras el testimonio de la actriz Brenda Rivero, quien relató presuntos abusos sufridos cuando ella tenía 16 años durante una convención en Cancún.
-Mateo Segura
El actor de doblaje Alfonso Obregón, reconocido en toda Latinoamérica por dar voz a Shrek, se encuentra nuevamente en la polémica. A través de redes sociales, la actriz de doblaje Brenda Rivero publicó un testimonio donde lo señala por acoso y abuso sexual cuando ella era menor de edad.
Los detalles son los siguientes :
Rivero conocía a Obregón por la cercanía profesional con sus padres, los actores Javier Rivero y Carla Padrón.
Los hechos ocurrieron durante una convención de doblaje en Cancún, Quintana Roo.
En ese momento, Brenda tenía 16 años y el actor superaba los 50.
Según contó la actriz, Obregón habría aprovechado la confianza familiar, mostrando una actitud insistente y realizando comentarios inapropiados. La actriz detalló que, bajo un pretexto, el actor la llevó a una zona apartada del recinto donde ocurrió un acercamiento físico no consensuado. La situación intentó repetirse en días posteriores, pero la intervención de una organizadora evitó que Brenda se quedara a solas con él.
Brenda Rivero, de 32 años, compartió que gracias a terapia psicológica logró comprender la dinámica de poder y asimilar la experiencia como un abuso. Esta nueva acusación, respaldada con supuestas capturas de pantalla, se suma al historial legal del actor y genera fuertes cuestionamientos sobre su continuidad en la industria del doblaje en México.
Courtney Williams, ex trabajadora del ejército de EUA, fue detenida por el FBI. La acusan de revelar información clasificada a un periodista.
El FBI arrestó a Courtney Williams, una ex funcionaria del ejército de 40 años, debido a la filtración de información clasificada. La detención ocurrió tras la acusación de un gran jurado federal, según anunció el director de la agencia, Kash Patel.
William supuestamente compartió secretos con el periodista Seth Harp. Este último la entrevistó para su libro “El cartel de Fuerte Bragg: narcotráfico y asesinato en las fuerzas especiales”, publicado en 2025. El libro también destaca la discriminación de género y el acoso sexual dentro de la Delta Force, establecida en Fort Bragg, Carolina del Norte.
Courtney trabajó en Fort Bragg durante seis años. Durante su tiempo allí, se encargó de documentos sensibles, incluidos pasaportes falsos para agentes encubiertos. Las autoridades federales indican que su libro incluye información clasificada que ella debía proteger, incluso después de dejar el servicio militar.
Kash Patel advirtió sobre las consecuencias de filtrar información. “El FBI no tolerará a quienes pongan en peligro a los estadounidenses”, declaró Patel en X, la plataforma de redes sociales.
La investigación menciona mensajes telefónicos entre Williams y el periodista. En uno de ellos, Williams expresó su preocupación por la gran cantidad de información clasificada que estaba saliendo a la luz. “Pensaba que te contaba para que tuvieras una visión más clara”, explicó, según la denuncia.
Desde su cuenta de X, Harp criticó la atención que el FBI dedicó a este caso. Afirmó que los verdaderos criminales, responsables de varios asesinatos en Fort Bragg, siguen sin ser descubiertos.
Harp también defendió a Williams, describiéndola como una valiente denunciante que se atrevió a hablar sobre problemas graves en la Delta Force. “Sus acciones fueron totalmente transparentes y admirables”, concluyó.
El Tribunal de Disciplina Judicial acreditó conductas misóginas, acoso sexual y abuso de poder dentro de la Unidad de Notificadores de Tribunales Colegiados.
El Poder Judicial de la Federación (PJF) sancionó a 16 funcionarios adscritos a la Ciudad de México por violencia laboral y acoso, tras una investigación encabezada por el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) a través de su Comisión de Disciplina. Entre los responsables se encuentran dos jefes de la Unidad de Notificadores y 14 auxiliares de actuarios de la Unidad de Notificadores Común de Tribunales Colegiados de Circuito.
De acuerdo con el TDJ, 13 servidores públicos recibieron suspensiones de entre 30 y 90 días, además de inhabilitación para ejercer cargos públicos por periodos que van de tres meses a un año. En tanto, otros tres funcionarios fueron destituidos por causas previstas en la ley, derivadas de la gravedad de las conductas acreditadas.
