El grupo parlamentario de Morena presentó una denuncia por irregularidades en licitaciones que favorecieron a un grupo empresarial con 97 millones de pesos.
El pasado martes 27 de enero, Morena presentó una denuncia administrativa ante la Contraloría General por supuestas irregularidades en licitaciones de la alcaldía Cuauhtémoc. Las diputadas Leonor Gómez Otegui, Iliana Sánchez Chávez y Diana Sánchez Barrios acompañaron esta acción.
La denuncia señala que la administración de Alessandra Rojo de la Vega benefició a empresas del Grupo Meor mediante procesos de licitación que simulan competencia real. Según el grupo parlamentario, estos procedimientos generan un entorno de posible colusión y falta de transparencia.
“Es un esquema de corrupción. Esto es una Estafa Maestra en la alcaldía para desaparecer dinero público”, afirmó Gómez Otegui. La denuncia se basa en un artículo del diario La Razón, que reveló la relación entre empresas participantes en las licitaciones. Entre ellas se encuentran Carbonusa, S.A. de C.V. y Alianza Comercialización y Construcciones, S.A. de C.V.
La diputada Diana Sánchez Barrios subrayó que este dinero pertenece al pueblo y destacó la necesidad de transparencia en el manejo de los recursos. Por su parte, Iliana Sánchez Chávez agregó que la opacidad en la Cuauhtémoc ha perjudicado a los vecinos, y deben proteger sus derechos desde el Congreso.
Un caso específico mencionado fue la licitación AC/033/2025 para la adquisición de cemento, donde ganó Alianza Comercialización y Construcciones a pesar de que su administrador es también representante de otra empresa competidora.
Alicia Barrientos, Secretaria General de Morena en la Ciudad de México, instó a realizar investigaciones claras. Según el artículo 51 de la Ley de Obras Públicas, no deberían existir contratos donde se compartan representantes legales.
Finalmente, el diputado Paulo García expresó: “No queremos pruebas antidoping, queremos pruebas anti-moche”. Con esta denuncia, las diputadas solicitaron que la Contraloría inicie una investigación completa y determinen las responsabilidades correspondientes. La lucha por la transparencia en la administración pública continúa.
