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Etiqueta: Altiplano

  • A pesar de enfrentar un proceso por traición a la patria, César Jáuregui se victimiza

    A pesar de enfrentar un proceso por traición a la patria, César Jáuregui se victimiza

    Desde el penal del Altiplano, el exfiscal César Jáuregui acusa al Gobierno de México de ocultar información sobre la participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas. Sin embargo, sus declaraciones y su defensa pública no borran el señalamiento central: fue vinculado a proceso por el presunto delito de traición a la patria.

    Desde el penal del Altiplano, el exfiscal César Jáuregui acusa al Gobierno de México de ocultar información sobre la participación de agentes de la CIA en un operativo antidrogas. Sin embargo, sus declaraciones y su defensa pública no borran el señalamiento central: fue vinculado a proceso por el presunto delito de traición a la patria.

    El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, acusó al Gobierno de México de reservar información relacionada con la participación de presuntos agentes de la CIA en el operativo realizado en abril pasado contra un narcolaboratorio en El Pinal, Chihuahua. Según su versión, la documentación entregada por Estados Unidos contendría elementos que las autoridades mexicanas no quieren que se conozcan.

    Las declaraciones quedaron registradas en un audio de la audiencia celebrada en el penal del Altiplano, donde Jáuregui fue vinculado a proceso por el delito de traición a la patria. El propio exfuncionario, militante del PAN, difundió la grabación en su sitio de internet, donde también promueve una campaña de recolección de firmas para exigir su liberación.

    Jáuregui sostiene que existe una respuesta oficial de la Embajada estadounidense que confirmaría la identidad de los agentes y cuestiona que la información haya sido clasificada como confidencial. También insiste en que combatir al narcotráfico no constituye traición a la patria y afirma que él mismo solicitó la intervención de elementos de seguridad federales mexicanos durante el operativo.

    Pero acusar al Gobierno de ocultar información, declararse víctima o insistir en que actuó contra el narcotráfico no resuelve por sí mismo las acusaciones en su contra. La participación de agentes extranjeros, las condiciones en que se desarrolló el operativo y las autorizaciones correspondientes son asuntos que deben esclarecerse con pruebas. 

    Mientras tanto, Jáuregui enfrenta un proceso judicial por un delito grave: sus declaraciones no lo exoneran ni eliminan la presunta traición a la patria que deberá examinarse ante los tribunales.

  • César Jáuregui será llevado al Altiplano por orden federal por presunta traición a la patria

    César Jáuregui será llevado al Altiplano por orden federal por presunta traición a la patria

    La FGR ejecutó una orden de aprehensión contra el exfiscal de Chihuahua minutos después de que un juez estatal rechazara enviarlo a prisión preventiva por delitos relacionados con su gestión.

    El exfiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, será trasladado al penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, para comparecer ante un juez federal por el presunto delito de traición a la patria, confirmó su abogado defensor, Héctor Villasana.

    La orden de aprehensión fue cumplimentada por agentes del Ministerio Público de la Federación el domingo, al término de una audiencia judicial. La acusación federal estaría relacionada con la participación de dos agentes estadounidenses en un operativo antidrogas realizado en abril pasado en la Sierra Tarahumara, específicamente en El Pinal, municipio de Morelos.

    “La orden de la juez federal es que sea trasladado a la Ciudad de México para tener lo mismo que tuvimos aquí, pero allá en el Altiplano”, declaró Villasana al explicar que su cliente deberá continuar el procedimiento ante las autoridades federales. También aseguró que Jáuregui se encuentra en buenas condiciones y consideró favorable la resolución judicial para su defensa.

    Por su parte, Gilberto Loya Chávez, encargado de despacho de la Fiscalía de Chihuahua, confirmó que el exfuncionario quedó bajo custodia federal minutos después de concluir la audiencia estatal. Precisó que la orden de captura corresponde a una investigación distinta de la que se sigue en Chihuahua y que está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).

