Etiqueta: Asociación delictuosa

  • Tribunal lleva a la Corte el caso del “zar de la basura”

    Tribunal lleva a la Corte el caso del “zar de la basura”

    Un tribunal colegiado pidió a la Suprema Corte que revise el recurso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien busca liberar sus cuentas bancarias congeladas por la UIF.

    Preso en el Reclusorio Oriente, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ex dirigente del PRI capitalino, pelea ahora en la Corte por recuperar el acceso a su dinero.

    El Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atraiga el recurso de revisión del político, conocido como el “Rey” o “Zar de la Basura” . El recurso va contra el congelamiento de sus cuentas, que ordenó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.

    Además, Gutiérrez de la Torre enfrenta un proceso penal por seis delitos de tentativa de trata de personas en su modalidad de explotación sexual agravada. También lo acusan de cuatro delitos de trata de personas en su modalidad de publicidad engañosa y de asociación delictuosa.

    Según el expediente, en octubre de 2025 una persona llegó a su domicilio para avisarle que la UIF lo incluyó en la Lista de Personas Bloqueadas. Su familiar no tenía identificación oficial, así que la notificación no se concretó.

    Después, la familia fue al banco. Ahí, un empleado dijo que no podía dar información a terceros, pero confirmó que la UIF ordena el bloqueo de cuentas. Con ese dato, el ex dirigente promovió un amparo ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa, que le negó la suspensión definitiva. Inconforme, recurrió a la revisión.

    La jueza Guadalupe González Hernández retomó la postura de la UIF. Esta explicó que el bloqueo cumple compromisos internacionales del Estado mexicano. Esos compromisos buscan frenar el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

    La jueza también advirtió que una suspensión impediría a la UIF cumplir esas obligaciones, pues sus facultades son de orden público. La unidad presentó denuncias ante el Ministerio Público Federal porque detectó indicios de que el quejoso probablemente participó en operaciones con recursos de procedencia ilícita, delito del artículo 400 Bis del Código Penal Federal.

    Por eso, la jueza concluyó que conceder la medida dañaría el interés social y al sistema financiero mexicano. Apoyó su decisión en el artículo 129, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que limita las suspensiones cuando facilitan el lavado de dinero u otras conductas ilícitas.

    El caso tiene un origen más antiguo. Las averiguaciones previas contra Gutiérrez de la Torre comenzaron en 2014, tras las denuncias de tres víctimas. Ellas contaron que un año antes llegaron a las instalaciones del PRI capitalino por una oferta de trabajo. Esa oferta, según su relato, escondía una red de explotación sexual.

  • Tribunal tumba el amparo de Bermúdez Requena contra su extradición

    Tribunal tumba el amparo de Bermúdez Requena contra su extradición

    Los magistrados concluyeron que Estados Unidos aún no pide formalmente su entrega, así que el exsecretario de Seguridad de Tabasco no puede frenar un trámite que no existe.

    Hernán Bermúdez Requena perdió otro round en los tribunales. El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Estado de México confirmó que su amparo contra una posible extradición a Estados Unidos no procede.

    Los magistrados votaron por unanimidad y declararon infundado el recurso de queja del exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco.

    Bermúdez Requena promovió el amparo desde el penal del Altiplano, en el Estado de México. Contó que el 5 de marzo de 2026 unos custodios le dijeron que lo enviarían a Estados Unidos por una supuesta orden de extradición.

    Además, citó notas de medios nacionales que hablaban de esa posibilidad. Él mismo admitió que ninguna autoridad mexicana le notificó nada y que no conocía una solicitud oficial del gobierno estadounidense. Con el amparo, buscó conocer el procedimiento y preparar su defensa.

    El Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de México desechó la demanda el 9 de marzo de 2026. El titular, Daniel Marcelino Niño Jiménez, no encontró pruebas de un proceso de extradición en marcha ni de una orden lista para ejecutarse.

    La defensa no se rindió y presentó el recurso de queja. El tribunal colegiado revisó el expediente y dio la razón al juez.

