Durante los cuatro primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la puesta en marcha de la Cuarta Transformación, que encauza la vida pública de México, se han realizado varias reformas a la Constitución y a varias leyes que de ella han emanado. Una de las más importantes es la Reforma Laboral.
Muchos beneficios para los trabajadores y para los sindicatos tendrían que estarse viendo reflejados en la vida diaria. Sin embargo, hasta hoy son invisibles porque la subcontratación o el llamado “outsourcing” siguen teniendo valor legal pues esta práctica sigue siendo viable para contratar “especialistas” en áreas que no suponen ser del campo de trabajo de quienes requieren de los servicios de estos trabajadores, lo que es bastante cuestionable, dado que si las empresas requieren de alguien para realizar esas funciones, es evidente que les es necesario ese personal para continuar trabajando.
Pongamos el caso de una empresa editorial que se encarga de publicar varias revistas y un diario, le pondremos por nombre Recorte. Ellos necesitan expertos para que editen los textos que van a publicar, redactores, reporteros, fotógrafos, personal de informática y un largo etcétera, pero su departamento de edición solo tiene un jefe y no tiene personal para resolver los problemas de sus publicaciones, así que necesitan editores mil-usos y los mantienen subcontratados como “especialistas”, con sueldo mínimo o como eventuales ante el IMSS, pero a su disposición permanente. Es fácil entender que así no tendrán que pagar ningún salario decente ni prestaciones, pero para que el trabajador acepte, le presentan un contrato sin registro donde le ofrecen casi cuatro veces el sueldo mínimo, pero a través de otra empresa que llamaremos LITIMU S.A., que es suya pero no son ellos.
En esta empresa existe un Contrato Colectivo de Trabajo firmado por un Sindicato cuyos miembros son todos sus trabajadores, pero estos últimos no tienen idea de que son parte de esa agrupación, ni conocen a los dirigentes del mismo, así que nunca recibirán ninguna defensa de ellos y tampoco podrían reclamar nada, porque el sindicato renunciará a sus derechos sin que ellos lo sepan, incluyendo la reducción de salarios por causa de la Pandemia sin que sea posible recuperarlos jamás.
¿Quién tendría que actuar en un caso así? De acuerdo con Arturo Alcalde, operador de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, tendrían que hacerlo los trabajadores, individual o colectivamente, pero la misma autoridad, con lujo de ineficacia, mantiene los juicios individuales en un limbo judicial eterno sin visos de avances.
La democracia sindical debe pasar por actos radicales, atrevidos, llenos de valentía y perseguidos de oficio desde las autoridades laborales y judiciales, que tendrían que incluir inspecciones del trabajo que funcionen como auditorías laborales para sacar a la luz todas las irregularidades, vicios y excesos que cometen las empresas y sus dueños al amparo de la inoperancia de las autoridades laborales y su absurda inactividad.
Operadores como Arturo Alcalde han permitido, en obvio conflicto de intereses, que asociaciones sindicales como ASSA de México, ASPA de México, STIAS y muchos más, hayan obtenido su Toma de Nota, así como el registro de sus Contratos Colectivos de Trabajo con participación mínima de sus agremiados y en menoscabo de su seguridad y sus derechos laborales, tanto en aspectos físicos, mentales, como laborales.
Las organizaciones sindicales no pueden continuar siendo formas de control en contra de los trabajadores, en cambio pueden y deben impulsar mejoras laborales constantes, que redundarían en la producción y en el nivel de vida de los trabajadores y sus familias. En tanto sean democráticas, también pueden coadyuvar a ser medio de control de la voracidad e ilegalidad con que algunos patrones operan en México.
Está demostrado que la única opción viable para conseguir que los sindicatos permanezcan con una vida interna regida por la democracia, es darle todo el poder a la Asamblea General y conservarlos fuera de las centrales obreras controladas por partidos políticos o por funcionarios que, operando desde las sombras, son el origen de la corrupción sindical y convierten a la fuerza de trabajo en una mercancía devaluada y cuyo precio es regido por el mercado, soslayando la calidad de vida y dignidad que todos los trabajadores y nuestras familias merecemos.
La democracia sindical y el fortalecimiento de las organizaciones de trabajadores y del Pueblo, necesitan ser avivadas, del mismo modo, los reclamos de todos deben ser escuchados por quienes son responsables de esto dentro del Gobierno de la 4t. La STPyS tiene el deber de actuar en favor de los trabajadores y no de los intereses del grupo de Arturo Alcalde, será interesante tener la entrevista con la Doctora Graciela Bensusán y conocer su papel y opinión en torno al problema.
Me hago eco de lo dicho por el Presidente de la República, “sin el Pueblo nada, con el Pueblo todo” y agrego, sin los trabajadores nada y con los trabajadores todo. La vanguardia del Pueblo somos los trabajadores.
Hacemos comunicación al servicio de la Nación y si así no lo hiciéramos, que el chat nos lo demande.