El magistrado Rufino H. León Tovar, presidente de la Comisión de Disciplina, afirmó que en el PJF “no hay intocables” y que se aplicará todo el peso de la ley, sin importar el cargo de quienes infrinjan la norma. La resolución se sustentó en pruebas documentales y testimoniales presentadas por el Órgano de Investigación de Responsabilidades Administrativas.
Durante la sesión, se acreditó que los sancionados ejercían de forma reiterada violencia laboral contra personal subordinado y compañeros, mediante lenguaje altisonante, amenazas, intimidaciones y comportamientos agresivos. El expediente también contiene constancias de conductas misóginas y de connotación sexual no consentida, incluyendo contacto físico indebido, que vulneraron la esfera íntima de las víctimas.
Asimismo, se comprobó acoso laboral sistemático, como grabaciones, fotografías, seguimiento y vigilancia sin consentimiento, incluso hacia un superior jerárquico. En un caso específico, se acreditó acoso sexual reiterado, con comentarios y acercamientos físicos no consentidos, generando un entorno laboral hostil. También se documentó el uso indebido de personas externas para realizar notificaciones, desacato a órdenes y la asistencia al trabajo en condiciones inaceptables para el servicio público.
El hackeo masivo a la UNAM sacó a relucir que el director de su sede en Canadá, Constantino Macías, ha sido señalado por acoso sexual y abuso de poder.
Antes de su designación, realizada por el polémico exrector Enrique Graue, el también director del Instituto de Ecología ya había sido señalado en una auditoría por no haber transparentado más de 15 mil millones de pesos del CONACYT.
Ahora bien, no es la primera vez que la máxima casa de estudios sufre ataques cibernéticos.
En septiembre de 2015, la UNAM ya había sido presa de un monumental hackeo que reveló algunas de sus prácticas más oscuras.
El hackeo masivo de la Universidad expuso los abusos de autoridad, el nepotismo, la complicidad y la omisión que rodean la operación de sus sedes en el extranjero.
La información difundida reveló que hay personajes allegados a la institución que atesoran un fuerte y pernicioso poder político o cultural, como la escritora Sandra Lorenzano, quien coordina el Centro de Estudios Mexicanos en Chile, o bien el exconsejero del INE, Ciro Murayama, director del Centro de Estudios Mexicanos en España.
Pero eso no fue todo.
El hackeo masivo a la UNAM también exhibió las deleznables prácticas en las que ha incurrido el personal de la institución en Canadá.
Documentos puestos a la venta en un servidor web revelaron que Constantino de Jesús Macías García, investigador del Instituto de Ecología, ejerce abusivamente su puesto como director del centro UNAM Canadá.
De acuerdo con esta acusación, Constantino Macías, es alcohólico, racista e incluso un acosador sexual en potencia.
En la carta dirigida a la Máxima Casa de Estudios, los denunciantes narran que el “profesor” llega a la sede en estado de ebriedad, imponiendo al personal de la sede el cuidado de su mascota o favores personales, tales como el envío de regalos personales a su familia.
Además, la carta expone el racismo de Constantino Macías, quien se ha negado a participar en las celebraciones folklóricas con temática mexicana, debido a un desprecio por el embajador Carlos Manuel Joaquín González y por la cultura nacional.
“En diversas ocasiones ha manifestado su desagrado por lo folklórico, la comida mexicana y la cultura de su país. “El Sr. Macías ha mostrado un comportamiento inadecuado fuera de la sede. Particularmente cuando las mujeres asisten con vestimenta que resalta su figura”, consigna el documento.
Dicha actitud la habría perpetrado contra escritoras y asistentes a la Feria Iberoamericana del Libro o con la propia embajadora de Panamá, Romy Vásquez.
En ese sentido, los acusantes señalan que aquellos que se nieguen o se rebelen contra la autoridad de Constantino Macías son despedidos de inmediato.
Por si no bastaran las acusaciones contra él, el “investigador” se ha dado el lujo de despilfarrar los recursos de la institución, solicitando productos Apple para su uso personal y el vehículo de la institución, de la cual cobra el combustible que utiliza en sus paseos por el país.
UNAM omite hackeo, niega problemas en Canadá
En un escueto comunicado, la “máxima casa de estudios” minimizó el hackeo masivo, asegurando que sólo cinco de sus más de 100 mil servidores fueron vulnerados. Además, la Dirección General de Cómputo negó que la información de alumnos o profesores hubiera sido sustraída.
