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Etiqueta: Aldo San Pedro

  • Control humano de la IA en tensión

    Control humano de la IA en tensión

    Una de las personas que ayudó a entrenar modelos de inteligencia artificial acaba de renunciar porque considera que las empresas que los desarrollan están “apostando con nuestras vidas”. Otro investigador calcula en más de 10 por ciento la posibilidad de que una futura superinteligencia cause la desaparición de la humanidad durante la próxima década. Al mismo tiempo, esas empresas lanzan sistemas más poderosos, los gobiernos reclaman decidir sus usos y las universidades buscan nuevas maneras de medir el conocimiento. La pregunta ya no es si la IA cambiará nuestra vida, sino quién conservará la capacidad de ponerle límites.

    El 8 de septiembre, Jacob Coxon, investigador que trabajó en OpenAI y Anthropic, anunció su salida de esta última. Acusó a ambas empresas de correr hacia una inteligencia capaz de mejorarse a sí misma sin contar con suficientes garantías de seguridad. Evan Hubinger, responsable de investigar cómo mantener alineados los sistemas de Anthropic con los objetivos humanos, respaldó parte de la advertencia: reconoce que no existe todavía una solución probada para controlar una eventual superinteligencia.

    Dario Amodei, director de Anthropic, llegó a una conclusión similar. Propuso reducir deliberadamente el ritmo con que aumentan las capacidades de los modelos. Le preocupa que la IA ya ayude a crear a su siguiente generación y que agentes de OpenAI hayan realizado acciones cibernéticas no autorizadas contra sistemas de Hugging Face. Su propuesta consiste en incorporar evaluadores externos dentro de los laboratorios, coordinar reglas entre empresas y buscar acuerdos internacionales.

    No todos comparten el diagnóstico. Hay investigadores que consideran exagerado hablar de extinción humana a partir de los modelos actuales. Otros sospechan que el llamado a frenar puede ser una maniobra para contener a los competidores de Anthropic. También existe una objeción geopolítica: una desaceleración unilateral de Estados Unidos podría dar ventaja a China. Pero incluso esas críticas confirman que la discusión dejó de ser una especulación académica. Los propios constructores de la tecnología están debatiendo si todavía pueden gobernar la velocidad de su carrera.

    La tensión crece porque las advertencias coinciden con lanzamientos cada vez más ambiciosos. OpenAI presentó GPT-5.6 en tres versiones: Sol, para tareas complejas; Terra, para trabajo cotidiano, y Luna, más rápida y económica. Sus avances en programación, razonamiento y ejecución de tareas han acelerado la incorporación de agentes de IA en empresas y oficinas.

    El control también se disputa entre empresas y gobiernos. A principios de 2026, el gobierno de Donald Trump exigió a Anthropic permitir el uso de Claude para cualquier fin legal. La compañía se negó a retirar límites relacionados con la vigilancia masiva de ciudadanos estadounidenses y las armas autónomas letales sin supervisión humana. La respuesta fue designarla como un riesgo para la cadena de suministro de la seguridad nacional y ordenar que agencias federales dejaran de utilizar su tecnología.

    Anthropic acudió a tribunales y, en agosto, una jueza federal determinó que la medida había sido arbitraria, vulneró el debido proceso y constituyó una represalia contraria a la libertad de expresión. El fallo no resuelve el dilema. ¿Debe una empresa privada definir los límites éticos de una herramienta estratégica? ¿O corresponde al Estado decidir sus usos legítimos en nombre de la seguridad nacional? Entregar toda la autoridad a las compañías es riesgoso; concentrarla en los gobiernos tampoco garantiza prudencia.

    Una respuesta distinta surgió en la Universidad de Fudan, en Shanghái. En vez de responder un examen, 51 estudiantes diseñaron preguntas para hacer fallar a DeepSeek, MiniMax y Claude. Cincuenta lograron que al menos uno se equivocara, aunque nadie consiguió derrotar por completo al modelo más fuerte. La lección era sencilla: en un mundo donde una máquina responde pruebas tradicionales en segundos, conocer también implica identificar sus límites.

    El método puede premiar preguntas capciosas y quizá no funcione en todas las disciplinas. Sin embargo, plantea una idea valiosa: conservar el control exige aprender a cuestionar la tecnología, no solamente a utilizarla.

    Los investigadores temen perder el dominio sobre sistemas futuros; las empresas aceleran su despliegue; los gobiernos reclaman autoridad sobre sus usos, y la educación intenta redefinir qué significa saber. El control humano todavía existe, pero ya no puede darse por sentado.

    La inteligencia artificial no está escapando de nuestras manos en un solo instante. La cedemos gradualmente cada vez que confundimos mayor capacidad con mayor seguridad, velocidad con progreso o legalidad con legitimidad. El principal riesgo quizá no sea que las máquinas aprendan demasiado rápido, sino que la humanidad tarde demasiado en decidir qué nunca debería permitirles hacer.

  • Después de farmear aura

    Después de farmear aura

    En cuestión de semanas, cientos de adolescentes comenzaron a reunirse en plazas y parques para competir por algo que no existe. Frente a frente, caminan, posan, sostienen la mirada y ejecutan gestos que internet convirtió en códigos compartidos. El público decide quién tiene más “aura”. Parece absurdo, hasta que uno se pregunta qué lleva a una generación acostumbrada a encontrarse detrás del celular a salir para disputar reconocimiento en la calle.

    “Farmear aura” combina dos lenguajes. Farmear proviene de los videojuegos y significa repetir acciones para acumular recursos o puntos. Aura, en la jerga digital, representa carisma, seguridad o presencia. Así surgió una puntuación imaginaria: alguien puede ganar “+1000 de aura” por mostrarse imperturbable y perderla cuando se esfuerza demasiado por impresionar.