    En el ámbito estatal, la Fiscalía había solicitado que Jáuregui fuera recluido en una prisión de Chihuahua por su presunta responsabilidad en los delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Sin embargo, el juez rechazó imponerle prisión preventiva y determinó que enfrentara ese proceso en libertad. Loya Chávez señaló que la institución respeta la resolución y que la investigación local continuará su curso, independientemente del procedimiento federal.

  • La vieja guardia del PAN cierra filas con Ernesto Ruffo y lo visitan en su casa

    La vieja guardia del PAN cierra filas con Ernesto Ruffo y lo visitan en su casa

    El exgobernador de Baja California enfrenta un proceso por su presunta participación en una red de contrabando de combustible, mientras sus antiguos compañeros insisten en llamarlo “preso político”.

    Con nostalgia por los viejos tiempos, integrantes de la vieja guardia del PAN acudieron a Ensenada para visitar a Ernesto Ruffo Appel, quien continúa su proceso bajo prisión preventiva domiciliaria por su presunta participación en una red de contrabando de combustible. Entre abrazos y respaldos, los panistas volvieron a sostener que el exgobernador es un “preso político”.

    Hasta el domicilio llegaron los exgobernadores Carlos Medina Plascencia y Juan Carlos Romero Hicks, además de los exsenadores Héctor Osuna, Víctor Hermosillo Celada y Ramón Corral Ávila. Ruffo también sostuvo una videollamada con Vicente Fox y otros exmandatarios panistas, como Fernando Canales, Marco Adame, Patricio Patrón e Ignacio Loyola. Una auténtica reunión de exfuncionarios para recordar aquellos años del PAN.

    La visita ocurrió días después de que Ruffo saliera del penal del Altiplano para continuar su proceso desde su casa. El traslado hasta Ensenada tomó alrededor de 40 horas por tierra, luego de que un juez modificara la medida cautelar.

    Mientras sus antiguos compañeros hablan de persecución, la Fiscalía General de la República (FGR) sostiene que existen “datos de prueba contundentes” contra el exmandatario. La investigación incluye dictámenes periciales, entrevistas, diligencias y análisis de información relacionados con su presunta participación en Ingemar, empresa vinculada con servicios portuarios.

    De acuerdo con la FEMDO, la investigación apunta a una red dedicada al contrabando de combustible mediante el uso de ferrotanques. La Fiscalía señala que Ruffo, como accionista y secretario del Consejo de Administración de Ingemar, habría participado en la conducción, representación legal y decisiones estratégicas de la compañía. Así, mientras el PAN desempolva a sus figuras históricas para arroparlo, la carpeta de investigación sigue su curso.

  • Juez frena la incomunicación de Ángel Aguirre en el Altiplano

    Juez frena la incomunicación de Ángel Aguirre en el Altiplano

    El exgobernador de Guerrero, preso por el caso Ayotzinapa, podrá hablar con su familia y sus abogados tras una suspensión de plano que concedió un juez federal.

    Ángel Aguirre ya no seguirá aislado en el penal de máxima seguridad del Altiplano. Un juez federal le concedió una suspensión de plano contra la incomunicación, después de que su defensa promovió un amparo.

    El recurso llegó al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, con sede en Toluca. El abogado del exmandatario reclamó la incomunicación y otros actos que prohíbe el artículo 22 de la Constitución.

    Este tipo de suspensión protege a una persona cuando podrían ocurrir violaciones graves. El juez no resuelve el fondo del caso en ese momento. Primero frena los actos que atenten contra la ley y analiza el resto después.

    El juez ordenó que la incomunicación termine de inmediato. Además, dejó claro que las autoridades del penal responden por la salud y la integridad física de Aguirre.

    La medida abre la puerta al contacto con el exterior. Aguirre podrá hablar con sus familiares. Sus abogados podrán entrar a los locutorios para entrevistarse con él. También podrá hacer una llamada telefónica a sus asesores jurídicos.

    Eso sí, los defensores deberán cumplir las reglas del penal para entrar. El juez dio un plazo de 24 horas a las autoridades del Altiplano para informar si cumplieron la orden.

