Francisco Guel Macías, exsecretario de Desarrollo Urbano de Aguascalientes durante la administración de Lorena Martínez Rodríguez, fue detenido por presunto fraude y falsificación de documentos por más de 600 mil pesos. Se trata de su segunda detención por una acusación de fraude, luego de un antecedente registrado en marzo de 2025.
Agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes cumplimentaron una orden de aprehensión contra Francisco Guel Macías, quien encabezó la Secretaría de Desarrollo Urbano municipal entre 2011 y 2013. La detención responde a señalamientos por los presuntos delitos de fraude y falsificación de documentos en perjuicio de Eduardo “N” y su pareja.
De acuerdo con la información disponible, el monto relacionado con la denuncia supera los 600 mil pesos. Esta es la segunda ocasión en que Guel Macías es detenido por una acusación de fraude: la primera ocurrió en marzo de 2025. Los señalamientos actuales deberán ser examinados por las autoridades judiciales durante el proceso correspondiente.
Durante el último año de su gestión municipal, el exfuncionario también había sido señalado por presuntos malos manejos, aunque aquellas acusaciones no fueron comprobadas en ese momento. Estos antecedentes forman parte del contexto de su trayectoria pública, pero no constituyen por sí mismos una prueba de responsabilidad en el caso actual.
La audiencia inicial está prevista para realizarse este día ante los juzgados de control y oralidad, donde se determinarán los primeros pasos del procedimiento judicial. Se anticipa que la defensa solicitará la duplicidad del término constitucional para contar con más tiempo para presentar pruebas. La investigación y el proceso deberán establecer si existen elementos suficientes para acreditar los delitos que se le imputan.
La FGR descubrió armamento de uso militar escondido en un remolque que transportaba ganado equino en Aguascalientes.
Un camión que aparentaba trasladar solo un caballo escondía en realidad un arsenal completo. La Fiscalía General de la República (FGR) aseguró 187 mil 725 cartuchos útiles, once armas de fuego y tres cargadores de uso exclusivo del Ejército. El hallazgo ocurrió en un punto de revisión en Aguascalientes.
Todo comenzó con una denuncia anónima que alertaba sobre posibles actividades ilícitas. Por esa razón, las autoridades instalaron vigilancia en distintos puntos de revisión de la zona. Ahí lograron detener al conductor y asegurar el cargamento oculto.
Elementos de la Policía Federal Ministerial participaron en el operativo. También colaboraron personal de la Defensa, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Juntos revisaron una camioneta con un remolque tipo jaula, diseñado para el traslado de ganado.
El conductor no se detuvo cuando los agentes le marcaron el alto. Al contrario, intentó evadir el punto de revisión y escapar del lugar. Los oficiales lograron detenerlo pocos metros más adelante.
Ya bajo custodia, la Fiscalía Especializada de Control Regional en Aguascalientes tomó el caso. El hombre viajaba desde Chihuahua con destino final en Jalisco, según los datos disponibles.
Un escondite construido con detalle
Los peritos de la FGR revisaron el remolque a fondo y encontraron algo inusual. Bajo la paja, descubrieron una puerta disimulada que pasaba fácilmente desapercibida. El equino viajaba justo encima del compartimento oculto.
Debajo del piso del remolque, los responsables habían construido un doble fondo. Ahí escondían los cartuchos, las armas de fuego y los cargadores decomisados. El diseño buscaba engañar a cualquier revisión superficial en el camino.
Las autoridades continúan las investigaciones para determinar el destino final del armamento. Por ahora, el caso queda en manos de la Fiscalía Especializada de Control Regional.
La defensa del empresario Eugenio Javier Maiz Domene, propietario de Next Energy, cuestionó la apertura consecutiva de cinco carpetas de investigación en su contra y sostuvo que los nuevos procesos han surgido justo cuando el empresario estaba cerca de recuperar su libertad.
📹 #Vídeo | El abogado, Adrián Arellano, señaló que existe una inspección por parte de la Policía respecto a lo desarrollado en la etapa uno en Aguascalientes y que se hará referencia a documentos emitidos por las propias autoridades, en especial por la Fiscalía. pic.twitter.com/72Y9KI4K2c
Durante una conferencia de prensa, el abogado Adrián Yosef Arellano Regino, integrante del despacho Vega-Macgregor-Arellano, señaló que existe una actuación coordinada entre la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial de Aguascalientes para mantener a su cliente privado de la libertad. Aclaró que esta es la postura de la defensa y que dicha acusación forma parte de una denuncia presentada ante autoridades federales.