    La expresión circulaba desde 2024 en comunidades vinculadas con videojuegos, anime y redes sociales. En 2025 adquirió una imagen global con Rayyan Arkan Dikha, el niño indonesio que se volvió viral bailando con absoluta serenidad sobre una embarcación. Para agosto de 2026, el meme había dado un salto inesperado: abandonó momentáneamente la pantalla y ocupó plazas, parques y universidades de distintas ciudades latinoamericanas.

    En México la expansión fue vertiginosa. Hasta el 21 de agosto, el Observatorio de Medios Digitales del Tecnológico de Monterrey registraba más de 16 mil publicaciones y alrededor de 202 millones de visualizaciones asociadas con #farmearaura entre usuarios mexicanos. Otro análisis contabilizó más de 34 millones de impresiones alrededor de la conversación. Mientras algunos adultos calificaban las batallas como ridículas, otros encontraban algo paradójico: después de años preocupados por jóvenes encerrados en sus teléfonos, una moda nacida precisamente ahí estaba consiguiendo reunirlos físicamente.

    Especialistas de la UNAM, la Universidad Autónoma de Zacatecas, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Anáhuac encontraron detrás del juego necesidades menos novedosas que sus gestos: pertenencia, reconocimiento, construcción de identidad y una soledad que la hiperconexión no necesariamente resuelve. Alejandro Zamudio, de la UNAM, lo interpreta como un ritual de reconocimiento mutuo; Jorge Zaruma habla de “encarnar al meme”: darle cuerpo a aquello que antes existía en la pantalla.

    Pero ocupar una plaza también significa entrar en un espacio compartido y sujeto a reglas. Hubo cancelaciones por falta de permisos, intervenciones policiales y hasta agresiones de terceros. Al mismo tiempo, universidades y programas públicos comenzaron a incorporar el lenguaje de la tendencia. Ahí aparece una tensión interesante: las instituciones pueden intentar comprender estas expresiones, regularlas o incluso apropiarse de ellas, pero difícilmente pueden dirigirlas al ritmo con el que nacen y desaparecen.

    Tampoco todos participan desde el mismo lugar. Tener tiempo, conectividad, un teléfono para grabar y acceso a espacios relativamente seguros recuerda que ninguna tendencia representa por sí sola a toda una generación. Incluso sus gestos revelan diferencias: buena parte del repertorio de miradas, mandíbulas marcadas y poses “sigma” proviene de códigos predominantemente masculinos. Detrás de un juego aparentemente sencillo también operan formas de inclusión, aprobación y estatus que conviene observar antes de generalizar.

    Existe, además, una contradicción que quizá explique tanto su éxito como su desgaste: para ganar aura hay que aparentar que no se intenta conseguirla. La autenticidad también se representa. Hay que esforzarse por parecer espontáneo frente a una audiencia que observa, graba y juzga. Es difícil encontrar una metáfora más precisa de una cultura digital que exige ser auténticos mientras convierte nuestra autenticidad en contenido.

    Apenas unas semanas después de su explosión, farmear aura parece haber dejado atrás su mayor impulso. No sería extraño. Antes estuvieron otras tendencias y después vendrán nuevas palabras, gestos y comunidades capaces de recorrer en días el camino entre un algoritmo y una plaza. Algunas desaparecerán sin dejar mayor huella; otras permanecerán como lenguaje, identidad o incluso nuevas formas de relacionarnos.

    Por eso el aprendizaje no consiste en decidir si debemos celebrar o despreciar esta moda. Tampoco en asumir que el próximo fenómeno significará lo mismo. Habrá que analizar cada uno por separado: quién participa, qué necesidad expresa, cómo utiliza el cuerpo y el espacio, qué riesgos genera y qué ocurre cuando instituciones, autoridades o marcas intentan intervenir.

    Farmear aura probablemente pasará. Lo importante será qué hagamos cuando llegue lo siguiente. Porque detrás del próximo gesto que parezca incomprensible puede haber solamente una moda, pero también una nueva manera de encontrarse, pertenecer u ocupar lo público. Antes de aplaudirla, prohibirla o ridiculizarla, quizá nuestra primera responsabilidad sea entenderla.

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  • De sancionar a restaurar: la nueva ley Ambiental (LGEEPA)

    De sancionar a restaurar: la nueva ley Ambiental (LGEEPA)

    Hay daños ambientales que ninguna multa puede deshacer. Un río contaminado no se limpia con una transferencia bancaria. Un acuífero afectado no recupera su calidad porque una empresa pague una sanción. Y un ecosistema destruido puede tardar décadas en volver a funcionar, si es que alguna vez lo consigue. Esa realidad explica el cambio más importante detrás de la nueva legislación ambiental que el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum puso sobre la mesa: pasar de castigar después del daño a prevenirlo y, cuando ocurra, obligar a repararlo.

    La iniciativa, presentada a finales de agosto, busca sustituir el marco de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, vigente desde 1988, y será discutida por el Congreso en el periodo ordinario que comienza en septiembre. La LGEEPA construyó buena parte de la arquitectura ambiental moderna de México: impacto ambiental, ordenamiento ecológico, áreas naturales protegidas, inspección y sanciones. Pero después de casi cuatro décadas, sus instrumentos enfrentan problemas ambientales mucho más complejos.

    Uno de ellos está en los incentivos. Cuando reparar el daño resulta más costoso que pagar una sanción, la multa corre el riesgo de convertirse en un costo más de operación. La nueva propuesta intenta romper esa lógica: que contaminar y pagar dejen de ser, en la práctica, operaciones equivalentes.