    Aguirre enfrenta un proceso muy delicado. En agosto, las autoridades lo detuvieron y un juez lo vinculó a proceso como presunto responsable de desaparición forzada. La acusación sostiene que ordenó ocultar información clave sobre el paradero de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa.

    Según la Fiscalía General de la República (FGR), el exgobernador perredista mandó destruir evidencias de la noche del 26 de septiembre de 2014. Aguirre gobernó Guerrero desde el 1 de abril de 2011 y renunció el 23 de octubre de 2014.

    La Fiscalía también afirma que Aguirre habría ordenado al entonces procurador, Iñaki Blanco, y a su sobrino Ernesto desaparecer esas pruebas.

    Esa noche, las cámaras 12 y 15 del exterior del Palacio de Justicia, en Iguala, grabaron el autobús Estrella de Oro 1531. En él viajaba un grupo de normalistas. Los videos muestran que policías municipales y estatales detuvieron la unidad. Poco después, se reportó la desaparición de varios estudiantes.

  • Ruffo sale del Altiplano y dice que “solo era accionista” de empresa huachicolera

    Ruffo sale del Altiplano y dice que “solo era accionista” de empresa huachicolera

    El exgobernador panista intenta deslindarse de Ingemar y asegura que nunca administró la empresa ni negoció combustible, aunque reconoce que era accionista y secretario de su Asamblea.

    El exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel salió del Altiplano y volvió a defender su inocencia en una entrevista con Joaquín López-Dóriga, donde aseguró que su participación en Ingemar se limitó a ser accionista. Eso sí, después de pasar por prisión, su explicación parece reducirse a un cómodo “yo nomás estaba ahí”.

    Ruffo negó haber intervenido en la operación cotidiana de la empresa o en decisiones ejecutivas y rechazó las acusaciones relacionadas con movimientos financieros atípicos y comercialización de hidrocarburos. Según su versión, tampoco contrató transportistas ni negoció directamente con refinerías. Su papel, dijo, consistía ocasionalmente en fungir como secretario de la Asamblea de Accionistas.

    El panista también utilizó como argumento que el combustible comercializado por Ingemar provenía de Deer Park, refinería propiedad de Pemex, y sostuvo que la compañía contaba con un permiso de importación obtenido mediante amparos. Con ello, buscó desacreditar las acusaciones de contrabando o comercio ilícito de hidrocarburos, aunque su explicación no elimina las preguntas sobre las operaciones de la empresa.

    “Solo actué yo como accionista, no negocié con nadie, no contraté con nadie”, sostuvo Ruffo.

    El exgobernador también cuestionó las investigaciones relacionadas con los hermanos Farías Laguna, al señalar que, según lo que ellos mismos le habrían contado, no estaban adscritos a los sitios donde fueron aseguradas embarcaciones con combustible presuntamente irregular. Ruffo pidió aclarar cómo fueron vinculados con esos hechos y señaló al entonces secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, por una supuesta relación familiar política con los involucrados.

    Así, el exmandatario panista busca presentarse como un simple espectador dentro de una empresa de la que era accionista, como si tener participación societaria y desempeñarse como secretario de la Asamblea fueran detalles decorativos. Mientras tanto, las investigaciones sobre el huachicol fiscal y la importación irregular de combustibles mantienen abierto el caso y dejan pendiente determinar responsabilidades.