El litigante explicó que el primer proceso contra Maiz Domene está relacionado con los contratos que Next Energy celebró con el Municipio de Aguascalientes para un proyecto de generación y suministro de energía eléctrica. La investigación por fraude comenzó el 27 de noviembre de 2024 y, de acuerdo con la cronología presentada por la defensa, la orden de aprehensión se libró el 14 de noviembre de 2025 y fue ejecutada el 17 de diciembre de ese año.
Adrian Arellano aseguró que al señor Eugenio se le ha negado su derecho a la defensa, no se han dado pruebas a la defensa y ha imperdo la presunción de culpabilidad en su contra sin argumentos sustentables pic.twitter.com/bXgFGwhHww
Para Arellano Regino, el origen del conflicto es principalmente contractual, por lo que cuestionó que el asunto haya sido llevado a la vía penal bajo la acusación de fraude.
“Lo que nosotros hemos señalado es que estamos ante un incumplimiento contractual que debió resolverse en materia mercantil”, sostuvo el abogado.
Sin embargo, pocos días después de la detención del empresario se abrió una segunda carpeta. Según la defensa, ésta se originó por un incidente ocurrido durante un traslado de Maiz Domene a un hospital, en el que dos policías lo acusaron de haberlos amenazado y ofrecido dinero.
La defensa también puso bajo la lupa la rapidez con la que avanzó ese expediente. Arellano Regino aseguró que la investigación comenzó el 22 de diciembre de 2025 y que el 16 de enero de 2026 ya se había emitido una nueva orden de aprehensión.
“Estamos hablando de que en menos de 20 días se integró, se judicializó y se ordenó una orden de aprehensión en contra de una persona”, afirmó.
De acuerdo con el abogado, después aparecieron otras investigaciones por delitos distintos, entre ellos peculado, narcomenudeo y extorsión agravada, con lo que el empresario terminó enfrentando cinco carpetas de investigación.
La defensa considera que la sucesión de expedientes no es casual y sostiene que las nuevas acusaciones han aparecido en momentos en los que Maiz Domene estaba próximo a obtener su libertad.
“Va obteniendo la libertad el señor Eugenio y, como va obteniendo la libertad, necesitan buscar una carpeta para poderlo detener y dejarlo privado de la libertad”, acusó Arellano Regino.
El conflicto tiene como antecedente el contrato celebrado entre el Municipio de Aguascalientes y Next Energy. En torno a ese proyecto, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades relacionadas con pagos realizados por el gobierno municipal, mientras que la Fiscalía General de la República mantiene una investigación contra cinco exfuncionarios municipales por el presunto uso ilícito de atribuciones y facultades.
A pregunta expresa por Los Reporteros Mx sobre la intención de acercarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y al Tribunal de Disciplina para la revisión de los jueces de Aguas Calientes, el abogado detalló que ya se han impuesto juicios de amparo y se ha hecho de su conocimiento a la Fiscalía General de la República y del Tribunal de Disciplina y de la SCJN. Arellano aseguró que ya existe una sanción por parte del Tribunal de Disciplina en contra de uno de los jueces que mantiene preso a Eugenio Maiz, por su mala actuación y falta de imparcialidad
A pregunta expresa por #LosReporterosMX sobre la intención de acercarse a la Suprema Corte de Justicia de la Nacion y al Teibunal de Disciplina para la revisión de los jueces de Aguas Calientes, el abogado detalló que ya se han impuesto juicios de amparo y se ha hecho de su… pic.twitter.com/2satGIXpth
La defensa de Maiz Domene también presentó una denuncia ante la FGR para solicitar que se investiguen posibles actos de corrupción y abuso de autoridad que, según su señalamiento, involucrarían a jueces, agentes del Ministerio Público y otros servidores públicos de Aguascalientes.
Hasta ahora, no existe una resolución judicial que determine que la Fiscalía estatal y el Poder Judicial de Aguascalientes hayan actuado de manera coordinada para impedir la libertad del empresario. Esa acusación corresponde a la defensa y forma parte de los señalamientos que busca que sean investigados por autoridades federales.