    La Manifestación de Impacto Ambiental, conocida como MIA, seguirá siendo una pieza central. Antes de desarrollar determinadas obras, un proyecto debe identificar qué impactos podría provocar y cómo pretende prevenirlos o mitigarlos. La nueva lógica busca mirar además los efectos acumulativos, regionales y de largo plazo e incorpora la Evaluación Ambiental Estratégica para introducir las variables ambientales desde la planeación y no cuando prácticamente todo está decidido.

    Eso puede parecer técnico hasta que una autoridad ambiental ordena detener una operación.

    Las facultades de inspección, seguridad y sanción permiten que un incumplimiento serio tenga consecuencias inmediatas: medidas urgentes, clausuras temporales o definitivas e incluso suspensión o revocación de autorizaciones. En hidrocarburos, minería, infraestructura o industria, eso puede significar detener una instalación completa. La regulación ambiental no es un requisito periférico: puede determinar si una inversión continúa operando.

    Ahí aparece el cambio de fondo. La reparación gana terreno frente a la sanción económica. Siempre que sea posible, deberá privilegiarse recuperar el ecosistema afectado; la compensación quedaría como mecanismo excepcional cuando reparar directamente resulte imposible o desproporcionado. El principio parece sencillo, pero modifica el cálculo económico: pagar por contaminar no debería ser una alternativa frente a reparar.

    También adquieren relevancia los convenios de reparación o compensación. Una empresa podría comprometer acciones concretas antes de concluir el procedimiento sancionador, pero no bastaría con promesas. Las medidas deberán acreditar resultados medibles y equivalencia ecológica, además de mantener indicadores de seguimiento que, en determinados casos, se extenderían por al menos diez años. Restaurar deja así de ser solamente una obligación jurídica para convertirse en un compromiso técnico, financiero y operativo de largo plazo.

    Por eso los regulados deberían comenzar a prepararse antes de que concluya la discusión legislativa. Revisar sistemas de gestión ambiental, actualizar riesgos, fortalecer seguros y garantías, verificar compensaciones existentes y documentar mejor las medidas preventivas no tendría que esperar a la entrada en vigor. Quienes se anticipen enfrentarán una transición menos complicada; quienes sigan viendo el cumplimiento ambiental como un expediente por completar probablemente descubrirán que el nuevo estándar exige mucho más.

    El reto para el Estado será igual de grande. Evaluar impactos acumulativos, determinar responsabilidades, valorar daños y supervisar restauraciones durante años requiere especialistas, presupuesto y coordinación entre Semarnat, PROFEPA, ASEA, estados y municipios. Una legislación ambiciosa sin instituciones capaces de aplicarla puede terminar convertida en una colección de buenas intenciones. La discusión, entonces, no debería reducirse a multas más altas o nuevos trámites. Lo que está en juego es el sistema de incentivos con el que México protegerá su patrimonio natural durante las próximas décadas.

    Durante años medimos la fortaleza ambiental del Estado por cuántas inspecciones realizaba, cuántas multas imponía o cuántas instalaciones clausuraba. Quizá sea momento de medir algo más importante: cuántos daños consiguió evitar y cuánto de lo destruido logró recuperar. Porque una política ambiental moderna no demuestra su fuerza cuando encuentra a quién cobrar después del daño. La demuestra cuando consigue que prevenir sea más conveniente que destruir y restaurar sea más importante que pagar.

  • Harfuch y Rocha: confianza y fricción con Washington

    Harfuch y Rocha: confianza y fricción con Washington

    En menos de 48 horas, México mostró a Estados Unidos dos caras de una misma realidad. En Buenos Aires, Omar García Harfuch fue llamado “socio de confianza” por el director de la DEA mientras presentaba resultados de la estrategia federal de seguridad. En Culiacán, Rubén Rocha Moya regresaba sorpresivamente al gobierno de Sinaloa después de 112 días de licencia y, tras quedarse prácticamente solo, volvía a separarse del cargo poco más de un día después. Parecen dos historias distintas. No lo son. Una explica la confianza que México intenta construir con Washington; la otra, las razones por las que esa confianza sigue siendo frágil.

    Harfuch participó del 18 al 20 de agosto en la 40 Conferencia Internacional para el Control de Drogas, organizada por la DEA en Buenos Aires. Ante delegaciones de más de 100 países presentó cifras difíciles de ignorar: una reducción cercana al 51 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos respecto de septiembre de 2024, más de 30 mil armas aseguradas, golpes a la producción de drogas sintéticas y a las estructuras financieras del crimen organizado, además del traslado de 92 objetivos prioritarios a Estados Unidos. México llegó a defender una fórmula que resume la política de la Presidenta Claudia Sheinbaum frente a Washington: coordinación sin subordinación.

    Pero el dato políticamente más importante quizá no apareció en ninguna estadística. Terrance Cole, director de la DEA, llamó públicamente a Harfuch “socio de confianza” y “buen amigo de Estados Unidos”. Harfuch reconoció, a su vez, que el intercambio de información se ha vuelto más rápido. En una relación atravesada por extradiciones, visas, aranceles, acusaciones contra funcionarios mexicanos y presión en materia de seguridad, contar con un interlocutor creíble del otro lado de la frontera se convierte en un activo estratégico. Harfuch salió de Argentina con algo difícil de medir, pero indispensable en política: confianza.

    Mientras eso ocurría, Sinaloa caminaba en dirección contraria. El viernes 21, Rocha Moya anunció que retomaba la gubernatura después de la licencia que había solicitado en mayo, en medio de acusaciones provenientes de Estados Unidos por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa. Aseguró volver con “la frente limpia y en alto” y sostuvo que no había cometido delito alguno. Pero su regreso no había sido acordado con la dirigencia de Morena ni con el gobierno federal. Gobernación lo definió como una decisión personal, dirigentes y legisladores oficialistas le pidieron reconsiderarla y gobernadoras y gobernadores de la Cuarta Transformación cerraron filas con la Presidenta. Poco más de un día después, Rocha solicitó nuevamente licencia.