  • Trasladan al Altiplano a tres cercanos a Grecia Quiroz, incluido hijo de su secretaria de Bienestar

    Trasladan al Altiplano a tres cercanos a Grecia Quiroz, incluido hijo de su secretaria de Bienestar

    Los movimientos penitenciarios incluyen a un exescolta de Carlos Manzo y dos hermanos señalados en distintas investigaciones

    Autoridades penitenciarias de Michoacán trasladaron este lunes al Centro Federal de Reinserción Social Número 1 “Altiplano”, en el Estado de México, a Cristian Martín Medina García, Alejandro Flores Vargas y Alexis Jesús Medina García, personas privadas de la libertad relacionadas con distintas líneas de investigación vinculadas con el asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

    Los movimientos fueron autorizados mediante oficios de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), entre ellos los identificados como SSPC/PRS/CGCP/47176/2026 y SSPC/PRS/CGCP/47175/2026, además de una resolución administrativa. La documentación señala que los tres internos fueron concentrados en el penal federal, aunque previamente se encontraban recluidos en distintos centros penitenciarios de Michoacán y, en uno de los casos, en el propio sistema federal.

    Entre los trasladados se encuentra Alejandro Flores Vargas, “El Macas”, quien formó parte del equipo de escoltas de Carlos Manzo y fue uno de los siete elementos de seguridad detenidos el 21 de noviembre de 2025. Posteriormente fue vinculado a proceso por homicidio y lesiones calificadas por comisión por omisión, en su calidad de garante de la seguridad del entonces presidente municipal.

    Flores Vargas también es identificado como hijo de Rosa Alejandra Vargas Rauda, actual secretaria de Bienestar y Política Social de Uruapan. El Ayuntamiento confirma que Vargas Rauda ocupa actualmente ese cargo.

    Vargas Rauda fue incorporada al equipo de gobierno de Manzo y su trayectoria política también aparece vinculada al entorno del exalcalde: documentos del Instituto Electoral de Michoacán registran a ambos como integrantes de la planilla independiente que buscó la Presidencia Municipal de Uruapan. La información proporcionada señala que Manzo la nombró secretaria de Bienestar el 2 de junio de 2025, después de que se desempeñara como directora de Adquisiciones y Arrendamientos.

    Los otros dos trasladados son los hermanos Cristian Martín Medina García, “El Vikingo”, y Alexis Jesús Medina García, “El Brilloso”. Alexis fue detenido el 9 de septiembre en Zapopan, Jalisco, mediante una orden de aprehensión relacionada con el homicidio de Manzo. Reportes de las investigaciones lo señalan como presunto operador regional de una célula criminal y como integrante de un grupo de mensajería que habría sido utilizado para planear y dar seguimiento al atentado.

    En el caso de Cristian Medina García, identificado también como boxeador, fue detenido el 7 de agosto en Tiamba, Uruapan, dentro de una investigación por presuntas extorsiones contra productores de aguacate, comerciantes y empresarios. Tras su captura, autoridades estatales señalaron que mantenía comunicación con Rafael Álvarez Ayala, “El R2”, a quien identifican como integrante de “Los R’s”, célula que las autoridades han relacionado con el CJNG.

    Las investigaciones también han documentado la cercanía previa de los hermanos Medina García con el entorno de Carlos Manzo y Grecia Quiroz. Entre los elementos referidos en audiencias y reportes públicos aparecen fotografías familiares y el antecedente de que Manzo habría sido padrino de XV años de una hermana de los Medina García.

    El secretario de Obras Públicas de Uruapan, Esteban Constantino Magaña, reconoció previamente que los hermanos habían tenido acercamientos con Manzo, aunque sostuvo que éstos ocurrieron en el contexto de la atención que el entonces presidente municipal brindaba a ciudadanos que acudían a solicitar apoyo.

    El traslado al Altiplano concentra bajo custodia federal a tres personas relacionadas con diferentes vertientes de las investigaciones: desde el esquema de seguridad que protegía a Carlos Manzo hasta las pesquisas sobre presuntos operadores criminales y sus posibles vínculos con el atentado.

  • Acosta Naranjo dice que el traslado terrestre de Ruffo fue “represalia política”

    Acosta Naranjo dice que el traslado terrestre de Ruffo fue “represalia política”

    El dirigente de Somos México cuestionó que el exgobernador fuera llevado casi 3 mil kilómetros por carretera, aunque la FGR explicó que el cambio de reclusión responde a su edad y estado de salud.