Sin embargo, tanto los correos divulgados por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, muestran una historia totalmente distinta.
Respecto al caso de acoso y alcoholismo de Constantino de Jesús Macías, la Rectoría de Eduardo Lomelí guardó silencio.
Meses antes de que la acusación formal fuese enviada a la institución educativa, las instancias administrativas habían premiado con un año sabático a Constantino.
Del 1 de enero al 31 de diciembre, el investigador había solicitado una licencia en el Instituto de Ecología, donde era titular.
La UNAM no explicó cómo un académico con licencia y en año sabático de pronto estaba dirigiendo la sede en Canadá.
Las acusaciones que realizó el personal de la sede en aquel país no son las únicas que pesan sobre el investigador.
La última auditoría realizada en 2018 al Instituto de Ecología que dirigió Macías muestra su grave tendencia a la opacidad, pues no pudo explicar el destino de más de 15 mil 443 millones de pesos que el CONACYT había destinado al instituto.
Meses más tarde la UNAM cerró la investigación señalando que se habían atendido las recomendaciones y del dinero, jamás volvió a explicar nada.
Desde que ingresó a la UNAM, universidad en la que también trabajó su padre, Macías fue adquiriendo poco a poco poder e influencia, sobre todo con la elección de Enrique Graue como rector, pues fue él quien lo nombró director del Instituto de Ecología y también quien lo designó director de la sede UNAM-Canadá, antes de terminar su rectoría en 2023.
Así, el investigador de la UNAM fue convirtiéndose en una figura de amplia influencia, ejerciendo su cargo, según apuntan, desde el nepotismo, el abuso y el amiguismo.
Un juez amplía el tiempo de investigación en el caso de Uriel Rivera Martínez, acusado de agredir sexualmente a una joven y la presidenta Claudia Sheinbaum.
El juez de control decidió otorgar una prórroga para continuar con la investigación de Uriel Rivera Martínez. Este hombre fue arrestado el pasado 4 de noviembre, tras agredir a la presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico.
El nuevo plazo permitirá a las autoridades reunir más pruebas antes de que se lleve a cabo la próxima audiencia. Esta se programó para el martes 13 de enero. En esta audiencia, se determinará si se inicia la etapa intermedia del proceso judicial. Rivero Martínez responde por el delito de abuso sexual contra una joven de 25 años, quien lo denunció tras el incidente.
Las autoridades solicitaron la prórroga antes de que venciera el plazo de investigación este jueves. Uriel se encuentra actualmente en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde permanece bajo prisión preventiva justificada.
La noche del 4 de noviembre, la Secretaría de Seguridad Ciudadana detuvo a Rivero Martínez. Fue señalado por varias mujeres de acosarles en las calles de la capital. Con esta nueva resolución, el caso sigue tomando relevancia y atención pública.
El Tribunal de Disciplina Judicial confirmó que el juzgador desvió recursos del Estado, incurrió en acoso sexual y hostigamiento laboral, y utilizó personal armado para cobrar una deuda privada.
El Tribunal de Disciplina Judicial determinó la inhabilitación por un año de un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Guerrero, tras comprobarse graves faltas administrativas, entre ellas acoso sexual, hostigamiento laboral y el uso indebido de recursos públicos, incluyendo personal del Ejército y la Guardia Nacional, para resolver un conflicto de carácter privado.
De acuerdo con la resolución, el 21 de septiembre de 2022 el juez solicitó la compañía de una oficial judicial, una unidad blindada oficial y dos elementos armados, sin informarles el objetivo del traslado. El convoy se dirigió a un domicilio particular, donde el juzgador intentó recuperar un vehículo que, según su versión, había intercambiado con un integrante de la Secretaría de Marina a cambio de dinero que no le fue entregado.
En el lugar, el juez encaró a dos mujeres, familiares del marino, exigiendo la entrega del automóvil y solicitando incluso una grúa, pese a no contar con orden judicial. La presencia de personal armado provocó el rechazo de vecinos del condominio, quienes cuestionaron la legalidad del operativo y exigieron el retiro inmediato.
La tensión aumentó cuando, por instrucciones del juzgador, uno de sus acompañantes realizó llamadas que derivaron en la llegada de tres camionetas de la Guardia Nacional y de la Policía Estatal, con varios agentes, agravando el conflicto. La disputa concluyó solo después de que el padre del marino confirmara una transferencia bancaria, verificada por el propio juez, quien entonces ordenó la retirada del personal y los vehículos oficiales.