    La escena sería suficientemente reveladora por sí misma, pero existe un antecedente que cambia su significado. Harfuch y Rocha ya habían compartido el mismo escenario durante la crisis de violencia que estalló en Sinaloa en septiembre de 2024. El secretario viajó repetidamente a la entidad, encabezó reuniones de coordinación y supervisó el despliegue federal frente a la confrontación entre grupos criminales. Durante meses, Sinaloa se convirtió en uno de los principales laboratorios de la estrategia de seguridad: la Federación enviaba fuerzas, inteligencia y recursos para intentar contener un incendio que tenía profundas raíces locales.

    Ese pasado convierte lo sucedido ahora en algo más que la coincidencia de dos noticias. El funcionario que Washington reconoce como interlocutor confiable es el mismo que tuvo que trasladarse reiteradamente al territorio gobernado por Rocha para enfrentar una de las crisis de seguridad más complejas del país. Harfuch representa la capacidad federal para intervenir; Rocha recuerda los límites de esa capacidad cuando el propio poder local se encuentra bajo cuestionamiento.

    Ese es el verdadero desafío que dejaron Buenos Aires y Culiacán. México necesita interlocutores capaces de hablar con Washington desde una posición de respeto, pero su soberanía no puede descansar en la confianza que una agencia estadounidense deposite en un secretario. La relación será más equilibrada cuando los buenos resultados federales no tengan que convivir con instituciones locales cuestionadas, expedientes abiertos y sospechas que periódicamente regresan a la mesa bilateral.

    Harfuch puede construir confianza y Rocha puede generar fricción, pero ambos son circunstanciales. La relación entre México y Estados Unidos seguirá después de ellos. Por eso la verdadera soberanía no consiste solamente en exigir que Washington no intervenga, sino en reducir desde México las razones que le permiten presionar. Porque un buen interlocutor puede contener una crisis; instituciones confiables evitan que esa crisis exista.

  • 2027: 17 gubernaturas, la mayoría calificada y el 2030

    2027: 17 gubernaturas, la mayoría calificada y el 2030

    En 2027 México no elegirá la Presidencia de la República, pero comenzará a decidir quién llegará con ventaja a 2030. El 6 de junio estarán en juego más de 20 mil cargos de elección popular: las 500 diputaciones federales y 19 mil 609 cargos locales, entre ellos 17 gubernaturas, 31 congresos estatales, miles de ayuntamientos y las 16 alcaldías de la Ciudad de México. La dimensión importa porque ese día no solamente se repartirán gobiernos y curules. Se pondrá a prueba si Morena puede conservar simultáneamente territorio, capacidad legislativa y el respaldo político necesario para dar continuidad al proyecto de la Cuarta Transformación más allá del sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

    La elección comenzará mucho antes. El Proceso Electoral Federal arrancará formalmente el 10 de septiembre de 2026; los 32 consejos locales del INE se instalarán el 30 de septiembre y los 300 consejos distritales, el 30 de noviembre. Las precampañas están previstas entre enero y febrero; el registro de candidaturas, entre el 22 de marzo y el 3 de abril; las campañas, del 4 de abril al 2 de junio. Después vendrán tres días de veda y, finalmente, la jornada electoral. Solo para la elección federal, el Instituto deberá ejecutar 505 actividades, 153 procedimientos y 44 procesos. El tamaño de la maquinaria permite entender por qué cualquier error operativo terminará convertido también en un problema político.

    Hay, además, un antecedente que debería moderar cualquier pronóstico. Las elecciones intermedias suelen representar una prueba difícil para el partido gobernante. En 2021 Morena perdió posiciones respecto de 2018, aunque junto con sus aliados conservó la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. Por eso 2027 será especialmente interesante: permitirá saber si la presidenta Claudia Sheinbaum logra contener ese desgaste habitual y mantener una mayoría suficientemente amplia en la elección federal intermedia de su gobierno.

    El primer resultado visible será el mapa territorial. Morena y sus aliados defenderán buena parte de las entidades que renovarán gubernatura, mientras PAN y Movimiento Ciudadano intentarán preservar posiciones estratégicas como Aguascalientes, Chihuahua, Querétaro y Nuevo León. Cada elección tendrá causas locales, pero juntas permitirán medir hasta dónde puede consolidarse territorialmente la Cuarta Transformación después de casi una década como la principal fuerza política nacional.

    Sin embargo, el resultado más importante podría estar escondido entre esos cientos de elecciones locales. Mientras las cámaras de televisión sigan las gubernaturas, la verdadera capacidad política del gobierno federal se definirá distrito por distrito en la Cámara de Diputados.

    Las 500 curules federales se dividen en 300 diputaciones de mayoría relativa, obtenidas directamente en los distritos, y 200 de representación proporcional. Si Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo conservan la mayoría absoluta, podrán mantener el control sobre leyes ordinarias y el Presupuesto de Egresos. Si alcanzan nuevamente las dos terceras partes de las personas legisladoras presentes, podrán aprobar reformas constitucionales en la Cámara sin votos opositores, aunque para concretarlas necesitarán también la mayoría calificada del Senado y el respaldo de la mayoría de las legislaturas estatales. Con las 500 diputaciones presentes, esa frontera es de 334 votos.

    Esa cifra podría ser políticamente más importante que el número de gubernaturas. Morena puede ceder algunos estados y conservar un amplio margen legislativo en la Cámara de Diputados. También puede mantener buena parte de su presencia territorial y perder el margen constitucional que ha caracterizado esta etapa del sexenio. El verdadero balance de 2027 surgirá de cruzar ambas variables, no de observarlas por separado.