    El presidente nacional de Somos México, Guadalupe Acosta Naranjo, salió en defensa de Ernesto Ruffo Appel y calificó como una “represalia política” el traslado por carretera del exgobernador de Baja California desde el Altiplano, en el Estado de México, hasta su domicilio en Ensenada. Según el dirigente, el recorrido habría tenido como propósito “humillarlo”.

    Acosta Naranjo cuestionó que Ruffo, de casi 75 años, fuera trasladado bajo custodia de la Guardia Nacional en un vehículo blindado y, según su versión, con manos y pies esposados durante parte del trayecto. El dirigente incluso pidió a ciudadanos documentar el paso del convoy por Sinaloa, Sonora y Baja California, aunque aclaró que no pretendía convocar bloqueos ni movilizaciones.

    El reclamo contrasta con la explicación oficial: la Fiscalía General de la República (FGR) informó que el cambio en la medida cautelar fue autorizado por un juez debido a que Ruffo es adulto mayor y presenta problemas de salud. Es decir, el exmandatario no quedó libre ni se canceló el proceso; simplemente continuará la prisión preventiva desde su domicilio.

    Acosta Naranjo comparó el traslado con el realizado en julio, cuando Ruffo fue llevado de Tijuana a Almoloya de Juárez en una aeronave oficial, y cuestionó que ahora el recorrido se hiciera por tierra. Con esa comparación, calificó la operación como una supuesta “venganza” y aseguró que no sería “más barata, más segura” ni “más humana”.

    Mientras el dirigente intenta convertir el trayecto de casi 3 mil kilómetros en una nueva batalla política, el proceso judicial sigue su curso. Ruffo enfrenta acusaciones relacionadas con delincuencia organizada y delitos en materia de hidrocarburos, mientras la FGR sostiene que cuenta con datos de prueba sobre una presunta red de contrabando de combustible. La responsabilidad, sin embargo, deberá ser determinada por las autoridades judiciales.

  • Dicen que sí sirvió ir a Europa: PAN festeja prisión domiciliaria de Ernesto Ruffo

    Dicen que sí sirvió ir a Europa: PAN festeja prisión domiciliaria de Ernesto Ruffo

    El partido celebró el cambio de medida cautelar para el exgobernador de Baja California, quien continuará enfrentando su proceso penal desde su domicilio.

    El PAN salió a festejar la prisión domiciliaria de Ernesto Ruffo Appel, luego de que una jueza federal ordenara cambiar la medida cautelar que mantenía al exgobernador en el Altiplano. El partido presentó la resolución como un avance en la defensa de sus derechos, aunque el proceso penal en contra del político no fue cancelado y continuará desde su domicilio.

    La modificación fue concedida después de que la defensa de Ruffo presentara un nuevo recurso acompañado de peritajes médicos actualizados. La jueza tomó en cuenta su edad, de 74 años, y su condición física, además del impacto que las condiciones del penal federal tenían sobre su salud, por lo que determinó que podía continuar el proceso bajo arresto domiciliario.

    El PAN, mientras tanto, aprovechó la resolución para lanzar su celebración pública. “Desde Acción Nacional festejamos esta decisión”, expresó el partido, que también sostuvo que debe prevalecer la presunción de inocencia y el debido proceso mientras continúan las investigaciones.

    La celebración panista, sin embargo, no significa que Ruffo haya quedado libre de las acusaciones. El exgobernador seguirá sujeto al proceso penal y deberá enfrentar las diligencias correspondientes desde su residencia. Es decir, el PAN ya sacó los confetis, pero jurídicamente el expediente sigue abierto.

    El partido también insistió en que las acusaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto huachicol fiscal tendrían motivaciones políticas, una interpretación que corresponde a la postura del PAN y que no modifica la situación procesal del exmandatario. La resolución judicial únicamente cambió las condiciones de su cautela, no determinó su inocencia.

