La cadena de muertes revela el riesgo que enfrentan elementos de la Marina, funcionarios de Aduanas y la FGR involucrados en la lucha contra el tráfico de combustible ilegal en México.
Al menos siete personas han perdido la vida en casos vinculados al huachicol fiscal, incluidos cuatro marinos, tres exfuncionarios federales de la FGR y un empleado de la Agencia Nacional de Aduanas, de acuerdo con un análisis de Manuel Espino para El Universal.
La más reciente muerte fue la del capitán Adrián Omar del Ángel Zúñiga, quien falleció en un supuesto accidente durante una práctica de tiro en Puerto Peñasco, Sonora. Del Ángel Zúñiga se desempeñó como subadministrador de Operación Aduanera de Manzanillo, Colima, hasta 2023, cuando fue reemplazado por Sergio Emmanuel Martínez Covarrubias, secuestrado y asesinado semanas después de asumir el cargo.
Horas antes, el capitán de navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, jefe de la Unidad de Protección Portuaria de Altamira, Tamaulipas, fue hallado muerto en su oficina en un aparente suicidio, tras confirmarse que recibía sobornos de 100 mil pesos para permitir el ingreso de combustible no reportado.
Otras muertes incluyen a Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, delegado de la FGR en Tamaulipas; al contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar, director de Recaudación de Aduanas en Manzanillo; a Magaly Janet Nava Ramos, funcionaria de la FGR en Colima; y a Carlos Narváez Romero, exfuncionario de la Agencia Nacional de Aduanas, asesinado en 2024 en Ciudad de México.
Estos casos están ligados a la investigación sobre la red de corrupción encabezada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a operaciones ilegales de combustible y fentanilo en aduanas mexicanas. Las muertes subrayan la fragilidad del personal frente a redes criminales que operan dentro y fuera de las instituciones.