Cinco ex funcionarios de Aguascalientes enfrentan proceso penal por un contrato millonario que nunca se cumplió.
La Fiscalía General de la República busca abrir proceso penal contra cinco ex funcionarios del municipio de Aguascalientes. El caso involucra un desvío de recursos ocurrido entre 2019 y 2021, cuando María Teresa Jiménez, hoy gobernadora del estado, era alcaldesa. El contrato en disputa supera los 848 millones de pesos y una parte del dinero provino de la Federación.
La Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades graves. El ayuntamiento pagó 132.4 millones de pesos a la empresa Next Energy durante 2021 por un servicio que nunca inició. Los registros contables clasificaron ese gasto como “consumo de energía eléctrica”, aunque el servicio jamás se prestó.
Las revisiones de la ASF confirman algo más grave todavía. Los pagos comenzaron desde 2019 y continuaron hasta el 31 de diciembre de 2021. Durante todo ese periodo, los trabajos del “Programa de Eficiencia Energética” ni siquiera habían arrancado.
El pasado 13 de agosto, un juez de control fijó la fecha para la audiencia inicial. En ese momento, la FGR presentaría las pruebas del daño causado por el desvío de recursos federales. El proyecto se acordó mediante el contrato PPS 002/2019, firmado el 28 de marzo de 2019 por 948 millones 913 mil 59 pesos.
Minutos antes de iniciar la audiencia ocurrió un giro inesperado. El Juzgado Séptimo de Distrito en Aguascalientes ordenó suspender la diligencia, como resultado de un juicio de amparo. Esta decisión contradice la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 de la Suprema Corte, que prohíbe frenar una audiencia inicial por esta vía.
Las investigaciones revelan además un rastro confuso del dinero. Next Energy devolvió 154.1 millones de pesos al municipio, cifra que incluye el IVA correspondiente. Pero el ayuntamiento registró ese reembolso como un ingreso bajo el concepto “energía eléctrica por APP”.
Ahora las autoridades federales perdieron el rastro completo del dinero. El municipio nunca canceló el gasto original por “consumo de energía” en sus registros. Tampoco entregó documentos que expliquen el destino final de los 132.4 millones de pesos devueltos.
Denuncian persecución contra empresario
Este lunes, los abogados de Eugenio Javier Domene presentaron una denuncia ante la FGR. Domene es propietario de Next Energy y permanece privado de la libertad en Aguascalientes. La denuncia señala a ex funcionarios municipales y a la propia gobernadora Jiménez por presuntos actos de corrupción.
En conferencia de prensa, representantes del despacho Vega-Macgregor-Arellano hicieron una acusación fuerte. Aseguraron que existe una intención del gobierno estatal de mantener detenido ilegalmente al empresario. El abogado Adrián Arellano explicó los detalles del caso ante los medios.
Según su relato, Domene enfrentaba inicialmente una denuncia civil por fraude, ligada a contratos con el gobierno estatal. Obtuvo la libertad en ese proceso, pero de forma rápida y sospechosa surgió una segunda carpeta de investigación en su contra.
Al salir libre de ese segundo caso, apareció una tercera acusación por el delito de amenazas. Después llegó otra carpeta más. Hoy suman cinco investigaciones abiertas por la fiscalía local contra el empresario.
Arellano calificó estas acusaciones como improbables y falsas. Aseguró que incluso le fabricaron delitos de narcotráfico y extorsión. Domene enfrenta también un proceso penal distinto, por presunto fraude en contratos de Next Energy con Baja California y Aguascalientes.
El empresario ha presentado cartas dirigidas a la presidenta. En ellas responsabiliza a la gobernadora por su vida e integridad, pues todas estas carpetas surgieron dentro del penal de Aguascalientes.
Los abogados lamentaron que el Poder Judicial y la fiscalía locales permitan esta situación. Señalaron que Domene nunca vivió en Aguascalientes y que su familia reside en Nuevo León. Piden trasladarlo para que continúe sus procesos legales cerca de los suyos. Su esposa e hijos viven con enorme preocupación esta persecución sin precedentes en el estado.