    La competencia también tendrá nuevos actores. Somos México y PAZ debutarán como partidos políticos nacionales y estarán obligados a construir por sí mismos el apoyo necesario para conservar su registro. Su importancia quizá no radique inicialmente en ganar numerosos distritos, sino en cómo redistribuyan el voto en contiendas cerradas.

    Las gubernaturas definirán quién gobernará territorios estratégicos, administrará recursos públicos y proyectará liderazgos regionales. La Cámara de Diputados influirá decisivamente en las reformas y el gasto federal durante los últimos tres años del sexenio. Las candidaturas que triunfen producirán nuevos liderazgos; las que fracasen alterarán equilibrios internos. Y detrás de todos esos movimientos empezará, aunque nadie quiera admitirlo todavía, la sucesión presidencial.

    En 2030 veremos los nombres de quienes disputen la Presidencia. Pero para entonces una parte importante de la respuesta a la pregunta verdaderamente relevante, si Morena consiguió convertir la Cuarta Transformación de una mayoría electoral en un proyecto político capaz de conservar el respaldo ciudadano durante una tercera elección presidencial consecutiva, probablemente ya se habrá escrito en las urnas del 6 de junio de 2027.

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  • Fracking sí o fracking no

    Fracking sí o fracking no

    México importa alrededor del 75 por ciento del gas natural que consume. Buena parte llega de Estados Unidos y proviene, paradójicamente, de yacimientos explotados mediante una técnica que durante años nuestro país decidió rechazar: el fracking. Esa contradicción explica por qué el anuncio del gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum abre una discusión mucho más compleja que decidir simplemente entre fracking sí o fracking no. La verdadera pregunta es otra: ¿qué riesgos estamos dispuestos a asumir para reducir nuestra dependencia energética?

    El pasado 6 de agosto, el gobierno presentó las primeras conclusiones del Comité de científicos y especialistas encargado de analizar la explotación de gas natural no convencional. La presidenta aceptó sus recomendaciones y aclaró algo fundamental: México todavía no ha autorizado una explotación comercial. Lo que comienza es una evaluación condicionada por criterios científicos, ambientales y técnicos.

    El primer candado resulta revelador. Antes de pensar en extraer gas, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua deberá investigar si existen depósitos profundos de agua salada suficientemente aislados de los acuíferos de agua dulce. Si esa condición no puede cumplirse, la posibilidad deberá descartarse. El agua, no el gas, podría terminar decidiendo el futuro del fracking en México.

    La discusión existe porque la vulnerabilidad energética es real. La producción nacional cubre apenas alrededor de una cuarta parte del consumo de gas natural, mientras México tendría un potencial estimado de 141.5 billones de pies cúbicos de gas no convencional. Buena parte se concentra en las cuencas de Burgos y Sabinas-Burro-Picachos, en el noreste. El potencial puede ser enorme; convertirlo en reservas comercialmente aprovechables es otra historia.

    México tampoco parte de cero en materia regulatoria. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA, cuenta con disposiciones sobre seguridad industrial, operativa y protección ambiental aplicables a estas actividades. CONAGUA publicó lineamientos para proteger las aguas nacionales en la exploración y extracción de hidrocarburos no convencionales, mientras la CNH regula los planes de exploración y desarrollo, incluidos los correspondientes a estos yacimientos. El problema es que se trata de un marco disperso que deberá complementarse si las nuevas condiciones sobre agua, reciclaje, sustancias químicas, monitoreo y sismicidad pretenden convertirse en obligaciones claras y verificables.

    Conviene recordar qué está en juego. El fracking consiste, de manera simplificada, en perforar formaciones rocosas e inyectar fluidos a presión para liberar petróleo o gas atrapado en ellas. Estados Unidos transformó su mercado energético mediante esta tecnología y Argentina convirtió a Vaca Muerta en uno de los principales desarrollos de hidrocarburos no convencionales fuera de Norteamérica. La experiencia internacional demuestra dos cosas al mismo tiempo: el fracking puede producir grandes cantidades de energía y sus impactos ambientales no desaparecen por ello.

    Ese matiz cambia la discusión. La pregunta ya no debería ser si el fracking es bueno o malo en abstracto, sino si puede reducir de manera significativa nuestra dependencia del gas estadounidense con un costo económico, ambiental y social aceptable. Para responderla no basta comprobar que existe gas bajo tierra. Hay que saber cuánto puede extraerse, cuánto costará, cuánto tiempo tomará y qué riesgos deberán asumir las regiones donde se encuentre.

    El fracking no solo pondría a prueba nuestra geología y nuestra disponibilidad de agua. Pondría a prueba nuestras instituciones.

    Ahí debería concentrarse la decisión. Si no existe agua salada suficientemente aislada, si las reservas no son comercialmente viables, si los riesgos resultan mayores que los beneficios o si las instituciones mexicanas no pueden garantizar una supervisión rigurosa, el proyecto no debería avanzar. Si esas condiciones pueden demostrarse, entonces tendría sentido evaluar proyectos piloto antes de pensar en una explotación de mayor escala.

    Durante años discutimos el fracking desde posiciones previamente definidas. México tiene ahora la oportunidad de invertir el proceso: primero establecer las condiciones y después tomar posición. Que decidan la evidencia, los límites y la capacidad de nuestras instituciones para hacerlos respetar.

    Quizá por eso la pregunta correcta ya no sea simplemente fracking sí o fracking no. La pregunta que México debe responder es mucho más exigente: ¿bajo qué condiciones estaríamos dispuestos a decir que sí y cuáles deberían obligarnos, sin excepciones, a decir que no?

