La Fiscalía General de la República tiene abiertas carpetas de investigación contra Enrique Peña Nieto por los delitos de carácter patrimonial como electorales, en los que está relacionada la empresa española OHLA.
Por lo que la compañía anunció, este miércoles, que colaborará con las autoridades mexicanas para esclarecer las acusaciones de las que es parte. Entre ellas se encuentra el lavado de dinero, transferencias internacionales ilegales, así como enriquecimiento ilícito.
“Los hechos referidos se remontan al año 2017 y a OHL México. En dicho año, se anunció la venta de OHL México y de toda la división de concesiones (…) a Aleática”, detalló la compañía en un mensaje vía correo electrónico.
“Grupo OHLA colaborará en todo lo necesario con las autoridades mexicanas para aclarar cualquier hecho cuestionado”, agregó.
OHL y EPN
Una parte de la carpeta de investigación se deriva de una concesión que en 2008 dio el gobierno del Estado de México, encabezado entonces por Enrique Peña Nieto, a la compañía OHL para hacer el Viaducto Bicentenario.
El proceso estuvo lleno de irregularidades, pero la más llamativa fue que la compañía resultó ganadora a pesar de ser la propuesta económica más costosa y que la vía por la que se edificaría era propiedad federal, por lo que no se podía concesionar.
La obra se llevó a cabo, pero con sobrecostos. La cifra final fue de 64,200 millones de pesos cuando el presupuesto original era de 5,600 lo que trajo un aumento en las tarifas de peaje. A cambio, la compañía financió la campaña de EPN a la presidencia con 4,000 millones de pesos, presuntamente.
El pasado 7 de julio, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Pablo Gómez, informó que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del expresidente Enrique Peña Nieto por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, conocido también como lavado de dinero.
Durante la conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Gómez informó que, luego de un análisis de reportes financieros se detectó “un esquema donde un expresidente de la república obtuvo beneficios económicos”.
Gómez detalló que estos recursos fueron transferidos por una familiar consanguínea del exfuncionario desde una cuenta en México hacia España.
“Los depósitos mencionados resultan relevantes debido a que al tratarse de operaciones en efectivo no se conoce cuál es la fuente aunado a lo anterior”, expuso.
La UIF también advirtió que el exmandatario comparte la calidad de accionista en dos empresas con familiares consanguíneos que realizan operaciones por montos elevados, y detalló que se tratan de empresas familiares existentes desde antes de que fuera presidente.
Pablo Gómez expuso que una de las empresas “tiene una relación simbiótica con una persona moral de carácter internacional que se benefició de contratos del gobierno federal durante su administración”.
“Esta empresa es identificada como proveedora prestadora de servicios del gobierno durante el mandato del expresidente”, expuso, y detalló los montos anuales de los contratos públicos que obtuvo durante los seis años de su administración.
El monto del total de estos contratos asciende a 10 mil 533 millones 499 mil 413.48 pesos, expuso el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera.
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