    Los magistrados explicaron que el amparo sirve contra actos de autoridad que ya existen o que ocurrirán de forma inminente. No sirve contra rumores, suposiciones ni eventualidades.

    Con ese criterio, restaron valor a los comentarios de los custodios, porque no equivalen a una comunicación oficial. Tampoco aceptaron las notas periodísticas como prueba de una solicitud formal de entrega.

    Para el tribunal, un traslado a Estados Unidos es un hecho futuro e incierto. Por eso, no hay una afectación actual ni cercana a los derechos del exfuncionario.

    Bermúdez Requena, conocido como “El Abuelo” o “Comandante H”, fue secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Adán Augusto López Hernández en Tabasco. Las autoridades lo señalan como presunto líder del grupo criminal La Barredora.

    Las autoridades de Paraguay lo detuvieron el 12 de septiembre de 2025. Después, México lo recibió y lo mantiene en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez.

    En Tabasco, enfrenta procesos por asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada. Además, la Fiscalía estatal cumplió una orden de aprehensión en su contra por desaparición forzada de personas.

    A nivel federal, también enfrenta investigaciones y acusaciones por delincuencia organizada, delitos contra la salud y robo de hidrocarburos.

    Con esta resolución, queda firme el rechazo al amparo. Los magistrados no decidieron si procede una entrega a Estados Unidos. Solo resolvieron que hoy no existe un procedimiento formal de extradición contra él.

  • Morena echa a alcalde de Suchiapa tras su detención: “No somos tapadera de nadie”

    Morena echa a alcalde de Suchiapa tras su detención: “No somos tapadera de nadie”

    Ariadna Montiel, líder del partido guinda, aseguró que Morena castiga de inmediato a los militantes con señalamientos graves. La Operación Enjambre ya suma más de 110 detenidos en el país.

    Morena sacó de sus filas a Jorge Lorenzo Lara Cordero, alcalde de Suchiapa, Chiapas. Las autoridades lo detuvieron el sábado 3 de octubre en la Operación Enjambre. La presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, confirmó la expulsión este martes en conferencia de prensa.

    Montiel explicó que el partido actuó en cuanto conoció el caso. “La semana pasada conocimos del caso de un alcalde en Chiapas e inmediatamente fue expulsado”, afirmó. Además, detalló que el partido revisa si la persona tiene militancia y, si la tiene, la expulsa.

    Una reportera le preguntó por los señalamientos contra funcionarios de Morena y sus vínculos con el narcotráfico. La dirigente respondió que el partido “ha actuado permanentemente”. Según ella, la única motivación de la militancia debe ser el bienestar del pueblo de México.

    Con tono firme, Montiel rechazó cualquier acusación de encubrimiento. “No somos ni tapadera de nadie ni encubrimos a nadie”, sostuvo. También recordó que Morena sanciona o expulsa a quien incumple esa regla.

    Por otra parte, la dirigente defendió la Operación Enjambre, que nació por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum y del Gabinete de Seguridad. Hasta ahora, el operativo dejó más de 110 funcionarios y mandos policiacos detenidos en varios estados.

    Montiel aclaró que Morena no encabeza la lista de detenidos. “No es Morena el partido que tiene la mayor presencia en este operativo, pero independientemente de eso debemos de actuar”, dijo. No señaló a ningún otro partido.

    En el caso de Chiapas, el Gabinete de Seguridad vincula a Lara Cordero con abuso de autoridad, corrupción y asociación delictuosa. Los mismos delitos le atribuye al exalcalde Alexis Nucamendi Gómez. Las autoridades detuvieron a ambos junto con otras 19 personas, entre ellas mandos y policías municipales.

    Mientras tanto, Suchiapa ya tiene nueva cabeza en el Ayuntamiento. El cabildo nombró presidenta municipal a Daniela Guadalupe Flores Chanona, quien ocupaba la cuarta regiduría.

  • Cae el alcalde de Suchiapa en un operativo federal contra la corrupción

    Cae el alcalde de Suchiapa en un operativo federal contra la corrupción

    Otras 19 personas, entre funcionarios judiciales y policías municipales, también quedaron arrestadas en las intervenciones simultáneas que el Gobierno federal realizó en el municipio chiapaneco.