PAN, PRI, PRD y PVEM reunieron 19 votos para aprobar la reforma, mientras Morena rechazó la medida al advertir un posible impacto de hasta 40% en los ingresos de Asientos.
Villa Juárez se convirtió oficialmente en el municipio número 12 de Aguascalientes, luego de que el Congreso estatal aprobara su creación durante una sesión extraordinaria. La reforma constitucional recibió 19 votos a favor y siete en contra, con Morena como principal oposición al proyecto.
La iniciativa fue respaldada por las bancadas del PAN, PRI, PRD y PVEM, que superaron por un voto el mínimo requerido para modificar la Constitución local. La sesión se realizó bajo un fuerte operativo de seguridad debido a las tensiones y protestas registradas previamente entre grupos a favor y en contra de la creación del nuevo ayuntamiento.
Morena argumentó que la propuesta carece de claridad sobre los recursos que tendrá Villa Juárez para comenzar operaciones y advirtió que la separación podría afectar las finanzas de Asientos. El diputado Rodrigo González Mireles señaló que, de acuerdo con el propio documento, Asientos podría perder hasta 40 por ciento de sus ingresos.
El coordinador morenista, Fernando Alférez, también cuestionó los intereses políticos detrás de la iniciativa y criticó que no existan datos suficientes sobre la distribución presupuestal durante los primeros meses del nuevo municipio. La bancada sostuvo que crear un ayuntamiento sin una planeación financiera clara podría afectar a otras comunidades.
En contraste, el diputado perredista Heriberto Gallegos Serna, uno de los principales impulsores del proyecto, defendió que Villa Juárez tiene una historia propia y que sus habitantes han buscado durante generaciones contar con autoridades y servicios públicos más cercanos. La diputada del PVEM, Genny López, también votó a favor, pese a ser una fuerza que suele acompañar a Morena.
Con la aprobación, Villa Juárez dejará de depender de Asientos y se incorporará como el nuevo municipio de Aguascalientes, entidad que durante 34 años mantuvo 11 ayuntamientos. La decisión fue calificada por sus promotores como un hecho histórico, aunque el debate sobre recursos, autonomía y distribución presupuestal continuará durante la transición hacia el nuevo gobierno municipal.
Morena designó a la exsenadora como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, en el primer nombramiento del partido rumbo a las elecciones de 2027.
La dirigencia nacional de Morena designó a Nora Ruvalcaba como coordinadora estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Aguascalientes, con lo que encabezará los trabajos de organización del partido rumbo al proceso electoral de 2027.
El nombramiento fue anunciado por Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, quien explicó que la decisión se tomó tras revisar los registros, evaluar los perfiles participantes y considerar los resultados de la encuesta realizada en la entidad.
Durante el acto, Hernández destacó que el proceso se desarrolló con unidad y que el Partido Verde Ecologista de México se sumó a la definición alcanzada dentro de la coalición en Aguascalientes. Al encuentro asistieron dirigentes nacionales de Morena y representantes del Verde.
La dirigencia morenista informó que Aguascalientes es el primero de los estados donde se anuncia a la persona que encabezará la coordinación rumbo a 2027. Morena adelantó que en los próximos días dará a conocer más nombramientos estatales para continuar con la organización electoral.
Autoridades federales y estatales clausuraron 27 predios y aserraderos durante cinco días de inspecciones en 26 estados del país.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente golpeó con fuerza a las redes de tala ilegal en México. Del 27 al 31 de julio, 527 elementos de distintas corporaciones recorrieron zonas forestales críticas en todo el territorio nacional. Participaron Profepa, Conanp, Defensa, Guardia Nacional, gobiernos estatales, fiscalías y policías locales.
El tercer multioperativo forestal simultáneo buscó frenar la tala clandestina, el cambio ilegal de uso de suelo y el traslado irregular de madera. Los equipos instalaron 28 filtros de revisión en carreteras y realizaron 55 inspecciones a predios, aserraderos y centros de almacenamiento.
Los resultados fueron contundentes. Las autoridades clausuraron 16 centros de almacenamiento y transformación, además de 11 predios con cambio ilegal de uso de suelo. También aseguraron más de 3 mil metros cúbicos de madera, 614 kilos de carbón vegetal, seis vehículos y 82 piezas de maquinaria para aserrío.