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  • La UNAM y la cultura del atajo

    La UNAM y la cultura del atajo

    Hay algo más profundo que un fallo técnico en lo que acaba de ocurrir con el examen de ingreso a la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay una forma de ser que nos atraviesa como sociedad y que, una vez más, se ha impuesto: la cultura del atajo. Esa lógica que busca el resultado sin recorrer el camino, la ventaja sin el mérito y el lugar sin el esfuerzo. Cuando esa cultura se cuela en el proceso de admisión de la máxima casa de estudios del país, no solo se vulnera un concurso. Se pone a prueba una institución que durante más de un siglo ha representado la idea de que el conocimiento y el esfuerzo son el camino legítimo para transformar la vida de las personas.

    En 2026 la Universidad dio un paso ambicioso. Por primera vez aplicó el examen de admisión a licenciatura de forma completamente en línea. Más de 191 mil personas aspirantes se registraron y alrededor de 158 mil 700 presentaron la prueba desde casa, con supervisión apoyada en inteligencia artificial. Era una apuesta por la modernización y por demostrar que una institución centenaria también podía adaptarse a las tecnologías contemporáneas.

    Los resultados, sin embargo, revelaron una anomalía difícil de explicar únicamente por una mejor preparación. El porcentaje de aspirantes con 100 o más aciertos pasó del 3.5% histórico al 16.3%. La propia UNAM canceló alrededor de tres mil exámenes por irregularidades, presentó una denuncia penal y convocó a un examen presencial de control para cerca de 58 mil personas aspirantes. En redes sociales circularon tutoriales para burlar la supervisión mediante cámaras, dispositivos ocultos, ayuda externa e inteligencia artificial. Como consecuencia de esta crisis, la secretaria general, Patricia Dávila Aranda, dejó el cargo el 31 de julio y fue sustituida por Javier de la Fuente Hernández.

    Estos hechos no son un simple problema administrativo. Son la evidencia de que la tecnología, por sofisticada que sea, no puede sustituir a la ética. La plataforma contratada, el monitoreo humano y los algoritmos detectaron irregularidades, pero no pudieron impedir que miles de personas decidieran aprovechar la oportunidad para hacer trampa. El problema no estuvo únicamente en el diseño del proceso. Estuvo en la cultura del atajo. Porque la verdadera infraestructura de una institución no está en sus edificios, sus plataformas digitales o sus reglamentos. Está en la confianza. Y la confianza solo existe cuando la mayoría decide respetar las reglas, incluso cuando podría obtener una ventaja al incumplirlas.

    Ahí está el verdadero corazón del asunto. Exigimos profesionalismo, honestidad y transparencia a las instituciones públicas. Reclamamos meritocracia y sanciones para quien incumple las reglas. Pero cuando una de las universidades más importantes del mundo intenta innovar, una parte de la sociedad responde con la misma lógica que dice condenar. Preferimos el beneficio inmediato a la construcción de confianza. Preferimos la ventaja individual a la legitimidad colectiva.

    El verdadero riesgo no es que se haya descubierto la trampa. El verdadero riesgo es acostumbrarnos a ella. Si aceptamos que el atajo es una alternativa legítima cuando la tecnología lo permite, no solo ponemos en entredicho un examen de admisión. Debilitamos la idea misma de que el mérito debe seguir siendo el criterio para acceder a las oportunidades. Ninguna innovación, por avanzada que sea, puede sustituir una cultura de integridad.

    Como egresado de esta casa de estudios, estoy convencido de que su legitimidad es un patrimonio nacional. Defenderla implica exigir honestidad a las autoridades, pero también asumir nuestra propia responsabilidad. Porque la confianza es la infraestructura invisible que sostiene a las universidades, a los tribunales, a las elecciones y a todas las instituciones que hacen posible la vida en sociedad. Construirla toma décadas. Perderla puede comenzar el día en que el atajo deja de avergonzarnos.

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  • Miedo a la máquina, admiración a la pirata

    Miedo a la máquina, admiración a la pirata

    Toda época ha tenido una forma de controlar el conocimiento. Durante siglos fueron las bibliotecas, las universidades y las editoriales científicas las que decidían qué investigar, qué publicar y quién podía acceder a esa información. La tecnología acompañaba ese orden. Hoy, esa arquitectura comienza a cambiar frente a nuestros ojos. Un agente de inteligencia artificial que escapó de un entorno de pruebas, un modelo capaz de razonar más de lo que muestra y una programadora que recurrió a la inteligencia artificial para conversar con el mayor repositorio científico abierto del mundo revelan una transformación mucho más profunda que cualquier innovación tecnológica: la disputa por decidir cómo circulará el conocimiento durante las próximas décadas.

    La primera historia ocurrió en un laboratorio de OpenAI. Durante una evaluación de seguridad, un agente autónomo fue colocado dentro de un sandbox, un entorno digital completamente aislado diseñado para probar sus capacidades sin poner en riesgo otros sistemas.

    Lo inesperado fue que el agente no se limitó a resolver la prueba. Encontró una vulnerabilidad, escapó del entorno controlado e intentó obtener las respuestas del examen utilizando recursos que no estaban previstos por sus desarrolladores. Simplemente llevó el objetivo que recibió hasta sus últimas consecuencias. Hasta hace poco, una historia así habría pertenecido a la ciencia ficción. Hoy forma parte de las pruebas con las que las principales empresas intentan comprender los límites reales de la inteligencia artificial.

    Si el caso de OpenAI hizo pensar que las máquinas podrían actuar fuera del guion, Anthropic encontró algo todavía más sorprendente. Sus investigadores identificaron dentro de Claude un pequeño espacio interno denominado J-Space, una especie de mesa de trabajo silenciosa donde el modelo mantiene conceptos activos, detecta errores, identifica posibles engaños y desarrolla parte de su razonamiento antes de responder. No significa que la inteligencia artificial sea consciente ni que piense como una persona. Significa algo distinto: que una parte de su proceso ocurre fuera de lo que alcanzamos a observar. Por primera vez, el debate dejó de centrarse únicamente en las respuestas de una máquina para preguntarse qué sucede antes de que esas respuestas existan.