    El Gabinete de Seguridad informó que detuvo este sábado al alcalde de Suchiapa, Jorge Lorenzo Lara Cordero, y al exalcalde Alexis Nucamendi Gómez. Les imputa corrupción, abuso de autoridad y asociación delictuosa.

    El caso no es el primero en el municipio. El pasado 28 de septiembre, las autoridades detuvieron al director de la policía municipal, Jesús Antonio “N“, acusado de evasión de un detenido.

    Esta vez, el operativo alcanzó a más personas. Además del alcalde y su antecesor, cayeron 19 funcionarios judiciales, mandos y agentes de la policía municipal de Suchiapa.

    La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó el origen de las acciones. Surgieron de diversas líneas de investigación para identificar redes delictivas y posibles vínculos con estructuras de gobierno. Por eso, las autoridades desplegaron un operativo coordinado e interinstitucional, con intervenciones simultáneas en el municipio.

    Las instituciones federales también agradecieron al gobernador de Chiapas y a las autoridades estatales por su colaboración. Además, el Gabinete de Seguridad prometió seguir trabajando con ellas para combatir la corrupción y las redes de complicidad ligadas a actividades delictivas.

    Ahora, los detenidos esperan una decisión legal. La SSPC informó que quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica.

  • 154 años de prisión pide la Fiscalía de Tabasco contra Hernán Bermúdez

    154 años de prisión pide la Fiscalía de Tabasco contra Hernán Bermúdez

    La Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó una pena de 154 años de prisión contra Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en el proceso penal que enfrenta por secuestro, extorsión agravada y asociación delictuosa. 

    La mayor parte de la pena solicitada corresponde al delito de secuestro, con 100 años de prisión. A esa cifra se suman 30 años por extorsión agravada y 24 años más por asociación delictuosa, hasta completar los 154 años acumulados. La petición fue presentada por el Ministerio Público durante la audiencia intermedia y aún debe ser resuelta por un juez. 

    La Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó una reparación del daño superior a 628 millones de pesos.

    Según la investigación, habría existido un grupo de policías y particulares involucrados en el control y comercialización ilegal de combustible, incluyendo presiones para obligar a una víctima a vender combustible de procedencia ilícita y ceder una estación de servicio.

    El fiscal general, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, señaló que existen tres carpetas de investigación adicionales contra el exfuncionario. Una corresponde al delito de peculado, por la presunta distracción de vehículos destinados a seguridad pública, con una pena de entre 2 y 14 años.

    Otra es la causa por desaparición forzada de personas, por la que fue vinculado a proceso en abril; en este caso, la pena podría ir de 40 a 60 años por víctima, la investigación cierra el 4 de octubre.

    Esta actualización se conoció después de que circulara una carta atribuida a Hernán Bermúdez Requena, fechada el 3 de agosto, en la que se declara inocente, asegurando ser víctima de una persecución política y mediática.

    Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros afirmó que la Fiscalía General del Estado de Tabasco ha respetado la presunción de inocencia y el debido proceso, subrayó que las familias de las víctimas también tienen derecho a la verdad.

    Rechazó que el caso deba resolverse en medios o redes sociales y remarcó que la decisión final corresponde a un juez.

    Hernán Bermúdez Requena permanece recluido en el penal del Altiplano mientras avanzan los procesos en su contra.

  • La Corte definirá el futuro legal de César Duarte

    La Corte definirá el futuro legal de César Duarte

    El máximo tribunal analizará si el exgobernador chihuahuense enfrenta cargos ajenos a su extradición.

    La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió este miércoles atraer dos amparos presentados por César Duarte Jáquez, exgobernador de Chihuahua. Con esta decisión, los ministros determinarán si una persona extraditada desde Estados Unidos puede ser procesada en México por delitos distintos a los que motivaron su entrega.

