El Tribunal de Disciplina Judicial sancionó a Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, a quien Claudia Sheinbaum pidió investigar. La Jufed rechazó la decisión y advirtió un efecto intimidatorio.
Tras más de dos décadas en la carrera judicial, el juez Sergio Alberto Sigales Obrador Garrido, adscrito a Colima, perdió su cargo. El Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) lo inhabilitó por un año para ocupar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. La sanción lleva implícita la destitución inmediata.
El caso empezó en noviembre del año pasado. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió al Órgano de Administración Judicial (OAJ) investigarlo por reducir la condena a seis primodelincuentes en un procedimiento abreviado.
En su momento, el juez explicó su decisión. Dijo que las penas no cumplían las directrices del acuerdo general 17/2015 de la FGR. Según ese acuerdo, cuando los acusados no tienen antecedentes, la reducción de la pena debe ser mayor.
La Jufed sale en su defensa
La Asociación Nacional de Magistrados y Jueces de Distrito (Jufed) rechazó la sanción y expresó su solidaridad con el juez. Para la asociación, castigar a una persona por su criterio judicial pone en riesgo la independencia de todos los tribunales.
Además, advirtió que usar el régimen disciplinario contra decisiones judiciales puede intimidar a quienes imparten justicia. “La independencia judicial no es un privilegio de quienes juzgan. Es una garantía para toda la ciudadanía”, sostuvo.
La Jufed también defendió el trabajo del juez. Recordó que, en audiencias de procedimiento abreviado de 2022, privilegió el debido proceso y el principio pro persona. También protegió los derechos humanos ligados a la libertad personal frente a medidas como la prisión preventiva oficiosa.
Asimismo, subrayó que la propia resolución reconoce que no hubo daño patrimonial, beneficio personal ni antecedentes de mal desempeño en su expediente. Por eso, considera inadmisible la separación del cargo.
Para la asociación, castigar con tanta severidad la sana crítica de un juez envía un mensaje intimidatorio a todos los juzgadores del país.
Por último, la Jufed reiteró su respaldo total al juez en la defensa de sus derechos humanos, laborales y profesionales. Subrayó que proteger la autonomía de quienes imparten justicia es proteger al Estado de derecho y a toda la sociedad mexicana.