Michoacán y el Estado de México, focos rojos
La Reserva de la Biosfera Mariposa Monarca sufrió afectaciones graves. Inspectores detectaron remoción de vegetación y tala de pino, encino y cedro blanco en más de 10 mil metros cuadrados. Las autoridades impusieron dos clausuras totales temporales en la zona.
En el Estado de México, el operativo llegó hasta San Lorenzo Malacota, dentro de la Sierra de las Cruces. Ahí, cinco inspecciones en aserraderos terminaron en cuatro clausuras y el desmantelamiento de la maquinaria. Los inspectores aseguraron casi 29 metros cúbicos de madera entre piezas aserradas y en rollo.
Chiapas y Veracruz también registraron decomisos importantes
En Comitán de Domínguez, Chiapas, dos centros de almacenamiento cerraron sus puertas tras las inspecciones. Ahí se aseguraron 573 metros cúbicos de pino aserrado y 132 metros cúbicos de pino en rollo, junto con maquinaria de trabajo.
En Altotonga, Veracruz, los inspectores detectaron inconsistencias documentales en un centro de almacenamiento. La madera no acreditó su procedencia legal, así que las autoridades aseguraron 225 metros cúbicos de pino y clausuraron el sitio.
Nayarit frenó un fraccionamiento turístico ilegal
En Bahía de Banderas, dos predios intentaban abrir paso a vialidades y un desarrollo turístico sin autorización. Las autoridades clausuraron ambos terrenos de forma temporal antes de que avanzara la obra.
El operativo también reveló zonas sin irregularidades, como Aguascalientes, Sonora y San Luis Potosí, donde los transportistas acreditaron correctamente el origen de su carga forestal. La Profepa aseguró que continuará con estas acciones permanentes para proteger los bosques del país.
Pese a la polémica nacional por casos de abusos en modelos militarizados, la administración de Teresa Jiménez busca mantener estos planteles bajo el argumento de que forman jóvenes con disciplina y futuros elementos de seguridad.
El Gobierno de Aguascalientes, encabezado por la panista Teresa Jiménez, confirmó que buscará mantener activos los bachilleratos militarizados de la entidad, pese a la revisión nacional sobre este modelo educativo tras la muerte de Dafne Zapata durante un campamento militarizado en Tamaulipas.
El secretario de Gobierno estatal, José Antonio Arámbula López, informó que la administración local dialogará con la Secretaría de Gobernación y el Ejército mexicano para obtener respaldo federal y permitir que estos planteles continúen operando. Según el funcionario, se buscará demostrar que las escuelas cumplen con la normatividad y han generado resultados positivos.
La postura del gobierno estatal contrasta con la determinación de autoridades educativas federales de revisar este tipo de esquemas. Aun así, la administración de Jiménez insiste en que los bachilleratos militarizados representan una alternativa de formación académica y disciplina para los jóvenes.
Arámbula López señaló que estos planteles han funcionado como semillero para agentes de seguridad, por lo que solicitarán que autoridades federales conozcan directamente su operación, instalaciones y modelo educativo antes de tomar una decisión definitiva.
Mientras tanto, padres de familia han expresado respaldo a la continuidad de las escuelas, al señalar que los estudiantes mantienen jornadas extendidas con actividades académicas, físicas y formativas. Sin embargo, organizaciones y sectores críticos han advertido que la disciplina militar dentro de espacios educativos requiere mayores controles y supervisión para evitar abusos.
El caso ocurre en medio del debate nacional sobre los límites de la militarización en la formación de menores y jóvenes. Aunque Aguascalientes defiende su modelo, la controversia permanece abierta sobre si estos esquemas deben mantenerse o replantearse bajo nuevos criterios de seguridad y derechos educativos.
La Fiscalía General de la República, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, formalizó ante un juez la acusación contra cinco exfuncionarios del municipio de Aguascalientes por la contratación irregular, en marzo de 2019, de la empresa Next Energy.
Los acusados son Rodolfo Téllez Moreno (exsecretario de Servicios Públicos), Luis Alberto Rivera Vargas (exsíndico procurador), Jaime Gerardo Beltrán Martínez (exsecretario del Ayuntamiento), Mónica Marcela Díaz Aranda (exsecretaria de Administración) y Alfredo Martín Cervantes García (exsecretario de Finanzas).