    El primer tribunal colegiado en materias penal y administrativa del décimo séptimo circuito remitió el caso a la Corte. Ese tribunal pidió resolver, mediante los amparos en revisión 1241/2024 y 1783/2024, si Duarte tiene derecho de audiencia y defensa antes de enfrentar nuevos cargos.

    El debate central involucra la “regla de especialidad”, contemplada en el artículo 17 del tratado de extradición entre México y Estados Unidos. Esta norma solo permite ampliar los cargos contra una persona extraditada si el país que la entregó otorga su consentimiento previo.

    Duarte llegó a México extraditado en junio de 2022. Enfrentaba entonces cargos por asociación delictuosa y peculado agravado, delito relacionado con más de 96 millones de pesos.

    En 2023, el exfuncionario priísta promovió un amparo. Argumentó que México pidió autorización a Estados Unidos para juzgarlo por otra causa penal sin respetar su derecho de audiencia. Una jueza federal le dio la razón, anuló la audiencia inicial de agosto de ese año y ordenó su libertad en ese proceso específico.

    Las autoridades federales impugnaron esa sentencia. Sostuvieron que el consentimiento de Estados Unidos forma parte de un trámite diplomático, no de un nuevo procedimiento de extradición. Por eso, argumentan, Duarte no tendría derecho de audiencia en ese trámite. Dada la relevancia constitucional del asunto, el pleno de la Corte optó por atraerlo.

    Duarte permanece recluido en el penal del Altiplano. Desde diciembre de 2025 enfrenta además un proceso federal por presunto lavado de dinero.

  • Fiscalía de Tabasco pide 154 años de cárcel para exsecretario de seguridad

    Fiscalía de Tabasco pide 154 años de cárcel para exsecretario de seguridad

    La acusación incluye secuestro, extorsión agravada y asociación delictuosa contra Hernán Bermúdez Requena, quien fue capturado en Paraguay en 2025.

    La Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó este lunes una condena de 154 años de prisión para Hernán Bermúdez Requena. El exsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del estado enfrenta cargos por tres delitos graves.

    Los fiscales lo acusan de liderar la banda criminal conocida como “La Barredora”. Por ello, el Ministerio Público le imputa asociación delictuosa, secuestro y extorsión agravada.

    La petición presentada hoy corresponde a uno de los expedientes abiertos en su contra. El proceso judicial continúa su curso mientras Bermúdez Requena permanece recluido en el penal del Altiplano, en el Estado de México.

    Durante cinco años, de 2019 a 2024, Bermúdez Requena dirigió la secretaría que debía proteger a los tabasqueños. Lo hizo bajo los mandatos de los exgobernadores Adán Augusto López y Carlos Merino.

    Su detención ocurrió en septiembre de 2025, en Paraguay. Las autoridades lo capturaron cuando huía de la justicia mexicana con una ficha roja de búsqueda internacional activa en su contra.

  • Javier Duarte enfrenta nuevos cargos de peculado

    Javier Duarte enfrenta nuevos cargos de peculado

    El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, es procesado por peculado relacionado con fondos de salud. La prisión preventiva complica su posible liberación en abril.

    El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, fue vinculado a proceso por el delito de peculado. Un juez del Centro de Justicia Penal Federal lo acusó de desviar 5 millones de pesos destinados a obras de salud para niños y adultos mayores en 2012.

    El juez Gustavo Aquiles Villaseñor decidió imponer prisión preventiva justificada. Esta medida suspende su posible liberación, programada para el 15 de abril, cuando se cumplirán nueve años desde que fue sentenciado por asociación delictuosa y lavado de dinero. Duarte ha estado en el Reclusorio Norte desde 2017.

    La Fiscalía General del Estado tiene un plazo de seis meses, hasta el 17 de agosto, para reunir más pruebas. Su abogado, Pablo Campuzano, anunció que apelarán la decisión del juez. Además, planean solicitar una nueva audiencia antes de la fecha de liberación para pedir un cambio en la medida cautelar.

    Al concluir la larga audiencia de casi 11 horas, Duarte expresó su descontento. “Gana nuevamente la política sobre la justicia”, reclamó al juez. Sus palabras reflejan la frustración que siente ante el proceso judicial que enfrenta. A medida que avanza este nuevo caso, la atención sobre su situación sigue siendo alta.