    La tercera historia tiene un rostro humano. Alexandra Elbakyan, creadora de Sci-Hub, volvió a desafiar el sistema con Sci-Bot. A diferencia de asistentes como ChatGPT o Claude, esta inteligencia artificial fue diseñada para dialogar directamente con el enorme repositorio científico construido por Sci-Hub durante más de una década. Ya no se trata únicamente de descargar artículos académicos. Sci-Bot permite formular preguntas, identificar investigaciones relacionadas y obtener respuestas sustentadas en literatura científica que normalmente permanece detrás de costosas suscripciones. Para algunos representa una violación a la propiedad intelectual; para otros, un intento por democratizar el acceso al conocimiento en un mundo donde buena parte de la investigación se financia con recursos públicos, pero termina siendo accesible solo para quienes pueden pagarla.

    Las tres historias parecen distintas, aunque hablan del mismo fenómeno. OpenAI muestra una inteligencia artificial que rebasa un límite técnico. Anthropic descubre capacidades que hasta hace poco permanecían ocultas incluso para sus propios desarrolladores. Elbakyan desafía deliberadamente un límite jurídico para ampliar el acceso al conocimiento. Cambian los escenarios, pero la pregunta permanece: ¿por qué unas rupturas nos producen miedo, otras fascinación y otras admiración?

    La respuesta probablemente no esté en las máquinas. Está en nosotros. No juzgamos una ruptura únicamente porque alguien desafíe una regla; la juzgamos según quién la protagoniza, a quién beneficia y quién pierde poder como consecuencia. Tememos que una inteligencia artificial escape porque sentimos que podríamos perder el control. Nos asombra descubrir que un modelo razona más de lo que muestra porque intuimos nuevas posibilidades científicas. Y muchas personas simpatizan con Alexandra Elbakyan porque identifican una desigualdad que durante años pareció normal: el conocimiento más valioso del mundo no siempre está disponible para quien más lo necesita.

    Quizá dentro de algunos años no recordemos este momento porque una máquina escapó de un laboratorio, porque otra comenzó a pensar en silencio o porque una programadora desafió a las grandes editoriales científicas. Lo recordaremos porque entendimos que el conocimiento dejó de ser únicamente información para convertirse en el principal espacio de disputa por el poder. Y cuando eso ocurre, la pregunta deja de ser quién se atreve a salirse del guion. La verdadera responsabilidad recae en quienes escriben ese guion y, sobre todo, en la sociedad que decide si seguirá protegiendo privilegios o comenzará a abrir oportunidades para que el conocimiento beneficie a todas y todos.

  • El Bart y el profesor de matemáticas

    El Bart y el profesor de matemáticas

    Hace poco más de un año, millones de personas escucharon en un pódcast la voz de “El Bart”, condenado por su participación en el atentado contra el periodista Ciro Gómez Leyva. Sus palabras provocaron indignación porque hablaban de la violencia con una frialdad difícil de comprender y sin mostrar arrepentimiento. La entrevista volvió a colocar al sistema penitenciario en el centro de la conversación pública. Sin embargo, detrás de esos mismos muros existe otra historia que casi nadie conoce y que, probablemente, resulte mucho más importante para el futuro de la seguridad pública en México: la de un profesor de matemáticas que también cumple una condena y decidió dedicar su tiempo a que otros internos concluyeran su educación básica.

    El pasado 15 de julio visité la Plaza Comunitaria del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), ubicada en el Centro Varonil de Reinserción Social Preventiva Norte de la Ciudad de México. Tras cruzar los controles de acceso esperaba encontrar un entorno definido únicamente por el encierro. En cambio, descubrí un espacio donde existe un genuino interés por concluir la educación básica, continuar con estudios de nivel medio superior e incluso abrir camino hacia la educación universitaria. Aquella percepción contrastaba con la imagen que normalmente construimos desde el exterior y me recordó que, aun detrás de los muros, las personas siguen construyendo proyectos de vida cuando encuentran una oportunidad para hacerlo.

    Durante la visita conocí la historia de un interno con formación profesional en matemáticas que decidió incorporarse como asesor voluntario. Su experiencia ha permitido apoyar a compañeros que enfrentaban mayores dificultades para acreditar uno de los módulos más complejos del modelo educativo del INEA. Lo más valioso no radica únicamente en compartir sus conocimientos, sino en la decisión de ponerlos al servicio de los demás. En un entorno donde con frecuencia se habla de influencias negativas, él eligió convertirse en un referente para que otros avanzaran en su proceso educativo. Detrás de los muros también existen historias que rara vez alcanzan los titulares.

    La responsable de la Plaza Comunitaria compartió un dato que merece mayor atención pública: durante 2026, treinta y seis personas privadas de la libertad obtuvieron su certificado de educación básica en ese centro. Ese esfuerzo forma parte del convenio que mantienen, desde mayo de 2021, el INEA y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Hoy esa colaboración no sólo impulsa programas de alfabetización, primaria y secundaria; también busca ampliar las oportunidades para continuar con estudios de nivel medio superior, fortalecer proyectos que acerquen la educación superior a los centros penitenciarios e impulsar nuevas formas de participación de las personas privadas de la libertad. Más que impartir clases, representa una apuesta por construir condiciones reales para la reinserción social.

    Con frecuencia evaluamos al sistema penitenciario por su capacidad para detener, procesar y sancionar a quienes cometen un delito. Esa función resulta indispensable para preservar el Estado de derecho. Pero quizá ha llegado el momento de preguntarnos qué ocurre durante los años que una persona permanece privada de la libertad. El tiempo transcurre para todos por igual; lo que cambia son las oportunidades para aprovecharlo. Algunas personas fortalecen la lógica que las condujo hasta prisión. Otras descubren que aprender, enseñar o concluir un nivel educativo puede representar el primer paso para construir un futuro distinto. La prisión impone una condena; la educación ofrece la posibilidad de decidir qué hacer con ella.