Además del incidente, el Tribunal acreditó acoso sexual contra una subordinada y hostigamiento laboral contra dos colaboradores. El presidente de la Comisión de Disciplina, Rufino León Tovar, subrayó que cualquier abuso de poder será sancionado, reiterando el compromiso institucional de erradicar la corrupción y proteger la integridad del sistema judicial.
Mientras presume valores y moral pública, Acción Nacional reduce el acoso sexual y psicológico a una simple “falta ordinaria” y protege a uno de los suyos.
Una vez más, el Partido Acción Nacional (PAN) demuestra que su discurso de ética y defensa de las mujeres se queda en los spots, luego de que su Comisión de Justicia calificara como “falta leve ordinaria” una denuncia por violencia política en razón de género, pese a que quedaron acreditados actos reiterados de hostigamiento sexual y psicológico.
La resolución favoreció al ex diputado panista Jacobo Manfredo Bonilla Cedillo, señalado por una ex militante por comentarios, insinuaciones y tocamientos, conductas que el propio órgano partidista terminó reconociendo… aunque decidió restarles gravedad, como si se tratara de una travesura y no de un caso de acoso.
Tras casi un año de retrasos, el PAN primero declaró inexistente la falta. Sólo cuando el Tribunal Electoral de la Ciudad de México les enmendó la plana —por un análisis “fragmentado, incongruente y sin perspectiva de género”—, Acción Nacional aceptó que sí hubo violencia, pero castigó con una disculpa pública, un cursito de género y la promesa de no molestar más a la víctima, dejando intactos los derechos partidistas del agresor. Castigo ejemplar… para un club de amigos.
El cinismo es mayor si se recuerda que Bonilla fue vinculado a proceso penal en 2024, luego de que la Fiscalía capitalina acreditara que sus actos orillaron a la víctima a renunciar a su militancia y truncaron su carrera política. Aun así, dentro del PAN eso no ameritó sanción seria. Entre panistas, el acoso parece ser un “detalle menor”.
La víctima tenía 21 años, estaba en condición de subordinación política y emocional, y fue captada por Bonilla para integrarse a su “estructura”. Lo que siguió fueron meses de insinuaciones y comentarios de connotación sexual. Para el PAN, eso no rompe trayectorias ni vulnera derechos: apenas despeina la conciencia partidista.
Así, Acción Nacional confirma que su compromiso con las mujeres dura lo que dura el discurso, y que cuando el agresor es de casa, la justicia interna se vuelve indulgente, lenta y convenientemente miope.
La gobernadora Mara Lezama reafirma el compromiso del estado con políticas feministas y la persecución de acoso y abuso sexual de oficio.
En el marco del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), la gobernadora Mara Lezama Espinosa anunció la adhesión de Quintana Roo al “Compromiso Nacional por la Vida, la Tranquilidad y la Felicidad de las Mujeres”, promovido por el Gobierno de México. La gobernadora participó vía enlace junto con la presidenta Claudia Sheinbaum y el resto de los gobernadores del país, coordinados por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora.
Lezama destacó que su administración mantiene un gobierno humanista con corazón feminista, enfocado en fortalecer políticas de prevención y atención de violencias de género. Entre los avances mencionó la reforma constitucional en materia de igualdad sustantiva, así como la persecución de acoso y abuso sexual de oficio, un mecanismo que garantiza justicia inmediata sin depender de denuncias formales.
“La adhesión de Quintana Roo al compromiso nacional refleja un firme respaldo a la política pública contra la violencia, la intolerancia y la violación de los derechos de las mujeres”, subrayó la gobernadora. Además, hizo un llamado a las mujeres del estado: “Si sufres violencia, denuncia. No estás sola, este gobierno humanista y feminista está para defenderte”.
En la conferencia también estuvieron presentes Esther Burgos Jiménez, secretaria de las Mujeres, y Jimena Pamela Lasa Aguilar, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Congreso estatal. Ambos refrendaron el compromiso de implementar acciones concretas para proteger a las mujeres y garantizar derechos y seguridad plena.
Con esta adhesión, Quintana Roo se une a una estrategia nacional que busca consolidar un México más seguro, igualitario y libre de violencia para todas las mujeres, consolidando avances legales y culturales en todo el país.