  • Procesan a ex secretario de Hacienda del PRI en Sonora

    Procesan a ex secretario de Hacienda del PRI en Sonora

    Raúl “N”, ex titular de la Secretaría de Hacienda durante el gobierno de Claudia Pavlovich, es vinculado a proceso por peculado y asociación delictuosa, mientras la FGJES avanza en la investigación de contratos irregulares entre 2017 y 2020.

    La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que un Juez de Control dictó la vinculación a proceso de Raúl ‘N’, ex Secretario de Hacienda estatal en la administración de Claudia Pavlovich, por su probable participación en peculado y asociación delictuosa.

    Durante la audiencia, el Juez consideró que los datos de prueba presentados por el Ministerio Público eran suficientes para establecer la probable responsabilidad del imputado y ordenó su vinculación conforme a la ley.

    De acuerdo a la carpeta de investigación, los hechos se relacionan con la firma de diversos contratos de prestación de servicios profesionales entre 2017 y 2020, destinados a asesorías en procedimientos administrativos, cuyo manejo ahora está bajo análisis de la autoridad.

    El Juez fijó un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras la FGJES continúa integrando los elementos necesarios y adelantó que dará a conocer información adicional conforme avance el proceso.

    Raúl ‘N’ ocupó el cargo de Secretario de Hacienda de Sonora del 2015 al 2021, periodo durante el cual se realizaron los contratos que hoy son objeto de investigación. Este caso se suma a la serie de procesos legales que involucran a ex funcionarios de la administración priista en la entidad, generando un nuevo capítulo en los escándalos de la gestión de Pavlovich.

  • Aplazan audiencia de Javier Duarte; busca obtener libertad anticipada

    Aplazan audiencia de Javier Duarte; busca obtener libertad anticipada

    El exgobernador de Veracruz, condenado por lavado de dinero y asociación delictuosa, busca salir de prisión antes de cumplir su sentencia completa. La decisión fue pospuesta al 19 de noviembre.

    La audiencia que definirá si Javier Duarte obtiene su libertad anticipada fue aplazada para el próximo 19 de noviembre, según determinó la jueza Ángela Zamorano Herrera, titular del Juzgado de Ejecución de Sanciones del Centro de Justicia Penal Federal.

    El exgobernador de Veracruz, condenado a nueve años de prisión por lavado de dinero y asociación delictuosa, solicitó este beneficio argumentando buena conducta, participación en actividades de reinserción y que incluso imparte cursos a otros internos. Duarte cumple su condena en el Reclusorio Norte, donde ya habría cumplido el 95% de su sentencia, equivalente a 3 mil 125 de los 3 mil 285 días impuestos por la justicia federal.

    De acuerdo con los abogados defensores, encabezados por Pablo Campuzano, Duarte no enfrenta ningún otro proceso penal vigente, luego de que cuatro causas adicionales —tres del fuero común y una federal— fueron canceladas o declaradas prescritas. Entre ellas figuraban delitos como peculado, incumplimiento del deber legal y desaparición forzada, este último cerrado en noviembre de 2024.

    Durante la diligencia, la jueza Zamorano explicó que analiza 11 testimonios y 23 pruebas documentales presentadas tanto por la defensa como por la Fiscalía General de la República (FGR). Rechazó eliminar evidencia de alguna de las partes al señalar que “sería absurdo suprimir las pruebas, pues sin ellas no habría elementos para pronunciarme”.

    Si la resolución resulta favorable, Javier Duarte podría salir de prisión de manera inmediata, cinco meses antes de que concluya su condena formal, prevista para abril de 2026.

    El exmandatario veracruzano fue detenido en abril de 2017 en Guatemala y extraditado a México tras ser uno de los símbolos más notorios de corrupción en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Desde entonces, su figura ha representado para muchos la impunidad del viejo régimen, que hoy parece intentar reinsertarse, al menos jurídicamente, en la vida pública.