    El caso de “El Bart” seguirá ocupando un lugar en la memoria colectiva porque simboliza una de las expresiones más dolorosas de la violencia que enfrenta nuestro país. Pero sería un error pensar que esa es la única historia que nace dentro de una prisión. Mientras unos utilizan el tiempo para justificar el camino que los llevó hasta ahí, otros deciden emplearlo para enseñar, aprender y prepararse para el día en que vuelvan a vivir en libertad. Quizá la verdadera discusión sobre el sistema penitenciario mexicano no debería comenzar preguntando cuántos años dura una sentencia, sino qué somos capaces de construir durante cada uno de esos días. Porque la reinserción social no empieza cuando una persona recupera su libertad; comienza mucho antes, el día en que encuentra una razón para que su futuro no se parezca a su pasado.

  • Claude Science y la nueva era de la ciencia médica

    Claude Science y la nueva era de la ciencia médica

    Es probable que dentro de algunos años no recordemos 2026 por un descubrimiento científico en particular, sino por el momento en que la ciencia comenzó a avanzar a una velocidad nunca antes vista. Mientras el mundo celebraba un nuevo antibiótico capaz de enfrentar bacterias resistentes, avances mexicanos en medicina regenerativa, progresos en órganos bioingenierizados y hallazgos que amplían nuestra comprensión sobre el origen de la vida, ocurrió un anuncio que pasó casi desapercibido fuera de los círculos especializados. Anthropic presentó Claude Science, una plataforma de inteligencia artificial que podría convertirse en el punto de encuentro donde todos esos descubrimientos comiencen a acelerarse mutuamente. Quizá la verdadera revolución no sea un nuevo medicamento, sino la herramienta que permitiría llegar mucho más rápido al siguiente.

    La importancia de Claude Science no radicaría en ser una inteligencia artificial más, sino en haber sido concebida como un entorno de trabajo para la investigación científica. La plataforma integra más de sesenta bases de datos y herramientas especializadas en biología, genética, estudio de proteínas y análisis celular, además de ofrecer capacidad de procesamiento y trazabilidad para que cada resultado pueda verificarse y reproducirse. En términos sencillos, buscaría reunir en un solo espacio digital información que antes permanecía dispersa entre laboratorios, universidades y centros de investigación, permitiendo que las y los científicos dediquen menos tiempo a organizar datos y más tiempo a generar conocimiento.

    La coincidencia con otros descubrimientos vuelve especialmente relevante este lanzamiento. La manikomicina abriría una nueva esperanza frente a la resistencia antimicrobiana gracias a un mecanismo distinto al de los antibióticos actuales. En México, investigadores del Instituto Politécnico Nacional desarrollarían técnicas para regenerar hueso, cartílago, músculo y tejido adiposo mediante células troncales mesenquimales, es decir, células capaces de transformarse en distintos tipos de tejido para reparar lesiones. Paralelamente, diversos laboratorios avanzarían en órganos bioingenierizados, como riñones con funcionalidad experimental, mientras estudios sobre Sukunaarchaeum mirabile y el análisis proteómico de Homo naledi ampliarían el conocimiento sobre la evolución de la vida y de nuestra propia especie. Vistos por separado, todos representan avances extraordinarios; observados en conjunto, muestran que la ciencia está entrando en una etapa donde la colaboración entre disciplinas comenzará a ser tan importante como los descubrimientos mismos. Es precisamente ahí donde Claude Science encontraría su mayor valor: conectar ese ecosistema, identificar relaciones invisibles entre investigaciones y acelerar el paso de una idea prometedora hacia una aplicación médica concreta.

    Aquí aparece la dimensión política de esta transformación. Durante décadas, la fortaleza de las naciones se explicó por sus recursos naturales, su industria o su capacidad manufacturera. En los próximos años también comenzará a medirse por la velocidad con la que sean capaces de producir conocimiento útil para resolver los grandes problemas de la humanidad. La infraestructura científica apoyada por inteligencia artificial podría convertirse en un nuevo factor de competitividad, desarrollo económico y bienestar social. La soberanía del siglo XXI no solo se construirá en fábricas o cadenas de suministro; también se decidirá en laboratorios, universidades y centros de datos.

    Para México, esta coyuntura representa una oportunidad estratégica. Los avances recientes del Instituto Politécnico Nacional demuestran que el talento científico nacional existe y que la inversión sostenida en investigación pública puede generar resultados de alcance internacional. Si ese capital humano lograra complementarse con plataformas capaces de acelerar la investigación, nuestro país podría fortalecer su participación en la nueva economía del conocimiento y consolidar una política científica orientada al bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Apostar por la ciencia dejaría de ser únicamente una decisión académica para convertirse en una estrategia de desarrollo nacional.

    Quizá dentro de algunos años recordemos este momento no porque apareció una nueva inteligencia artificial, sino porque fue cuando la ciencia dejó de avanzar en compartimentos aislados y comenzó a hacerlo como un solo sistema. En el fondo, la convergencia entre inteligencia artificial y descubrimientos biomédicos nos recuerda que la verdadera frontera del progreso humano no reside únicamente en aquello que somos capaces de crear, sino en la manera en que decidamos utilizarlo para mejorar la vida de todas y todos. Cada avance acerca la posibilidad de una medicina más precisa, regenerativa y accesible, pero también nos exige responder con responsabilidad a preguntas sobre equidad, ética y acceso al conocimiento. Porque, al final, la revolución tecnológica más importante no será la que permita que las máquinas piensen mejor, sino la que consiga que la humanidad cure antes, viva mejor y haga del conocimiento un patrimonio compartido.