Todos formaron parte de la estructura de la administración municipal previa y están vinculados a decisiones clave en torno al contrato y la operación de Next Energy.
El delito imputado es uso ilícito de atribuciones y facultades, por haber autorizado pagos ilegales con recursos de origen federal, correspondientes al periodo 2017-2021 en que se autorizó y ejecutó el acuerdo. Las investigaciones detectaron que el contrato indicaba de forma engañosa que se construiría un parque fotovoltaico propiedad del municipio, cuando en realidad la empresa mantendría el control de la infraestructura.
La entonces alcaldesa y hoy gobernadora panista Teresa Jiménez firmó el acuerdo original en 2019, pero la investigación federal no la incluye entre los imputados. Un vocero suyo negó irregularidades de su parte y acusó a la oposición de “litigar en medios” el asunto.
La Fiscalía General del Estado de Aguascalientes detuvo desde diciembre de 2025 a Eugenio Maíz Domene, propietario de Next Energy, señalado como el presunto orquestador del esquema, acusado de fraude, cohecho y peculado. Ninguna de las investigaciones a nivel estatal apunta a la gobernadora.
Este caso calcula pagos superiores a mil millones de pesos por un servicio de energía nunca prestado; una reestructura reciente del contrato podría elevar la deuda comprometida a más de 12 mil millones de pesos, con vencimiento hasta 2050 según el Presupuesto de Egresos 2026.
La gobernadora panista llamó en público al titular de la SSPC, Omar García Harfuch, para pedir que revisara la detención de un vendedor ambulante, exhibiendo la dependencia de su administración frente a un conflicto local.
La gobernadora de Aguascalientes, Teresa Jiménez, volvió a quedar en el centro de la polémica luego de que, en plena manifestación ciudadana, decidiera llamar por teléfono al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, para pedirle que revisara el caso de Felipe Lomelí, un vendedor ambulante detenido por fuerzas federales y señalado como presunto narcotraficante. La escena, captada en video, dejó una imagen que generó críticas: ni para atender un conflicto en su propio estado parece bastarle el cargo.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Jesús María, donde familiares, amigos y vecinos de Lomelí interrumpieron un evento oficial para exigir su liberación. Los manifestantes sostienen que el detenido es inocente, que se dedica a la venta de frutas y trabaja en labores de mantenimiento en un club deportivo. Ante la presión, la mandataria panista pidió un teléfono celular y marcó directamente a García Harfuch, a quien le aseguró que el hombre no cuenta con antecedentes penales en la Fiscalía estatal y solicitó una revisión del expediente.
🚨 En plena crisis por una manifestación en #Aguascalientes, Teresa Jiménez decide improvisar una llamada a @OHarfuch sin información clara ni datos oficiales.
¿Así se gobierna? Llevar chismes y decir “lo conocen como gente buena” no sustituye una investigación ni mucho menos… pic.twitter.com/fFu0m0npYc
Durante la llamada, la propia gobernadora acercó el teléfono a los familiares del detenido, quienes insistieron en que “se equivocaron de persona” y pidieron justicia. Tras escuchar las peticiones, Teresa Jiménez concluyó la conversación con un breve “muchas gracias”, mientras los asistentes continuaban respaldando públicamente a Lomelí.
Más allá del caso, el episodio desató cuestionamientos sobre la capacidad de la administración estatal para enfrentar situaciones de crisis. Resulta llamativo que una gobernadora tenga que recurrir en público al Gobierno federal para atender un problema ocurrido en su propia entidad, proyectando la imagen de que, cuando las cosas se complican, la solución es marcarle a la Federación. La escena no pasó desapercibida en redes sociales, donde usuarios ironizaron con que si Harfuch no contesta, ¿quién gobierna Aguascalientes?
Aunque la coordinación entre los gobiernos estatales y federal forma parte de la estrategia nacional de seguridad, el caso dejó abierta la discusión sobre el papel que deben asumir los mandatarios locales. En esta ocasión, Teresa Jiménez terminó exhibiendo que, frente a la presión ciudadana, prefirió pedir auxilio antes que demostrar capacidad para conducir y resolver un conflicto dentro de su propio estado.