    Así, Ernesto Ruffo dejó el penal federal, pero no el proceso que enfrenta. Mientras la defensa busca que continúe bajo mejores condiciones de salud, el PAN celebra una decisión que no representa el cierre del caso ni una absolución para quien fuera el primer gobernador panista de México.

  • Vinculan a proceso a Fernando “N” por el delito de huachicol fiscal

    Vinculan a proceso a Fernando “N” por el delito de huachicol fiscal

    El excontralmirante permanecerá en el penal del Altiplano con prisión preventiva oficiosa; la audiencia se realizó de manera privada por tratarse de información considerada sensible para la seguridad nacional.

    El excontralmirante Fernando Farías Laguna fue vinculado a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, como parte de la investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) contra una presunta red de huachicol fiscal.

    La resolución fue dictada este jueves durante una audiencia virtual y privada en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México. La diligencia se realizó a puerta cerrada a petición de la FGR, bajo el argumento de que el expediente contiene información cuya difusión podría comprometer la seguridad nacional.

    Con la vinculación, Farías Laguna continuará recluido en el penal del Altiplano, donde permanece bajo prisión preventiva oficiosa desde el pasado 22 de agosto. Su defensa había solicitado la duplicidad del plazo constitucional para revisar los cerca de 100 datos de prueba presentados por el Ministerio Público Federal y presentó peritos y testigos para intentar desacreditar los señalamientos.

    La FGR ubica al exmando naval como uno de los presuntos líderes de la red conocida como “Los Primos”, junto con su hermano Manuel Roberto Farías Laguna. De acuerdo con la investigación, la organización habría introducido hidrocarburos a México mediante buques tanque que declaraban falsamente el combustible como aceites o aditivos, con el propósito de evadir impuestos y controles aduaneros.

    El caso comenzó a tomar fuerza en marzo de 2025, con el aseguramiento del buque Challenge Procyon en Altamira, Tamaulipas, que transportaba cerca de 8 millones de litros de hidrocarburo. La FGR señala que la red habría operado en al menos cinco estados y que los primeros aseguramientos representaron una afectación económica superior a 340 millones de pesos. Con la llegada de Farías Laguna a México, suman 16 detenidos vinculados al esquema, 12 de ellos exservidores públicos.

  • Juez desecha amparos de Ruffo Appel contra presuntos malos tratos en el Altiplano

    Juez desecha amparos de Ruffo Appel contra presuntos malos tratos en el Altiplano

    La resolución dejó sin efecto la suspensión que protegía al exgobernador de Baja California frente a las acusaciones de incomunicación y tortura psicológica.

    Una jueza de distrito desechó dos demandas de amparo promovidas por Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, en las que denunció presuntos actos de incomunicación, malos tratos y tortura psicológica durante su reclusión en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

    Los recursos fueron presentados ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México contra el director del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1. En julio pasado, Ruffo Appel había obtenido una suspensión de plano y de oficio como parte de uno de los amparos.

    Sin embargo, la jueza Azucena Lazalde Íñiguez le solicitó precisar, en un plazo de tres días, los antecedentes de los actos que reclamaba. El exmandatario se reservó el derecho a declarar al argumentar que no había tenido contacto con sus abogados. Al vencer el plazo sin que presentara las precisiones solicitadas, la juzgadora determinó tener las demandas como no presentadas y dejó sin efecto la suspensión.

    Los dos recursos forman parte de los cuatro amparos promovidos por la defensa de Ruffo Appel. Entre ellos se encuentra uno contra la negativa de modificar la medida cautelar de prisión preventiva y otro relacionado con la posibilidad de que ésta sea cumplida fuera de un centro penitenciario, debido a que el exgobernador tiene 74 años y requiere tratamiento médico continuo.

    El caso está relacionado con una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) por un presunto esquema de operaciones ilícitas mediante 11 empresas para introducir al país 18 millones 225 mil 657 litros de gasolina y diésel en 163 carrotanques, presuntamente evadiendo obligaciones fiscales y controles aduaneros. Las autoridades también localizaron 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de hidrocarburos sin documentación legal en Coahuila.