¿Qué revela de una institución la renuncia de quien la preside? Ayer, 25 de octubre, el INE difundió el mensaje en el que Guadalupe Taddei anunció que hoy lunes presentaría formalmente su renuncia ante la Cámara de Diputados. Ocurre cuando el árbitro electoral ya organiza los comicios de 2027 y enfrenta señalamientos sobre proveedores y posibles conflictos de interés. La pregunta no se agota en por qué se va Taddei: alcanza al poder que deja detrás.
En 2023, su llegada coincidió con un Consejo General incapaz de reunir los ocho votos necesarios para designar titulares de varias áreas. Los encargados de despacho se prolongaron y la operación necesitaba estabilidad. En octubre de 2024, el Congreso respondió con una reforma: la presidencia pudo nombrar directamente a directores ejecutivos y titulares de unidades técnicas, antes sujetos a aprobación colegiada. También creció el papel de la Junta General Ejecutiva, que la propia presidencia encabeza. Era razonable terminar con la parálisis. Lo difícil era impedir que la salida a ese bloqueo se convirtiera en concentración de decisiones.
Ahí aparece el dilema de esta crisis. El Consejo General siguió siendo el máximo órgano de dirección, pero perdió un filtro sobre quienes conducen la estructura operativa. La presidencia no adjudica por sí sola cada contrato; sí puede elegir a las personas que encabezan áreas desde las cuales se administran recursos y se preparan decisiones. Esa diferencia importa: no permite atribuir una irregularidad a la reforma, pero obliga a preguntar si el nuevo poder recibió controles a su altura.
Los señalamientos sobre Taddei dan contenido a esa pregunta. Reportes periodísticos describen su cercanía con José Alfredo Hernández Casillas, vinculado con Cajas Graf y otras empresas proveedoras de material electoral; también mencionan el paso de personas relacionadas con ese grupo a puestos del INE. El caso de Jesús Octavio García González, antiguo representante legal de compañías señaladas y posteriormente responsable de la Dirección Ejecutiva de Administración, exige revisar la declaración de intereses, el nombramiento y las decisiones tomadas bajo su responsabilidad. Los contratos deben examinarse expediente por expediente. Una relación personal no demuestra una adjudicación irregular; tampoco deja de importar cuando involucra a quien suministra bienes al Instituto.
La Auditoría Superior de la Federación abrió una investigación de oficio y la Unidad de Inteligencia Financiera investiga desde 2023 a empresas de ese grupo. Taddei rechaza que se anticipen conclusiones y en su mensaje advierte que su renuncia no releva a nadie del deber de esclarecer los hechos. En eso tiene razón. Su salida no prueba las acusaciones ni las borra. La diferencia la marcarán los documentos, el debido proceso y la publicación de resultados.
Pero antes de conocer esos resultados habrá que tomar decisiones. La primera corresponde a los diez consejeros que permanecerán: elegir entre ellos una presidencia provisional y comunicarlo a la Cámara. El nombre de Arturo Manuel Chávez López circula como posible opción. Si resulta elegido, o si el Consejo opta por otra persona, la prueba será inmediata: ¿abrirá al escrutinio colegiado la información sobre contratos y nombramientos o administrará la crisis desde el mismo círculo de siempre?
La segunda decisión estará en San Lázaro. Un comité técnico de cinco integrantes evaluará aspirantes y propondrá una quinteta; la Cámara buscará una mayoría de dos tercios para designar a quien concluya el periodo vacante. Esa convocatoria debe exigir trayectoria, independencia y una revisión verificable de vínculos con proveedores. La cercanía política o personal no puede sustituir esas respuestas. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que no haya ni la menor sombra de corrupción en el árbitro electoral; el criterio debe valer también para quien lo sustituya.
Queda una tercera decisión, menos vistosa y más duradera. El INE puede reforzar la revisión de contratos relevantes, transparentar relaciones de interés y dar al Consejo un papel efectivo en el examen de riesgos administrativos. Si quiere recuperar la aprobación colegiada de nombramientos, deberá cambiar la ley. Mientras tanto, quien presida puede explicar públicamente sus designaciones y someterlas a mayor escrutinio.
La renuncia anunciada ayer abre una puerta, pero no cambia por sí misma la forma de ejercer el poder. En 2024 se buscó un INE capaz de decidir sin parálisis. Hoy debe demostrar que también puede decidir sin depender de una sola persona. Esa será la verdadera lección antes de que la ciudadanía vuelva a las urnas.
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